SIMPOSIO DE AUDITORÍAS

El 17 de septiembre se lanzó en Buenos Aires el Primer Simposio de Auditoría Gubernamental . La apertura estuvo a cargo de la Vicepresidente
Gabriela Michetti y el síndico general de la Nación, Alberto Gowland.

Invitados fueron el exdirector de la Agencia de Auditoría Interna del Reino Unido, John Whitfield, el Gerente de la División de Integridad en el sector público de la OCDE, Gavin Ugale. El extitular de la Auditoría, Leandro Despouy y el actual auditor Jesús Rodríguez, el Ministro del Tribunal de Cuentas de Brasil TCU, Joao Augusto Ribeiro Nardes, Giovanni Falcetta del Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa y Edna Jaime de México.

La actual Sigen destacó el fracaso del anterior sistema de control y que ha asumido la responsabilidad de lograr una fiscalización acabada de las cuentas públicas, procurando consolidar en la totalidad del universo de organismos estatales los valores mencionados como pilares del control.(ya sabemos que en ese universo no figura Anses)

Señaló la concepción de que en materia de transparencia no debe haber concesiones (hay concesiones con Anses) y con tal propósito implementó un potente curso de capacitación de sus cuadros técnicos y la planificación de tareas sobre áreas sensibles.(¿Sensibles como Anses?)
Volvemos a las huecas declamaciones pronunciadas en foros internacionales plagadas de buenas intenciones pero totalmente alejadas de la realidad.   
¿Es que alguien puede negar que en lo que en nuestro país respecta, las auditorías realizadas en diversas instituciones y organizaciones gubernamentales carecen de la efectividad  y del resultado positivo de transparencia que se busca?
Notamos que se hallaba presente en la inauguración el honesto luchador de la anterior AGN, don Leandro Despouy que es un valorable testigo de las numerosas fallidas auditorías realizadas en Anses y en Arolíneas, todas  ordenadamente archivadas por orden de la manda más de turno, la expresidente, doña Cristina Fernández de Kirchner.
En realidad este simposio constituyó una presentación teatral de atiborrados discursos expelidos durante el publicitado desarrollo de las reuniones del G20, presidida por nuestro país.
Nada conocemos sobre una declaracion final del Simposio, ni de los mencionados discursos en él pronunciados.
De todos modos agradecemos que el importante evento nos abra la posibilidad de reiterar nuestras viejas exigencias de que se audite a nuestro
privilegiado organismo Anses, que permanece en la mayor impunidad, dentro del concierto de gran corrupción que se está celebrando en el escenario del gran  teatro de los tribunales argentinos.
Fuera del tono burlón con que adornamos este artículo, quisiéramos saber la reacción que se hubiera producido en el seno de los participante de este serio evento de "auditorías transparentes", si se hubiera traído a colación un caso real expuesto como ejemplo práctico de una obligada auditoría políticamente eludida por los organismos de control del estado. Se trata del otorgamiento de decenas de miles de jubilaciones falsas a extranjeros residentes en los países vecinos, Perú. Paraguay y Bolivia.
Las autoridades de Anses, puestas al descubierto de estas maniobras se limitaron a informar que más o menos 4.000 de estas falsas jubilaciones  fueron canceladas, pero no hubo ninguna investigación, ningún sumario, ninguna auditoría sobre un hecho gravísimo de orden institucional que quedó en la noche de la más condenable impunidad.
Como punto final debemos señalar que este es un caso circunstancial, pues existen en Anses miles de estafas, malversaciones, apropiaciones, que hemos denunciado en este espacio desde hace más de seis años, con expreso pedido al Presidente de la Nación, al Jefe de Gabinete y a todos los medios periodísticos de una completa auditoría en todos los niveles, pero en vano.

