SEGURIDAD JURÍDICA Y ANSES

El 4 de corriente publicamos el artículo “Anses y la seguridad jurídica” denunciando  que las sentencias que no se cumplen rompen el orden legal en un estado de Derecho provocando la inseguridad jurídica. Pues bien, Anses no cumple con las sentencias que ordenan el pago a los jubilados litigantes, con lo cual atenta contra la seguridad jurídica

En dicho artículo, que informaba sobre la realización del II Congreso bienal en la ciudad de Buenos Aires, decíamos de la importancia de este tema que merecía un tratamiento en el seno de las reuniones del mismo y recordábamos que la Cámara Federal dictaminó que el Estado, en ese caso Anses, no se encuentra fuera del orden jurídico al que está obligado a tutelar, ni está exento de acatar los fallos judiciales en tiempo y forma.

La desobediencia del gobierno afecta a más de 250.000 jubilados con sentencia firme que Anses no cumple. Debemos hacer mención a que muchas veces se atribuye a la justicia una arbitrariedad que no le corresponde, por cuanto, aún cuando hay demoras en los procesos judiciales, la justicia cumplió con sus funciones y dictó sentencia. La responsabilidad recae solamente en el Poder Ejecutivo que no paga  medio millón de sentencias  desde hace muchos años.

Notamos que entre los participantes al Congreso no figuran el jefe de gabinete ni el titular de Anses, cuando era el momento oportuno de introducir el tema en las sesiones, ya que existe un estado de anomalía que atenta contra la seguridad jurídica, materia principal de la convocatoria. 

Además, debe tenerse en  cuenta que en el mercado internacional, las inversiones de capital se hallan siempre pendientes de la observancia que el gobierno presta a este rubro. Sin seguridad jurídica, no hay inversión. Lo reconoció justo hace un año, el 15 de septiembre de 2016 el presidente ce la Corte Dr. Lorenzetti en el marco del Foro de Inversiones, cuando afirmó sin eufemismos, yendo al corazón de lo que los potenciales inversores querían escuchar: "La Argentina tiene seguridad jurídica." ¿Seguirá pensando lo mismo?

Últimamente se han multiplicado las quejas y reclamos por la pertinaz negativa de Anses en pagar las citadas deudas que llevan años y cuyos acreedores son en su gran mayoría ancianos.

El periodismo se ha abierto por una vez a favor de publicaciones de cartas de lectores que son cada vez más frecuentes  y en artículos de organizaciones y especialistas en Previsión Social , como el abogado Enrique Luis Feuillassier cuyas notas llegan a ser agresivas. En una de ellas dice que el actual gobierno ha tomado y ha actualizado las poderosas herramientas confiscatorias utilizadas por el kirchnerismo para no cumplir con su promesa de pagar las deudas a los jubilados con fondos que les pertenecen. Agrega que se hace uso ilegalmente de los fondos de sustentabilidad  para hacer frente al déficit del Tesoro Nacional.

En una palabra, que se utilizan los fondos de Anses para finalidades  ajenas a sus obligaciones previsionales, poniendo en riesgo los activos de la misma para los futuros pagos jubilatorios.

La ley de Reparación Histórica que el gobierno promulgó el año pasado ha resultado ser una propaganda política de corte populista, una extorsión que asegura pago inmediato para el que adhiere a la misma, pero con una retención del 50% de lo establecido por la sentencia y con el compromiso  firmado por el adherente de no presentar demandas judiciales al estado. 
Se estafa al jubilado y esta afirmación se basa en hechos concretos que coinciden con lo señalado por la AGN en más de 60 informes que el anterior gobierno ignoró, ordenando su archivo y que actual no tomó medida alguna, ya que aceptó la transferencia del organismo sin auditoría ni inventario por razones  políticas y económicas de sospechosa naturaleza, en connivencia con un partido de la oposición.
Tenemos entendido que las reuniones del Congreso se realizaron los días 12, 23 y 14 de este mes y ya estamos en el día 15 sin ninguna información periodística u oficial sobre las exposiciones de los participantes, ni de las conclusiones arribadas. ¿Qué se habrá discutido sobre la seguridad jurídica? Por el momento no lo sabemos, pero nos acecha la duda de que se ha evitado con sutileza, propia de estas reuniones cumbre de carácter internacional, el tratamiento a fondo  de un asunto comprometedor para el gobierno. 
La inseguridad jurídica que reina en el país habrá sido conversada entre bambalinas, con toda diplomacia, pero difícilmente trascenderá. Es nuestra opinión basada en el silencio del periodismo que, al callar, dice mucho de su mercenaria actitud probada en varias oportunidades. 
¡Qué falsa democracia estamos viviendo!

