VENEZUELA Y LA OEA

Lo que venimos afirmando desde hace un año con respecto al perseverante  trabajo de la ultra izquierda en Latinoamérica, que nos ofreció una importante demostración con el caso de Milagro Sala, todavía en marcha, pese a los últimos fracasos, con la UE y con un fallo de la Corte rechazando una sentencia de la CIDH, hoy se confirma en el mismo marco de la OEA.

La condena a un país de prácticas antidemocráticas como Venezuela provocó una división sugestiva, al extremo que hay países que llegan a apoyar a Maduro y otros que se muestran dudosos, presionados por los organismos internacionales de derechos humanos que responden a fuertes rezagos del populismo bolivariano que no cede a la pérdida de poder. Véase el ejemplo de utilizar una fórmula similar de expresión, muy lejos de la condena, a la que recurren países críticos a la política de Maduro.
Varios de ellos expresaron "preocupación" en diferentes términos, "gran preocupación"  para la Argentina, "alta preocupación" para Chile; "profunda preocupación" para Colombia, ninguna condena expresa, pero siempre insistiendo en la necesidad del diálogo, correcto compromiso diplomático  que no ha dado ningún resultado hasta ahora. Brasil fue más categórico al "repudiar" lo que denominó un avance chavista y Estados Unidos fue más allá al "condenar" la movida del presidente Maduro, a la que calificó como un "grave retroceso para la democracia"
MERCOSUR
Los Estados signatarios del Tratado de Asunción, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se están reuniendo de urgencia en el Palacio San Martín, bajo la presidencia pro témpore que ejerce la Cancillería argentina, convocados por la grave situación institucional que atraviesa la República de Venezuela y analizar posibles vías de solución, reiterando la canciller Malcorra, en un comunicado, el "inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana.
Son loables propósitos y declaraciones, pero si analizamos la actuación de estos organismos, en reuniones "cumbre" de tiempos cercanos, donde se buscaba solamente consolidar el mandato de sus presidentes, Chávez, Maduro, Kirchner, Correa y Morales, basado en un populismo a ultranza, es poco lo que se puede esperar de ellos pues aún mantienen un sentido de unidad, muy débil, pero inalterable.
UNASUR
Los países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay condenaron en un comunicado conjunto, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las funciones del Parlamento Venezolano y le "pidieron" al país que "garantice la separación de poderes" que afecta a la Asamblea Nacional y a los parlamentarios electos por voto popular. Es todo.
ONU
Este organismo está más al tanto de lo que se supone respecto a las controversias existentes al sur del planeta con respecto a los tan manoseados derechos humanos, toda vez que recibió la visita de sus congénere sureños por el armado caso de la delincuente detenida en Jujuy, Milagro Sala. 
En efecto, miembros de la OEA  se llegaron ante la Unión Europea UP  requiriendo su intervención para obtener la libertad de dicha presa ante la Argentina, con el desafortunado agravante de requerir el inmediato cese de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Mercosur, hasta que el gobierno argentino dejara en libertad a la presa. El resultado fue humillante ya que la Vicepresidente Mogheneenni en nombre de la Comisión respondió negativamente al insólito pedido, manifestando que incumbe al sistema judicial argentino aplicar la legislación de conformidad con las normas y convenciones nacionales e internacionales

Con estos antecedentes , el alto comisionado de la ONU declaró estar pendiente del compromiso que ha mostrado la Organización de Estados Americanos OEA ante la situación en Venezuela y pidió que todos sus miembros privilegien los derechos humanos durante sus deliberaciones. Sin embargo, le pareció oportuno recordar que, junto con asumir las funciones legislativas, el Tribunal Supremo de Justicia también instruyó al presidente Nicolás Maduro, a tomar todas las medidas de corte civil. económico, penal, militar, administrativo, político. jurisdiccional que estime convenientes para evita un "estado de conmoción"
Hay que enfrentar la realidad, nuestra América debe reconocer que la derrota del kirchnerismo en Argentina ha sido un golpe mortal para el populismo adentrado en los países bolivarianos bajo la dirección de Castro, Chávez, Maduro, Correa, Morales y los Kirchner.
Ya nada es igual y los esfuerzos desesperados para revertir esta situación van declinando paulatinamente ante una feliz recuperación democrática apoyada por países, pueblos, ciudades y gente que desea vivir en paz, en libertad, respetada en sus derechos y respetando los de los demás.
No fue fácil y las revueltas, los paros, piquetes, huelgas políticas y graves incitaciones a la violencia que estamos sufriendo en estos días, así lo evidencia.
Dura es la lucha, pero hay que entablarla contra aquéllos que como un parto doloroso, todavía se aferran al misticismo,  al relato mentiroso, a la falsa revisión histórica, al síndrome de la obediencia humillante al caudillo, a sus limosnas, al tráfico de drogas y a la destrucción de la familia.
Los organismos internacionales  citados en este editorial deben  desechar y rechazar la influencia de las organizaciones comunistas, surgidas en la falsa defensa de lo derechos humanos, y velar por el desarrollo de la democracia en nuestra castigada latinoamérica.

