Confirmado: impulsarán esta semana la polémica reforma judicial K
El presidente Alberto Fernández adelantó que esta semana enviará al Congreso la reforma judicial, una de las propuestas que hizo el 1° marzo en la apertura de sesiones ordinarias. Explicó que impulsa "la reconstrucción del fuero federal" y que el plan "va más allá" de los tribunales de Comodoro Py en los que se investigan causas de corrupción de funcionarios, entre ellos la vice Cristina Kirchner. Además habló de posibles cambios en la Corte Suprema.
El mandatario indicó que el proyecto que impulsa "ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera" y contempla la creación de "más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales". "Vamos a reconstruir el fuero federal", planteó.
Aseguró que "ningún juez" perderá las causas que tienen a su cargo y que su "mayor preocupación" es que nadie considere que la iniciativa es "para garantizar la impunidad de Fulano o Mengano". "Las reglas del debido proceso están absolutamente garantizadas", afirmó.
Señaló que se trata de un proyecto "tan ambicioso como necesario" porque, en su consideración, "la justicia federal se ha exhibido con un funcionamiento defectuoso". Planteó que la reforma "tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera".
Explicó que se propuso "hacer un reordenamiento de todo el sistema" y que espera enviarla esta semana al Congreso. Dijo que el cambio que plantea es "en toda la justicia federal nacional, con el propósito de que eso funcione bien".
Adelantó que una de las cuestiones que incluye el proyecto es la unificación de los fueros federales y que avanzará en "el traspaso de la justicia ordinaria a la justicia de la Ciudad, que es algo que está pendiente".
Aclaró que "hay una serie de problemas" que deben abordar. "Ejemplo: ¿la Corte Suprema está funcionando cómo debe? ¿Para funcionar mejor hay que ampliar o no hay que ampliar la cantidad de jueces? ¿Hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo tiene que intervenir la Corte Suprema? Eso es revisar el recurso extraordinario", afirmó en una entrevista a Página 12.
Dijo que también se revisará el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público y que avanzarían con la implementación del juicio por jurados. El análisis estará a cargo de un Consejo que lo asesorará durante 60 días.
Criticó que el Poder Judicial "tiene cierta forma conservadora que resiste a los cambios" y calificó al sistema actual como "un engendro donde siguieron coexistiendo los juzgados de instrucción con los tribunales orales para que los jueces de instrucción no pierdan el poder que tenían".
Se mostró a favor de avanzar en la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en algunas provincias y que le otorga mayor poder a los fiscales en la investigación. Además dio a entender que impulsará el juicio por jurados. "¿Lo vamos a poner alguna vez en Argentina? Yo tengo opinión formada, no importa mi opinión pero sí quiero que el Consejo se expida", afirmó.
Dijo que la experiencia le demostró que "los jueces también son muy influidos por los medios y por el contexto" y que en su consideración "es mucho más difícil influir a doce personas que a una, y por ahí el juicio por jurados es una solución".
"Revisaría la ley del arrepentido"
Anticipó que "revisaría la ley del arrepentido", que permite reducir la pena a toda persona imputada que brinde información comprobable sobre casos de corrupción y que fue clave en el avance varias causas que protagonizan exfuncionarios kirchneristas.
Dijo que nunca estuvo de acuerdo con esa norma, que "el concepto del arrepentido es en el Derecho Penal el confeso" y que "no hacía falta crear una figura del arrepentimiento". "Hay gente que genuinamente se arrepiente y confiesa su delito", planteó.
Consideró que el sistema del arrepentido "puede generar una enorme perversión de incentivar a alguien a decir lo que no ocurre tan sólo para poder sentirse liberado" y que se debe repensar "la utilidad de esa norma".
olo
dos personas conocen hasta ahora la versión final del proyecto de reforma judicial del Gobierno: Alberto Fernández y su secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra.
Los bloques del Frente de Todos en Diputados y en el Senado aún no leyeron el texto de la iniciativa, una de las apuestas de mayor volumen político del
Presidente, con la que aspira a dejar una marca en su gestión. Tampoco la
vieron muchos de sus funcionarios.
El
Gobierno tiene previsto remitir la iniciativa a la Cámara baja la semana
próxima, probablemente el viernes, según fuentes oficiales y legislativas.
Sería, en principio, solo una
presentación en sociedad: en
el Congreso admiten que no sería sencillo tratar un proyecto de semejante
envergadura de forma remota.