MI OPINIÓN SOBRE LA MANOSEADA ENTREVISTA

En la entrevista que el periodista Luis Novaresio le realizara a Cristina Kirchner hubo un bache significativo que en la gran cantidad de comentarios periodísticos sobre la misma nadie advirtió o ignoró olímpicamente. El periodista afirmó que en el país no hay presos políticos, mientras que su contertulia lo negaba mencionando a Milagro Sala. 

Un buen periodista, como los premios  ganados lo acreditan y de reconocido prestigio, no puede ignorar que hay 1,800 presos políticos, militares, ex magistrados, de los servicios de seguridad, policías que fueron llevados a los ficticios juicios de lesa humanidad, contra todas las leyes penales y procesales, que los mantienen desde hace años en cautiverio.

Sus colegas, analistas enjundiosos de cada palabra y párrafo del extenso reportaje, no fueron capaces de rebatir el silencio cómplice de esa verdad que golpea todas las conciencias: hay presos políticos desde la época de los Kirchner y en el año y medio de gestión del nuevo gobierno, durante el cual murieron 80 presos en cautiverio, ya ancianos, enfermos  negados sistemáticamente de atender su salud y la prisión domiciliaria que por ley les correspondía Eso bien lo sabe obligadamente por su profesión Luis Novaresio que para seguir ganando premios y prestigio dentro del periodismo, vende su conciencia y su honor públicamente  Insisto, un gran silencio de de todos sus colegas que con su actitud dejaron el sello de un periodismo deshonesto.

Ahora vamos a informarle nosotros, señores gacetilleros y jornalistas, que con total desprecio y abandono de sus promesas electorales, el gobierno actúa de querellante  en los juicios de lesa humanidad al punto de negar y apelar las prisiones domiciliarias que por derecho les corresponden a los presos políticos, Los dos secretarios de los derechos humanos de la nación y de la provincia de Buenos Aires, Avuj y Canton declararon en su oportunidad que se constituían en querellantes en los juicios de lesa humanidad.

La última noticia llegada en el día de la fecha nos da cuenta que la Unidad deDerechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, apelaron contra las decisiones de los jueces que decidieron conceder la prisión domiciliaria de Gabino Manader y el ex fiscal Roberto Mazzoni. Es decir, el Poder Ejecutivo, como Estado de Derecho apela una decisión judicial que otorga un beneficio legal a dos ancianos, uno condenado y otro en proceso. Un verdadero y repudiable acto de venganza.

Le dimos la precisa, ¿se animarán a publicarla?

CARTA A LOS JUECES FEDERALES

                                                                                                                                                                                                                             
La vigencia que adquieren los términos de una carta magistral que una Jueza Federal renunciante, Silvia Marcotullio, le dirigió, con suaves reproches, a sus colegas el 14 de abril de 2016, nos ha motivado para transcribirla íntegramente en nuestro blog.  
Hoy, a un año y medio de la misma, sorprende la sabiduría contenida en los reproches que hacía a sus pares, producto de su vasta experiencia, reproches justificados, amparados y basados en razones jurídicas que va desmenuzando con claros fundamentos. 
Llama la atención el lenguaje coloquial empleado en la carta, que la hace entendible y le da un sentido sencillo, despojada de tecnicismos innecesarios. Luego de esta frase: "Haré una comparación entre el modo de administrar justicia para los imputados de delitos de lesa humanidad por hechos de la década del 70 con la manera que lo vienen haciendo con la desenfrenada corrupción kirchnerista", desarrolla cuatro puntos explicativos y un colofón que habla de su franqueza:  "El asunto es, señores jueces, que cuando se pierde la vergüenza que es el caso de muchos de ustedes, es difícil recuperarla". 
                 
La Carta

Con una cierta irreverencia que me permite la edad y con la autoridad moral de haber ejercido la magistratura con honor hasta el castigo de haber sido echada por ello (por decreto, sin jury de enjuiciamiento), y volver al cargo -concurso mediante- después de muchos años, me dirijo a los jueces federales para hacerles algunos reproches, sin otro ánimo que la búsqueda de vuestra rectitud perdida en una significativa cantidad de ustedes.