LOS CUADERNOS DE ANSES - 16a. Parte -

Septiembre de 2017

El 4 de corriente publicamos el artículo “Anses y la seguridad jurídica” denunciando que las sentencias que no se cumplen rompen el orden legal en un estado de Derecho provocando la inseguridad jurídica. Pues bien, Anses no cumple con las sentencias que ordenan el pago a los jubilados litigantes, con lo cual atenta contra la seguridad jurídi

En dicho artículo, que informaba sobre la realización del II Congreso bienal en la ciudad de Buenos Aires, decíamos de la importancia de este tema que merecía un tratamiento en el seno de las reuniones del mismo y recordábamos que la Cámara Federal dictaminó que el Estado, en ese caso Anses, no se encuentra fuera del orden jurídico al que está obligado a tutelar, ni está exento de acatar los fallos judiciales en tiempo y forma.
a desobediencia del gobierno afecta a más de 250.000 jubilados con sentencia firme que Anses no cumple. Debemos hacer mención a que muchas veces se atribuye a la justicia una arbitrariedad que no le corresponde, por cuanto, aún cuando hay demoras en los procesos judiciales, la justicia cumplió con sus funciones y dictó sentencia. La responsabilidad recae solamente en el Poder Ejecutivo que no paga medio millón de sentencias desde hace muchos años.
Notamos que entre los participantes al Congreso no figuran el jefe de gabinete ni el titular de Anses, cuando era el momento oportuno de introducir el tema en las sesiones, ya que existe un estado de anomalía que atenta contra la seguridad jurídica, materia principal de la convocatoria.
Además, debe tenerse en cuenta que en el mercado internacional, las inversiones de capital se hallan siempre pendientes de la observancia que el gobierno presta a este rubro. Sin seguridad jurídica, no hay inversión. Lo reconoció justo hace un año, el 15 de septiembre de 2016 el presidente ce la Corte Dr. Lorenzetti en el marco del Foro de Inversiones, cuando afirmó sin eufemismos, yendo al corazón de lo que los potenciales inversores querían escuchar: "La Argentina tiene seguridad jurídica." ¿Seguirá pensando lo mismo?
Últimamente se han multiplicado las quejas y reclamos por la pertinaz negativa de Anses en pagar las citadas deudas que llevan años y cuyos acreedores son en su gran mayoría ancianos.

Septiembre de 2017

Hace exactamente un año se publicó en el Boletín Oficial la ley de acceso a la información pública, que garantiza a la ciudadanía el derecho de conocer e involucrarse en las decisiones políticas y públicas, como también de ejercer un control sobre los diferentes poderes del Estado. Esa ley entrará en vigor hoy, 29 de septiembre de 2017.
La Nación publica un excelente editorial titulado "A mayor información, menor corrupción" que consideramos un aval a todos nuestros pedidos que nunca merecieron respuesta del gobierno.
El 25 de julio publicamos el blogspot "Anses y el Pro", referido a este importante tema, algunos de cuyos párrafos volvemos a utilizar para su necesaria actualización
"Señores funcionarios del Pro.
No debe ser novedad para ustedes que desde estas columnas hace varios años venimos solicitando la intervención y auditoría del organismo que tiene la Caja más poderosa de la administración pública, Anses. Era evidente e incuestionable la certeza de que el gobierno kirchnerista iba a prestar oídos sordos a nuestra solicitud, pero con el advenimiento al gobierno de vuestra comunión de partidos que propiciaban y aseguraban un cambio bajo el significativo lema “Cambiemos”, nos alentó la esperanza de ver cumplida nuestra demanda. Pero no fue así y siguió vigente la insólita impunidad de que goza Anses.
Con prescindencia de la actuación negativa y agresiva que el susodicho organismo utiliza constantemente contra los jubilados, lo que ya fue el tema que motivó nuestra carta al señor Presidente el pasado 23 de julio, esta denuncia que formulamos es la total carencia de control que el gobierno ejerce inexplicablemente sobre Anses, a la que consideramos como la única dependencia que permanece impune con respecto a las graves irregularidades cometidas en sucesivas gestiones de los dos gobiernos.
Ustedes, que mantienen continuo contacto con el Poder Ejecutivo en reuniones formales e informales ¿han presenciado un comentario sobre un tema tan delicado? ¿Nunca se habló del asunto? Si algunos de ustedes lo quiso tratar, lo que resulta lógico, ¿Fue callado y en cierto modo obligado a silenciarlo? Porque no se explica la falta de tratamiento, tanto en el oficialismo como en los medios.
A la titular de la Oficina Anticorrupción le formulo una pregunta directa: Si ha entrado a su oficina alguna denuncia relacionada con irregularidades en Anses. Si en sus archivos figura algún papel con el membrete Anses.
Estamos dando con el martillo en el clavo, porque son conocidos los informes de esa dependencia relativos a investigaciones en todos los organismos del Estado, comenzando por Pami, de una indiscutible semejanza con el funcionamiento de Anses.
Durante la gestión de Cambiemos fueron apareciendo anormalidades malversaciones, delitos cometidos por Anses, pero sólo en investigaciones realizadas en otras dependencias del Estado, no sobre Anses desde el momento que nunca fue investigada.
Asumo que esta denuncia es de extrema gravedad por su fuerte contenido, pero vuelvo a aclarar que su finalidad no es la de una acusación contra el Gobierno, sino una reiteración del alerta que vengo desgranando en sucesivos informes para que, finalmente, sean tomados en cuenta nuestros reclamos en orden a la transparencia sobre los actos de gobierno, repetidamente prometida y que en el caso especial traído a colación no se vislumbra

