La jueza María Servini cerró la instrucción del expediente Fúbol para Todos y lo elevó a la Cámara de Casación para que sortee un tribunal que se haga cargo del juicio. Los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y el ex presidente de la AFA Luis Segura, entre otros, afrontarán un juicio oral y público por presunta defraudación contra el Estado en el programa Fútbol Para Todos.
Los medios del país gráficos, radiales y televisivos hacen mención a la denunciante, la diputada Ocaña y los más importantes programas políticos se adjudican el mérito en exclusividad, rivalizando en la primerización de denuncias y descubrimientos de los procedimientos irregulares de la tremeda estafa que le significó al Estado. Es justo reconocer que la investigación periodística fue un elemento fundamental en apoyo de la diputada Ocaña que formalizó su denuncia en mayo de 2014.
Sin embargo, incurren todos en una falla inadmisible al señalar que ninguno de los controles del gobierno investigó y auditó a Fútbol para Todos, ya que el único organismo que con todo sacrificio cumplió con las tareas a su cargo, a pesar de la fuerte oposición del kirchnerismo y de los obstáculos y amenazas recibidos fue la Auditoría General de la Nación, presidida por el digno y valiente funcionario Leandro Depouy con la colaboración de los auditores Horacio Pernasetti, Alejandro Nieva y Oscar Lamberto que presentó un lapidario informe con la oposición de los auditores Vicente Brusca y Vilma Castillo, afines a la Casa Rosada.
El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo calificó como un "gesto politiquero berreta", solicitando la entrega de todos los textos para contestarlos, ya que, dijo, la Auditoría General de la Nación falta a la verdad. Nunca contestó y el informe fue archivado.
Allí, se denunciaba que entre agosto de 2009 y diciembre de 2012, se gastaron $2.967,6 millones, de los cuales, $188,9 millones se tramitaron sin el respaldo de la compra correspondiente, además de otras comprobaciones.
Este trabajo era uno de los sostenes de la denuncia formulada por la legisladora Graciela Ocaña sobre el supuesto desvío de los fondos públicos que investigó la jueza federal María Servini de Cubría.
Se recuerdan las palabras del presidente de la AGN, Leandro Despouy, muy contrariado y desesperanzado: "Ojalá logremos ser nosotros y no el FBI los que cuenten lo que ha pasado en la Argentina"
Vaya esta nota como una reparación al injusto e inmerecido olvido de la digna actuación de la AGN, que también realizó en otros organismos del gobierno importantes auditorías. sobre las cuales nos ocuparemos en otros artículos, especialmente las que llevara a cabo a la Administración Nacional de Seguridad social, Anses, varias, que llegaron a ser una "misión imposible".
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Los medios del país gráficos, radiales y televisivos hacen mención a la denunciante, la diputada Ocaña y los más importantes programas políticos se adjudican el mérito en exclusividad, rivalizando en la primerización de denuncias y descubrimientos de los procedimientos irregulares de la tremeda estafa que le significó al Estado. Es justo reconocer que la investigación periodística fue un elemento fundamental en apoyo de la diputada Ocaña que formalizó su denuncia en mayo de 2014.
Sin embargo, incurren todos en una falla inadmisible al señalar que ninguno de los controles del gobierno investigó y auditó a Fútbol para Todos, ya que el único organismo que con todo sacrificio cumplió con las tareas a su cargo, a pesar de la fuerte oposición del kirchnerismo y de los obstáculos y amenazas recibidos fue la Auditoría General de la Nación, presidida por el digno y valiente funcionario Leandro Depouy con la colaboración de los auditores Horacio Pernasetti, Alejandro Nieva y Oscar Lamberto que presentó un lapidario informe con la oposición de los auditores Vicente Brusca y Vilma Castillo, afines a la Casa Rosada.
El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo calificó como un "gesto politiquero berreta", solicitando la entrega de todos los textos para contestarlos, ya que, dijo, la Auditoría General de la Nación falta a la verdad. Nunca contestó y el informe fue archivado.
Allí, se denunciaba que entre agosto de 2009 y diciembre de 2012, se gastaron $2.967,6 millones, de los cuales, $188,9 millones se tramitaron sin el respaldo de la compra correspondiente, además de otras comprobaciones.
Este trabajo era uno de los sostenes de la denuncia formulada por la legisladora Graciela Ocaña sobre el supuesto desvío de los fondos públicos que investigó la jueza federal María Servini de Cubría.
Se recuerdan las palabras del presidente de la AGN, Leandro Despouy, muy contrariado y desesperanzado: "Ojalá logremos ser nosotros y no el FBI los que cuenten lo que ha pasado en la Argentina"
Vaya esta nota como una reparación al injusto e inmerecido olvido de la digna actuación de la AGN, que también realizó en otros organismos del gobierno importantes auditorías. sobre las cuales nos ocuparemos en otros artículos, especialmente las que llevara a cabo a la Administración Nacional de Seguridad social, Anses, varias, que llegaron a ser una "misión imposible".
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