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MERCENARIOS

Holanda: H.I.J.O.S escrachó a Macri (pero tuvo que pedir permiso a la Policía)

Fue una veintena de argentinos residentes en Holanda y que pertenecen a la agrupación HIJOS. Portaban imágenes de Milagro Sala pidiendo su liberación, carteles con leyendas que comparaban al presidente argentino con Donald Trump y otros que recordaban el caso Panama Papers. También hubo otro grupo que apoyó al presidente argentino.

Como hemos informado en varios blogspots publicados por el caso Milagro Sala, estos escraches son financiados por organismos de derechos humanos de corte ultra izquierdista coincidiendo con la CIDH, CELS y Amnistía Internacional. ¿De dónde pueden residir en Holanda nada menos que una veintena de argentinos H.I.J.O.S.?

 Doy mi palabra de honor que he presenciado en Europa durante los 70s estas actividades, en especial en Holanda, Suecia y Noruega. En los años 80 fui testigo de un escrache frente a la embajada de Londres, donde activistas repartían docenas de sombreros blancos a gente reclutada para una protesta. He aquí demostrada la falacia del acto preparado, pues al estar ausente el embajador Ortíz de Rozas lo suplantaba el ministro Blanco y por eso los sombreros blancos.  Fructíferas mis investigaciones a título personal, pues en los países citados me encontré con argentinos de buena fe que me confesaban abiertamente ser financiados por los gobiernos; en su mayoría se establecían con restaurantes criollos. Me manifestaban que Amnesty International enrolaba voluntarios para aumentar la cantidad de “desaparecidos en función de las jugosas indemnizaciones que cosechaban.

 ¿Queda alguna duda sobre la maquinación de estos organismos diseminados en Europa y recientemente en la sede de OEA por el problema internacional que le están planteando a nuestro país?.

El periodismo, como en este caso, en lugar de publicar tendenciosamente falsos escraches y movimientos, deberían rebobinar estos antecedentes para informar debidamente a sus lectores sobre verdades que ocultan con una finalidad que ya conocemos, provocar disturbios, protestas violentas, el teatro más buscado para sus lamentables necesidades. No soy periodista ni me atrae la profesión, pero ante la falsedad y tendenciosa publicidad que le dan a los maleantes, me veo obligado a difundir las verdades que mi experiencia me ha enseñado a recolectar en mi mente, fiel testigo de lo que comento, y cuento con la colaboración de mis contactos para propalarlas lo más vastamente posible.

PRISIONERO EN ARGENTINA

La ignominia de las coimas e indemnizaciones provenientes de los juicios prefabricados de los derechos humanos, tiene que se conocida por el Poder Judicial, La Corte Suprema y el Ministerio de Justicia, y sin lugar a dudas, por el Poder Ejecutivo, pero sigue el camino emprendido desde hace más de diez años que el nuevo gobierna tolera.

Existían oficinas en la administración nacional dedicadas exclusivamente a formar testigos falsos, adiestrarlos para evitar contradicciones, subvencionarlos para prestar testimonio y en muchos casos nombrarlos en cargos públicos. Los presos y sus letrados defensores hicieron las denuncias ante los tribunales y jamás se les dio respuesta.  En el periódico Prisionero en Argentina, escrito en la prisión de los presos políticos se  publican noticias relacionadas con política, opiniones, y hechos aberrantes que se cometen durante los juicios de lesa humanidad y sobre el tratamiento en las cárceles.