LOS CUADERNOS DE ANSES - 15 a. Parte .

Septiembre de 2017

El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), la cátedra de Cultura Jurídica y la Universitat de Girona organizan del 12 al 14 del actual el II Congreso bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Se celebrará bajo el lema "Seguridad Jurídica y Lucha contra la Pobreza y la Corrupción". Será en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y disertarán, entre otros, el presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el economista Juan Llach; el síndico de la Nación, Ignacio González García; el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el ex procurador de Italia, Antonio Di Pietro, y el director de la cátedra de Cultura de la Universidad de Girona, Jordi Ferrer Beltrán.
Celebramos la organización de este Congreso en nuestro país, que hace ya casi dos años restableció la democracia en elecciones libres que lo salvaron de entrar en la cubanización a que nos llevaba el anterior gobierno.
Dada la cercanía de su iniciación, lamentamos no haber tenido el tiempo suficiente para la presentación de un trabajo sobre la seguridad jurídica de los jubilados litigantes que en juicios contra Anses ya tienen sentencias firmes a su favor, que no son honradas por el referido organismo.
Afirmamos que la seguridad jurídica es la "certeza del derecho" que tiene el ciudadano, otorgada por el Estado, de que su situación jurídica será respetada y que de ningún modo y bajo ninguna circunstancia le será negada.
En el caso que teníamos en preparación denunciábamos que las sentencias que no se cumplen por parte de Anses, rompen el orden legal y jurídico de que gozaba el demandante y el significado moral de la "cosa juzgada".
Cuando el jefe de gabinete presentó en Diputados, el 31 de Agosto, el segundo informe del gobierno, requisito que era desconocido por el anterior gobierno, se expresó muy firmemente por el respeto a las leyes al decir: "Seremos todo lo duro que tengamos que ser con cualquier persona que se haya alejado un centímetro de la ley".
Al sobreentender que “persona”, involucra tanto a una persona física, cono a una sociedad, institución, entidad, sindicato, gremio, etc. tenemos por cierto que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un ente de la administración pública nacional que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Pues bien, ANSES no cumple con la ley al no pagar, en tiempo y forma, las sentencias del Poder Judicial .
Para mayor abundamiento diremos que la Cámara Federal dictaminó que el Estado, en ese caso la ANSES, no se encuentra fuera del orden jurídico al que está obligado a tutelar, ni está exento de acatar los fallos judiciales en tiempo y forma.
Que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado su jurisprudencia en el sentido de que no se pueden desconocer los derechos tutelados por las leyes y las “sentencias judiciales”, y que se debe actuar sin incurrir en excesos formales que conduzcan al incumplimiento de la verdad jurídica.
Notamos que entre los participantes no figuran el jefe de gabinete ni el titular de Anses, cuando era el momento oportuno de introducir el problema en las sesiones del Congreso, pues estas consideraciones se las hice llegar al primero de ellos, que supongo podría haberlas utilizado.
Decimos momento oportuno porque no hemos escuchado o leído ningún comentario sobre un asunto de relevancia como el que hemos encarado. ni por profesionales versados en la materia, ni por abogados en conferencias jurídicas, ni por el periodismo escrito, radial y televisivo que debe estar al tanto, por su oficio, de la tribulación por la que están pasando 300.000 jubilados que, con sentencia judicial, no reciben el pago ordenado, la mayoría desde hace varios años, por parte de Anses.
Debemos hacer mención de que muchas veces se atribuye a la justicia una situación de arbitrariedad que no le corresponde, por cuanto aún cuando existen demoras en los procesos judiciales, que son bien conocidas y criticadas, en estos casos la justicia cumplió con su misión y dictó sentencia. Acá irrumpe la responsabilidad de los órganos del Poder Ejecutivo, toda vez que no se da cumplimiento a una sentencia judicial. Esto está claro y es de una flagrancia por demás evidente.
En lo que respecta a los motivos o razones que puede tener el Poder Ejecutivo para demorar indefinidamente el debido acatamiento a una sentencia judicial, no es el objeto de nuestro trabajo y es un tema de suma gravedad que debe ser analizado. Lo realmente importante es que existe un estado de anomalía que atenta contra la seguridad jurídica, principal tema de las discusiones en el seminario del II Congreso.
Por otra parte, no hay que olvidar que en el mercado internacional las inversiones se hallan siempre pendientes de la observancia y el respeto que el gobierno presta a este rubro, esencial para el desenvolvimiento económico de un país democrático.

