lunes, 21 de mayo de 2018

BUEN DÍA, SR. JUEZ...



BUEN DÍA, SR. JUEZ

19/05/18
Por Mauricio Ortín
Centro de Estudios Salta

El titular de la Fiscalía Federal de Río Grande Marcelo Alejandro Rapoport requirió la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se investigan los supuestos crímenes"contra la humanidad" que se habrían cometido en contra de conscriptos argentinos durante la Guerra de Malvinas. En todos los países civilizados del mundo existe un código de justicia militar que rige exclusivamente para los miembros de las Fuerza Armadas, dada la situación especial en que se desarrolla  esta profesión. La Argentina es una de las pocas excepciones a esta regla gracias a que en el año 2008 el Senado de la Nación sancionó, por unanimidad de los 60 senadores presentes, la ley que derogó dicho código.
Especialmente en la guerra, pero también en la paz, la institución militar se rige por una disciplina de hierro cuya base es la obediencia al superior en ausencia de la cual un ejército deja de ser tal, es decir, totalmente inutilizado para su fin específico.
Dado que en los últimos 15 años los tres poderes de la república han hecho todo lo que estuvo a su alcance para destruir, material y moralmente a las FF.AA., a nadie sorprende el pedido del fiscal Rapoport para la detención de oficiales y suboficiales que pelearon en Malvinas. El hecho de que durante la Guerra de Malvinas rigiera el Código de Justicia Militar para los que estaban en el frente es anecdótico porque, como se ha visto hasta el hartazgo en los juicios de lesa humanidad, cuando las leyes lesionan al reo se pueden aplicar de manera retroactiva. En este caso el Código Penal y no el Código Militar (derogado en 2008 pero vigente en esa época de la Guerra de Malvinas) se convierte en el nuevo marco legal que tamizará las posibles conductas delictuales de hace 36  años. Pero no sólo las que el fiscal imputa a los soldados aludidos sino otras todavía mucho más graves y hartamente probadas como el asesinato de soldados ingleses, el ataque confeso y premeditado con misil Exocet al HMS Sheffield (que provocó su hundimiento) o el derribo de aviones Sea Harrier. El Código Penal argentino no hace distinciones de nacionalidad cuando se trata de asesinatos. Y en virtud de la aplicación retroactiva de uno y la anulación de los efectos del otro (el militar) lo lógico sería marchar en busca de todos los “delitos” que se cometieron a los conscriptos de todas las clases desde que existe el Ejército Argentino. El fiscal Rapoport bien podría avanzar, usando la figura de“privación ilegítima de la libertad” contra los oficiales y suboficiales que, por ejemplo, privaban de franco a soldados castigados; y éste último, además, en concurso con el de “aplicación de tormentos”; porque “el salto de rana y el cuerpo a tierra y carrera mar” encaja perfectamente en esa figura penal. Dice Rapoport: "Una de las pruebas importantes son las actas que les hacían firmar [a los conscriptos], una vez que regresaron al continente, donde indicaban que no habían sufrido ningún tipo de perjuicio en su contra”. En las actuales circunstancias, dicha “prueba” alcanza y sobra para que cualquier tribunal federal condene a prisión perpetua.
El dato de la realidad de que ningún diputado, gobernador, cura o periodista haya siquiera murmurado la menor crítica al fiscal Rapoport y al Ministerio Público Fiscal, en la persona de Jorge Auat, por tamaña violación de los derechos humanos de los 26 acusados demuestra el grado de decadencia y/o cobardía de la sociedad argentina. No hace mucho, cuando la desaparición del submarino ARA San Juan, la vicepresidenta Graciela Michetti declaró sobre la necesidad de diseñar una “política para las FF.AA.” Es decir, ¡nunca la tuvieron! Peor aún, siguen la inercia kirchnerista, que sí tenía una: la destrucción de las FF.AA.
Si este fuera un país medianamente decente y no la comparsa en la que se ha convertido, los diputados, senadores, gobernadores, ministros, magistrados y punteros políticos estarían haciendo cola exigiéndole la renuncia a los impresentables de Rapoport y Auat.
Pero, no hay que perder las esperanzas en la justicia federal. Debe haber en la Argentina actual, yo no la conozco, pero estoy casi seguro que debe haber una persona a la cual, sin profanar el idioma, resulte posible decirle: Buen día, Sr. Juez…


Comparto el artículo del señor Mauricio Ortin, en toda su extensión, ya que es una demostración irrefutable de que se persigue la destrucción total de las Fuerzas Armadas, conforme a los dictados del comunista Foro de Sao Paulo. Es muy oportuna la publicación, por cuanto nos encontramos con la manifiesta desobediencia de la Constitución y de las leyes por parte del Gobierno Nacional, no sólo en este orden, sino en otros casos que vienen llamando nuestra atención, pero que, inexplicablemente no llegan a los medios periodísticos del país.
Es tan verídica esta observación como lo prueba:
1.- Desoye la Constitución que lo obliga a armarse en defensa de la patria, y tolera el apoderamiento de nuestras tierras por tribus extranjeras, que declaran un Estado independiente en el propio territorio nacional.
2.-Desoye las leyes y la justicia al no cumplir con sentencias definitivas para pagar los juicios perdidos y se convierte en deudor moroso. Son más de 200.000 juicios de jubilados.
3.- Desoye el mandato legal de realizar auditorías en el cambio de gobierno y acepta la transferencia de organismos sin investigaciones previas, otorgando su impunidad, a pesar de los actos corruptos de defraudaciones, malversaciones , saqueos de caja, y otros delitos contra el Estado que fueron ejecutados en la anterior administración y se continúan realizando en la actual.
4.- Desoye el Código Penal cuando se niega a reconocer los plazos señalados para la detención preventiva  de los presos manteniéndolos hasta veinte años en prisión, lo que los convierte  en culpables sin sentencia, que puede significar una fingida condena perpetua.
5.- Desoye la Constitución al modificar la ley penal del  2x1 y aplicarla con retroactividad a su entera discreción. Excluye de este beneficio penal a los acusados de delitos de lesa humanidad.
6.- Desoye artículos expresos del  Código Penal al negarse a otorgar la prisión domiciliaria a presos mayores de setenta años que llegan a morir en prisión con más de 92 años.
7. Desoye la Constitución al promulgar una ley que constituye un delito de extorsión. Es la Ley de Revisión Histórica que dentro de su extenso contenido ofrece a los litigantes en juicios en marcha y con sentencias, el pago del  reclamo en forma inmediata si aceptan y firman una reducción del 50%.