"La Corte Suprema de la Nación y la Suprema Corte de Buenos Aires han descubierto que existen difusiones de escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales. Según expresó explícitamente el presidente de la Corte bonaerense, Eduardo Di Lázzari, recién en los últimos tiempos se ha descubierto una mancha venenosa que invade los tribunales para generar negocios y prácticas espurias: habló de un “panorama deplorable”.
En las V Jornadas de la Red de Jueces Penales Bonaerenses, el jefe de todos los jueces de la provincia más populosa de la República Argentina, Buenos Aires, hizo una serie de acusaciones gravísimas. Que exceden la jurisdicción de la Suprema Corte que él integra.
Según consignó La Nación en base a información del sitio Infocielo, Di Lazzari denunció en forma oral que en el Poder Judicial existen “causas armadas”, que se vislumbra la acusación de “espías”, que hay complicidades supuestamente delictuales de “algunos jueces y fiscales”, que parte de los magistrados cometen “abuso procesal”.
Y se quejó de las “escuchas” telefónicas.
Coincidiendo con la defensa discursiva de los procesados por corrupción K, sus abogados defensores y también con la de políticos presos, con prisión preventiva o condenas firmes, el miembro de la Suprema Corte de Buenos Aires acusó a algunos de sus colegas de tribunales inferiores de utilizar de modo ilegal a la figura del “testigo reservado” (habría aludido a la de “imputado colaborador, según se identifica en el Código Penal), y mezcló el cambalache descripto por él mismo con la injerencia que la política tiene en los expedientes del Poder Judicial.
El presidente de la Suprema Corte de Buenos Aires realizó estas acusaciones de una gravedad institucional inusitada sin dar ningún nombre ni especificar a quién o quiénes se refería.
El “panorama”, dijo, “es deplorable”.
Y de algún modo dio a entender que esta ponzoña, según su saber, proviene del puerto de la Capital Federal. De Comodoro Py 2002. La sede de los tribunales federales.
Dijo así: “Hay otro dato de la realidad que se podría denominar 'el abuso del proceso judicial penal'. Es un dato que empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal, pero que ahora muestra sus síntomas también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.
Estos dichos, que por azar, se insiste, coinciden con denuncias retóricas de los defensores de los acusados, presos con figuras procesales variables y la dirigencia identificada con Cristina Fernández, con lo dicho por la Corte Suprema de la Nación en la acordada solo titulada con el número 17/2019 con voto unánime de sus miembros.
El máximo tribunal del país dejó expresado en ese texto que “ante la difusión de escuchas" y como “cabeza del Poder Judicial de la Nación” debía velar por los derechos de los ciudadanos, y que “como supremo custodio y último garante del goce de las garantías individuales”, el tribunal “sigue con preocupación los acontecimientos de público conocimiento vinculados a la difusión pública de la captación de comunicaciones”.
Después de esas palabras severas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación explica que intervenir teléfonos de modo ilegal, es ilegal.
La “difusión” de “escuchas” que son de “público conocimiento” y que pusieron en alerta a los cortesanos son las que se dieron a conocer respecto a cómo los políticos y empresarios presos por casos de corrupción K estaban al tanto y alentaban a diferentes operadores que los visitaban o con los que hablaban por comunicaciones grabadas que se abriría una causa en la ciudad de Dolores que podría permitirles generar en ese expediente diferentes quejas jurídicas: según esas escuchas, o sus desgrabaciones, los presos K veían a Dolores, antes de que Dolores actuara bajo mando del titular de su juzgado federal, Alejo Ramos Padilla, como una luz de esperanza para recuperar su libertad.
La acordada 17/2019 de la Corte Suprema de la Nación, que tiene bajo su control a la oficina que genera la escuchas, llamada DAJUDECO, y que ya se había expresado sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas de la cárcel de Ezeiza, algunas, muy pocas, dadas a conocer por la prensa, apunta también a quienes divulgaron esas conversaciones. Fue la prensa.
El máximo tribunal no lo dice así. Pero fue así. Incluso sus jueces advierten que aunque las escuchas telefónicas pudieran tener un “origen lícito”, es decir, legal, aun así en algún punto se trata de un “chantaje” o “amenaza”.
También se ocuparon de resaltar que las intervenciones telefónicas entre abogados y defensores no podrían jamás ser divulgadas ante la opinión pública porque de ese modo se estaría “vulnerando la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio”.
Esta última frase engloba conceptos intachables para el buen funcionamiento de una Nación democrática.
Ocurre que la Corte, igual que la grave acusación de espionaje que hizo pública el presidente de la Suprema Corte de Buenos Aires, Di Lazzari, no especifica en ningún caso a qué escuchas en particular se está refiriendo.
¿Abogado o socio?
Uno de los máximos narcotraficantes de cocaína al exterior que se detuvieron en la Argentina de los últimos años es el doctor Carlos Salvatore, líder de la banda conocida por el operativo policial que suspendió sus actividades con ganancias multimillonarias: “Carbón Blanco”. Salvatore, cumpliendo prisión domiciliaria, fue escuchado en una intervención de su teléfono, en conversación con su mujer, diciendo que él se ocuparía de generar el asesinato de la jueza del Chaco que lo había encarcelado y que trabajó para que el tráfico de miles de kilos de cocaína de la banda se detenga para siempre. La magistrada se llama Zunilda Niremperger.
