PERTINACIA EN NUESTRO ESPACIO

_------Atención Equipo de Gobierno- 

En nuestro artículo "La Pica en Flandes", formulamos una advertencia con respecto al apresurado proyecto de la reforma previsional. Decíamos:

“Esta medida es peligrosa e inoportuna pues permite el avance del populismo con nítidas características comunistas. Se pone en sus manos el arma dialéctica que esta vez sabrán manejar con argumentos razonables y convincentes y, desde luego, acompañados sistemáticamente por marchas, piquetes y protestas que pueden tener una gran aceptación popular. ¿Quién se podrá negar a defender a ese sector de la sociedad siempre olvidado y ahora castigado?”

H0y el sindicalista camionero Pablo Moyano anunció que el miércoles próximo encabezara´una protesta callejera en el Congreso en rechazo de los proyectos oficiales que prevén reformas “previsionales”, fiscales y laborales. Obsérvese que por primera vez los trabajadores hacen alusión directa a un problema que para los sindicatos siempre permaneció ignorado.
 El sindicalista no perdió la oportunidad ofrecida ingenuamente por el Gobierno y expresó acaloradamente que “los proyectos de ley representan un feroz ajuste sobre los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales”

Su misión redentora recibió de inmediato la adhesión de movimientos ultra izquierdistas, barrios de pie, piqueteros y Quebracho en una resistencia unida contra el gobierno de Mauricio Macri. Adherirán además a la movilización las dos vertientes de la CTA de Yasky y Micheli e importantes organizaciones sociales y cooperativistas.
En ninguna de estas pretendidas defensas a los jubilados se mencionó, siquiera al pasar, el agravio y el terrible problema que viven desde hace más de diez años, algunos llegan a veinte años, créase o no, 250.ooo jubilados que tienen sus juicios ganados con sentencias firmes, varias de las cuales son de la Corte Suprema de Justicia y que el gobierno se niega a pagar. 
Tampoco el periodismo destaca este verdadero delito que comete abiertamente el Poder Ejecutivo al desconocer los fallos del Poder Judicial y convertirse en deudor fraudulento La situación no resiste el menor análisis si consideramos que en los dos años de gestión, el nuevo gobierno sólo atinó a promulgar la tramposa Ley de Reparación Histórica, que como su nombre lo indica estaba destinada a pagar los juicios, pero fue aprovechada astutamente para ganarse  los votos de los pobres jubilados que fueron extorsionados con el conocido latiguillo, que algunos por necesidad adhirieron, "pago ya mismo, pero rebano un 50%" y sin decirlo abiertamente. "y si no acepta, no cobra más".
Para los incrédulos o para los que critican estas verdades como contrarias al Pro, cuando en realidad son colaboración al gobierno al señalar sus posibles desaciertos o errores, recomendamos leer atentamente una intervención en la Cámara, del senador nacional por Santa Cruz, Alfredo Martínez en el año 2010  extraída del diario de sesiones: 

"Lo que estamos diciendo es que los 400.000 juicios que se han iniciado contra la Anses se tienen que pagar hoy, mañana o pasado. Eso es inevitable. Lo que pretendemos con esta iniciativa es buscar los mecanismos de financiamiento para que estos juicios los cobren los jubilados y no  sus herederos. Creemos que la clase pasiva se merece que hagamos el esfuerzo para cumplir con esta etapa. Cuando uno analiza los presupuestos de 2010 y anteriores, observa que hay una partida de alrededor de 2 mil millones destinadas al pago de los juicios."

Con estos y otros antecedentes que no dan lugar a falsas interpretaciones, pues su sola lectura nos deja atónitos, no se comprende la indolencia y la irresponsabilidad del gobierno en acrecentar aún más los padecimientos con la propuesta modificatoria que provoca la rebaja de los haberes jubilatorios.

Esta obstinación y tenacidad en sostener una opinión sobre la defensa que merece la clase pasiva será motivo de continuos escritos y reclamos que buscan suplir el silencio  de la indiferencia periodística y ¿por qué no decirlo? de la sociedad, incluidas las organizaciones sociales y la iglesia.
Solicitamos de las redes sociales la mayor difusión posible de nuestros argumentos en la esperanza de que sean recogidos por la Cámara de Diputados que es la que lo discutirá en su fase final, si llega aprobada por el Senado.