El
corazón del proyecto es la creación
de un nuevo fuero federal penal para diluir el poder que concentran hoy los
jueces con sede en Comodoro Py. Son
los que tramitan las causas de corrupción política, pero también otros delitos
complejos, como el narcotráfico y el lavado de dinero. Según pudo saber este
medio, la reforma buscará un reordenamiento
de los tribunales, con fusiones de fueros, creación de nuevas salas y
redistribución de competencias.
El Presidente dio indicios de cómo
pretende lograr esa desconcentración en su discurso del 1º de marzo, en la
apertura de sesiones ordinarias, cuando dijo que "los delitos contra la
administración pública dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para
pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados".
Hoy los juzgados de Comodoro Py son 12
y hay dos que están vacantes. Para pasar a 50, como dijo ese día el Presidente,
se incorporarían al plantel de los federales decenas de jueces penales que
resuelven casos "ordinarios" con jurisdicción en la Capital Federal.
En
ese reordenamiento, además, podría
existir un traspaso de competencias a la Justicia porteña.
Iniciativas
Si
bien el kirchnerismo no leyó la letra chica de la iniciativa, sí tuvo
oportunidad de vetar algunas de las ideas que circularon en el proceso de
elaboración. Según pudo reconstruir LA
NACION, una de las alternativas que fue resistida por el kirchnerismo
fue la de fusionar a Comodoro Py con Penal Económico, el fuero vecino que tiene sede sobre la avenida de
los Inmigrantes. Los magistrados de ese edificio tampoco inspiran la confianza
del Instituto Patria.
Otro
de los cambios que había anunciado el Presidente está vinculado con otorgarle mayores recursos al fuero Contencioso
Administrativo, la instancia que tramita las demandas
contra el Estado y que puede decidir sobre los recursos públicos. En ese
sentido, Fernández aludió a una fusión con la Justicia Civil y Comercial
Federal.
La
iniciativa, además, podría contemplar la creación
de nuevas fiscalías y juzgados especializados para la investigación de delitos
complejos, sobre todo los vinculados con el
narcotráfico, en zonas calientes del país, como Rosario (Santa Fe) o San
Lorenzo (Salta).
La
reforma que tiene el sello de Fernández deberá empalmarse con el nuevo Código Procesal Penal, que introduce el sistema acusatorio y que por ahora
solo empezó en Salta y Jujuy. Esa modalidad implica, en sí misma, un
transformación de fondo en la Justicia porque dota de más poder a los fiscales
para investigar y coloca a los jueces como "ordenadores" o
"árbitros" del proceso.
Fernández
dijo que su proyecto incluye la creación
de nuevos cargos para otorgarle músculo al Ministerio Público Fiscal. El plan oficial se completaría con la designación
del actual juez Daniel Rafecas al frente de la Procuración General.
El
kirchnerismo duro, aun sin conocer la letra chica, esta semana se mostró
alineado con el emprendimiento presidencial. "Yo creo que es posible
tratar la reforma judicial que el Presidente dijo que tiene lista y que estamos
ansiosos de que la envíe", afirmó en las últimas horas el senador Oscar Parrilli, un ladero fiel de Cristina Kirchner.
Mientras
Fernández busca dejar su impronta con un proyecto que resucite el espíritu
del "plan Beliz" que quedó frustrado en 2003, el kirchnerismo se
embarca en denunciar penalmente a quienes señala como responsables del lawfare contra
Cristina.
El
proyecto del Presidente no contempla cambios en la Corte Suprema. Tampoco incluye una reforma del Consejo de la
Magistratura, el órgano más político de la gestión judicial, que selecciona,
investiga y remueve a los jueces.
Esta
semana quedó en evidencia que ese organismo colegiado es el que tiene la muñeca
para moldear la Justicia, cuando desestimó las investigaciones contra los
jueces federales Rodolfo Canicoba Corral y Luis
Rodríguez a pesar de las resonantes acusaciones de
corrupción que pesaban sobre esos magistrados.
Fernández no pretende agotar la
cuestión judicial con su reforma. Para otras transformaciones importantes,
anunció que pretende convocar a un "consejo consultivo" integrado por
académicos y juristas, cuyos nombres aún permanecen en reserva. Ese colectivo
sí tendrá como tarea revisar el funcionamiento de la Corte Suprema y el Consejo
de la Magistratura. La idea ya alteró los nervios del Poder Judicial.
Por: Maia