La Justicia es el último bastión del habitante de una nación para la defensa de sus derechos frente al propio Estado y a los otros individuos; aumenta la dimensión de su importancia en una república como la nuestra donde el Poder Legislativo es parcialmente un aguantadero de pícaros en busca de fueros para no ir presos y el Poder Ejecutivo es débil por diversas razones, tanto en su origen como en las posibilidades de ejercer con plenitud su autoridad. En medio de estas circunstancias extremas que nos toca vivir, el hombre común -que tiene no poca responsabilidad por esta situación por su indiferencia, su ignorancia de la historia y de la política y su falta de participación ciudadana- gira la cabeza para dirigir su mirada a los tribunales.

De tal modo, señores, que -por defecto- el peso del sostenimiento de nuestra República descansa sobre vuestros hombros a causa de la jurisdicción y la competencia que ostentan.

Pero hete aquí que un buen número de ustedes (algunos dicen que constituyen mayoría) no resiste un escrutinio sobre la génesis de su patrimonio, debilidad que les hizo perder la independencia y quedaron sujetos a la presión de cualquiera. Por eso, los que pertenecen a esa mayoría a la cual van dirigidas estas palabras, administran la ley en forma desigual, morosa o apresuradamente -según la conveniencia del momento- y obviamente injusta. Es cierto que los fiscales no les van en zaga, pero son los jueces los que tienen el cuchillo por el mango y, con mala fe -por simpatía ideológica, pago de favores o simplemente cobardía- confiados en aquello de que “el cuchillo no corta a quien lo maneja” pueden producir el más perverso de los daños: el que se hace simulando administrar justicia.

A los hechos me remito: En el fuero penal, que es la vidriera de los tribunales, vuestra indecencia -la de la mayoría- está a la vista de cualquiera que tenga ojos para mirar.

Alguien se tomó el trabajo de enumerar la lista de los vicios de ustedes y contó treinta (Tiempo Militar, Año XXIII, Nº 305 del 3/3/2016, pág. 18). Yo no seré tan exhaustiva, me limitaré a hacer un paralelo de algunos que considero suficientemente representativos de la situación. Haré una comparación entre el modo de administrar justicia para los imputados de delitos de lesa humanidad por hechos de la década del 70con la manera que lo vienen haciendo con la desenfrenada corrupción kirchnerista.

1.El principio de legalidad:  Mientras para el llamado terrorismo de Estado la Corte Suprema(con la excepción del vocal Fayt) imaginó una ingeniería jurídica que fundó en la violación del principio de legalidad y de una decena principios penales y procesales más, los inferiores no trepidaron en seguir con una improcedente obediencia debida (seguramente fundada en aquella falta de independencia a que aludí más arriba) que permitió abrir las causas penales treinta y cinco o cuarenta años después. En tanto que para la corrupción del período kirchnerista que viene denunciándose hace muchos años con abundantes hechos imputados, el tratamiento es bien diferente y se mueve con una morosidad sorprendente a pesar de tener entre media y una docena de tipos penales del Código Penal que los están esperando. Estamos hablando de centenares de causas de lento trámite cuando no directamente paradas, altísimos funcionarios implicados y cantidad de jueces comprometidosen esa inacción judicial que no tiene excusas pues, en este caso, tanto el derecho positivo como los principios generales del derecho penal y procesal penal los obliga a la acción; su omisión es una conducta que los hace oscilar entre el encubrimiento y la complicidad por la cantidad de implicados y los numerosísimos hechos denunciados, lo que parece exceder de un simple incumplimiento de sus funciones (de ustedes).- Tan escandaloso luce el tema que hoy, recién hoy, el Sr. presidente de la Corte los ha instado a moverse.

2. La no acumulación de causas: ( Mientras para los presos políticos (así denominados por ser ilegales sus procesos), la no acumulación de causas lleva en algunos casos a una ridícula suma de condenas a prisión perpetua, para los corruptos la dispersión en decenas de sumarios desperdigados en distintos juzgados viene teniendo un doble efecto beneficioso para ellos: a) facilita la parálisis de los sumarios y los sobreseimientos y b) evita la aplicación del delito de asociación ilícita y, sobre todo, llegar a la cúpula de los presuntos responsables, quedando los escarceos procedimentales para las figuras de segundo o tercer nivel.