LOS CUADERNOS DE ANSES - 14a, Parte -

Agosto de 2017

Reconozco lo extenso del artículo, pero ruego su lectura, pues los fundamentos del editorial de La Nación de hace cuatro años, se refieren al saqueo kirchnerista a los jubilados, que hoy son válidos para el gobierno de Cambiemos. El último párrafo es lapidario.
Dice con respecto al trato dado a los jubilados:
"Más allá de las calificaciones penales que puedan caber, es una crueldad inhumana incompatible con un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos"
¿Acaso no le cabe este juicio al actual gobierno?
UN EDITORIAL DE AGOSTO 2013
Robo a los jubilados continúa hoy

Silvio Pedro Pizarro

11 de agosto de 2013

Recomiendo la lectura de este editorial que, luego de más de 10 años, revela las estafas que se han cometido a los jubilados. Recién se publica lo que era conocido y duramente criticado desde hace tiempo Se trata no sólo de la estafa, sino de la morbosa placidez con que la Anses prolongaba la agonía de los ancianos. Si señor, en sus oficinas se festejaba la muerte de cada jubilado que mantenía un juicio contra la misma. Un aquelarre de una crueldad inaudita inconcebible en un ser humano. No es una exageración, me consta que esta es una triste realidad que vivimos diariamente. El aprovechamiento de la avanzada edad, la pobreza y la indefensión de un ser humano para esquilmarlo sádicamente, no tiene perdón.
Otra estafa a los jubilados

DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2013

A raíz de una sólida denuncia, Diego Bossio, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ha quedado sometido a una investigación judicial que deberá determinar su responsabilidad en lo que sería una nueva y gravísima estafa a los jubilados porque se trata de otro desvío de los fondos que a ellos están destinados. En esta oportunidad, la suma sustraída sería de 835 millones de pesos.
La denuncia involucra, además de Bossio, a los secretarios de Finanzas, Adrián Cosentino, y de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y fue presentada por la diputada Elisa Carrió y la ex legisladora Fernanda Reyes, ambas de la Coalición Cívica. Tras evaluarla, el fiscal federal Federico Delgado imputó a los funcionarios en esta causa que se encuentra a cargo del juez federal Julián Ercolini.
Para las denunciantes, hubo un eventual desvío de fondos de los jubilados mediante cuatro resoluciones dictadas en forma conjunta y sugestivamente publicadas ocho meses más tarde en el Boletín Oficial. Se trata de la suscripción de 172 millones de dólares tomados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS). Según la denuncia, ese monto estaba destinado a la empresa mixta Cammesa, que administra el sistema eléctrico, y a la estatal Enarsa, "con objeto de cancelar obligaciones con Pdvsa", la empresa petrolera estatal venezolana.
Bossio negó que haya existido un desvío de fondos y luego recibió el apoyo público de la presidenta Cristina Kirchner, quien cínicamente sostuvo: "Preparate, Bossio, a recibir más denuncias. Lo importante es una Argentina donde se recuperaron derechos y hoy la gente está mejor
Pero quienes no estarán mejor serán los jubilados y aquellos que en el futuro se vayan incorporando a la llamada clase pasiva. En principio, la Anses justificó las operaciones al informar que el FGS efectuó una suscripción de una letra del Tesoro Nacional el 28 de noviembre de 2012 por un valor nominal de 835 millones de pesos y por un plazo de 365 días, agregando que esa práctica es habitual y que el FGS suscribe títulos públicos de modo anual por un monto aproximado de 30.000 millones de peso
Sin embargo, las dudas requieren la intervención de la Justicia porque en reiteradas oportunidades se ha denunciado la utilización de los fondos del organismo previsional para otros fines muy diferentes del pago de las jubilaciones, pensiones y cajas provinciales traspasadas. Así, por ejemplo, el dinero que debería estar exclusivamente destinado a los jubilados y pensionados ha terminado financiando el déficit del Tesoro nacional, el programa Conectar Igualdad, créditos a empresas públicas y privadas, y también el nuevo plan de viviendas oficial Procrear. Se trata de un claro desvío del dinero con finalidades política
Más de un informe ha puesto de relieve que, como el aumento de los impuestos no alcanzó para financiar el incremento del gasto público, el Gobierno recurrió mediante decretos de necesidad y urgencia a los fondos de la Anses y del Banco Central. Algunos estudios indican que, entre 2009 y 2012, el Tesoro nacional se apropió de 80.000 millones de pesos de la Anses.
Por otra parte, Bossio también se encuentra imputado con el vicepresidente Amado Boudou a raíz de una denuncia que los vinculó con un posible tráfico de influencias durante el último canje de deuda.
Como hemos dicho en otras oportunidades, al privar a los jubilados de los fondos que legítimamente les pertenecen, el Gobierno los obliga a contratar abogados para reclamar en la Justicia la actualización de sus montos. De esta manera, en vez de cobrar lo que les corresponde, la clase pasiva ha recurrido y recurre en masa a los tribunales a esperar durante años el fallo favorable de primera instancia, y luego el de segunda.
Hay más de 300.000 juicios en marcha, pero la odisea judicial no termina para los jubilados litigantes con el fallo favorable de primera instancia, ni con el de segunda instancia, en la Cámara, pues aun entonces la Anses demora los pagos, tal vez especulando con el paso del tiempo y el futuro fallecimiento de sus acreedores.
Especular con el exiguo lapso de vida que puedan tener quienes pertenecen al sector pasivo para así birlarles el dinero que les pertenece y destinarlo al financiamiento ilegal de la política revela,más allá de las calificaciones penales que puedan caber, una crueldad inhumana incompatible con un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos.