UNA PICA EN FLANDES

El Gobierno ya tiene su "Hoja de Ruta" en la modificación del índice de ajuste de la movilización de haberes de los jubilados, y es que ya no esté determinado por el aumento de los salarios y de la recaudación de Anses, sino por la inflación evaluada por el INDEC, según la recomendación del FMI. Ello facilita el trámite del proyecto de Reforma Económica que fue presentado al pueblo por el propio presidente Mauricio Macri, pues significa un reajuste de más de cien mil millones de pesos, a costa del sector llamado de la tercera edad, numeroso a una cifra de nueve millones de jubilados, pero el más vulnerable de la sociedad.
Esta medida es peligrosa e inoportuna pues permite el avance del populismo con nítidas características comunistas. Se pone en sus manos el arma dialéctica que esta vez sabrán manejar con argumentos razonables y convincentes y, desde luego, acompañados sistemáticamente por marchas, piquetes y protestas que pueden tener una gran aceptación popular. ¿Quién se podrá negar a defender a ese sector de la sociedad siempre olvidado y ahora castigado? 
Hemos puesto la pica en Flandes al contrarrestar este intento de pauperización de las masas, la frase favorita del marxismo, con el párrafo de nuestro artículo titulado "Gabriela Michetti", que fue  difundido en las redes sociales, según lo reproducimos más abajo:
"Pareciera que existe un error de concepto al querer demostrar que se busca solamente la actualización de los haberes para mantener una situación de pobreza que no llegue al hambre. No es así, es necesario comprender que un ciudadano que se retira luego de un aporte mensual proporcional a su sueldo, durante más de 30 años, exige un derecho y no acepta una limosna. Bajo esas condiciones se jubiló y no puede ser penalizado retroactivamente bajo otras condiciones que lo perjudican y que tienen por objeto reducir el déficit fiscal en mil millones de pesos tomados de la caja de Anses, organismo que hay que decirlo claramente. está de acuerdo con la modificación y de otra medida que deteriore la remuneración de los jubilados y se castigue con la aplicación de impuestos que no corresponden, como el de las ganancias.
Finalmente, el Estado es el causante y el culpable del déficit fiscal y su obligación es conjugarlo con los sueldos y jubilaciones de privilegio de sus propios funcionarios y empleados. Sensatamente, reconozca el Estado que el jubilado no tiene la culpa de sus desaciertos políticos y económicos. Obsérvese que decimos Estado y no Gobierno, pues estos procederes vienen de épocas atávicas".
Tras el anuncio del proyecto de reforma, el presidente Macri insistió; "Cada uno debe ceder un poco para garantizar 20 años de crecimiento". Aparentemente este llamado fue dirigido al sector pasivo que será inconsultamente rebajado en sus haberes, como lo fue y lo es con la oprobiosa Ley de Reparación Histórica, utilizada como caballito de batalla en los momentos preelectorales. Fueron aumentados los haberes de jubilados en pequeñas cantidades que nunca llegaban a lo que por ley correspondía. por sorpresa, sin previo anuncio. pero con el compromiso de no ejercer acciones judiciales contra el Estado. El engaño consistió en que conforme al título ostentoso de ley se pensaba que la reparación era para realizar los pagos obligados por sentencia que el gobierno nunca pagó. Fue un tentativa tramposa para que los querellantes aceptaran el pago inmediato de la deuda pero con un descuento abusivo del 50%, es decir una verdadera extorsión, pero siempre bajo el compromiso firmado ante los jueces, los funcionarios de Anses y los abogados de los querellantes, de no ejercer futuras acciones contra el Estado.
Nadie fue capaz de percibir que este procedimiento espurio fue  también llevado a cabo en el convenio con los gobernadores, a los que prácticamente se les conminó a desistir de los cientos de juicios pendientes con el gobierno nacional a cambio de que el gobierno se hiciera cargo de los pagos jurídicamente ganados, pero con un importe sensiblemente inferior.
¿Están seguros los señores gobernadores de que el gobierno cumplirá con los pagos acordados? Con el programa de la Ley de Reparación Histórica, el título lo decía, serían destinados casi 40 mil millones al pago de los juicios impagos de 250.000 jubilados, que nunca se efectivizó. Un vergonzoso fraude que se burla de la justicia desde hace más de diez años y que no se puede o no se quiere hallar la forma de obligar al Estado a que cumpla con las sentencias firmes. 
Según pudo establecerse, el monto del recorte  de las jubilaciones con la reforma previsional, significará el doble de lo que hasta ahora entregó el Gobierno con la celebrada Reparación Histórica. No cejaremos en todas las redes sociales de oponernos a una reforma previsional que atenta directamente a un perjuicio económico e ilegal contra los haberes de los ciudadanos de "tercera clase", débiles, indefensos, y de escasa influencia en el orden electoral. La ambición los descarta.
Seguiremos la lucha apelando a la sala más joven del Parlamento, la Cámara de Diputados, pues ya se aprobó en el Senado con una indeseada negociación típica de un recordado Banelco.