3. La prisión preventiva:  Para los presos políticos (los PP) no hay límite para permanecer en prisión preventiva (que sí lo hay para el delincuente común), con una cantidad de tiempo privados de su libertad, sin sentencia, de 8, 10 ó 14 años que causan estupor; y además la mayoría no goza de prisión domiciliaria siendo que ambos beneficios, dadas las condiciones legales, son de pleno derecho. Casos paradigmáticos no faltan, como la del anciano de 84 años que estuvo todo el tiempo en su casa a disposición de la justicia y hace poco fueron a detenerlo (el día de su cumpleaños) lo que podría ser sólo por dos razones que no parece presentar el caso: peligro de fuga o destrucción o entorpecimiento de la recolección de prueba En tanto que el criterio con relación a los funcionarios corruptos es inverso: la no acumulación de las causas que menciono en el punto anterior le facilita a cada juez argumentar en la suya (distraído de las otras que andan dando vuelta por los otros juzgados, aunque en realidad el informe sobre esto debería constar en su sumario), que “no advierte” que el individuo pueda burlar la acción de la justicia y así, imputados con numerosos sumarios abiertos desperdigados, son beneficiarios de la permanencia en libertad, cuando por la gravedad y número de hechos deberían estar en prisión preventiva por presumirse razonablemente que intentarán eludir la acción de la justicia (tienen mucho dinero para fugarse) o entorpecer la recolección de pruebas.

4.La autoría mediata en aparatos organizados de poder: En los juicios contra los PP se hizo abuso de la teoría del gran jurista alemán Claus Roxin sobre la responsabilidad penal de los superiores por los hechos de los inferiores, hasta el punto que el espectáculo argentino en la manipulación de su tesis lo obligó a realizar posteriores precisiones sobre el tema. Caso paradigmático fue la muerte del obispo Angelelli donde, sin haberse descubierto nunca si hubo -y en su caso quien fue- un autor inmediato y, por ende, nunca pudo establecerse con certeza si fue doloso, culposo o mero caso fortuito, se resolvió que los autores mediatos debían ser los jefes militares de La Rioja en aquella época por el odio que le tenían a la víctima; y se los condenó a cadena perpetua. Con los corruptos el tema se maneja de otra forma: si bien es cierto que la teoría roxiniana probablemente no sería aplicable en las organizaciones civiles del Estado, también es cierto que sistemáticamente, hasta ahora, la poca actividad judicial siempre se detuvo ante el vértice de la pirámide; maniobra ayudada, claro está, con la dispersión de expedientes a la que aludí más arriba, que dificulta la tipificación de la asociación ilícita cuya cabeza estaría en el pináculo del poder.

Colofón:

El tema de los PP hoy es una tragedia que lleva 349 muertos en cautiverio a los que se les ha adelantado dolosamente el final por las condiciones ignominiosas de detención de gerontes de hasta 94 años de edad, con juicios viciados en su origen por la ilegalidad y sentencias condenatorias sin otras pruebas que testimoniales producidas treinta o cuarenta años después de los sucesos. Los poderes públicos deberán resolver el asunto – otra pesada herencia del kirchnerismo- sin demora, so pena de quedar enredados en algún grado de complicidad de la cual no puede librarlos aquel “dejaremos actuar a la justicia”; sencillamente porque los que la administran, los jueces federales, son parte del problema.

En cuanto a los juicios por corrupción que parece que se avecinan, tengo mis dudas. El asunto es, señores jueces, que cuando se pierde la vergüenza que es el caso de muchos de ustedes, es difícil recuperarla. Cuando en estos días se los ve tan activos en los procesos a los corruptos que tuvieron paralizados o semiparalizados por años, hay que discernir si fueron tocados por el Espíritu Santo o simplemente se mueven al socaire de los nuevos vientos lo que tampoco sería recto. Como católica, obligada a cultivar la virtud de la esperanza, prefiero creer lo primero. Así sea.

Silvia E. Marcotullio

Jueza de Cámara jubilada

FALSOS TESTIMONIOS

Ya hemos escrito toneladas de papeles referentes a la ilegalidad de los juicios políticos, llamados de lesa humanidad, que tienen en cautiverio a miles de presos políticos, defensores de nuestra soberanía, atacada violentamente por subversivos comunistas, armados y pertrechados para tal fin. Entre las arbitrariedades y métodos empleados citábamos a la preparación de falsos testigos, que hoy vemos renacer en el actual gobierno que ha revalidado implícitamente estos hechos de venganza implantados por el kirchnerismo.  Tenemos interesante material que también nosotros queremos restaurar. Aquí va:

UNA CARTA QUE COMPARTE MI OPINIÓN

"Escuelas de testigos
A propósito de estos testigos mapuches que testimoniaron en la causa Maldonado, quisiera recordar la vigencia de las llamadas escuelas de testigos, cuya docencia ejercen los militantes de derechos humanos y cuya metodología fue legitimada durante el gobierno K por un resolutorio del Ministerio de Justicia, que se tituló "Plan de acompañamiento integral de testigos", con el exclusivo propósito de armar declaraciones falaces y coincidentes que permitieron encarcelar a cientos de militares y policías por los hechos de los 70. No me cabe ninguna duda de que con motivo del caso Maldonado se ha reactivado la escuela de testigos, con control docente del CELS y militantes K y de DD.HH., y de que ya tenemos los primeros egresados: estos testigos contra la Gendarmería con un perfil de ingenuidad y falsa veracidad que sorprenden a políticos, periodistas y actores sociales sin convicciones firmes.
No olviden que han tenido 30 días para desarrollar el ciclo lectivo y adoctrinar a estos alumnos-testigos con una metodología que tantos réditos les dio contra las Fuerzas Armadas y de seguridad".
María Eugenia Prestofelippo

Mi opinión de ayer:
Silvio Pedro Pizarro
Ayer a las 13:01 •

"Se preocupa el gobierno por los falsos testimonios,pero nunca le preocupó el cúmulo de pruebas falsas preparadas meticulosamente en forma sistemática contra los enjuiciados presos políticos, los testigos bajo especial aleccionamiento para evitar contradicciones en sus declaraciones testimoniales. Eso durante continuos años, que en este caso de la desaparición de Santiago Maldonado, se están aplicando con singular eficacia." Fin.

Estos venales procedimientos no constituían ningún secreto y eran ampliamente conocidos, pero la censura imperante en la época y el temor de un periodismo generalmente complaciente, impedían su difusión. La situación mucho no ha variado debido a la influencia del relato y de un izquierdismo vengativo que ha impuesto al gobierno la justificación de la ilegalidad de estos juicios que se continúan llevando a cabo con mayor asiduidad. 

Por añadidura, se rinde homenaje a los terroristas que fueron premiados con valiosas subvenciones y se les da participación en las funciones públicas en los tres poderes.

El caso es que en la entrevista realizada anoche en TN al titular de Derechos Humanos, Claudio Avruj, reconocido impulsor de la cifra "simbólica de los 30.000 desaparecidos, se rompió el hechizo de la ridícula censura y salió a la luz impensadamente, un reconocimiento explícito. En efecto, al ser preguntado el funcionario, cuál fue la colaboración prometida por el gobierno en documento escrito que llevó personalmente al juez de la causa en Esquel, respondió sin titubear que iban a colaborar en todo lo necesario y en cuanto a lo pertinente a la secretaría de Derechos Humanos, su función sería la protección de los testigos, "de lo cual tenían ganada experiencia por el cuidado, no dijo la enseñanza y la remuneración, de los testigos que se presentan en los juicios de lesa humanidad", que, por otra parte, son prácticamente las únicas pruebas que se pueden obtener, luego de más de 40 años. 
El caso más reciente, de hace unos pocos días, lo tenemos en la detención de Martín Sánchez Zinny que fue privado de su libertad acusado por un delito cometido hace más de 41 años, cuando era menor de edad, subteniente recién recibido, más chico que sus soldados, por testimonios en su contra aportados por un supuesto soldado conscripto. Más tarde se descubrió que en el listado, proporcionado por el mismo juzgado, no figura el soldado denunciante.
Estas aceptaciones de pruebas testimoniales fraguadas, prestadas luego de 40 años de ocurridos los hechos denunciados, es en realidad una mancha indeleble que la justicia no podrá justificar a lo largo de la historia.  

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ANSES Y LA SEGURIDAD JURÍDICA

El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), la cátedra de Cultura Jurídica y la Universitat de Girona organizan del 12 al 14 del actual el II Congreso bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Se celebrará bajo el lema "Seguridad Jurídica y Lucha contra la Pobreza y la Corrupción". Será en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y disertarán, entre otros, el presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el economista Juan Llach; el síndico de la Nación, Ignacio González García; el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el ex procurador de Italia, Antonio Di Pietro, y el director de la cátedra de Cultura de la Universidad de Girona, Jordi Ferrer Beltrán. 
Celebramos la organización de este Congreso en nuestro país, que hace ya casi dos años restableció la democracia en elecciones libres que lo salvaron de entrar en la cubanización a que nos llevaba el anterior gobierno.
Dada la cercanía de su iniciación, lamentamos no haber tenido el tiempo suficiente para la presentación de un trabajo sobre la seguridad jurídica de los jubilados litigantes que en juicios contra Anses  ya tienen sentencias firmes a su favor, que no son honradas por el referido organismo.
Afirmamos que la seguridad jurídica es la "certeza del derecho" que tiene el ciudadano, otorgada por el Estado, de que su situación jurídica será respetada y que de ningún modo y bajo ninguna circunstancia le será negada.
En el caso que teníamos en preparación denunciábamos que las sentencias que no se cumplen por parte de Anses, rompen el orden legal y jurídico de que gozaba el demandante y el significado moral de la "cosa juzgada". 
Cuando el jefe de gabinete presentó en Diputados, el 31 de Agosto, el segundo informe del gobierno, requisito que era desconocido por el anterior gobierno, se expresó muy firmemente por el respeto a las leyes al decir: "Seremos todo lo duro que tengamos que ser con cualquier persona que se haya alejado un centímetro de la ley".

