La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos está pretendiendo producir la atención
internacional en el caso de la detención de Milagro Sala en la provincia de
Jujuy con intenciones claras y definidas de neto corte izquierdista y
populista. Hay que reconocer que el esfuerzo y la perseverancia de los
organismos izquierdistas han derivado en una delineada ramificación mundial que,
en casos como el presente, funciona como aparato de relojería.
Hace cuatro
meses que venimos escribiendo y advirtiendo sobre esta elaborada trampa que
estas organizaciones tendieron al gobierno, y en la que éste ingenuamente cayó,
según dijimos en el blog “El gobierno cayó en la trampa”. No menos de quince
artículos hemos destinado a este asunto.
El armado de esta causa es tan
evidente que con sólo conocer los
funcionarios intervinientes se tiene una clara idea de los propósitos que encierra,
Estos son los tentáculos del izquierdismo enquistado en organismos
internacionales, los mismos que inflaron la cantidad de desaparecidos a 30.000
para obtener los beneficios pecuniarios que representaba el pago de la
indemnización gubernamental a los subversivos.
El pedido de
la intervención a la CIDH provino de nuestros conocidos Horacio Verbitsky en
representación de CELS y Mariela Belski representando a Amnistía Internacional
en Argentina. La nómina de funcionarios aplicados en acusar al gobierno
argentino de una “arbitraria” detención: Eugenio Zaffaroni, hoy juez en la OEA,
Carlos Zannini, Jorge Taiana, abogado de Milagro Sala ante la CIDH, Gustavo
Cinosi, activo militante kirchnerista como Asesor de la OEA. Luis Almagro, Secretario General de la OEA que le debe su designación a Cristina Kirchner; fue ministro de RR.EE, en Uruguay. Este último cometió el error de enviarle una
carta a la detenida, como Secretario de la OEA, manifestándole que creía en la
injusticia de su detención.
Lo que la
gente ignora es que estos organismos, potenciados por Verbitsky y Belski
efectuaron presentaciones ante la Unión Europea requiriendo su intervención para
obtener la libertad de Milagro Sala, con el agravante de solicitar la
suspensión de las negociaciones del TLC con Mercosur hasta que el respeto de
los derechos humanos estén asegurados por el gobierno. Como era de esperar, la
respuesta de la Vicepresidente Mogheneenni en nombre de la Comisión fue clara y
precisa al manifestar que incumbe al sistema judicial argentino aplicar la
legislación de conformidad con las normas y convenciones nacionales e
internacionales.
Primera derrota de la CIDH que nuestros ilustres y preclaros
periodistas se cuidaron muy bien de informar.
En la reunión
de la CIDH últimamente realizada en Miami, el caso Sala, fuera de agenda, fue
sacado astutamente por Verbitsky ante autoridades de derechos humanos del
continente, acusando “persecución” e “intolerable situación” en la provincia de
Jujuy. Continúa la presión ejercida por estos movimientos desestabilizadores
que no abandonan sus ataques a pesar de la derrota sufrida en Europa que
analizaremos más adelante.
El escenario
en la sede den la CIDH estaba bien planeado y la voz cantante la llevó
Verbitsky, quien denunció la privación de derechos en Jujuy a los que
protestan, primero viene la represión armada, luego la judicialización y
finalmente el retiro de personería, pidiendo a la CIDH que reclame al Estado
argentino el cese de hostigamiento y la criminalización de la protesta.
La
delegación argentina estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos,
Claudio Avruj y el fiscal provincial Mariano Miranda, por Jujuy, que en su
réplica manifestó que en su provincia se garantiza el derecho de peticionar a
las autoridades, la libertad de expresión, y a manifestarse públicamente. En
Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta
social, agregó.
Por su parte
Avruj anunció como un gesto de buena voluntad, que se puede calificar como una
disculpa, innecesaria e inoportuna, que
en estos días se enviará al Congreso una reforma al Código Penal para que no
sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de
derechos humanos y sociales”, como por ejemplo, una protesta. En realidad una
estupidez pues el proyecto será objeto de fuertes discusiones y polémicas por tratarse de enmiendas al Código Penal.
Completó esa desafortunada declaración asegurando que “hay un compromiso
asumido por el Presidente de trabajar en la construcción de una sociedad que se
base en el respeto, la convivencia y la inclusión, camino que transitaremos
respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de
expresión.”
Un
funcionario no debe dar explicaciones o pretextos sobre actos del Estado,
propios de su soberanía y menos aún en una reunión o foro internacional. Por lo
demás, prometer que iremos por el buen camino es un implícito reconocimiento
de que en estos momentos no estamos transitando el camino que la CIDH tan gentilmente
nos exige. Finalmente, olvida el secretario que hay otro compromiso asumido por
el Presidente, que no ha cumplido, y es el de terminar con el curro de los
derechos humanos.
No
satisfecha la CIDH con las fuertes presiones y críticas al nuevo gobierno, intenta
tantear otro camino, afín a sus objetivos y que también busca el apoyo de
sociólogos y defensores de los refugiados. Declara su "extrema preocupación" por
los proyectos y declaraciones del gobierno con referencia a la inmigración y
dice que existe una “estigmatización” a los migrantes al vincularlos al crimen
(teoría zaffaronista). Impedir la entrada desde los países fronterizos es una “regresión”
que, indudablemente, decimos, coarta la financiación del narcotráfico en la
Argentina. Y tienen razón, es una “regresión” a los fondos que recaudan del crimen,
los secuestros y la droga.
Estamos en presencia de la segunda derrota de la CIDH, con el pronunciamiento trascendente de la Corte Suprema de la Nación que, a la postre, nos ha dado una sentencia que ningún organismo extranjero o internacional puede corregir. Rechazó una petición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que se cumpla la sentencia condenatoria del Estado argentino dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el caso "Fontececchia y D´Amico"
La Corte ha establecido firmemente que en la cuestión sometida a su consideración hay cosa juzgada y, por lo tanto, no hay de su parte marcha atrás, como órgano supremo de la interpretación de nuestras leyes.
Hemos de suponer que la misma respuesta tendrá el mismo organismo de la CIDH que tan irrespetuosa exigencia tiene hacia el gobierno argentino al requerir en términos inaceptables que el gobierno dé pronta respuesta al pedido de liberación de Milagro Sala.
A los contactos que tienen la paciencia de leer mis comentarios en mi blogspot "Habla la Experiencia", les diré que les agradezco por ser testigos de un trabajo informativo sobre un tema de enorme importancia para nuestro país, que vengo desarrollando desde hace cuatro meses y que el periodismo retacea inexplicablemente.