 

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EL DERECHO PREVISIONAL

La opinión de los economistas es coincidente al considerar que la reforma previsional es la más complicada para el Gobierno porque está cosechando un amplio rechazo opositor. Estiman que lo que hará el Gobierno para seducir a potenciales aliados en la oposición, es mejorar la oferta conceptual del “plus” Como máximo, se podría estirar hasta los 50 pesos (15% aproximadamente), que a priori no parece ser suficiente.

Las explicaciones que sobre este tema brindó el ministro Dujovne en el reportaje nocturno de TN no fueron muy claras, lo que contradecía su excelente y a veces brillante exposición sobre la necesidad de aprobar el Pacto Fiscal. Lo dijimos en un artículo días atrás, que el Gobierno busca compartir el costo político del cambio de movilidad, lo que equivale a reconocer que el ínfimo “plus” de 12 pesos sobre la tasa de inflación es otorgado por necesidad política, sin ningún estudio ni discusión responsable sobre un tema que por su gravedad merece ese tratamiento. Viene a ser una limosna a los miserables para convencer a los senadores.

El verdadero costo es del estómago de los jubilados y de sus familias, y no se trata de lograr un subsidio razonable, sino contemplar el derecho  que le asiste al jubilado para que sus haberes sean reajustados conforme a los salarios.

Pareciera que existe un error de concepto al querer demostrar que se busca solamente la actualización de los haberes para mantener una situación de pobreza que no  llegue al hambre. No es así, es necesario comprender que un ciudadano que se retira luego de un aporte mensual proporcional a su sueldo, durante más de 30 años, exige un derecho y no acepta una limosna. Bajo esas condiciones se jubiló y no puede ser penalizado retroactivamente bajo otras condiciones que lo perjudican y que tienen por objeto reducir el déficit fiscal en mil millones de pesos tomados de la caja de Anses, organismo que hay que decirlo claramente, está de acuerdo con la modificación y de otra medida que deteriore la remuneración de los jubilados y se castigue con la aplicación de impuestos que no corresponden, como el de las ganancias.

Finalmente, el Estado es el causante y el culpable del déficit fiscal y su obligación es conjugarlo con los sueldos y jubilaciones de privilegio de sus propios funcionarios y empleados. Sensatamente, reconozca el Estado que el jubilado no tiene la culpa de sus desaciertos políticos y económicos. Obsérvese que decimos Estado y no Gobierno, pues estos procederes vienen de épocas atávicas.

CÁLCULOS ENGORROSOS

Para calcular los aumentos de las jubilaciones por la nueva fórmula, es necesario tener una capacidad como para entender las teorías de Einstein.La que yo podría entender, con mayor facilidad, es la teoría de la relatividad que, en este caso, supone lo relativo que son los haberes de un jubilado.
En la edad media era costumbre colgar cedulones en las rejas del parlamento para dar a conocer al pueblo las nuevas ordenanzas en vigor. La gente se reunía para mirar los vistosos colgantes pero no para leerlos pues la gran mayoría era analfabeta. Si esa usanza se volviera a practicar en nuestro país, también la gente se reuniría alrededor de los carteles con ávida curiosidad pero sin entender las complicadas fórmulas insertas para el cálculo de los haberes jubilatorios. 
El Estado debería hacerse cargo de cursos de matemáticas, álgebra y logaritmos para jubilados, en orden a capacitarlos para el cálculo sus futuros haberes.