Al sobreentender que “persona”, involucra tanto a una persona física, cono a una sociedad, institución, entidad, sindicato, gremio, etc.  tenemos por cierto que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un ente de la administración pública nacional que depende del  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Pues bien, ANSES no cumple con la ley al no pagar, en tiempo y forma, las sentencias del Poder Judicial .

Para mayor abundamiento diremos que la Cámara Federal dictaminó que el Estado, en ese caso la ANSES,  no se encuentra fuera del orden jurídico al que está obligado a tutelar, ni está exento de acatar los fallos judiciales en tiempo y forma.

Que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado su jurisprudencia en el sentido de que no se pueden desconocer los derechos tutelados por las leyes y las “sentencias judiciales”, y que se debe actuar sin incurrir en excesos formales que conduzcan al incumplimiento  de la verdad jurídica.

Notamos que entre los participantes no figuran el jefe de gabinete ni el titular de Anses, cuando era el momento oportuno de introducir el problema en las sesiones del Congreso, pues estas consideraciones se las hice llegar al primero de ellos, que supongo podría haberlas utilizado.
Decimos momento oportuno porque no hemos escuchado o leído ningún comentario sobre un asunto de relevancia como el que hemos encarado. ni por profesionales versados en la materia, ni por abogados en conferencias jurídicas, ni por el periodismo escrito, radial y televisivo que debe estar al tanto, por su oficio, de la tribulación por la que están pasando 300.000 jubilados que, con sentencia judicial, no reciben el pago  ordenado, la mayoría desde hace varios años, por parte de Anses.
Debemos hacer mención de que muchas veces se atribuye a la justicia una situación de arbitrariedad que no le corresponde, por cuanto aún cuando existen demoras en los procesos judiciales, que son bien conocidas y criticadas, en estos casos la justicia cumplió con su misión y dictó sentencia.  Acá irrumpe la responsabilidad de los órganos del Poder Ejecutivo, toda vez que no se da cumplimiento a una sentencia judicial. Esto está claro y es de una flagrancia por demás evidente.
En lo que respecta a los motivos o razones que puede tener el Poder Ejecutivo para demorar indefinidamente el debido acatamiento a una sentencia judicial, no es el objeto de nuestro trabajo y es un tema de suma gravedad que debe ser analizado. Lo realmente importante es que existe un estado de anomalía que atenta contra la seguridad jurídica, principal tema de las discusiones en el seminario del II Congreso.
Por otra parte, no hay que olvidar que en el mercado internacional  las inversiones se hallan siempre pendientes de la observancia y el respeto que el gobierno presta a este rubro, esencial para el desenvolvimiento económico de un país democrático.  

                                       

PSICOLOGÍA DE LAS MASAS

Hace dos días publiqué en este blog "Habla la Experiencia" un artículo titulado "Perdí la libertad" en donde me refiero a la carta de lectores leída en La Nación el día 30 de agosto. cuyo título es un alarido a la pérdida del bien más preciado del ser humano, la libertad. En uno de sus párrafos decimos:

"No nos es posible concebir la subsistencia del placer de la venganza con el conocimiento, el desconocimiento, la ignorancia o la complicidad de la sociedad, de la iglesia, del periodismo y, en último grado, del gobierno actual. 

Se hace evidente que el gobierno no se ha atrevido a enderezar los torcidos derechos humanos que ha heredado, pese a sus promesas en la campaña electoral".