Transcribimos uno de los varios casos planteados que son fundamentados con pruebas, pero que nunca trascienden las paredes de las mazmorras.
Tal cual me ha llegado lo incluyo en mi blogspot. 

“En la ciudad de Santa Fe se está juzgando  por tercera vez al ex Juez Federal Victor Brusa junto a otras personas. En el primer juicio se los condeno a 23 años de prision, no contentos con eso, fabricaron otro juicio con los mismos testigos y las mismas victimas. La ignominia de las coimas e indemnizaciones provenientes de los juicios prefabricados de los derechos humanos, tiene que se conocida por el Poder Judicial, La corte Suprema y el Ministerio de Justicia y sin lugar a dudas por el Poder Ejecutivo, pero sigue el camino emprendido desde hace más de diez años y que el nuevo gobierna tolera.  

¿Causas?

El Curro de los DDHH… tanto victimas como testigos cobraron indemnizaciones de 250 mil dolares cada uno.  Además, estos fueron nombrados en distintos cargos estatales de la pcia de Santa Fe. En la conocida causa BRUSA muchos cobraron premios: el conjuez Leandro Corti, el querellante Jorge Pedraza y y el querellante Horacio Coutaz.

El Curro no termina ahi, tanto testigos como victimas perciben sueldos del estado bancarizados en el Banco Patagonia sucursal Santa Fe”.

FRACASADOS INTENTOS DE LA CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pretendiendo producir la atención internacional en el caso de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy con intenciones claras y definidas de neto corte izquierdista y populista. Hay que reconocer que el esfuerzo y la perseverancia de los organismos izquierdistas han derivado en una delineada ramificación mundial que, en casos como el presente, funciona como aparato de relojería.

Hace cuatro meses que venimos escribiendo y advirtiendo sobre esta elaborada trampa que estas organizaciones tendieron al gobierno, y en la que éste ingenuamente cayó, según dijimos en el blog “El gobierno cayó en la trampa”. No menos de quince artículos hemos destinado a este asunto. 
El armado de esta causa es tan evidente que con sólo conocer  los funcionarios intervinientes se tiene una clara idea de los propósitos que encierra, Estos son los tentáculos del izquierdismo enquistado en organismos internacionales, los mismos que inflaron la cantidad de desaparecidos a 30.000 para obtener los beneficios pecuniarios que representaba el pago de la indemnización gubernamental a los subversivos.

El pedido de la intervención a la CIDH provino de nuestros conocidos Horacio Verbitsky en representación de CELS y Mariela Belski representando a Amnistía Internacional en Argentina. La nómina de funcionarios aplicados en acusar al gobierno argentino de una “arbitraria” detención: Eugenio Zaffaroni, hoy juez en la OEA, Carlos Zannini, Jorge Taiana, abogado de Milagro Sala ante la CIDH, Gustavo Cinosi, activo militante kirchnerista como Asesor de la OEA. Luis Almagro, Secretario General de la OEA que le debe su designación a Cristina Kirchner; fue ministro de RR.EE, en Uruguay. Este último cometió el error de enviarle una carta a la detenida, como Secretario de la OEA, manifestándole que creía en la injusticia de su detención.

Lo que la gente ignora es que estos organismos, potenciados por Verbitsky y Belski efectuaron presentaciones ante la Unión Europea requiriendo su intervención para obtener la libertad de Milagro Sala, con el agravante de solicitar la suspensión de las negociaciones del TLC con Mercosur hasta que el respeto de los derechos humanos estén asegurados por el gobierno. Como era de esperar, la respuesta de la Vicepresidente Mogheneenni en nombre de la Comisión fue clara y precisa al manifestar que incumbe al sistema judicial argentino aplicar la legislación de conformidad con las normas y convenciones nacionales e internacionales.
Primera derrota de la CIDH que nuestros ilustres y preclaros periodistas se cuidaron muy bien de informar.

En la reunión de la CIDH últimamente realizada en Miami, el caso Sala, fuera de agenda, fue sacado astutamente por Verbitsky ante autoridades de derechos humanos del continente, acusando “persecución” e “intolerable situación” en la provincia de Jujuy. Continúa la presión ejercida por estos movimientos desestabilizadores que no abandonan sus ataques a pesar de la derrota sufrida en Europa que analizaremos más adelante.