Así se calcularán los aumentos jubilatorios si avanza el proyecto de reforma previsional del Gobierno

La Casa Rosada propuso una nueva fórmula basada en el inflación y la evolución del PBI

INFOBAE.COM

EL MOTIVO DE LA FIRMA DEL ACUERDO

El presidente Macri acaba de lograr el ansiado consenso de los gobernadores para llevar adelante su proyecto de reforma económica. Hacía más de veinte años que no se firmaba un acuerdo Fiscal, hecho de características históricas que lo catapulta a mayores éxitos en su ardua gestión
El camino para arribar a un acuerdo hacia la reducción del déficit se inició con la garantía del gobierno nacional a las provincias del otorgamiento de un bono del 15% para compensar las deudas con la Nación. 
Entre los 11 puntos acordados, la mal llamada reforma previsional consistió en: Impulsar “inmediatamente” la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público para que ellas se ajusten trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación. No se especificó qué plus se utilizaría para el referido aumento. 
Impulsar (no inmediatamente) la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio, sin especificar fecha, modo, jurisdicción y estudio del tratamiento.
Sin entrar a un análisis crítico de los once puntos que comprende un tema tan complejo que abarca negociaciones muy difíciles y un polémico debate en el congreso, nos adelantamos a observar un detalle que juega un rol muy importante en la anhelada búsqueda de inversiones extranjeras en el país. 
Se trata de una circunstancia que hemos reflejado en nuestro anterior Blog, referida a la inseguridad jurídica. Decíamos del mal ejemplo que dábamos al mundo por el incumplimiento por parte del Estado, moroso desde hace varios años, al pago de las sentencias judiciales de los 250.000 juicios de los jubilados.   http://silviopedropizarro.blogspot.com.ar/2017/11/somos-una-variable-de-ajuste.html
La feliz resolución alcanzada en este acuerdo se debió a que todas las Provincias renunciaron a los juicios emprendidos contra el Estado ante la Corte Suprema de Justicia, para conformarse con sumas sensiblemente menores a las demandadas. 
El caso de la provincia de Buenos Aires podría ser encuadrado en los alcances de la Ley de Reparación Histórica, pues al adherir al acuerdo, sacrifica casi la mitad de los 65 mil millones que el alto tribunal se hallaba pronto a fallar favorablemente. ¿Cuál fue el motivo de tan plausible decisión? Pues, simplemente, el Gobierno no lo pagaría. La elegante y disimulada extorsión que efectuara el Gobierno con la citada ley, prendió rápidamente en sus adversarios en la justicia, las provincias. 
Pero en verdad no existe ninguna garantía de que las provincias reciban lo pactado, pues ya tenemos una lamentable experiencia de los jubilados que, sacrificando sus derechos y el 50% de lo adeudado, adhirieron a la ley por necesidad y desde hace un año tampoco cobran el restante 50% que por el articulado de la ley se les debía pagar en tres años y en cuotas trimestrales.

