POESÍA ELECCIONARIA

NOTICIA RECONFORTANTE

Gracias Urg24. Vuestra noticia sobre las elecciones en los Estados Unidos nos brinda un aire fresco, pleno de política “inclusiva”. Suponemos que esa nueva y maravillosa doctrina no les llegará a los yanquis a su idioma, por razones gramaticales, pero con algo se empieza. El título:

USA eligió: Más de 100 mujeres, gays, lesbianas, musulmanes y nativos americanos. El texto:

"Es la elección de las primeras veces, en el país de las contradicciones. Mientras el Presidente, Donald Trump, coquetea con enviar fuerzas paramilitares para frenar a la "invasión" de la caravana inmigratoria, el país eligió a más de 100 mujeres, nativas americanas, lesbianas, gays, palestinas y somalíes en la última elección. Los demócratas esperaban arrebatar más asientos del Senado de manos republicanas, no lo lograron. Sin embargo, los resultados reflejan una actitud más inclusiva hacia otras religiones fuera del cristianismo y hacia las personas LGBTQ".

Frente a las próximas elecciones en la Argentina, nos preguntamos: 
¿E l "modus operandi" de esta noticia es prevención, emulación, crítica, complacencia, regocijo, desconsuelo, inquietud, perturbación?

Lo que no podemos negar es que este despertar periodístico debe haber impactado profundamente en los partidarios gramscianos de la política "inclusiva" que ha invadido al país como una ola proveniente de un enorme tsunami.
Arremanguemos polleras y pantalones para las futuras elecciones. Parece un slogan proselitista impreso en una lista. Todo en verso para que no me llamen perverso, ni católico converso.

AGN Y FÚTBOL PARA TODOS -

La jueza María Servini cerró la instrucción del expediente Fúbol para Todos y lo elevó a la Cámara de Casación para que sortee un tribunal que se haga cargo del juicio. Los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y el ex presidente de la AFA Luis Segura, entre otros, afrontarán un juicio oral y público por presunta defraudación contra el Estado en el programa Fútbol Para Todos.
Los medios del país gráficos, radiales y televisivos hacen mención a la denunciante, la diputada Ocaña y los más importantes programas políticos se adjudican el mérito en exclusividad, rivalizando en la primerización de denuncias y descubrimientos de los procedimientos irregulares de la tremeda estafa que le significó al Estado. Es justo reconocer que la investigación periodística fue un elemento fundamental en apoyo de la diputada Ocaña que formalizó su denuncia en mayo de 2014.
Sin embargo, incurren todos en una falla inadmisible al señalar que ninguno de los controles del gobierno investigó y auditó a Fútbol para Todos, ya que el único organismo que con todo sacrificio cumplió con las tareas a su cargo, a pesar de la fuerte oposición del kirchnerismo y de los obstáculos y amenazas recibidos fue la Auditoría General de la Nación, presidida por el digno y valiente funcionario Leandro Depouy con la colaboración de los auditores Horacio Pernasetti, Alejandro Nieva y Oscar Lamberto que presentó un lapidario informe con la oposición de los auditores Vicente Brusca y Vilma Castillo, afines a la Casa Rosada. 
El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo calificó como un "gesto politiquero berreta", solicitando la entrega de todos los textos para contestarlos, ya que, dijo, la Auditoría General de la Nación falta a la verdad. Nunca contestó y el informe fue archivado.
Allí, se denunciaba que entre agosto de 2009 y diciembre de 2012, se gastaron $2.967,6 millones, de los cuales, $188,9 millones se tramitaron sin el respaldo de la compra correspondiente, además de otras comprobaciones.
Este trabajo era uno de los sostenes de la denuncia formulada por la legisladora Graciela Ocaña sobre el supuesto desvío de los fondos públicos que investigó la jueza federal María Servini de Cubría.
Se recuerdan las palabras del presidente de la AGN, Leandro Despouy, muy contrariado y desesperanzado: "Ojalá logremos ser nosotros y no el FBI los que cuenten lo que ha pasado en la Argentina"
Vaya esta nota como una reparación al injusto e inmerecido olvido de la digna actuación  de la AGN, que también realizó en otros organismos del gobierno importantes auditorías. sobre las cuales nos ocuparemos en otros artículos, especialmente las que llevara a cabo a la Administración Nacional de Seguridad social, Anses, varias, que llegaron a ser una "misión imposible".

