Octubre de 2017
Cuando hace un año publicamos un artículo señalando la incierta situación de los jubilados ante la ley promulgada por el gobierno bajo el atrayente título "Ley de Reparación Histórica" que, desde un principio la consideramos una extorsión, nos hallamos hoy en día con que nuestra opinión era acertada, pero que dejó de ser incierta para convertirse en realmente inquietante. Sólo el título del artículo publicado por Sebastián Boix Mansilla, especialista en derecho previsional, que reza "Todavía no se entiende la saña de la Corte con los jubilados", es suficiente para comprender la suma gravedad que asume este tema en las manos del gobierno.
Cuando hace un año publicamos un artículo señalando la incierta situación de los jubilados ante la ley promulgada por el gobierno bajo el atrayente título "Ley de Reparación Histórica" que, desde un principio la consideramos una extorsión, nos hallamos hoy en día con que nuestra opinión era acertada, pero que dejó de ser incierta para convertirse en realmente inquietante. Sólo el título del artículo publicado por Sebastián Boix Mansilla, especialista en derecho previsional, que reza "Todavía no se entiende la saña de la Corte con los jubilados", es suficiente para comprender la suma gravedad que asume este tema en las manos del gobierno.
En efecto, el gobierno está utilizando los mismos procedimientos del kirchnerismo al destinar los recursos del fondo de Sustantibilidad perteneciente a los jubilados a distintos fines que los fijados por la ley. Los préstamos que concede con dichos fondos, cuando deben atenderse con el Tesoro Nacional, como los beneficios que concede a distintos sectores de la sociedad que la ley no contempla, planes de vivienda y sociales y otras malversaciones, como cubrir el déficit nacional, constituyen confiscaciones que impiden el pago de las deudas que mantiene con los jubilados con sentencia firme que no se cumple.
Se produce el hecho insólito que tanto Anses como la Corte Suprema se han unido para reducir el monto de las jubilaciones con la finalidad de atender el ajuste de gastos exigido por el Poder Ejecutivo.
Anses, que es un organismo descentralizado y autónomo destinado a proteger los derechos de sus representados, y la Corte Suprema, nuestro más alto tribunal de justicia en el que prevalece el concepto de política antes que sagrado concepto de justicia.
El problema se agudiza cuando nos encontramos con la insensata apelación de Anses contra el fallo que declara inconstitucional el descuento del impuesto a las ganancias a los jubilados, una actitud condenable que está fuera de sus funciones previsionales y que perjudica innecesariamente la economía de sus representados.
La aceptación del plan propuesto por la Ley de Reparación Histórica que el gobierno esperaba, fracasó, por lo cual Anses dispuso su prolongación hasta febrero del año próximo con el objeto de atraer incautos.
Quisiera ser lo más explícito posible para que se entendiera la verdadera finalidad de esta ley, sobre la cual ya hemos formulado críticas analíticas, con argumentos lógicos y jurídicos, que no viene al caso repetir. Simplemente, su finalidad estriba en no pagar el rejuste de haberes y la retroactividad dispuesta por los fallos con sentencia firme. Estos llevan varios años a la espera del pago ordenado.
El 15 de julio Anses paralizó todos los juicios al presentar una avalancha de recursos extraordinarios en las tres Cámaras de la Seguridad Social, para que la Corte Suprema avale un cambio desfavorable en los índices de actualización de los haberes y las retroactividades, en perjuicio de unos 200.000 jubilados.
Con propósitos proselitistas, acaba de lanzar un comunicado en el cual informa que con el cobro de los haberes del mes de agosto, 1.060.000 jubilados tendrán incorporación al reajusten previsto en el programa. Se trata de jubilados, la gran mayoría sin juicios, a quienes Anses ha decicido pagarles el aumento sin hacer previamente todo el támite requerido por la normativa. Es decr, se obligan a renunciar a su juicio por reajuste, o a no iniciar ninguno, a cambio de recibir el haber recalculado a su antojo, que siempre resulta inferior a lo que se puede lograr por medio de un juicio.
Es sabido que la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, ajusta las jubilaciones en base a cálculos distintos y, por supuesto inferiores, a los que marca la propia ley. En los casos arriba citados, la estafa consiste en apremiar al jubilado con un aumento menor al correspondiente, con lo que evita los juicios que le son tan molestos, una deleznable medida que aprovecha la vulnerabilidad de esta gente desesperada para cobrar.
Es necesario destacar la soledad en que se encuentran estos damnificados por parte del Estado, ya que ni los políticos de la oposición se preocupan por la defensa de sus derechos, ni los legisladores buscan una solución integral y urgente. Debemos agregar penosamente al periodismo, que en ninguno de los medios se hace eco de este grave problema que sufren especialmente los ancianos. Quizá hayan olvidado que para ellos también pasan los años.
El respeto por las sentencias es una condición esencial para el mantenimiento de la democracia en la República, la plena vigencia de los derechos constitucionales y el correcto funcionamiento de la división de poderes. Existe un presupuesto vigente que contempla las partidas para pagar la sentencias de los juicios, sentencias que no se cumplen ni se pagan.
Toda la información vertida en este artículo, con opiniones autorizadas, justifica ampliamente una auditoría completa del organismo Anses, nunca realizada y que ahora comprendemos está lejos de la voluntad del gobierno.
Resulta notorio e indiscutible que hay una decisión gubernamental en no pagar las deudas previsionales para lo cual se utilizan los servicios de la Corte Suprema de Justicia y Anses, unidos en complicidad para justificar un delito de suma gravedad que el periodismo y la sociedad callan. La prioridad de los fondos del Poder Ejecutivo, a costa de los haberes previsionales.
El insólito apartamiento de los principios contenidos en la Constitución Nacional, por el mismo gobierno, además de ser inmoral, genera la inseguridad jurídica en el país.