SOMOS UNA VARIABLE DE AJUSTE

El gobierno ha pasado repentinamente de un gradualismo de dos años a un impulso desenfrenado para la aprobación de una ley de reforma económica que, a toda costa, quiere  promulgar antes de fin de año. La motivación viene de la mano del FMI, que claramente sugirió la revisión en la fórmula de la movilidad jubilatoria como medida indispensable de un ajuste económico que le permita al país integrarse a la economía mundial.
Sucede que nadie impugna la decisión del gobierno en colocar nuevamente al país en marcha. ya que se ha quedado atrás en los años del ruinoso gobierno kirchnerista. 
La aprobación por unanimidad de la presidencia de Argentina del grupo G-20 para el próximo año con sede en Buenos Aires, es una prueba de que vamos por buen camino. 
El Secretario de Coordinación interministerial, Mario Quintana consideró que ése será el evento internacional más importante en la historia argentina y recordó que hace menos de dos años se discutió si nos echaban del G-20 y hoy nos dan la presidencia.
Es razonable entonces la decisión de ajustar el presupuesto fiscal, encarar una nueva ley tributaria y promover una reforma laboral, pero surge ahora con toda nitidez que el financiamiento de estos emprendimientos depende en su mayor porcentaje de los Servicios Sociales con una reforma previsional que impacta sobre el sector más vulnerable de una población de más de 15 millones de personas.  
En realidad no es una reforma previsional, es una modificación maliciosa al índice de movilidad, en menos; no es otra cosa que un parche a la vetusta ley. Con ella el gobierno ahorraría $114.000 millones de pesos que saldrían de las jubilaciones y pensiones. Ya se ha calculado que implicaría una disminución del 10% en las remuneraciones, con respecto al aumento previsto para el próximo mes de marzo.
La situación real de los jubilados se manifiesta con toda su crueldad en el ataque despiadado de Anses, que es constante y de una insólita tenacidad. Lo dijo el anterior director Diego Bossio cuando en una respuesta a una recriminación del Presidente de la Corte, Lorenzetti, le contestó oficialmente que su misión en Anses era la defensa del Estado contra el ataque de los jubilados. No lo dice abiertamente su actual director Emilio Basavilbaso, pero su actuación es de mayor virulencia pues ataca hasta un fallo de la Cámara  de la Previsión Social que dictaminaba la inconstitucionalidad del pago del impuesto de la ley de ganancias a los jubilados. 
Sus últimas recusaciones realizadas desmedidamente, sin ton ni son, no fueron aceptadas por la Cámara Previsional por "obstaculizar la administración de justicia."
Lo que no se dice, no se comenta, no se critica, es que a estas propuestas de  rebajas sustanciales a los haberes jubilatorios, se suma la deuda que tiene el gobierno  con 250.000 jubilados que con sentencia firme no obtienen el pago ordenado por ley.
A tal punto ha llegado la impunidad del mismo gobierno que sus abogados comienzan a insinuar que, dentro del país, la deuda del Gobierno para el Seguro Social no debe ser pagada. Un buen ejemplo para la ciudadanía.
Dentro de la vorágine en la que se está moviendo, no se ha recapacitado un breve momento en el gran obstáculo que significa  una posición de inseguridad jurídica que no escapa a los posibles inversores, atentos a las posibles dificultades que puede ofrecer el país. Un enfrentamiento judicial de sus empresas en el país, corre serio riesgo de encontrarse con la negativa del gobierno a pagar un fallo favorable. Corolario, no hay seguridad jurídica para invertir.
¿Creerá Macri y su equipo que los países interesados en la proyección de sus negocios no tendrán la suficiente capacidad para  analizar esta circunstancia, como tantas otras ?
Parece que existe optimismo en el plano oficial para la aprobación de la reforma propiciada por el Poder Ejecutivo y que sólo los apura el tiempo en concretarla, pero hay largo camino por delante y con muchas curvas. Es necesario lograr un consenso general todavía incierto.
La posición de los gobernadores, la CGT,, las cámaras de diputados y senadores, fuerzas económicas y financieras, la oposición política y una opinión cada vez más generalizada en torno al grave perjuicio a que puede ser sometida la tercera edad, son los componentes que el Presidente debe adecuar para el ansiado consenso.

