¿Será
posible que la política nacional e internacional y los organismos de un país y
de una organización internacional presten esta inusitada importancia a la suerte
de una delincuente detenida en una cárcel de una provincia lejana, y se insuma cantidades
desmedidas de gastos en sueldos de funcionarios de alta jerarquía, en viajes
internacionales y de cabotaje, viáticos elevados y por largos períodos de
duración, para su defensa?
No olvidemos
que este teatro comenzó hace casi un año, provocado por la ideología
izquierdista de organismos internacionales azuzados por sus similares en el país,
CELS y Amnistía Internacional, con el claro propósito de continuar en
Latinoamérica la lucha contra la democracia y sus instituciones comenzada en
Cuba, seguida por Venezuela y el castrismo, Bolivia, Ecuador y la Argentina
kirchnerista, apéndice del populista movimiento bolivariano, en razón de que en
la actualidad se hallan todos en una
dramática declinación que no se resisten a reconocer.
El gobierno
argentino que acaba de recuperar la democracia, en libres elecciones, carece
del vigor necesario para hacer frente a estos ataques y lo demuestra con sus
respuestas temerosas y hasta complacientes que son atentatorias a la dignidad y a la
soberanía del país. Parece no caer en la cuenta de que se ha convertido en un
faro en las Américas y una esperanza para desterrar el marxismo retrógrado y
corrupto que casi nos sepulta en una segunda Venezuela.
El
denominado caso Milagro Sala no merece
la exagerada atención que se le está prestando y la respuesta del Gobierno debe
ser rápida, digna y contundente para que no vuelva a repetirse la intromisión
izquierdista de organizaciones extranacionales con reivindicaciones populistas
de neto corte marxista.
En el
artículo anterior referido a este tema, destacamos la posición asumida por el
gobernador Gerardo Morales, ciertamente opuesta a la del gobierno nacional,
pero hoy leemos una noticia desalentadora de sus declaraciones, pues a pesar de
manifestarse en desacuerdo con el pronunciamiento del organismo CIDH, admite
que sus recomendaciones cautelares son obligatorias
En la misma
forma se expresa el titular del Ministerio Público, Sergio Lello Sánchez
manifestando que la decisión es exclusiva de la Justicia, pero adelantando que
recomendará a los jueces que opten por el arresto domiciliario.
Los dos
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Provincia, cometen un error lamentable
porque sus afirmaciones están precisamente invadiendo la jurisdicción de la
Justicia.
El abogado
de la procesada, Luis Paz, dice en su defensa que el Gobierno Nacional debe cumplir con la resolución de la CIDH y
que la provincia de Jujuy está fuera de la discusión. En el afán defensivo de su
cliente, el abogado va más lejos pues, a pesar de su título, dijo desconocer el
artículo 109 de la Constitución Nacional, por la que él juró, que indica que en
ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales,
arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
Se quejó de
que “la Corte demora la decisión sobre la detención “arbitraria” de Milagro
Sala, como dijeron la ONU y la CIDH”, otro error de Paz, pues si dichos
organismos recomiendan la prisión domiciliaria, es que admiten la prisión
preventiva como legal.
Por otra
parte, desliza su ideología kirchnerista, cuando dice sobre el Supremo
Tribunal: “Pero esta Corte ha resuelto prisiones domiciliarias de genocidas”
Como se ve
hay posiciones controvertidas, producto de la confusión, polémicas y desacuerdos
suscitados por los “invasores izquierdistas” que recorrieron libremente
nuestros dominios y aprovecharon el momento político de la “grieta” existente
en el país para sembrar su ideología marxista. Todo tiene que ver con todo, como decía la silenciosa abogada exitosa, pues estamos a pocos días de las elecciones PASO y a río revuelto, ganancia de pescadores.
