martes, 23 de junio de 2015

"PRESOS POLÍTICOS"


La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en un contundente apoyo al pedido del consejo de defensores generales provinciales que advertían sobre la alarmante superpoblación en cárceles y comisarías, le reclamó a la Corte Suprema de la Nación que haga lugar a un recurso presentado ante la gravedad institucional de los derechos fundamentales violados.
El Consejo de Defensores viene registrando una notable e intolerable situación de hacinamiento y graves problemas de salud y alimentación, entre otras cuestiones.
Desde Inecip, Instituto de Estudio Comparado en Ciencias Políticas y Sociales vienen siguiendo el tema y presentaron el Amicus en beneficio de toda la población carcelaria alojada en el complejo Penitenciario de Batán por la vulneración de los derechos de las personas alojadas.
Inecep trabaja intensamente en los procesos de transformación  de los sistemas judiciales y de los sistemas penales ligados a la transición democrática, promoviendo la construcción de un sistema penal menos violento y más respetuoso de la dignidad humana, pero como vemos su seguimiento se limita al complejo de Batán.
Nadie puede estar en desacuerdo con estas solicitudes de apoyo y defensa de los derechos humanos de los presidiarios, pero logramos advertir que los argumentos usados en esta oportunidad son una copia exacta de los que se elevan frecuentemente a la justicia, sin ningún resultado, por la situación de los "presos políticos" alojados en condiciones infrahumanas para el juzgamiento "especial" de delitos de lesa humanidad cometidos en los años 70.
 Aparte de la ilegítima aplicación del Derecho Penal con respecto a la irretroactividad de las leyes, de la defensa en juicio,  y de la arbitraria aplicación del Derecho Procesal Penal, que llega a límites de suma gravedad, la situación de hacinamiento, insalubridad y mal trato de estos prisioneros es sumamente más grave que la de un preso común, con  el agravante de que la gran mayoría son ancianos que, hasta la detención domiciliaria y la atención médica les es denegada. El hecho de que hayan muerto más de 300 en los lugares de detención, es significativo y aberrante.
En mis tres artículos "El placer de la venganza I, II y III" menciono esta cruda discriminación, decía:
En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de un documento que en 30 artículos recoge los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales básicos de la persona humana,
Dos años después, el organismo internacional proclamó el 10 de diciembre para conmemorar la histórica fecha.
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.
Lo que tiene carácter universal y comprende a todos los habitantes sin excepción, fue apropiado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner como una bandera proselitista que agitada en su provecho, significó la venganza hacia los militares que combatieron el comunismo terrorista de los años 70 y el olvido y escarnio a las víctimas de dicho terrorismo, a las que jamás se les reconoció derecho alguno.
La explotación de los derechos humanos fue inicua, rodeada de un falso relato que siempre inclinó la balanza de la justicia a favor de los terroristas al grado de que se les adjudicó una asignación mensual como premio a sus crímenes. Mientras hay militares detenidos sin sentencia, en fétidas cárceles sin atención médica, en su casi totalidad ancianos de más de 70 años, el gobierno continúa enarbolando la bandera de los derechos humanos, a pesar de las recomendaciones llegadas de organismos internacionales, advertidos por los familiares de los presos políticos.
¿Qué papel juega la prensa en este abominable período de nuestra historia? Uno muy triste por cierto. Lo que debería ser un encendido clamor por la defensa de los derechos perversamente conculcados por un orden superior de una casta entronizada en el poder, es un liviano publicar sin compromiso alguno, carente del fuego sagrado de una crítica severa.
Con un final análogo al de mi primer artículo, cuando las cárceles se abran para los inocentes y se cierren para los que ahora buscan escapar impunes, entonces sí, volveré a creer en el periodismo, en la gente, en la sociedad.