Un excelente artículo del reconocido periodista rosarino, Carlos Viana, que comparto con mis lectores. Su título y su transcrpción:
LICENCIA PARA MATAR
“El fin de esta institución (el Estado) es la paz y defensa de todos”. Thomas Hobbes.
Sin derechos humanos
Leandro Alcaraz había cambiado su turno y manejaba un colectivo el domingo para asistir al cumpleaños de su hijita el lunes. Trabajando arduamente horas extras había construido su casa para vivir con su familia. Un menor de 17 años y otro de 18 lo asesinaron de dos balazos, simplemente porque él les había cuestionado que no podían viajar sin pagar. La verdad absoluta, es que si estos asesinos hubieran estado arrestados, no habrían podido matar y por su comportamiento todo indican que deben tener antecedentes o al menos haberse deformado en una cultura criminal.
Un proyecto desechado
Muchos asesinatos se han sucedido en el país, desde que hace mas de un año el gobierno nacional, tuvo la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad haciendo una ley que pusiera en la cárcel o en un instituto especial, a los menores delincuentes y previnieran que cayeran en la delincuencia. La Comisión Episcopal Argentina, inspirada por su Santidad, se opuso, diciendo que era discriminar a los pobres, que esto se iba a solucionar terminando con la pobreza, olvidándose que hay mas delincuentes entre los ricos que entre los pobres y que si es cuestión de esperar que a largo plazo se solucionen los problemas de los mas postergados, falta una largo lapso para ello, ya que desde que apareció el Homo Sapiens hace 150.000 años, desgraciadamente la pobreza ha existido. Cuidado porque involuntariamente están justificando la violación del 5to. Y 7mo. Mandamientos de la ley de Dios, “No Matarás” y “No Robarás”, respectivamente y si la Iglesia que debe evangelizar sobre la bondad no lo hace, deja una función imposible de llenar.
Cuando dije cultura criminal, no pobre y esa cultura criminal se reforma evangelizando. Excelencias de la Comisión Episcopal Argentina y Santo Padre, esta función es vuestra función divina, evangelizar, no, hacer política y encima no precisamente alta. La Teología de la Liberación que ustedes contemplan, no es teología sino ideología del odio.
Las soluciones mágicas
Sin embargo es llamativo que ni siquiera presentaron un proyecto alternativo. Dejaron así a la población honrada, pobres, y ricos a merced de delincuentes, que si hubiera mediado una ley no podrían haber matado si tenían antecedentes y podría haber prevenido que los menores cayeran en la delincuencia. El asesino que está adentro, mientras dure el periodo de prisión no puede matar.
La Comisión Episcopal, los organismos de derechos humanos, los jueces y doctrinarios como Zaffaroni, su amigo Gil Laavedra y otros, buscando una solución utópica, han sido funcionales a cientos de asesinatos, producidos desde entonces a lo largo del país. Desde que llego este régimen que algunos llaman democracia alrededor de 40.000 ciudadanos fueron asesinados.
El Estado inútil
Hobbes destacó que la principal función del Estado es garantizar la seguridad de sus integrantes. Sin esta función el Estado tiende a transformarse en algo inútil, pero en nuestro caso, además bajo la presión de los llamados organismos de derechos humanos, de jueces y de políticos que garantizan la impunidad de los delincuentes.
Seguimos viviendo en un Estado en que muchísimos no tienen derechos humanos, mientras que otros tienen licencia para matar.
COMENTARIO
Mi comentarios son el elogio de la verdad y sinceridad allí expuestas, que constituyen la verdadera razón de ser de un gobierno democrático. El garantismo, el igualitarismo, el inclusivismo, el exclusivismo y la valiente individualización de los profetas de la anomia, Zaffaroni y Gil Lavedra, son los elementos necesarios para denunciar una política permisiva que nos sigue conduciendo a la desintegración de la sociedad.
Como bien dice el autor, citando a Hobbes, la principal función del Estado es garantizar la seguridad de sus integrantes. Sin esta función, el Estado tiende a transformarse en algo inútil, pero en nuestro caso, además, bajo la presión de los llamados organismos de derechos humanos, de jueces y de políticos que garantizan la impunidad de los delincuentes.