El escenario en la sede den la CIDH estaba bien planeado y la voz cantante la llevó Verbitsky, quien denunció la privación de derechos en Jujuy a los que protestan, primero viene la represión armada, luego la judicialización y finalmente el retiro de personería, pidiendo a la CIDH que reclame al Estado argentino el cese de hostigamiento y la criminalización de la protesta.

La delegación argentina estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj y el fiscal provincial Mariano Miranda, por Jujuy, que en su réplica manifestó que en su provincia se garantiza el derecho de peticionar a las autoridades, la libertad de expresión, y a manifestarse públicamente. En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social, agregó.

Por su parte Avruj anunció como un gesto de buena voluntad, que se puede calificar como una disculpa, innecesaria e inoportuna,  que en estos días se enviará al Congreso una reforma al Código Penal para que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”, como por ejemplo, una protesta. En realidad una estupidez pues el proyecto será objeto de fuertes discusiones y polémicas por tratarse de enmiendas al Código Penal. Completó esa desafortunada declaración asegurando que “hay un compromiso asumido por el Presidente de trabajar en la construcción de una sociedad que se base en el respeto, la convivencia y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión.”

Un funcionario no debe dar explicaciones o pretextos sobre actos del Estado, propios de su soberanía y menos aún en una reunión o foro internacional. Por lo demás, prometer que iremos por el buen camino es un implícito reconocimiento de que en estos momentos no estamos transitando el camino que la CIDH tan gentilmente nos exige. Finalmente, olvida el secretario que hay otro compromiso asumido por el Presidente, que no ha cumplido, y es el de terminar con el curro de los derechos humanos.

No satisfecha la CIDH con las fuertes presiones y críticas al nuevo gobierno, intenta tantear otro camino, afín a sus objetivos y que también busca el apoyo de sociólogos y defensores de los refugiados. Declara su "extrema preocupación" por los proyectos y declaraciones del gobierno con referencia a la inmigración y dice que existe una “estigmatización” a los migrantes al vincularlos al crimen (teoría zaffaronista). Impedir la entrada desde los países fronterizos es una “regresión” que, indudablemente, decimos, coarta la financiación del narcotráfico en la Argentina. Y tienen razón, es una “regresión” a los fondos que recaudan del crimen, los secuestros y la droga.

Estamos en presencia de la segunda derrota de la CIDH, con el pronunciamiento trascendente de la Corte Suprema de la Nación que, a la postre, nos ha dado una sentencia que ningún organismo extranjero o internacional puede corregir. Rechazó una petición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que se cumpla la sentencia condenatoria del Estado argentino dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el caso "Fontececchia y D´Amico"

La Corte ha establecido firmemente que en la cuestión sometida a su consideración  hay cosa juzgada y, por lo tanto, no hay de su parte marcha atrás, como órgano supremo de la interpretación de nuestras leyes.

Hemos de suponer que la misma respuesta tendrá el mismo organismo de la CIDH  que tan irrespetuosa exigencia tiene hacia el gobierno argentino al requerir en términos inaceptables que el gobierno dé pronta respuesta al pedido de liberación de Milagro Sala.

A los contactos que tienen la paciencia de leer mis comentarios en mi blogspot "Habla la Experiencia", les diré que les agradezco por ser testigos de un trabajo informativo sobre un tema de enorme importancia para nuestro país, que vengo desarrollando desde hace cuatro meses y que el periodismo retacea inexplicablemente.

   

EL FISCAL QUE HACE HONOR A SUS FUNCIONES

El 22 de octubre de 2016 en el blog "La justicia podrá redimir al país" publiqué:
:Hace varios años que vengo leyendo en la prensa publicaciones del Fiscal del Ministerio Público Marcelo Carlos Romero. Hoy aparece en Infobae otro artículo del mismo, referido a la independencia de los fiscales. Admiro su capacidad de síntesis en temas complejos como los casos expuestos en una carta que tituló “Perseguidos… y otra “Perdón Zaffaroni “ donde rebate la teoría garantista de un militante kirchnerista que llegó a ocupar un sillón en la Corte Suprema de Justicia, prestándose al mandato de la ex presidente que lo manejó como un verdadero títere.

