Desde el 7 de diciembre del año pasado hemos escrito en esta columna más de diez artículos referentes al denominado "Caso Sala". En el primero de ellos denunciamos que el caso fue armado por Horacio Verbitsky, titular del CELS en connivencia con Mariela Belski, representante de Amnistía Internacional en la Argentina.
Ambos formularon una denuncia a la ONU para que se reuniera el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que, sin definir la cuestión de fondo, expidió un informe en octubre de 2016 declarando la "arbitrariedad de su detención."
El claro propósito era promover, mediante organizaciones internacionales izquierdistas, un movimiento destinado a revertir el orden institucional del país, recientemente recuperado por la democracia.
La respuesta del Gobierno a este siniestro ataque fue endeble y temerosa ya que consistió en brindar explicaciones y poner a disposición de la OEA todo lo necesario para demostrar la imparcialidad de nuestro sistema judicial, con menoscabo de nuestra soberanía, cuando en realidad la posición a seguir era tomar acción directa contra los reconocidos militantes que gestaron el plan. Fue así que cursaron una invitación a los denunciantes para que viajaran al país a fin de comprobar la falsedad de la denuncia.
La CIDH llegó en mayo y comenzó libremente sus inspecciones, visitas y audiencias en territorio nacional hasta converger en Jujuy donde visitaron a la piedra del escándalo, Milagro Sala.
Todo se fue cumpliendo conforme a los planes previstos, pues se aprovechó la oportunidad para criticar a la justicia penal argentina e influir en las organizaciones sociales de izquierda promoviendo polémicas y enfrentamientos ideológicos que dieron por resultado la desorientación de la ciudadanía, no preparada a esa esgrima dialéctica propia del marxismo.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia otorgando el beneficio legal de la ley del 2x1 a un condenado por delito de lesa humanidad, colmó el vaso y dio curso a una intempestiva
reunión en la legislatura para modificar en 24 horas, sin estudio, análisis y discusión parlamentaria la ley que aplicaba la sanción más benigna para el procesado en los juicios penales.
Pero nuevamente el Gobierno, deseoso de no molestar a los intrusos, cometió un error inconcebible, pues eligió el momento más inoportuno de invitar a la CIDH, Comisión Interamericana de Derchos Humanos para realizar la reunión anual de la organización en la ciudad de Buenos Aires, justo en la celebración del 25 de Mayo.
Ambos formularon una denuncia a la ONU para que se reuniera el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que, sin definir la cuestión de fondo, expidió un informe en octubre de 2016 declarando la "arbitrariedad de su detención."
El claro propósito era promover, mediante organizaciones internacionales izquierdistas, un movimiento destinado a revertir el orden institucional del país, recientemente recuperado por la democracia.
La respuesta del Gobierno a este siniestro ataque fue endeble y temerosa ya que consistió en brindar explicaciones y poner a disposición de la OEA todo lo necesario para demostrar la imparcialidad de nuestro sistema judicial, con menoscabo de nuestra soberanía, cuando en realidad la posición a seguir era tomar acción directa contra los reconocidos militantes que gestaron el plan. Fue así que cursaron una invitación a los denunciantes para que viajaran al país a fin de comprobar la falsedad de la denuncia.
La CIDH llegó en mayo y comenzó libremente sus inspecciones, visitas y audiencias en territorio nacional hasta converger en Jujuy donde visitaron a la piedra del escándalo, Milagro Sala.
Todo se fue cumpliendo conforme a los planes previstos, pues se aprovechó la oportunidad para criticar a la justicia penal argentina e influir en las organizaciones sociales de izquierda promoviendo polémicas y enfrentamientos ideológicos que dieron por resultado la desorientación de la ciudadanía, no preparada a esa esgrima dialéctica propia del marxismo.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia otorgando el beneficio legal de la ley del 2x1 a un condenado por delito de lesa humanidad, colmó el vaso y dio curso a una intempestiva
reunión en la legislatura para modificar en 24 horas, sin estudio, análisis y discusión parlamentaria la ley que aplicaba la sanción más benigna para el procesado en los juicios penales.
Pero nuevamente el Gobierno, deseoso de no molestar a los intrusos, cometió un error inconcebible, pues eligió el momento más inoportuno de invitar a la CIDH, Comisión Interamericana de Derchos Humanos para realizar la reunión anual de la organización en la ciudad de Buenos Aires, justo en la celebración del 25 de Mayo.
¿En el gobierno, asomó la más remota idea de que el 25 de Mayo en plena reunión de un orquestado organismo de extrema izquierda se podían echar a volar despiadadas críticas por la “ilegal” prisión de una ilustre indígena, víctima de un gobierno derechista y oligárquico y por la injusta deportación de hermanos sudamericanos que cometen delitos?