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JUBILADOS - MÁS CLARO, AGUA -

PREOCUPACIÓN EN EL GOBIERNO
Por URGENTE24

A la espera de un fallo clave sobre jubilaciones, Macri almorzó con autoridades de la Corte
"No tenemos conocimientos de que haya fallos trascendentales", respondió el ministro de Justicia Germán Garavano, haciéndose el desentendido, cuando le consultaron acerca de si en el almuerzo que compartió Mauricio Macri con las nuevas autoridades de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, hablaron del inminente fallo del máximo Tribunal sobre el caso Blanco, que podría beneficiar a más de 150 mil jubilados. Pero aunque Garavano simule desconocimiento, es sabido que en el Gobierno hay cierto nerviosismo por esta resolución que podría disponer un índice de actualización de los haberes jubilatorios más elevado que el que propone la ANSES, lo que tendría un fuerte impacto en las arcas del Estado.
Macri almorzó con Rosenkrantz y Highton de Nolasco en la Casa Rosada. También estuvieron Marcos Peña y Germán Garavano (Foto NA).
El presidente Mauricio Macri almorzó este martes (06/11) con las nuevas autoridades de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz (presidente) y Elena Highton de Nolasco (vicepresidente). La reunión fue en Casa de Gobierno, y se dio en momentos en que reina la expectativa -y preocupación- en el Gobierno por un inminente fallo del máximo Tribunal sobre el caso Blanco, que podría beneficiar a más de 150 mil jubilados.
Junto a Macri, del almuerzo también participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Cabe destacar que existe cierta preocupac ión en el Gobierno por un fallo sobre la fórmula de ajuste para las jubilaciones, que podría disponer un índice de actualización más elevado que el que propone la ANSES, lo que tendría un fuerte impacto en las arcas del Estado.
Según algunas versiones periodísticas, de momento habría tres -de los cinco- jueces que apoyan el reclamo de los jubilados en contra de los deseos del Gobierno.
"No tenemos conocimientos de que haya fallos trascendentales. Eso tiene que ver con una agenda de la Corte y el Poder Ejecutivo no tiene conocimiento de qué fallos va a sacar o no", respondió Garavano cuando fue consultado por periodistas en Casa Rosada, tras el almuerzo. De ese modo, se hizo el desentendido del tema. "Se analizó globalmente la situación de la Justicia en todo el país", agregó sobre la agenda del encuentro.
Consultado acerca de si hablaron so bre la intención de que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias, dijo que " no se habló específicamente" pero "se abordará en las próximas reuniones"
La Corte discutirá próximamente qué índice se debe aplicar en los casos de jubilados que hicieron juicio de actualización de haberes. Hasta ahora se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), pero la Anses desde hace un año le transfirió a la Corte el problema al solicitar que se aplique otro índice, el de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). En la inmensa mayoría de los casos en juicio, eso implicaría que los haberes se estimen a la baja.
El caso en cuestión sobre el que tiene que fallar la Corte se trata de un planteo judicial, denominado el caso Blanco, que podría beneficiar a más de 150 mil jubilados y que está frenado desde hace semanas por el Presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.
El reclamo fue iniciado por Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en 2003 con un haber inferior a la mitad del sueldo promedio. La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Nora Carmen Dorado y Luis Herrero, le dio la razón a Blanco quien debería cobrar una jubilación superior en un 31 % a la que le ofrece la ANSES con la Reparación Histórica.
Los jueces ordenaron que se aplique el índice de Salario Básico de la Industria y la Construcción en lugar del RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables) que elabora el Ministerio de Trabajo y que fijó la ley promovida por el actual Gobierno. En casi en la totalidad de los casos con la aplicación del RIPTE los haberes y retroactivos son inferiores a los que se obtendrían utilizando el otro índice.

