El gobierno ha pasado repentinamente de un gradualismo de dos años a un impulso desenfrenado para la aprobación de una ley de reforma económica que, a toda costa, quiere promulgar antes de fin de año. La motivación viene de la mano del FMI, que claramente sugirió la revisión en la fórmula de la movilidad jubilatoria como medida indispensable de un ajuste económico que le permita al país integrarse a la economía mundial.
Sucede que nadie impugna la decisión del gobierno en colocar nuevamente al país en marcha. ya que se ha quedado atrás en los años del ruinoso gobierno kirchnerista.
La aprobación por unanimidad de la presidencia de Argentina del grupo G-20 para el próximo año con sede en Buenos Aires, es una prueba de que vamos por buen camino.
El Secretario de Coordinación interministerial, Mario Quintana consideró que ése será el evento internacional más importante en la historia argentina y recordó que hace menos de dos años se discutió si nos echaban del G-20 y hoy nos dan la presidencia.
Es razonable entonces la decisión de ajustar el presupuesto fiscal, encarar una nueva ley tributaria y promover una reforma laboral, pero surge ahora con toda nitidez que el financiamiento de estos emprendimientos depende en su mayor porcentaje de los Servicios Sociales con una reforma previsional que impacta sobre el sector más vulnerable de una población de más de 15 millones de personas.
En realidad no es una reforma previsional, es una modificación maliciosa al índice de movilidad, en menos; no es otra cosa que un parche a la vetusta ley. Con ella el gobierno ahorraría $114.000 millones de pesos que saldrían de las jubilaciones y pensiones. Ya se ha calculado que implicaría una disminución del 10% en las remuneraciones, con respecto al aumento previsto para el próximo mes de marzo.
La situación real de los jubilados se manifiesta con toda su crueldad en el ataque despiadado de Anses, que es constante y de una insólita tenacidad. Lo dijo el anterior director Diego Bossio cuando en una respuesta a una recriminación del Presidente de la Corte, Lorenzetti, le contestó oficialmente que su misión en Anses era la defensa del Estado contra el ataque de los jubilados. No lo dice abiertamente su actual director Emilio Basavilbaso, pero su actuación es de mayor virulencia pues ataca hasta un fallo de la Cámara de la Previsión Social que dictaminaba la inconstitucionalidad del pago del impuesto de la ley de ganancias a los jubilados.
Sus últimas recusaciones realizadas desmedidamente, sin ton ni son, no fueron aceptadas por la Cámara Previsional por "obstaculizar la administración de justicia."
Lo que no se dice, no se comenta, no se critica, es que a estas propuestas de rebajas sustanciales a los haberes jubilatorios, se suma la deuda que tiene el gobierno con 250.000 jubilados que con sentencia firme no obtienen el pago ordenado por ley.
A tal punto ha llegado la impunidad del mismo gobierno que sus abogados comienzan a insinuar que, dentro del país, la deuda del Gobierno para el Seguro Social no debe ser pagada. Un buen ejemplo para la ciudadanía.
Dentro de la vorágine en la que se está moviendo, no se ha recapacitado un breve momento en el gran obstáculo que significa una posición de inseguridad jurídica que no escapa a los posibles inversores, atentos a las posibles dificultades que puede ofrecer el país. Un enfrentamiento judicial de sus empresas en el país, corre serio riesgo de encontrarse con la negativa del gobierno a pagar un fallo favorable. Corolario, no hay seguridad jurídica para invertir.
¿Creerá Macri y su equipo que los países interesados en la proyección de sus negocios no tendrán la suficiente capacidad para analizar esta circunstancia, como tantas otras ?
Parece que existe optimismo en el plano oficial para la aprobación de la reforma propiciada por el Poder Ejecutivo y que sólo los apura el tiempo en concretarla, pero hay largo camino por delante y con muchas curvas. Es necesario lograr un consenso general todavía incierto.