¿Era éste el momento indicado para cursar una invitación que coincidía con los festejos de nuestro aniversario, despreciado durante tantos años por el gobierno anterior?
Cumplido su cometido de provocar un monumental desorden y confusión en el país, recibimos ahora la decisión tomada por la OEA que se condensa en casi 100 artículos en 17 páginas, un trabajo arduo merecedor de más nobles y justas causas. Era de esperar su retracción a las primeras exigencias de la inmediata libertad de la delincuente, motivo insólito de la teatralización llevada a cabo, con los enormes gastos que suponen los sueldos de lo funcionarios, los viajes y largas estadías. Una irresponsabilidad absoluta que rindió los frutos esperados, pero que no podía mantener la ridícula exigencia primitiva. Es así que, como decimos, la comedia terminó con insinuar al Gobierno la libertad domiciliaria de la delincuente, como un implícito reconocimiento de la legalidad de su detención preventiva.
El director y uno de los promotores de esta obra, Horacio Verbitsky, se rasga las vestiduras y se desgañita tratando de tergiversar la resolución tomada e insistiendo que lo que se pide es la libertad de la reclusa.
El director y uno de los promotores de esta obra, Horacio Verbitsky, se rasga las vestiduras y se desgañita tratando de tergiversar la resolución tomada e insistiendo que lo que se pide es la libertad de la reclusa.
Para justificar la desmedida importancia asignada a este caso la CIDH dice que "se ha constatado como especificidades del presente asunto que lo distinguen respecto de otros que ha conocido, que la situación presentada involucra la detención de una "prominente" líder social, mujer e indígena que estaría enfrentada con el Gobierno actual de la Provincia. Además, le piden al Gobierno que "informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información en forma periódica"
La imprudencia y arrogancia de este pedido de plazo y su actualización, no guarda el debido trato protocolar que se le debe a un país soberano.
La rápida respuesta del Gobierno en términos protocolares no correspondía, máxime cuando se le impone un plazo. Dijo:
" El Gobierno Nacional reafirma su apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos, reiterando su compromiso con las defensas de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia"
Una declaración de típico corte diplomático. Un país que se precia de soberano no puede salir a prometer y reiterar el respeto a los derechos humanos contenidos en su Constitución Nacional. En cuanto a los plazos...ignorarlos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un comunicado en el que se comprometió a comunicar "dicha solicitud" a las autoridades judiciales y administrativas de Jujuy "para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales". Siguen las promesas y explicaciones sin que se aclare si ese comunicado consistió en una respuesta dirigida al CIDH, o era de entrecasa.
Ante la noticia, apareció un funcionario que sabe hacer valer sus atributos, sin protocolo ni diplomacia complaciente, el Gobernador Gerardo Morales ratificó sus dichos de enero del corriente año cuando exclamó: "Milagro Sala se robó todo, muchachos. Acá el país ha visto como se llevaban bolsos con dinero a su casa. Y agregó:"En el Gobierno de Jujuy reafirmamos el compromiso con la defensa de las garantías individuales para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia", (Le faltó agregar "que ustedes vinieron a destruir"
Nos queda esperar pacientemente una respuesta del Gobierno, no precisamente al pedido y al plazo fijado, sino una respuesta digna y contundente a los vándalos que se atrevieron a invadir nuestros dominios soberanos con reivindicaciones populistas de neto corte marxista.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un comunicado en el que se comprometió a comunicar "dicha solicitud" a las autoridades judiciales y administrativas de Jujuy "para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales". Siguen las promesas y explicaciones sin que se aclare si ese comunicado consistió en una respuesta dirigida al CIDH, o era de entrecasa.
Ante la noticia, apareció un funcionario que sabe hacer valer sus atributos, sin protocolo ni diplomacia complaciente, el Gobernador Gerardo Morales ratificó sus dichos de enero del corriente año cuando exclamó: "Milagro Sala se robó todo, muchachos. Acá el país ha visto como se llevaban bolsos con dinero a su casa. Y agregó:"En el Gobierno de Jujuy reafirmamos el compromiso con la defensa de las garantías individuales para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia", (Le faltó agregar "que ustedes vinieron a destruir"
Nos queda esperar pacientemente una respuesta del Gobierno, no precisamente al pedido y al plazo fijado, sino una respuesta digna y contundente a los vándalos que se atrevieron a invadir nuestros dominios soberanos con reivindicaciones populistas de neto corte marxista.
