¿OTRA VEZ LOS JUBILADOS?

Si se avala la actuación de Moreno en el INDEC con la falsificación de la inflación, se provocaría un enorme daño a los jubilados. El costo de esa manipulación para los bonistas, en nueve años, sería de u$s 18.000 millones y el daño a Anses de u$s 14.300 millones.
"La gravedad de un sobreseimiento de Moreno es enorme e instala la posibilidad de un perjuicio irreparable a los jubilados argentinos", escribió el abogado Osvaldo Prato, representante de Consumidores Financieros Asociación Civil, una entidad que a fines de 2015 -con el cambio de gobierno- denunció en la Justicia los cuantiosos daños por la falsificación de la inflación.
La carta data del 6 de octubre de 2017 y fue recibida en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, donde trabaja el fiscal Carlos Stornelli, uno de los primeros en investigar la manipulación de las estadísticas en tiempos de Guillermo Moreno.
La carta de Prato fue dirigida a Stornelli en momentos de rumores que indicaban que el juez Rodolfo Canicoba Corral podría sobreseer a Moreno con aval de Mauricio Macri. La actual gestión no quiere sufrir una marea de demandas de bonistas. Tanto es así que en diciembre, Hacienda contestó la demanda de Consumidores Financieros Asociación Civil en la Justicia negando que el Indec haya falsificado estadísticas en tiempos de Moreno.
Así como el gobierno promulgó la mentirosa ley de Reparación Histórica para evitar los juicios de los jubilados y no pagar aquellos sentenciados, en este caso su estrategia consiste en no habilitar denuncias por esta manipulación.
La historia vuelve a repetirse y el gobierno apela nuevamente al sacrificio obligado, no voluntario, de la que repetimos es la clase social más vulnerable del país. Busca lograr la adhesión del Poder Judicial con el argumento de que un aluvión de juicios tornaría angustiosa la situación económica del país.
La causa está desde el 5 de octubre pasado en la Corte Suprema, con fallos negativos en primera y segunda instancia, esperando respuesta sobre si los demandantes constituyen un colectivo legítimo, pero sin debatir la cuestión de fondo, algo que un fallo de Canicoba Corral a favor de Moreno podría acelerar, dijo el comentarista Francisco Jueguen
En definitiva, queda claro que el gobierno tiene sólo por finalidad no pagar ni juicios, ni reajuste de haberes y evitar futuras denuncias judiciales. A ello se suma este nuevo caso de grandes proporciones en que se busca la colaboración del Poder Judicial para que se avale la tramposa y corrupta función de Moreno al frente de INDEC
A tal punto ha llegado la impunidad del mismo gobierno y el trato de descarte que le da al sector de la sociedad ocupado por jubilados, que sus abogados comienzan a insinuar que, dentro del país, la deuda del Gobierno para el Seguro Social no debe ser pagada. Un buen ejemplo para la ciudadanía.