Para nuestra sorpresa, al día siguiente el mismo diario da lugar a otra carta de lectores referida a los presos políticos, cartas que hasta hace poco tiempo eran censuradas por el filtro de dicha columna, que reproducimos a continuación:

"Señor Presidente, como ciudadano que lo votó y depositó la confianza en su gobierno, me pregunto: ¿sabe usted de la situación de los presos políticos en las cárceles de la Argentina? ¿Sabe que en las parodias de juicios, amañados y con testigos adoctrinados previamente y algunos claramente falsos, se aplican leyes en forma retroactiva en contra de la ley? ¿Sabe que se viola permanentemente y sistemáticamente la ley, al no cumplir con lo que ella dispone en lo referente a los tiempos de prisión preventiva sin condena y a la edad de detención en penales que carecen de lugares de atención médica y sanitaria adecuados para su correcta atención? ¿Sabe que tiene héroes de Malvinas, reconocidos hasta por los británicos por su heroísmo y comportamiento, durante los combates, sin causa, o por juicios viciados de nulidad absoluta? ¿Y que hay jueces con manifiesta y declarada parcialidad a cargo de muchos de estos juicios?
Usted es la cabeza del Estado argentino y suya es la obligación de poner las cosas en justo orden.
Tenga en cuenta sus responsabilidades y hágase cargo.
De no ser así, las futuras generaciones se lo reclamarán".

Belisario Saravia
DNI 8.019.614

Varios presos políticos han ocupado nuestras columnas, como una denuncia a la más tremenda de las injusticias cometidas por el gobierno corrupto de los Kirchner y continuado por el actual, con los amañados e ilegales juicios de "lesa humanidad" que han trastocado groseramente el sistema jurídico penal argentino.
Uno de los primeros fue el del que fuera subteniente en los 70 Enrique Stel, héroe de las Malvinas, otro el que fuera teniente de fragata Carlos Robbio héroe de Malvinas, otro más reciente el del Teniente Coronel Emilio G, Nani, héroe de las Malvinas y el último el del que fuera subteniente Martín Sánchez Zinny.
La mayoría, como los ya citados, además de Horacio Losito, Carlos Arroyo y Eduardo Enrique Barreiro, todos subtenientes en 1976, jóvenes de 20/21 años en esa época, fueron encarcelados por el mero hecho de pertenecer a las fuerzas armadas.
Me permitiré finalmente aludir al comportamiento de la sociedad frente a casos como  los enunciados, y frente a otros diferentes. Presenciamos ayer su reacción con respecto a la desaparición de una persona, que se presta a polémicas disputas en relación a la búsqueda de culpables, pero que reunió gran cantidad de gente a la que se le reconoce su derecho a manifestarse.
La contraparte, su reacción frente 3.000 detenidos. ancianos la mayoria, y la muerte de más de 400 en cautiverio y sin condena, los presos políticos. No se ve, no se oye, no se conoce. Un enigma e interrogante sobre la psicología de las masas.