UN SEÑOR JUEZ PREVISIONAL

El 17 de octubre de 2014 decíamos en nuestro Blog
"Se confirma la necesidad de intervenir a Anses para la legítima protección de la clase pasiva, saqueada por este gobierno corrupto. El Consejo de la Magistratura aprobó un dictamen para remover a los Doctores Luis Herrero y Emilio Hernández jueces de la Sala II de la Cámara federal de la Seguridad Social porque tienden a fallar a derecho las demandas de jubilados que solicitan el reajuste de sus haberes.
Estos magistrados fueron citados y concurrieron al Plenario del Consejo, que finalmente postergó todas las definiciones ante las fuertes protestas de los jubilados presentes.
Todo este lamentable escenario cumple con el propósito de seguir demorando indefinidamente las causas de los jubilados. Por tal razón aclaramos que no se dejó sin efecto la acusación, sino que se postergó, porque si los jueces vuelven a sus funciones se aceleran los juicios y la solución oficialista es postergar indefinidamente para no pagar. La insólita medida generó la paralización de 9.000 demandas por un año y medio."
Hoy nos enteramos que los jueces Luis Herrero y Nora Dorado del fuero de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, resolvieron no dar más lugar a los recursos extraordinarios presentados por el organismo oficial Anses para cuestionar el índice de actualización usado para el recálculo del ingreso. El rechazo a que se sigan pasando expedientes al tribunal supremo tiene que ver con que el organismo siguió mandando recursos, al punto que se evaluó que eso obstaculiza la "administración de justicia". La respuesta de Anses es que irá en queja ante la Corte. Este paso prolonga la espera para obtener una sentencia definitiva y poder cobrar lo dispuesto en ella. Se calculan cuatro años de demora para 250.000 juicios con sentencia firme.
Se repite la misma metodología del anterior Gobierno, que hemos expuesto más de quince veces en nuestros artículos en este espacio.
Desde el comentario realizado por la Auditoría General de la Nación, en uno de los varios informes que delataron las graves irregularidades de Anses, cuidadosamente archivadas por orden de la ex presidente, nos encontramos con que "nada ha cambiado". La AGN informaba que el organismo no cumplía con la finalidad de su creación y censuró en duros términos aspectos centrales vinculados a la sustentabilidad del régimen previsional en una perspectiva de mediano y largo plazo. Cuestionó además, la utilización de fondos para otros destinos ajenos al sistema previsional, incluyendo gastos corrientes del Estado nacional.
Estamos contestes en afirmar que la actuación de este organismo ha estado siempre en contra de los intereses de los jubilados. Las apelaciones a los fallos nunca argumentaron razones jurídicas que las sustentaran, fueron sólo un obstáculo interpuesto para demorar el pago de las sentencias que nunca llegan a pagar.
Desde esta columna venimos sosteniendo lo mismo y sabemos que hay jueces que comparten esta opinión. Sin ir más lejos, el juez acá citado, Luis Herrero, manifestaba públicamente hace cuatro años que "Decirle a la Corte que cumplir su sentencia implicaría el quiebre de la Anses es decirle que no tiene conciencia de sus fallos. Creo que la explicación viene por el uso incorrecto de los fondos del sistema previsional; el objetivo del fondo de garantía está claro en el decreto que lo creó; mantener incólumes e intangibles las prestaciones del sistema previsional. que deben pagarse, no sólo conforme a la ley, sino también a la doctrina de la Corte. Hay todo un sistema que apunta a trabar las causas previsionales y a incumplir tratados internacionales.
"Estoy de acuerdo con la inclusión social. Estoy en desacuerdo con que las prestaciones no contributivas se paguen con dinero del sistema previsional, en vez de hacerlo con recursos de rentas generales".
El 20 de este mes de diciembre el distinguido magistrado publicó una carta en La Nación titulada "Buena Justicia", donde entre otras cosas dice:
"El descalabro previsional heredado por el actual gobierno y que lastima tanto a la ancianidad deriva de la profunda crisis moral que afecta a la Argentina desde hace décadas. La justicia previsional es un almacén de expedientes con apariencia de tribunal. Como es de público conocimiento, durante el anterior gobierno dos de sus jueces fueron perseguidos por sus sentencias a favor de los jubilados durante cinco años!"
En su entrevista con el diario Clarin denunció que por "onceavo año consecutivo" lo excluyeron de la Presidencia de la Cámara de la Seguridad Social que atribuye a una discriminación por sus fallos a favor de los jubilados.
La última acotación para este artículo es resaltar que las declaraciones y el comportamiento justo e imparcial del juez que el gobierno anterior tratara de remover, coincide con su actuación y opiniones de hoy en día en especial con referencia a que Anses obstaculiza la administración de justicia.
¿Será objeto el doctor Luis Herrero de la misma represalia que ordenara Gils Carbó al separarlo de su cargo por un año y medio?
La última acotación para este artículo, es resaltar que las declaraciones y el comportamiento justo e imparcial del juez que el kirchnerismo tratara de remover en 2013, vienen a coincidir con su actuación de hoy día en contra de Anses y con su acusación de que obstaculiza la administración de justicia.
¿Será objeto el Dr Luis Herrero de la misma represalia que ordenara Gils Carbó en octubre de 2014 al separarlo por un año y medio de su cargo?
Como hemos demostrado incontrovertiblemente que en este organismo de Inseguridad Social y Rebanación Histórica "nada ha cambiado", todo puede esperarse.