LOS CUADERNOS DE ANSES - 13a. Parte -

Julio de 2017

MALVERSACIÓN DE FONDOS
En medio de la campaña electoral el gobierno nacional anunció la ampliación de los créditos Argenta, que hasta ahora daba solo a jubilados y pensionados, a más beneficiarios. Así, a los jubilados y pensionados del SIPA se sumaron los titulares de la Asignación Universal por Hijo,AUH, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM, y de Pensiones No Contributivas PNC, Será para mayores de 18 años hasta los 89 años de edad.
Al comentar este beneficio populista de Anses, declaro ser imparcial, por cuanto soy un jubilado de 94 años, es decir descartado del mentado beneficio social.
Hasta el momento, se otorgaron 282.937 turnos, de los cuales 223.945 pertenecen a la AUH y 58.992 a PNC y PUAM. De ese total, el 68% fue solicitado por Internet. Gran éxito del prestamista oficial
Como mis conocimientos sobre estos temas se reducen a la rama del derecho, solicito la colaboración de avezados especialistas en Economía, para que emitan su opinión autorizada sobre las siguientes reflexiones:
-Los fondos provienen de la caja de jubilados, de modo que los jubilados aportantes al sistema se estarían prestando su propia plata.
-Los beneficiados que no aportan a la caja, estarían utilizando los fondos de los jubilados.
- Como se abona un 24% de interés sobre los préstamos, no se aclara el destino de lo recaudado en ese concepto
-Si las sumas por intereses van a la caja de Anses, quiere decir que los jubilados son prestamistas de sí mismos y, a su vez, de los que no aportaron.
Mientras quedo a la espera de las aclaraciones a mis confusas e intrincadas reflexiones, mi comentario final se canaliza hacia una absoluta discrepancia con estos planes populistas y electorales financiados nada menos que con nuestra Caja, es decir el fondo de los jubilados aportado religiosamente durante 40 años, en forma mensual
Si Anses acapara semejante fortuna que puede dar créditos por centenares de millones de pesos, ¿por qué no paga las sentencias de los juicios por reajuste de haberes que se les debe a los jubilados
A esta pregunta no recurrimos a los economistas, ni a los abogados, ni a los jueces ni, a los periodistas, porque tiene una sola respuesta que es abominable, pero real e irrefutable. Porque nos estafan con nuestro propio dinero, porque ejecutan con la mayor impunidad una descomunal malversación de fondos.
En forma imperativa exijo por quincuagésima vez a este Gobierno la inmediata intervención de Anses y las auditorías que legalmente está obligado a realizar, obviadas desde la iniciación del mandato con el inconfesable propósito de lograr su impunidad.