La crítica a los miserables lacayos del poder la realizó durante el mandato de los Kirchner y no se amedrentó por la persecución de que fue objeto, a pesar de que fue reiteradamente sumariado por la Procuración General por la pública expresión de sus ideas a través de la prensa.

Si el Poder Judicial diera cabida a magistrados de esta índole moral y jurídica, ajenos a toda política, idóneos en la función de sus cargos, no habría por qué buscar una “reforma” de las instituciones..El solo respeto al imperio de la Constitución y las leyes es la garantía de un confiable Poder Judicial. Es decir, basta idoneidad, capacidad, moral y decidida voluntad para cumplir con el cambio prometido.

 El 7 de noviembre de 2016 publiqué otro artículo bajo el título "Al Cesar lo que es de César"; decía:

"Hace pocas horas condené las palabras del marxista Fernando Esteche, "Si a un juez se le ocurriera detener a Cristina, podría aparecer muerto" y agregaba, ¿no hay fiscales en la justicia que lo denuncien?

Acaba por ser denunciado por el fical Marcelo Carlos Romero, que transmitió sus fundamentos por el canal de televisión TN, el mismo magistrado que fue objeto de mi nota blogspot titulada "La justicia podrá redimir al país", y decíamos: "Si el Poder Judicial diera cabida a magistrados de esta índole moral y jurídica´ajenos a toda política, idóneos en la función de sus cargos. no habría por qué buscar una "reforma" de las instituciones. El solo respeto al imperio de la Constitución y las leyes es la garantía de un confiable Poder Judicial. Es decir, basta idoneidad, capacidad, moral, y decidida voluntad para cumplir con el cambio prometido. Lo ratifico".

 Hoy leemos la siguiente noticia que confirma mis comentarios:

El fiscal bonaerense Marcelo Carlos Romero presentó hoy una denuncia penal contra el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por los delitos de apología del crimen y de incitación a la violencia colectiva, debido a las amenazas de anteayer del dirigente piquetero acerca de que la semana próxima iban a cortar las rutas de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal Romero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nª6 del Departamento Judicial de La Plata señaló en su presentación que el delito de apología del crimen, previsto en el artículo 213 del Código Penal establece penas de un mes a un año de prisión.

En tanto, el delito de incitación a la violencia colectiva, normado en el artículo 212 del Código Penal fija una pena de tres a seis años de prisión "al que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación".

El fiscal Romero cumple con su deber de magistrado, no merece premio ni medallas, pero sí el reconocimiento de la ciudadanía que ve en él la justicia que espera desde hace muy largos años.

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A LA PALESTRA EL CASO MILAGRO SALA

Todo está tomando el sesgo que habíamos previsto el 7 de diciembre de 2016 en el blog titulado” El armado del caso Milagro Sala que el gobierno ignoró”. Decíamos del esfuerzo y la perseverancia de los organismos izquierdistas, con un perfecto grado de entrenamiento que en este caso funcionó como un aparato de relojería. 
 Continúa la presión ejercida por el CELS de Horacio Verbitsky y Amnistía Internacional de Mariela Belski,  ambos promotores de la intervención de la ONU, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que no abandonan sus ataques a pesar de la derrota sufrida en Europa cuando el Parlamento Europeo les rechazó las denuncias y pedidos de sanciones contra nuestro país.

En efecto, en una audiencia realizada ayer en la ciudad de Washington  por la CIDH, el caso Sala fue protagonista ante autoridades de derechos humanos del continente,  ya que organizaciones sociales denunciaron “persecución e intolerable situación” en la provincia de Jujuy.

 El escenario en la sede de la CIHD se hallaba bien planeado y la voz cantante de los denunciantes estuvo a cargo de Verbitsky en nombre del CELS, quien afirmó la privación de derechos en Jujuy a los que protestan, primero viene la represión armada, luego la judicialización y finalmente el retiro de personería. Pidió que la CIHD reclame al Estado argentino que ”advierta a Jujuy que debe cesar el hostigamiento y la criminalización de la protesta.

