La Justicia a prueba

Entremos a analizar las consecuencias derivadas de un allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadío a la empresa Hotesur, por el cual surgió que dicha empresa no cumple con las obligaciones que le impone la Inspección General de Justicia.
El caso adquiere notoriedad pública pues la Presidente de la Nación es accionaria de la misma. Hasta aquí era de esperar que el expediente siguiera su curso y que la señora Fernández de Kirchner asumiera un descargo o excusa, al verse involucrada. No fue así y la propia Hotesur confirmó el incumplimiento de los requisitos, restándole mayor importancia.
Es el momento en que se observa la intervención del principales funcionarios del Gobierno acudiendo en defensa de la Presidente y acusando al juez de destituyente y otros términos ofensivos fuera de tono, pero no en forma personal sino oficialmente en los asientos y atriles propios de sus funciones. Se propician acciones para su destitución y hasta se exige exponer su cabeza en una pica. 
A pesar de que Hotesur no es una empresa estatal, sino privada, el comunicado emitido por ella, en donde cuestionaba duramente al juez Bonadío, fue difundido por la agencia oficial Telam y se incluyó en la programación deportiva del canal publico y en el twitter de la Casa Rosada. Como no podía ser de otra manera, trascendió que las acciones y alegatos formulados fueron ordenados desde la presidencia.
Lo que inexplicablemente no se tuvo en cuenta es que este desmedido e insólito accionar disparó suspicacia y una fuerte sospecha de que el problema iba mucho más de una simple transgresión societaria.
Hubo manifiesta intención de cubrir irregularidades de mayor gravedad que pueden afectar seriamente a la mandataria.
Sale a relucir ahora que la protección de la Inspección General de Justicia a la firma Hotesur fue similar a las que prestara a empresas de allegados al gobierno, como así también a las nacionales Aerolíneas Argentinas y la fundación Madres de Plaza de Mayo. El ataque directo del Poder Ejecutivo al Poder Judicial adquirió tan inusitada violencia, que hace pensar en una segura complicidad de sus funcionarios en actos de corrupción generalizada, bajo el manto presidencial. 
Es inconcebible que luego de tantos años de gobierno no se haya considerado la transgresión de la Presidente a la Ley de Etica de la Función Pública No.27815 que prohibe mantener intereses en conflicto, mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. Ella misma en su declaración jurada manifiesta ser accionista de Hotesur por un valor de más de nueve millones de pesos, firma que quedó bajo su control y de sus hijos.
Comienzan a florecer las irregularidades e ilícitos cometidos por el ex presidente y su esposa, actual Presidente y se van desvanecienco los temores de los jueces apremiados por el oficialismo. Todo se va relacionando y va tomando formas alarmantes, no es casual que por el tema de los "fondos buitres" aparezcan cuentas secretas en paraísos fiscales con probables conexiones con testaferros y allegados a los Kirchner.
Todo hacía suponer una corrupción del gobierno, pero no en los términos en que se está revelando; el rompecabezas va encajando piezas que delinean figuras ominosas. 
Esta concatenación de escándalos comenzó con la llegada de una valija de Venezuela con casi un millón de dólares para financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner, continuó con graves acusaciones a los ministros Jaime, éste procesado y de Vido, siguió con las investigaciones periodísticas a Lázaro Báez y con las bolsas de euros acumuladas por Kirchner en bóvedas al efecto, y finalmente con con el proceso al Vicepresidente Amado Boudou que en un principio contó con un fuerte apoyo gubernamental que se fue diluyendo a medida que crecía la inquietud de Cristina por las sospechas de tratos comerciales con Lázaro Báez.
El panorama se presenta sumamente comprometido con visos de un monumental escándalo, lo que ha desatado un pánico en las altas esferas del gobierno, al punto que el ataque al Poder Judicial se ha convertido en una prioridad y la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal es impulsada a toda máquina buscando la tan ansiada impunidad. A ello se agrega la ingerencia de la Procuradora General dela Nación, Gils Carbó, íntima amiga de Cristina, obstaculizando el desempeño de los jueces e imponiendo la designación de sus favoritos en el Consejo de la Magistratura como Presidenta. 
A las dificultades que afrontará el próximo gobierno en el orden estructural y económico, se sumará el pesado lastre de la corrupción con sus ramificaciones de todo tipo enraizadas durante una viciada década. Serán los tribunales los más recargados por un verdadero aluvión de juicios a enriquecidos funcionarios que medraron a costillas de un pueblo traicionado y saqueado. 
La Justicia tendrá su hora.