Envalentonada por la ley de Reforma Previsional, aprobada el año pasado, y por su actitud de mecenas cediendo 197 mil millones de pesos, al gobierno, Anses sigue a la pesca de incautos a quienes se les prorroga hasta el 30 de junio la posibilidad de acceder a la extorsión de la ley de Reparación Histórica, la más nefasta e inmoral promulgada en materia previsional por el gobierno actual.
La impunidad de este corrupto organismo llega al extremo de que se sirve de leyes “extorsivas” para expoliar a los jubilados. Y lo hace públicamente, sin miramientos, diciéndoles que acepten una reducción a los correctos reclamos de haberes y se comprometan a no accionar con juicios en contra del gobierno.
La periodista Silvia Stang y otros más se suman ingenuamente, quiero creer, a la publicidad de una estafa legalizada, pero ninguno se atreve a criticarla por ilegítima y anticonstitucional.
Continuaré hasta el fin de mis días la lucha contra la flagrante injusticia que se comete, en todos los niveles inimaginables, contra los millones de jubilados que son ignorados, extorsionados, estafados desde hace muchos años, en el lapso del poco tiempo que les queda de vida, cuando más necesitan de la paz, la tranquilidad económica, la asistencia médica, el cariño y el respeto de sus semejantes. Se lo ganaron trabajando y aportando, como un seguro de vida, que les garanticen una justan retribución hasta el final de su existencia.
Es un derecho, no una graciosa subvención y mucho menos una limosna. ¿Lo entenderá alguna vez la sociedad que goza la gran mayoría de sus beneficios gracias a los que ahora descartan como inservibles?
Mi carta publicada en el diario Clarin el 20 de enero próximo pasado tuvo como propósito demostrar la verdad de mis publicaciones acerca de las sistemáticas mentiras en las declaraciones oficiales, exponiendo como testimonio mi caso personal del incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 15 de julio de 1997, uno de los miles de antecedentes que se conocen y que convierten vergonzosamente al Estado en deudor moroso de sus propios habitantes; probablemente caso único entre todos los países civilizados del mundo. Veinte años que no se paga una sentencia firme de un tribunal superior.
Nos encontramos ahora con un explícito reconocimiento a lo expresado en mi carta, que constituye una mancha patética que difícilmente el gobierno podrá lavar, en honor a su proclamada transparencia.
La Asociación de Jubilados Aportantes nos informa que el secretario Legal y Técnico de Anses, Santiago Estivariz, relativizó la posibilidad de que la nueva fórmula de movilidad previsional, que se estrena en marzo, desate una nueva ola de juicios.
Dijo textualmente: "Está dispuesta por una ley del Congreso que modificó otra ley. No vemos riesgo serio. La litigiosidad que estamos resolviendo se debe a la decisión deliberada del Estado de no hacer la actualización. pese a tener los pasos judiciales que exigían llevarlo a cabo."
Quedamos absortos ante ese natural consentimiento de una ilegalidad manifiesta. realizada nada menos que por el gobierno nacional. Es desconcertante leer la "decisión deliberada" del Estado en no cumplir con los pasos judiciales establecidos.
Lo que no alcanzamos a entender es la litigiosidad que están resolviendo, pues litigio es una discusión legal frente a un órgano judicial y litigiosidad sería una suerte de estadística de juicios por fuero civil, comercial, penal, laboral y prevision social.
Las estadísticas del fuero de la Seguridad Social indican que ingresan en los juzgados de primera instancia 10.000 nuevas causas por mes y el 80 por ciento de ellas son por pedidos de reajustes jubilatorios, similares a los que la Corte Suprema ya avaló anteriormente. El daño contingente desde el punto de vista económico que genera esta litigiosidad que el propio Estado está estimulando es enorme y debe terminar inmediatamente, afirmó Luis Herrero, juez de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.
De acuerdo a lo expresado, ¿Qué litigiosidad puede haber en la cita del funcionario de Anses? pues ya hay casos cerrados con sentencia firme por un lado, y la desobediencia deliberada del gobierno en no cumplirla, por el otro.
Todo se reduce a la prepotencia del gobierno que desobedece abiertamente las leyes y la justicia frente a grupos de seres indefensos que son avasallados sin miramientos y hasta podría agregarse, con perversidad.
En el reportaje que termino de presenciar en TN del periodista Morales Solá al reconocido fiscal general Germán Moldes, éste sostuvo que el respeto a las instituciones y a un gobierno democrático se basa en la obediencia irrestricta a las leyes y a la justicia, graficándolo con este ejemplo: Si un grupo o persona no está de acuerdo con la política económica del gobierno, tiene los recursos legales para entablar un juicio, apelar, impugnar, hasta llegar al tribunal superior que, si lo rechaza, el caso no se resuelve tomando la plaza.
Es una similitud con lo que venimos tratando, donde el gobierno se defiende, en juicio, de la exigencia del jubilado que está disconforme con el cálculo de sus haberes y pide su reajuste. El gobierno apela la sentencia favorable que en primera instancia se le otorga al litigante, impugnando, obstaculizando los trámites, dado que su único objetivo es no pagar, pues conoce de antemano que todos los jubilados tienen razón, al punto tal que tiene fijada en los presupuestos anuales una suma millonaria prevista para el pago de las sentencias. Pierde finalmente, en la Corte Suprema. ¿Y qué hace?, toma la plaza, es decir no paga la sentencia.
Es éste un claro ejemplo del comportamiento de un gobierno que desobedece las leyes y la justicia, castigando a un vasto sector del país, el más necesitado, para conjugar el déficit nacional, a su costa.
Reitero a los lectores, contactos y grupos que leen estas líneas, mi molesta insistencia en que difundan por todos los medios sociales, estas calamidades con sello oficial que, desgraciadamente, nuestro periodismo ignora por completo.