La delegación oficial argentina estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, y por Jujuy su fiscal provincial Mariano Miranda, que en su réplica manifestó firmemente que en su provincia “se garantiza  el derecho de peticionar a las autoridades, la libertad de expresión y a manifestarse públicamente. En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social".

Por su parte, Avruj anunció como  un gesto de buena voluntad, que se puede calificar como una innecesaria e inoportuna disculpa, que en estos días se enviará al Congreso una reforma al Código Penal para que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”, como por ejemplo, una protesta.  En realidad una estupidez pues es sólo un proyecto que como reforma al Código Penal será objeto seguramente de de fuertes discusiones y polémicas.

El secretario completó esa desafortunada declaración asegurando que “hay un compromiso asumido por el Presidente de trabajar en la construcción de una sociedad que se base en el respeto. la convivencia  y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión”  Es un reconocimiento de que en estos momentos no estamos transitando ese camino que la OEA, CIDH y CELS  tan gentilmente nos exige.  Olvida el secretario Avruj que hay otro compromiso asumido por el Presidente, el de “terminar con el curro de los derechos humanos" que hasta ahora no ha cumplido,

La habilidad y la astucia de estas organizaciones izquierdistas se plasma en esta oportunidad, pues en teoría el caso de Milagro Sala no podía mencionarse en la reunión, porque dentro de la CIDH ya existen medidas cautelares que reclaman su inmediata liberación y es en ese marco donde debería expresarse. Por eso evitaron referirse a Sala, pero he aquí que el tema fue sacado insolitamente por el comisionado Paulo Vannuchi, agradeciendo que no se la hubiera nombrado, pero de esa manera abriendo el juego para invocar su situación, lo que sorprendió ingratamente a los representantes del Gobierno.
 Un asunto bien armado y capitalizado por Horacio Verbitsky que de inmediato tomó la palabra para decir que “no se mencionó a Milagro Sala porque el problema es general en toda la provincia y el Gobierno ha intentado demonizar a una persona exponiéndola como el ejemplo de todos los males”.

Llegó la estocada final ejecutada con maestría por el comisionado de la CHID, el brasilero Paulo Vannuchi que agradeció el “clima respetuoso y sereno” entren las partes, y a la Argentina por la invitación a organizar en Buenos Aires el período de sesiones del organismo, donde seguramente el caso Sala volverá a ser protagonista.
Hace cuatro meses que venimos escribiendo y advirtiendo sobre esta elaborada trampa que organizaciones izquierdistas pusieron al gobierno y en la que éste ingenuamente cayó, según lo dijimos en el blog "El gobierno cayó en la trampa" Nada menos que diez artículos hemos publicado y que más abajo detallamos, y nuevamente nuestros funcionarios se ven atrapados en su irremediable ingenuidad.
Ya lo dijo una vez el gobernador de Mendoza Carlos De Casas enfrentando a esta gente que la CIDH estaba tomada por Zaffaroni y Verbitsky. 


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LA LEY DE REPARACIÓN HISTÓRICA

La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada el 29 de junio de 2016 por el Congreso de la Nación, consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra Anses, a actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales, mediante la firma de un acuerdo.

De modo que se hacía necesaria la promulgación de una ley con un rimbombante título para que se reconozca el derecho de los jubilados a entablar juicio contra la Anses, lo que vendría a significar que los veinte o más años de litigio para la actualización de los haberes mal liquidados no estaban amparados pòr ninguna legitimidad y fueron en balde. ¡ Recién ahora, el gobierno me dice que tengo derecho a exigir en los tribunales la actualización de mis haberes!  Considero que esto sí, es una innovación jurídica revolucionaria de carácter histórico. Pero hay un agregado original en esta ley reparadora, pues consiste en una propuesta de aceptación voluntaria, mediante la firma de un acuerdo, lo  que viene a dar al traste con mis derechos. Es decir, no hay derecho absoluto sino condicionado a la propuesta. El desarrollo de esta saga continúa al establecer la ley que los acuerdos deben homologarse en sede judicial, el jubilado con su abogado,  y Anses, ante un juez acordando el ingreso al Programa (¿qué programa?) y consecuentemente el fin del juicio.

Y finalmente aparece el verdadero móvil de este asombroso perfeccionamiento jurídico al resolverse que, quienes deciden rechazar la propuesta o no ingresar al Programa (qué programa?), seguirán cobrando su haber actual y una vez concluido el juicio Anses acatará la sentencia.