La posición de los gobernadores, la CGT,, las cámaras de diputados y senadores, fuerzas económicas y financieras, la oposición política y una opinión cada vez más generalizada en torno al grave perjuicio a que puede ser sometida la tercera edad, son los componentes que el Presidente debe adecuar para el ansiado consenso.
Sucede que nadie impugna la decisión del gobierno en colocar nuevamente al país en marcha. ya que se ha quedado atrás en los años del ruinoso gobierno kirchnerista.
La aprobación por unanimidad de la presidencia de Argentina del grupo G-20 para el próximo año con sede en Buenos Aires, es una prueba de que vamos por buen camino.
El Secretario de Coordinación interministerial, Mario Quintana consideró que ése será el evento internacional más importante en la historia argentina y recordó que hace menos de dos años se discutió si nos echaban del G-20 y hoy nos dan la presidencia.
Es razonable entonces la decisión de ajustar el presupuesto fiscal, encarar una nueva ley tributaria y promover una reforma laboral, pero surge ahora con toda nitidez que el financiamiento de estos emprendimientos depende en su mayor porcentaje de los Servicios Sociales con una reforma previsional que impacta sobre el sector más vulnerable de una población de más de 15 millones de personas.
En realidad no es una reforma previsional, es una modificación maliciosa al índice de movilidad, en menos; no es otra cosa que un parche a la vetusta ley. Con ella el gobierno ahorraría $114.000 millones de pesos que saldrían de las jubilaciones y pensiones. Ya se ha calculado que implicaría una disminución del 10% en las remuneraciones, con respecto al aumento previsto para el próximo mes de marzo.
La situación real de los jubilados se manifiesta con toda su crueldad en el ataque despiadado de Anses, que es constante y de una insólita tenacidad. Lo dijo el anterior director Diego Bossio cuando en una respuesta a una recriminación del Presidente de la Corte, Lorenzetti, le contestó oficialmente que su misión en Anses era la defensa del Estado contra el ataque de los jubilados. No lo dice abiertamente su actual director Emilio Basavilbaso, pero su actuación es de mayor virulencia pues ataca hasta un fallo de la Cámara de la Previsión Social que dictaminaba la inconstitucionalidad del pago del impuesto de la ley de ganancias a los jubilados.
Sus últimas recusaciones realizadas desmedidamente, sin ton ni son, no fueron aceptadas por la Cámara Previsional por "obstaculizar la administración de justicia."
Lo que no se dice, no se comenta, no se critica, es que a estas propuestas de rebajas sustanciales a los haberes jubilatorios, se suma la deuda que tiene el gobierno con 250.000 jubilados que con sentencia firme no obtienen el pago ordenado por ley.
A tal punto ha llegado la impunidad del mismo gobierno que sus abogados comienzan a insinuar que, dentro del país, la deuda del Gobierno para el Seguro Social no debe ser pagada. Un buen ejemplo para la ciudadanía.
Dentro de la vorágine en la que se está moviendo, no se ha recapacitado un breve momento en el gran obstáculo que significa una posición de inseguridad jurídica que no escapa a los posibles inversores, atentos a las posibles dificultades que puede ofrecer el país. Un enfrentamiento judicial de sus empresas en el país, corre serio riesgo de encontrarse con la negativa del gobierno a pagar un fallo favorable. Corolario, no hay seguridad jurídica para invertir.
¿Creerá Macri y su equipo que los países interesados en la proyección de sus negocios no tendrán la suficiente capacidad para analizar esta circunstancia, como tantas otras ?
Parece que existe optimismo en el plano oficial para la aprobación de la reforma propiciada por el Poder Ejecutivo y que sólo los apura el tiempo en concretarla, pero hay largo camino por delante y con muchas curvas. Es necesario lograr un consenso general todavía incierto.
La posición de los gobernadores, la CGT,, las cámaras de diputados y senadores, fuerzas económicas y financieras, la oposición política y una opinión cada vez más generalizada en torno al grave perjuicio a que puede ser sometida la tercera edad, son los componentes que el Presidente debe adecuar para el ansiado consenso.
