Por orden del juez federal subrogante de Bahía Blanca Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara Federal de esa ciudad, Néstor Luis Montezanti, fue citado a prestar declaración indagatoria en una causa donde se investigan crímenes de la Triple A. Montezanti es, además, profesor de la Universidad Nacional del Sur.
Ramos Padilla entendió que hay sospechas de que Montezanti estaba vinculado con la Triple A y con el secuestro y torturas que sufrió Jorge Riquelme Esparza, de la Juventud Peronista.
Se pretende juzgar y condenar, por descontado, al Presidente de la Cámara Federal por sospechas de un posible secuestro de hace más de cuarenta años. Es inaudito.
La Cámara Federal de Bahía Blanca había designado al juez Santiago Ulpiano Martínez al frente del juzgado bahiense, pero el Consejo de la Magistratura, con el voto de la mayoría kirchnerista más el decisivo voto doble de la jueza Gabriela Vázquez, lo desplazó y designó transitoriamente a Ramos Padilla. Se trata de un magistrado consustanciado con el kirchnerismo que desde su inicio en el cargo continúa los procedimientos ilegales destinados a incrementar las estadísticas de militares, a los que agrega civiles, con el objeto de promocionar la acción del gobierno en su mentada lucha por los derechos humanos. En el caso del Coronel(R) Enrique Stel, dimos a conocer la total falta de garantías de su proceso, justamente en Bahía Blanca, donde fue designado dicho juez. Por dicho motivo el acusado lo ha recusado manifestando su notoria parcialidad. En diversas oportunidades el juez Ramos Padilla realizó públicos comentarios sobre distintas personas sometidas e estos ilegales procesos para que a ninguna de ellas le fuera concedido el arresto domiciliario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que "La imparcialidad objetiva exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso", lo que es típicamente aplicable al caso de Stel.
En mi artículo del 3 de julio del corriente año advertía que "la remoción de jueces, medida inconstitucional de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura ha entrado ahora en el terreno de suplantar jueces a cargo del procesamiento a militares acusados de represión por terrorismo de Estado.
El kirchnerismo dio el primer paso para remover al juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, que tiene a su cargo, entre dichas causas, un expediente sobre las facturas falsas donde se investiga al empresario Lázaro Báez.
En su lugar fue designado el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, afiliado a Justicia Legítima."
No es necesario aportar más pruebas para afirmar con certeza los propósitos de venganza que viene ejerciendo el gobierno bajo el lema de la Presidente "vamos por todo". Lo preocupante es que a la venganza se suma la perfidia y la maldad en el tratamiento de los procesados sometidos a un hacinamiento inhumano cada vez más intolerable debido a la avanzada edad de la mayoría. Repetimos y continuaremos repitiendo la fúnebre estadística. En esas condiciones ya murieron más de 300.
Finalmente no puedo dejar de recordar una frase del famoso jurista austríaco Hans Kelsen "cuando los vencedores juzgan a los vencidos amañando y falseando los procedimientos judiciales para que conduzcan a una segura condena, entonces es cuando la justicia se convierte en venganza."