Se ha dilucidado el enigma de la propuesta, que radica en una quita porcentual que llega hasta el 50% de lo ordenado en sentencia, lo que equivale lisa y llanamente a una explícita extorsión, sobre la que volveremos seguidamente.

En buen romance, la Reparación Histórica me dice que por decisión unilateral el Estado deja en suspenso la tramitación del juicio y si acepto la propuesta lo da por finalizado aplicando la quita, en otras palabras cumple con la sentencia pero con ”rebaja”. Y si no acepto, el juicio continúa y al concluir acatará la sentencia. La más disparatada contradicción jurídica que se me ha presentada en mi larga vida, pues en mi caso tengo ya sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictada en el año 1997 que nunca fue acatada. Entonces, ¿qué juicio espera el gobierno que finalice para que, como se establece, Anses acate la sentencia? ¿la de 1977 o espera otra sentencia clonada?
Estimo y califico como delito de extorsión la llamada propuesta en esta ley, ya que entra en la definición jurídica que dice: “La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo”

El Estado es el sujeto activo que utiliza la intimidación sobre el jubilado, sujeto pasivo al decirle prácticamente”si aceptas la quita porcentual, te pago la sentencia, si no la aceptas no te pago y continúa el juicio”per secula seculorum”. Lleva fines de lucro al quedarse con dinero de la sentencia y produce un gran perjuicio patrimonal al jubilado que, si no acepta, no cobra más.

Quizá lo más inhumano de esta cacareada reparación lo vemos en que se incluye en el artículo 9º. de la ley, un orden de prelación que establece que tienen prioridad los beneficiarios mayores de 80 años, cuando precisamente son los que están al final del Programa, pues se están pagando actualizaciones a recién jubilados, en grandes cantidades, con gran despliegue publicitario y de los prioritarios no cobró todavía ninguno, con el agravante de que hay varios mayores de 90 y 100 años con la mayor antigüedad de espera que llega hasta más de veinte años.
En la carta abierta al señor Presidente del 22 de febrero le decía que hay una gran cantidad de jubilados de 80, 90, y más de 100 años que me consta siguen reclamando su pago, varios de ellos con carta dirigidas a Anses y a los diarios, y deduzco razonablemente que si a diario leemos estos reclamos, cuántos estarán en la misma situación sin decidirse a escribir y cuántos habrán fallecido durante esa angustiosa espera. Pues bien, este clamor aumentó drásticamente en todos los medios y redes sociales y destaco al diario Clarín que publica columnas especiales dedicadas a dar a conocer de los propios estafados, la falacia de un Plan de Revisión Histórica de evidente extorsión.
Transcribiré una de las cartas, dramático paradigma  de la justa indignación que provoca esta intolerable actitud del gobierno, que fue dirigida al titular de Anses Emilio Basavilbaso  el 17/3/17 : 

"Señor director de Anses, Emilio Basavibaso, no tiene ninguna necesidad de mentir cuando ha elegido la arbitrariedad en el manejo de la cosa pública bajo el paraguas de impunidad que le da el poder y la mansa, silenciosa complacencia de fiscales y jueces que miran para el otro costado. 
Cuando se actúa con prácticas totalitarias no se puede hablar de estado de derecho.
Lamento tener que decir que yo aposté al cambio, y la frustración que me produce tener que ver y ser objeto de más de lo mismo. Algún día se sabrá cuánto ha sido el ahorro que le significó a la caja de Anses la baja de los jubilados que murieron esperando que se los tuviera en cuenta como humanos y ciudadanos argentinos. Y también lo que le significó el mentiroso plan de Reparación Histórica, con lo que se autocalifican a lo pavo real. 
Señor Basavilbaso, lamento comunicarle que no he muerto, pese a estar próximo a cumplr 90 años 
¿Porque es eso lo que esperan para eliminar la carga económica que representamos los viejos jubilados a los que consideran de descarte, no? No le pregunto por qué no cumple con los fallos judiciales, porque la respuesta también resulta obvia: todo es cuestión de reducir el presupuesto del organismo que dirige demorando su cumplimiento hasta la llegada de nuestro inexorable final. Y un par de últimas noticias: usted está incumpliendo sus deberes de funcionario público, lo cual es delito que más tarde o más temprano tendrá que purgar; otra, pienso resistir hasta que se haga justicia, aún más alle del momento de su reemplazo. Después volveré a mi tiempo de espera para saludarlo en el lugar en que vamos a parar todos los seres vivos. ¡Allá usted con su conciencia y aquí con la Justicia que, aunque tarde, siempre llega,!  Juan Carlos Mirabella"