LOS CUADERNOS DE ANSES - 19a. Parte - /

Octubre de 2017

El artículo publicado ayer en nuestro bogspot “Habla la Experiencia” que  titulamos “Respetuosa interpelación a Elisa Carrió”, unido al hecho circunstancial de la noticia aparecida sobre la denuncia a Anses por la Oficina Anticorrupción, debido al uso ilegal de 118 millones de pesos en falsa publicidad, ha provocado confusión y polémicas al por mayor.

Recibimos numerosas comunicaciones, incluyendo contactos del extranjero, que denotaban la variedad de opiniones con respecto a este tema que viene siendo bastardeado por el gobierno nacional

Recordamos que a mediados de 2014 el titular de la Anses Diego Bossio declaraba en conferencia de prensa que en el año 2016 no iban a haber más juicios de jubilados contra Anses y destacaba que las causas judiciales vigentes se estaban pagando en tiempo y forma, y con un record de sentencias pagado. Un diagnóstico tan falso y de mala fe lo comprobamos en la actualidad donde hay más juicios que nunca, donde está explotando el insólito caso de existir una cantidad increíble de más de 200 mil sentencia firmes que no se pagan, algunas de ellas, la propia, de 20 años de antigüedad. Es el primer caso en la historia de la administración pública en que el gobierno se niega a pagar semejante cúmulo de deudas, provenientes de sentencias judiciales.

La ironía  es que esta situación está deviniendo cada vez más grave, en momentos en que el gobierno se afianza en su poder de gestión con el resultado favorable de las últimas elecciones.

Otro factor de relevancia salta a escena si consideramos que nuestra interpelación a la diputada Carrió puede ser injusta si nos atenemos a viejas noticias , casualmente del mismo año 2014, relacionas con una denuncia efectuada por la misma diputada. Acompañada por dirigentes del Frente Amplio-UNEN denunciaron penalmente al titular de la Anses Diego Bossio por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, al obstruir el cumplimiento de sentencias en casos de reajustes jubilatorios.

Continuaba la información diciendo que días atrás Carrió había advertido en una conferencia de prensa que había unas 300.000 causas en la Cámara de Seguridad Social y que el 80% correspondía a actualización de haberes.¿Qué sucedió con esa denuncia sobre la cual nada sabemos?

Compartamos todos honestamente la afirmación de que sólo podemos llegar a la claridad  y a la transparencia, como está de moda decirlo, mediante una urgente y contundente intervención al organismo. Investigación, fiscalización, exhumación, interrogación (con un detector de mentiras), control y limpieza total del registro de empleados.

En los innumerables escritos y denuncias que lanzamos desde este blog, calculamos más de un centenar, hemos observado  tantas contradicciones,que sería un imposible enumerarlas, basta citar esta últimas donde el titular de Anses pronostica el final de los juicios y que las sentencias se pagan en tiempo y forma y por otro lado, en la misma fecha, la diputada manifiesta que no sólo hay una infinidad de nuevos juicios, sino  que 300.000 se hallan con sentencia que no se paga.

Lo que podemos percibir a través de la trabajosa lectura de estos capítulos kafkianos es un dejà vu, ya que durante largos períodos y con distintos personajes,se halla siempre presente la voluntad y decisión del mal trato a los ancianos, de la obstaculización y apelación de los juicios, de la demora en los trámites, de la exagerada burocracia en el llenado de los formularios, de las continuas exigencias de documentación que fuera repetidamente presentada y el final de la divina comedia: NO PAGAR.  