LOS CUADERNOS DE ANSES - 12a. Parte -

Julio de 2017

Los puntos principales que analizo con la clara intención de evidenciar las actitudes recientes de Anses en contra de los intereses de los jubilados, son:
Digo: Anses apela, demora, obstaculiza los juicios con el sólo propósito de no pagar lo ordenado en las sentencias.
Feuillassier dice: Anses incorporó nuevas tácticas tendientes a reducir las jubilaciones y dilatar la resolución de cientos de miles de juicios pendientes.
Digo: El fallo del fuero de la Seguridad Social que declaró inconstitucional el descuento del impuesto de la ley de ganancias de los haberes de los jubilados, fue apelado por la Anses en beneficio del presupuesto del Tesoro Nacional y en perjuicio de millones de jubilados.
Feuillassier dice: Anses sostiene que las jubilaciones deben pagar impuesto a las ganancias y también impulsa su desactualización, todo ello en perjuicio de los actuales y futuros jubilados, que ven reducido su beneficio de manera alarmante.
Digo: Cuando la sala II de la Cámara de la Seguridad Social rechazó el pedido del gobierno de reemplazar el índice con el que se calculan los reajustes de los jubilados que ganan juicios, otra vez la Anses se opuso a esta resolución que favorece a los jubilados y comenzó a presentar recursos extraordinarios ante la Justicia, para pedir a la Corte Suprema que le dé un aval al índice de actualización con el cual recalculan los haberes previsionales en el marco del plan de reparación histórica.
Feuillassier dice: Respecto del tema de la actualización, recordemos que la gran mayoría de los reclamos judiciales de los jubilados tiene su origen en el congelamiento y la desactualización de los beneficios previsionales debido a la alta inflación. En este tema la misma sala II de la Cámara de la Seguridad Social le acaba de señalar a la Anses, en el fallo di Mario, que, para mantener el valor de los beneficios previsionales deberá actualizarlos por el índice ISBIC, más acorde con la actualización que tuvieron los salarios.
Anses pretendía que se tomara como índice de actualización en los juicios pendientes el mismo que aplicó en los casos que sí aceptaron entrar en el Programa de Reparación Histórica, lo que representa una disminución cercana al 60% del valor de las jubilaciones ya que está muy por debajo del aumento real de la inflación y de los salarios.
La Sala II estableció en el fallo mencionado que no puede obligarse a los jubilados que no aceptaron entrar en la reparación histórica a que renuncien a sus derechos al imponerles el mismo índice de actualización que implica una grave quita, de aquellos que de forma expresa renunciaron a los suyos al aceptar la propuesta de dicho programa.
Digo: La actuación de este organismo ha ido siempre en contra de los intereses de los jubilados. Las apelaciones a los fallos favorables a los mismos nunca argumentaron razones jurídicas que las sustentaran, fueron sólo un obstáculo interpuesto para demorar el pago de las sentencias. Desconoció los fallos de la Corte Suprema que cuestionaban la política de apelar sistemáticamente.
Anses ingresó recientemente más de 300 recursos extraordinarios para que la Corte Suprema avale un cambio en los índices de actualización de los haberes y las retroactividades, que se niega a pagar, en unos 200.000 juicios de jubilados. Con ello busca reducir en un 50% los valores de las sentencias ya firmes y achicar los montos de los reajustes de haberes mensuales corrientes y que se apliquen reviendo las sentencias
Feuillassier dice: La actual Anses, apeló ante la CSJN los dos fallos de este tribunal de la Seguridad Social. De esta manera, lo que busca es que la CSJN avale su intención de apropiarse de parte de los fondos previsionales y desactualizar las jubilaciones. Como segunda opción, la Anses intentará que la CSJ no resuelva los casos y patear para más adelante el problema para evitar de este modo pagar los montos jubilatorios que corresponden.
La actual Anses sabe que el tiempo corre a su favor, debido a la edad de los jubilados que esperan, hace años, una definición. Son más de 250.000 los afectados por la Anses que están en juicio a la espera de una resolución.
En lo que disiento con el profesor Feuillassier es en su afirmación de que el gobierno está utilizando las mismas herramientas heredadas del kirchnerismo para confiscar parte de los beneficios previsionales e incorporó nuevas tácticas tendientes a reducir las jubilaciones y dilatar la resolución de cientos de miles de juicios pendientes.
Anses siempre ha perjudicado con sus medidas a la clase pasiva y no necesita nuevas tácticas para lograr su cometido. Lo hacía y lo decía abiertamente como su ex titular Diego Bossio que, en forma imprudente e insolente dio una respuesta insólita a una fuerte recomendación de la Corte Suprema para terminar con las apelaciones, respondiendo que los fallos de la Corte no tienen ninguna implicancia y seguirían trabajando de la misma manera y más lejos fue cuando manifestó: "aunque no corresponda, apelamos los fallos favorables a los jubilados, porque como funcionarios del Estado, debemos defendernos de sus ataques." No tuvo en cuenta, además de su impertinencia, que apelaban todos los fallos y no ganaron ninguna apelación, ya que el propósito fue siempre el mismo, no pagar.

APRENDA PRESIDENTE MACRI

En Paraguay prohíben las "teorías e ideologías de género" en escuelas

El gobierno de Paraguay prohibió desde este martes la difusión de material con "teoría y/o ideología de género" en las escuelas estatales. La norma ordena "prohibir la difusión y utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y o ideología de género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia".

Hace un mes, el ministro Enrique Riera dijo que tanto para él como para el Estado, la familia está formada por "papá, mamá, hijitos". "Respetamos la diversidad, lo que no quiere decir inculcar una ideología de género, que como todos saben es un tema polémico y que está instalado en el mundo entero, pero que como paraguayos nosotros tenemos la película bien clara: papá, mamá, hijitos; no hay otra forma más fácil de decirla", manifestó Riera.

La disposición incluye un artículo que informa la prohibición y otro que indica que se revisarán todos los textos para "emitir un informe con las propuestas de ajustes correspondientes" en un plazo de 60 días hábiles.

El Ministerio de Educación y Ciencia basó estas decisiones en una interpretación de la Constitución que regula a través de diferentes artículos la conformación tradicional de familia. "La familia es el fundamento de la sociedad, se promoverá y se garantizará su protección integral; esta incluye la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos", remarcó la cartera a través de la resolución.