PERDÍ LA LIBERTAD

Cuando uno lee esta carta publicada el día 30 de agosto de 2017 en el diario La Nación, se pregunta asombrado ¿en qué siglo estamos viviendo? ¡qué mazorcas inmundas existen todavía? ¿estamos en la época de la inquisición? ¿renacieron los juicios populares de la revolución francesa? ¿acaso no gobierna un equipo que supimos votar para no caer en la anarquía que nos llevaba a un destino venezolano, sin remedio?. Entonces, casi si respuestas a estos tétricos dilemas, uno se dedica a releer más pausadamente esas breves líneas que adquieren la dimensión de un gigantesco libro. 
Es la historia de una época de quince años que suponíamos terminada y que advertimos sigue vigente en su aspecto más inhumano, el odio, la discriminación. la venganza, llevados a su más insólito extremismo con desprecio de las leyes y códigos vigentes.  
Analizando esas no más de 400 palabras que nos relatan la crueldad de una era nefasta, no nos es posible concebir la subsistencia de la misma con el conocimiento, el desconocimiento, la ignorancia o la complicidad de la sociedad, de la iglesia, del periodismo y, en último grado, del gobierno actual. 
Se hace evidente que el gobierno no se ha atrevido a enderezar los torcidos derechos humanos que ha heredado, pese a sus promesas en la campaña electoral.
Volviendo a la carta, la primera frase "estoy privado de mi libertad por hechos ocurridos el 10 de julio de 1976", es lacerante y al mismo tiempo inconcebible.
Más adelante, su afirmación "hace más de 41 años, era menor de edad, más chico que mis soldados. Era el más joven y con menor jerarquía de los 25 oficiales de mi regimiento", es una tremenda y conmovedora realidad.
Continuamos con la lectura "Se me hizo saber de varios testimonios en mi contra, aportados inicialmente por un supuesto soldado conscripto". ¡Pruebas testimoniales luego de 40 años!
Sigo:"Desde el 13 de junio de 2017 permanezco detenido en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, junto a 115 integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias, civiles y ex funcionarios judiciales ( de los 2288 procesados de los llamados de "lesa humanidad" en todo el país, de los cuales 417 han muerto en cautiverio y sin condena)".
Lo expresado a continuación es significativo: "Ana una empleada que me tomaba declaración, expresó que "en el armado de mi causa" a lo que le pregunté que significaba esa frase en términos jurídicos, lo que no me pudo responder con claridad".
A los que seguimos regularmente el desarrollo de estos procesos, no se nos escapan detalles muy similares, en la gran mayoría de los procesos, que denotan un "armado de los casos" como se le soltó de la lengua a la funcionaria. Es sabido desde hace tiempo que en el fraguado montaje de estos juicios se preparan testigos, preguntas, declaraciones calcadas, que saltan a la vista con solo leer los expedientes.
Finalmente, y como era de esperar, leemos: "A pesar de tener ocho hijos-uno de ellos padece autismo- y ocho nietos, me han negado la excarcelación." 
Es asombrosa la similitud de casos como el presente  que conocemos por información directa de los presos políticos, con los cuales nos comunicamos regularmente, pero nos abstenemos de dar sus nombres para evitar que el empeoramiento de su cautiverio.
Hay algunos sin proceso, otros con procesos que nunca llegan a su fin, pero a los que se le niega por costumbre, excarcelaciones y prisiones domiciliarias. En  Bahía Blanca consta que existen órdenes de camaristas y de jueces para negar estos beneficios legales a todos los "uniformados". En los últimos meses hemos comprobado que se han acrecentado las medidas de prolongar indefinidamente las prisiones preventivas en total infracción a las leyes penales que dan un límite razonable de uno o dos años. Ello sin tener en cuenta las razones alegadas en las apelaciones, ni la edad o enfermedad del solicitante. Conocemos una gran cantidad que lleva hasta cuatro años preso sin proceso, ni condena. 
La carta a la que nos estamos refiriendo será transcripta fielmente para conocimiento de los que no han tenido la oportunidad de leerla en el diario La Nación. 
Pedimos la difusión de la misma en todas las redes sociales, y al diario La Nación nuestra solicitud de que continúe publicando todas las que lleguen a su redacción, como defensa a una justa causa que la sociedad y el gobierno ignoran, lamentablemente.

Privado de libertad -( 30 de agosto de 2017)

Desde el 11 de junio de 2017 estoy privado de mi libertad. Me fue leída una citación del juzgado del juez Rafecas, por hechos ocurridos el 10 de julio de 1976, cuando, como subteniente recién egresado, concurrí con el Regimiento 6 de Mercedes al intento de rescate de un secuestrado. En ese episodio murió uno de los cancerberos (el resto huyó por los fondos de la imprenta y cárcel del pueblo) y hallamos al vicecomodoro Roberto Echegoyen, que llevaba 72 días en poder del ERP, encadenado a un catre. Su cadáver pesaba 40 kilos. El 12 de junio me trasladaron a Comodoro Py. Se me hizo saber de varios testimonios en mi contra, aportados inicialmente por un supuesto soldado conscripto. Desde el 13 de junio de 2017 permanezco detenido en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, junto a 115 integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias, civiles y ex funcionarios judiciales (de los 2288 procesados de los llamados de "lesa humanidad" en todo el país, de los cuales 417 han muerto en cautiverio y sin condena). Fui llevado a la sede del juzgado una vez -siempre esposado-, donde Ana, una empleada que me tomaba declaración, expresó que "en el armado de mi causa...", a lo que le pregunté qué significaba esa frase en términos jurídicos, lo que no me pudo responder con claridad.

Cuando se intentó el malogrado rescate, hace más de 41 años, era menor de edad, más chico que mis soldados. Era el más joven y con menos jerarquía de los 25 oficiales de mi regimiento. No participaba en ninguna decisión, diseño de planes o resoluciones militares, políticas o económicas. A pesar de tener ocho hijos -uno de ellos padece autismo- y ocho nietos, me han negado la excarcelación. Desde la baja del Ejército, en 1988, me desempeñé en infinidad de tareas laborales y académicas de importante exposición pública. Toda esa vida fue hecha añicos. ¿Servirá para algo? Mi defensa descubrió que en el listado oficial de ciudadanos que prestaron su servicio militar en el RI6 de Mercedes -listado proporcionado por el propio juzgado- no figura el soldado denunciante. También nos sorprende que una de las personas que testimonian en mi contra afirma "estar orgullosa de haber tenido como prisionero de guerra en su casa al vicecomodoro Echegoyen". ¿Será justicia?

Martín Sánchez Zinny

DNI 12.150.721