Así habló el abogado y narco, Salvatore, sobre su plan criminal: “Me voy a ocupar de la defensa de todos. Los voy a sacar. Después la mato a ella. Yo pago este homicidio, pero ella se muere. Te amo, mi vida. No me afloje ninguno, por favor. Yo cuido a los chicos”.
El doctor Salvatore, abogado al fin, se defendió diciendo que todo se había tratado de “una broma”.
Y luego se quejó de que sus diálogos con los socios de su mega red de narcotráfico fueron escuchados por el Poder Judicial. Su argumento: “Fui siempre abogado de personas. Nunca me dediqué a hacer absolutamente nada. Sí defendí a narcos, sí defendí a políticos, a comerciantes. También fui abogado de comerciantes”.
Era el jefe de la banda de Carbón Blanco y sus supuestos defendidos, sus socios.
En su acordada 17/2019, la Corte Suprema de la Nación les pide a los jueces que deben velar para que la cadena de custodias de los audios de las escuchas no trasciendan. Porque si ellos las filtraran cometerían un delito. Todos los jueces de la Nación saben de aquella posible ilegalidad.
Quizás el párrafo más llamativo de la Corte Suprema de la Nación sobre este tema es el que afirma que la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito, no solo deben ser prevenidos sino castigados por la ley.
Sobre como nombran los presos K a posibles contactos, detallados, con al menos dos jueces de ese tribunal, aseguran que son relaciones no probadas, dichos al pasar por gente que padece la prisión, capaces de ensuciar a cualquiera y por ende seguramente deslizadas a propósito para generar estrépito en el máximo tribunal.
Los cortesanos aseguraron en su escrito que la divulgación de las escuchas, realizada siempre a través de la prensa, cuyas fuentes son secretas por garantía constitucional, debía generar “el mayor repudio social”.
¿El mayor repudio social se debe generar por lo que la opinión pública no debe oír según la Ley?
¿O quizás se genere repudio social porque parte de la sociedad descubra por la filtración de audios la identidad de delincuentes multimillonarios súbitos, solo a través de ganar contratos con el Estado? O peor: ¿Qué ocurriría si las audiencias conocieran por escuchas que una minoría pero con influencia del Poder Judicial, que debe velar por el cumplimiento de las leyes, conforma en realidad una banda delictual que planificaba delitos generando zonas liberadas para secuestradores, barras bravas, rufianes armados, a los que se les garantizaba que no tendrían problemas ni con la policía, ni con la Justicia, si se repartían entre todos botines millonarios generados por el crimen organizado?
En la provincia de Buenos Aires, jurisdicción de la Corte de Di Lázzari, se conoció a través de escuchas cómo el ex juez César Melazo, de la Plata, junto a miembros ya escuchados de la Policía Bonaerense, e incluso tal vez un Camarista de Casación Penal de la Provincia, Ordoqui, se dedicaban a ganar dinero gracias a esos trabajos sucios.
Melazo hace temblar a La Plata. Ya ha dado a entender que podría hartarse de la cárcel y hablar, dar a conocer todo lo que sabe sobre sus ex colegas de los tribunales.
Algo similar se planteó con los testimonios de arrepentidos puestos en duda, generalizando, según hizo el presidente de esa Suprema Corte. Igual que generalizó la Corte Suprema sobre todo lo antes dicho.
Todos son lo mismo.
Cuando gracias a las escuchas los jueces y fiscales pueden determinar que no.
El juez correntino Soto Dávila, por ejemplo, guardaba más de 4600 cidís de narcotraficantes de su provincia, a los que posiblemente protegió.
Dejó su cargo.
Su juzgado ya no pudo actuar tras conocerse públicamente escuchas que vinculaban a sus empleados, y a él mismo, con el narcotráfico asesino.
Fue gracias a “arrepentidos”, también, que se pudo confirmar que magistrados federales como Norberto Oyarbide movía expedientes por orden de la política, de la Casa Rosada.
Y solo hace falta usar Google para darse cuenta que durante las últimas semanas, largas semanas, se dieron a conocer escuchas de teléfonos de delincuentes “comunes”, narcotraficantes de poca monta pero dañinos, “pibes chorros”, abogados potencialmente involucrados en delitos siniestros, secuestradores que cayeron en prisión.
En Google se encuentran muy rápido esas y otras escuchas similares, que no fueron reprochadas ni por la Suprema Corte de Buenos Aires ni por la Corte Suprema de la Nación.
Son tribunales, y no se incluye en esta afirmación a todos sus miembros, que se exaltan, se enojan, se preocupan, cuando las intervenciones de los teléfonos involucran a la política, o el Poder Judicial.
Está dicho y escrito por ellos mismos.
Todos somos iguales ante la Ley.
Es una de las premisas de la Constitución Nacional de la República Argentina.
Cumplir esa norma, esencial, suele ser, en general, una regla.
Y no la excepción denunciada.
