Algo previsto que no llama a sorpresa. El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, se halla a la cabeza en cuanto a su patrimonio declarado, de todos los funcionarios provinciales, incluso de la gobernadora María Eugenia Vidal. Declara 34 millones de pesos.
El compañero de Avruj, secretario nacional del mismo cargo, sabe aprovechar muy bien el curro inventado por los Kirchner y se constituyó por voluntad propia, luego aprobado por la gobernadora, en querellante de todos los juicios de lesa humanidad procesados en la provincia.
Tuvo participación directa en la famosa expresión simbólica de su colega Avruj y sostuvo contra las cifras oficiales publicadas, imponer la cifra de 30.000 desaparecidos con carácter simbólico.
Influyó, por no decir obligó, a la gobernadora para promulgar una escandalosa e insólita ley provincial destinada a reconocer esa cifra en todos los documentos públicos, en forma mandatoria. Un disparate que nadie, ni el periodismo refinado, se atrevió a criticar como correspondía. Las palabras de Cantón fueron:
"Tenemos que aceptar los 30.000 porque ésa es la posición que plantearon los organismos que eran las personas más cercanas en tiempo y espacio a lo que estaba pasando en ese momento. Punto. No se discute más". Un final verdaderamente democrático.
Pero lo que se cuidó muy bien de aclarar, era de que esa ficticia y mentirosa cifra, convalidaba las indemnizaciones y ayudas dispuestas por ley nacional y los subsidios con que generosamente los países europeos contribuían, tomando como base los aumentos de desaparecidos que informaban los traficantes organismos humanos. A mayor cantidad, mayores ingresos. Una estafa de alto vuelo que involucraba miles de millones de dólares a desaparecidos que aparecían a cobrar, con el consiguiente porcentaje a los inhumanos organismos y organizaciones de derecho humanos.
Obviamente, la cantidad de beneficiados y las sumas derrochadas en ese cínico acto legal, jamás fueron informadas por el gobierno actual, a pesar de la transparencia que rige todos sus actos.
Como agregado siniestro, quizá pocos conozcan que se pagaron y se siguen pagando por Anses según lo reza la misma ley.
Misterios insondables de la política "correcta".
Continuando con el actor principal de este artículo, Santiago Cantón, otro de sus retos a la Casa Rosada fue de que promulgara y publicara el decreto referente a la prisión domiciliaria, sin antes consultar a los organismos competentes de la nación y del extranjero Un funcionario argentino exige al Poder Ejecutivo una previa consulta, en desmedro a su soberanía. Debió ser destituido.
Con respecto al fallo judicial de 25 años de prisión al aviador militar de 90 años de edad, Graffigna, dijo que fue "un paso más de construcción de la República, Aquí equivocó el término, pues debió decir "destrucción". Además, llamó la atención de que al notificar la pena exclamara que "por todo el mundo pude observar la clara aprobación a la medida". ¿De qué mundo hablaría el reciente brote de los derechos humanos que la oficia ahora de querellante?
¿no reparó que fue dictada una sentencia sobre un hecho ocurrido hace 38 años, sobre un anciano, sin pruebas fehacientes de sólo dudosos testigos, con maliciosa omisión de la prescripción y basada en una ley posterior al hecho de la causa?
En los casos que hemos denunciado sobre la intromisión extranjera en nuestro territorio por la CIDH y otros organismos, nos encontramos con que el secretario Cantón declaró oficialmente que la detenida Milagro Sala deberá ser liberada según lo ordena la CIDH y en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, afirma que es una desaparición forzada por acción de la Gendarmería Nacional, a la cual acusa. Prolífico en su trabajo.
Pero estamos lejos de terminar con su disolvente accionar, que tuvo una condenable impronta en la ciudad de Montevideo en octubre del año pasado, cuando participó activamente de los insultos y amenazas contra los miembros de asociaciones que defendían los derechos y garantías establecidos en la Convención Americana sobre derechos humanos CADH, y terminó con el ataque y la expulsión de los mismos.
A ello se refirió su dirigente, el doctor Guillermo Jesús Fanego cuando al reclamar por el cercenamiento de la libertad de expresión manifestó que "Funcionarios como el doctor Cantón deberían ceder su lugar a quienes puedan defender los derechos establecidos por la CADH, sin exclusiones. ¿Cantón también considera que Macri es la dictadura?. que Maldonado es un desaparecido forzoso o Sala una genuina y honesta defensora de los pobres?
"A Cantón jamás se le escuchó reconocer los derechos de las más de 17.000 víctimas que dejó el terrorismo en nuestra patria, ni las violaciones jurisdiccionales sufridas por los militares presos políticos en la muerte por goteo a que son destinados.
El respeto al prójimo y el tratamiento igualitario son la base para la construcción de la paz social. que no se logrará con funcionarios como Cantón. que sólo defienden sus intereses ideológicos".
Volviendo al motivo inicial del artículo, es curioso pero nadie cuestiona e investiga el patrimonio millonario de los izquierdistas encaramados al gobierno y a las instituciones, privadas y oficiales, nacionales e internacionales, que invocan la defensa de los derechos humanos, para su propio beneficio y enriquecimiento.