En todos los contactos que mantengo desde hace muchos años me encuentro con una gran confusión, producto de la gran variedad de sugerencias intercambiadas para formar grupos, pues es enorme la cantidad de involucrados en este gravísimo problema y es imposible aunar acuerdos y métodos, todo se diluye en un mar de buenas intenciones que nunca llega a nada. Conspira también el hecho de que los más de medio millón de jubilados, en estas condiciones, se hallan diseminados a lo largo y ancho del país.
La razón que nos asiste en esta emergencia es indiscutible, desde cualquier punto de vista, pero las quejas e indignados reclamos no llegan a oído del gobierno y de la gran mayoría de periodistas. Ellos están en otra cosa, la noticia caliente de crímenes secuestros, sexo, fútbol y política corrupta.
Aunque parezca increíble he recibido serias propuestas para organizar corte de calles y avenidas, sentadas, con carteles alusivos, diríamos piquetes, ya como recursos desesperados que son inviables para gente de la tercera edad, de por sí pacífica, estoica y tolerante.

La experiencia nos demuestra que en estos casos la manera más eficaz de obtener resultados  es la perseverancia de difundir constantemente la injusticia que se viene cometiendo, apelando a todos los medios periodísticos, gubernamentales, parlamentarios, judiciales y redes sociales, éstas cada vez más accesibles a los problemas sociales.
A continuación brindamos un caso muy interesante que es nuestra misión difundir al máximo, como hemos dicho anteriormente. 
El juez de la Seguridad Social Juan Fantini homologó un acuerdo en el marco de la Ley de Reparación Histórica de Jubilados, pero dejó en claro que la función de los magistrados "no debería limitarse o quedar reducida a un simple "click", Además denunció que con el expediente digital se agravó el colapso previsional. También agregó que el Código Civil y Comercial de la Nación "no requiriría de la homologación judicial, ya que los artículo 1641 y162 del mencionado texto legal establecen que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o para ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas y que la misma produce los efectos de la coa juzgada "sin necesidad de homologación judicial".
En ese punto, el juez federal se preguntó "por qué debería ser prioridad una causa digital, en la que interviene una persona que hasta aquí nunca accionó por sus derechos, en relación a quienes llevan años litigando y en muchos casos hasta aquí no cuentan con sus haberes reajustados".
Esa es la pregunta que se hacen más de un centenar de jubilados mayores de 90 años que tienen varias sentencias a su favor con una insólita antigüedad de 20 años, la última de la Corte Suprema debido a las sucesivas apelaciones sin fundamento del perverso organismo Anses. El hecho de que un juez previsional se haga públicamente esta pregunta constituye una impúdica ironía que no podemos aceptar, suena casi como una burla.

Para los que están en duda con respecto a mi afirmación de que la Ley es extorsiva, tengan en cuenta por si se les ha ocultado, que los jubilados que acepten por vergonzante necesidad el acuerdo, podrán cobrar antes, pero con recortes que varían entre el 40% y el 70%, según el estado del juicio y los reajustes de haberes. En ese marco, el especialista Guillermo Jáuregui sostiene que el reajuste podría oscilar entre el 30% y el 45%.
Pero aquí no terminan los beneficios extorsivos de Anses pues los jubilados con sentencia firme anterior al 30 de mayo, entre 50.000 y 70.000, que deberían cobrar un promedio de $ 350.000  y que de acuerdo a la ley percibirían el 100% de la retroactividad dentro de los 120 días anteriores al reclamo. si aceptan el acuerdo, se les pagará el 50% del retroactivo y el otro 50% en 12 cuotas trimestrales, sin intereses.
Como se podrá apreciar´, es una reparación histórica que si se cumple, será pagada por un delivery especial de Anses destinado a los cementerios.