LOS CUADERNOS DE ANSES -18a. -

Octubre de 2017

Esta es copia fiel del apartado de la Sentencia Definitiva favorable al actor, Silvio Pizarro, en el juicio por reajuste de haberes contra Anses, que a la fecha no ha sido honrada. Llevo una insólita espera de 20 años en que el organismo viene demorando con apelaciones, obstrucciones, impugnaciones y que a pesar del apercibimiento judicial se niega a pagar.

VISTO:

Que la actora promueve la ejecución de la sentencia Nº 41.470 dictada por

Sala III de la entonces Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, el

20 de septiembre de 1993, parcialmente modificada por la Corte Suprema de

Justicia de la Nación el 15 de julio de 1997

RESUELVO:

1.-Rechazar las excepciones opuestas.

2.-Aprobar en cuanto ha lugar por derecho la liquidación de fojas 260/272

3- Mandar llevar adelante la presente ejecución e intimar a la demandada para que,

una vez firme la presente, proceda en el plazo de treinta días a realizar los trámites

tendientes a su cumplimiento, conforme la liquidación aprobada, y a reajustar el

haber del actor, bajo apercibimiento de tomar las medidas de ejecución

correspondientes. 

Es muy importante destacar algunos considerandos en el fallo que dejan en claro la mala fe de Anses,pues se desestiman sus cuestionamientos al ser meras manifestaciones sin fundamento. Además, se le dice que su impugnación es desacertada, tanto en el aspecto aritmético como en el jurídico. En una palabra, impugna sin base ni fundamentos. sólo para demorar. Transcripción de los considerandos citados

 "Luego, corresponde analizar los guarismos realizados.

Respecto a los fundamentos para impugnar la liquidación, toda vez que el

organismo se limitó a efectuar meras manifestaciones sin fundar la razón de sus

dichos, corresponde sin más desestimar tales cuestionamientos.

Cabe recordar que la impugnación de la liquidación en forma genérica, sin

especificación de lo que se considera desacertado: ni en el aspecto aritmético, ni

en lo atinente a las demás cuestiones fácticas o jurídicas, es desestimable porque

en tales condiciones, carece de fundamento susceptible de ponderación. La

impugnación, para ser examinable, requiere el suministro de los cálculos correctos

y de cuya comparación surgiría el error."

Un caso muy especial, el actor en el juicio es el que escribe en su blogspot "Habla la Experiencia" en el que como se puede apreciar lleva 20 años de sentencia de la Corte Suprema de Justicia que Anses se niega a cumplir. La última intimación judicial es del 15 de Mayo de este año, es decir continúa la desobediencia hasta la fecha, con cinco meses de demora que, a tenor de los antecedentes, puede llegar a 20 años más.

La finalidad de esta publicación es aventar las dudas de algunos de mis incrédulos contactos, que desde ya justifico dada la insólita situación planteada. No se trata de un caso corriente y es natural que despierte suspicacia. Tampoco el que suscribe, a los 94 años, puede dar crédito a este trance que no tiene explicación,

El incumplimiento de las leyes por parte del gobierno, ya fue objeto de varios artículos en este espacio, no sólo en apoyo de los 250.000 jubilados que no cobran sus sentencias, sino por el gravísimo antecedente que significa para el país en el desarrollo de sus relaciones internacionales. en especial a lo que a inversiones se refiere, por  la inseguridad jurídica puesta en evidencia con singular y atrevido descaro. Ver  el blog  "Pague lo que debe - Anses" en el link:

http://silviopedropizarro.blogspot.com.ar/2017/10/pague-lo-que-debe-anses.html

JUBILADOS, PRÓXIMA DECISIÓN DE LA CORTE

Nos preguntábamos con razonable curiosidad ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no decide el caso de los juicios de jubilados que Anses apeló para lograr un nuevo índice de cálculo que significa un recorte del 50%, con la misma prontitud con que decidió los casos llevados a su estrado para conseguir la prisión domiciliaria a Milagro Sala y luego en cortísimo término la confirmación del fallo? 
El conflicto data de más de un año cuando Anses presentó innumerable recursos, apelaciones y cuanto obstáculo tuvo en mano para que los jueces se avinieran a no recalcular los haberes como lo vienen haciendo usando el índice Isbic, sino el Ripte que el organismo utiliza en perjuicio de los jubilados desde la promulgación de la Ley de Reparación Histórica.
Está probado que todos los casos varían según la fecha de la jubilación y que en la gran mayoría de ellos el Ripte les significa recorte de hasta el 50%. Además, en los juicios en trámite la Reparación Histórica reconoce una retroactividad de sólo 48 meses, cuando en la demanda judicial pueden correspnder períodos sensiblemente superiores.
Ya se ha analizado en artículos anteriores la enorme importancia que adquiere un fallo del máximo tribunal que, si da la razón a Anses, iría en contra de sus principios, pues en el caso Elliff la Corte sostuvo que el objetivo de un índice de actualización es mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos, y definió que no parece justo y equitativo sustituir el índice dispuesto por la Justicia por otro que representa una mera secuela de la renuncia de derechos litigiosos.
Cada vez se hace más evidente que se trata de imponer en el ámbito de la Justicia Previsional que los fallos judiciales no se ajusten a derecho, sino a las conveniencias de orden económico fijadas por las pautas del Gobierno de la Nación.
Además, la Corte debe resolver la validez del impuesto a las ganancias que los jueces declararon inconstitucional y que Anses, fiel a sus honorables antecedentes, interpuso recursos para que los jubilados la pagaran.
Lo irrisorio de este tema es que los miembros del Poder Judicial, que deben resolver sobre la materia, están exentos de dicho impuesto que los jubilados están pagando. Siniestra coincidencia que coloca a los honorables miembros de la Corte en situación de juez y parte de un caso similar que los afecta.  
La decisión del Máximo Tribunal sobre el caso  principal a resolver, de enorme importancia institucional y social, que se espera con graves interrogantes, nos dará la pauta de los valores que primarán en la Justicia para el análisis y fundamentos de su decisión.
Existen dos factores bien definidos, en nuestra opinión, el primero, los millones de ciudadanos afectados, el segundo, la incidencia sobre la economía fiscal del gobierno. 
Consecuente con las opiniones personales que llevo vertidas en este espacio "Habla la Experiencia", descartaría esos dos factores y pronunciaría una sentencia o decisión ajustada plenamente a derecho.

LOS CUADERNOS DE ANSES -17a. Parte -

Octubre de 2017

Cuando hace un año publicamos un artículo señalando la incierta situación de los jubilados ante la ley promulgada por el gobierno bajo el atrayente título "Ley de Reparación Histórica" que, desde un principio la consideramos una extorsión, nos hallamos hoy en día con que nuestra opinión era acertada, pero que dejó de ser incierta para convertirse en realmente inquietante. Sólo el título del artículo publicado por Sebastián Boix Mansilla, especialista en derecho previsional, que reza "Todavía no se entiende la saña de la Corte con los jubilados", es suficiente para comprender la suma gravedad que asume este tema en las manos del gobierno.

En efecto, el gobierno está utilizando los mismos procedimientos del kirchnerismo al destinar los recursos del fondo de Sustantibilidad perteneciente a los jubilados a distintos fines que los fijados por la ley.  Los préstamos que concede con dichos fondos, cuando deben atenderse con el Tesoro Nacional, como los beneficios que concede a distintos sectores de la sociedad que la ley no contempla, planes de vivienda y sociales y otras malversaciones, como cubrir el déficit nacional, constituyen confiscaciones que impiden el pago de las deudas que mantiene con los jubilados con sentencia firme que no se cumple.

Se produce el hecho insólito que tanto Anses como la Corte Suprema se han unido para reducir el monto de las jubilaciones con la finalidad  de atender el ajuste de gastos exigido por el Poder Ejecutivo. 

Anses, que es un organismo descentralizado y autónomo destinado a proteger los derechos de sus representados, y la Corte Suprema, nuestro más alto tribunal de justicia en el que prevalece el concepto de política antes que sagrado concepto de justicia.

El problema se agudiza cuando nos encontramos con la insensata apelación de Anses contra el fallo que declara inconstitucional  el descuento del impuesto a las ganancias a los jubilados, una actitud condenable que está fuera de sus funciones previsionales y que perjudica innecesariamente la economía de sus representados.

La aceptación del plan propuesto por la Ley de Reparación Histórica que el gobierno esperaba, fracasó, por lo cual Anses dispuso su prolongación  hasta febrero del año próximo  con el objeto de atraer incautos. 

Quisiera ser lo más explícito posible para que se entendiera la verdadera finalidad de esta ley, sobre la cual ya hemos formulado críticas analíticas, con argumentos lógicos y jurídicos, que no viene al caso repetir. Simplemente, su finalidad  estriba en no pagar el rejuste de haberes y la retroactividad dispuesta por los fallos con sentencia firme. Estos llevan varios años a la espera del pago ordenado.

 El 15 de julio Anses paralizó todos los juicios al presentar una avalancha de recursos extraordinarios en las tres Cámaras de la Seguridad Social, para que la Corte Suprema avale un cambio desfavorable en los índices de actualización de los haberes y las retroactividades, en perjuicio de unos 200.000 jubilados.

Con propósitos proselitistas, acaba de lanzar un comunicado en el cual informa que con el cobro de los haberes del mes de agosto, 1.060.000 jubilados tendrán incorporación al reajusten previsto en el programa. Se trata de jubilados, la gran mayoría sin juicios, a quienes Anses ha decicido pagarles el aumento sin hacer previamente todo el támite requerido por la normativa. Es decr, se obligan a renunciar a su juicio por reajuste, o a no iniciar ninguno, a cambio de recibir el haber recalculado a su antojo, que siempre resulta inferior a lo que se puede lograr por medio de un juicio.

Es sabido que la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, ajusta las jubilaciones en base a cálculos distintos y, por supuesto  inferiores, a los que marca la propia ley. En los casos arriba citados, la estafa consiste en apremiar al jubilado con un aumento menor al correspondiente, con lo que evita los juicios que le son tan molestos, una deleznable medida que aprovecha la vulnerabilidad de esta gente desesperada para cobrar.

Es necesario destacar la soledad en que se encuentran estos damnificados por parte  del Estado, ya que ni los políticos de la oposición  se preocupan por la defensa de sus derechos, ni los legisladores buscan una solución integral y urgente. Debemos agregar penosamente al periodismo, que en ninguno de los medios se hace eco de este grave problema que sufren especialmente los ancianos. Quizá hayan olvidado que para ellos también pasan los  años. 

El respeto por las sentencias es una condición esencial para el mantenimiento de la  democracia en la República, la plena vigencia de los derechos constitucionales y el correcto funcionamiento de la división de poderes. Existe un presupuesto vigente que contempla las partidas para pagar la sentencias de los juicios, sentencias que no se cumplen ni se pagan.

Toda la información vertida en este artículo, con opiniones autorizadas, justifica ampliamente una auditoría completa del organismo Anses, nunca realizada y que ahora comprendemos está lejos de la voluntad del gobierno.

Resulta notorio e indiscutible que hay una decisión gubernamental en no pagar las deudas previsionales para lo cual se utilizan los servicios de la Corte Suprema de Justicia y Anses, unidos en complicidad para justificar un delito de suma gravedad que el periodismo y la sociedad callan. La prioridad de los fondos del Poder Ejecutivo, a costa de los haberes previsionales. 

El insólito apartamiento de los principios contenidos en la Constitución Nacional, por el mismo gobierno, además de ser inmoral, genera la inseguridad jurídica en el país.