LA ESTAFA A LOS JUBILADOS

Reconozco lo extenso del artículo, pero ruego su lectura, pues los fundamentos del editorial de La Nación de hace cuatro años, se refieren al saqueo kirchnerista a los jubilados, que hoy son válidos para el gobierno de Cambiemos. El último párrafo es lapidario.
Dice con respecto al trato dado a los jubilados: 
"Más allá de las calificaciones penales que puedan caber, es una crueldad inhumana incompatible con un gobierno  que se dice defensor de los derechos humanos" 
¿Acaso no le cabe este juicio al actual gobierno?

UN EDITORIAL DE AGOSTO 2013
Robo a los jubilados continúa hoy

Silvio Pedro Pizarro
11 de agosto de 2013 a las 13:48 ·
Recomiendo la lectura de este editorial que, luego de más de 10 años, revela las estafas que se han cometido a los jubilados. Recién se publica lo que era conocido y duramente criticado desde hace tiempo Se trata no sólo de la estafa, sino de la morbosa placidez con que la Anses prolongaba la agonía de los ancianos. Si señor, en sus oficinas se festejaba la muerte de cada jubilado que mantenía un juicio contra la misma. Un aquelarre de una crueldad inaudita inconcebible en un ser humano. No es una exageración, me consta que esta es una triste realidad que vivimos diariamente. El aprovechamiento de la avanzada edad, la pobreza y la indefensión de un ser humano para esquilmarlo sádicamente, no tiene perdón.

Otra estafa a los jubilados
DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2013
A raíz de una sólida denuncia, Diego Bossio, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ha quedado sometido a una investigación judicial que deberá determinar su responsabilidad en lo que sería una nueva y gravísima estafa a los jubilados porque se trata de otro desvío de los fondos que a ellos están destinados. En esta oportunidad, la suma sustraída sería de 835 millones de pesos.
La denuncia involucra, además de Bossio, a los secretarios de Finanzas, Adrián Cosentino, y de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y fue presentada por la diputada Elisa Carrió y la ex legisladora Fernanda Reyes, ambas de la Coalición Cívica. Tras evaluarla, el fiscal federal Federico Delgado imputó a los funcionarios en esta causa que se encuentra a cargo del juez federal Julián Ercolini.
Para las denunciantes, hubo un eventual desvío de fondos de los jubilados mediante cuatro resoluciones dictadas en forma conjunta y sugestivamente publicadas ocho meses más tarde en el Boletín Oficial. Se trata de la suscripción de 172 millones de dólares tomados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS). Según la denuncia, ese monto estaba destinado a la empresa mixta Cammesa, que administra el sistema eléctrico, y a la estatal Enarsa, "con objeto de cancelar obligaciones con Pdvsa", la empresa petrolera estatal venezolana.
Bossio negó que haya existido un desvío de fondos y luego recibió el apoyo público de la presidenta Cristina Kirchner, quien cínicamente sostuvo: "Preparate, Bossio, a recibir más denuncias. Lo importante es una Argentina donde se recuperaron derechos y hoy la gente está mejor
Pero quienes no estarán mejor serán los jubilados y aquellos que en el futuro se vayan incorporando a la llamada clase pasiva. En principio, la Anses justificó las operaciones al informar que el FGS efectuó una suscripción de una letra del Tesoro Nacional el 28 de noviembre de 2012 por un valor nominal de 835 millones de pesos y por un plazo de 365 días, agregando que esa práctica es habitual y que el FGS suscribe títulos públicos de modo anual por un monto aproximado de 30.000 millones de peso
Sin embargo, las dudas requieren la intervención de la Justicia porque en reiteradas oportunidades se ha denunciado la utilización de los fondos del organismo previsional para otros fines muy diferentes del pago de las jubilaciones, pensiones y cajas provinciales traspasadas. Así, por ejemplo, el dinero que debería estar exclusivamente destinado a los jubilados y pensionados ha terminado financiando el déficit del Tesoro nacional, el programa Conectar Igualdad, créditos a empresas públicas y privadas, y también el nuevo plan de viviendas oficial Procrear. Se trata de un claro desvío del dinero con finalidades políticas
Más de un informe ha puesto de relieve que, como el aumento de los impuestos no alcanzó para financiar el incremento del gasto público, el Gobierno recurrió mediante decretos de necesidad y urgencia a los fondos de la Anses y del Banco Central. Algunos estudios indican que, entre 2009 y 2012, el Tesoro nacional se apropió de 80.000 millones de pesos de la Anses.
Por otra parte, Bossio también se encuentra imputado con el vicepresidente Amado Boudou a raíz de una denuncia que los vinculó con un posible tráfico de influencias durante el último canje de deuda.
Como hemos dicho en otras oportunidades, al privar a los jubilados de los fondos que legítimamente les pertenecen, el Gobierno los obliga a contratar abogados para reclamar en la Justicia la actualización de sus montos. De esta manera, en vez de cobrar lo que les corresponde, la clase pasiva ha recurrido y recurre en masa a los tribunales a esperar durante años el fallo favorable de primera instancia, y luego el de segunda.
Hay más de 300.000 juicios en marcha, pero la odisea judicial no termina para los jubilados litigantes con el fallo favorable de primera instancia, ni con el de segunda instancia, en la Cámara, pues aun entonces la Anses demora los pagos, tal vez especulando con el paso del tiempo y el futuro fallecimiento de sus acreedores.
Especular con el exiguo lapso de vida que puedan tener quienes pertenecen al sector pasivo para así birlarles el dinero que les pertenece y destinarlo al financiamiento ilegal de la política revela,

más allá de las calificaciones penales que puedan caber, una crueldad inhumana incompatible con un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos.

LA IZQUIERDA, VERBITSKY Y LOS MAPUCHES

Debemos tomar conciencia de la gravedad que encierra el asiduo constante del quehacer izquierdista en América Latina, en especial en nuestro país. Recientemente presenciamos una intromisión de organizaciones extranjeras, metódicamente planificada, exigiendo la libertad de Milagro Sala, sobre lo cual hemos formulado advertencias desde el año pasado. Ver …http://silviopedropizarro.blogspot.com.ar/2017/07/respuesta-los-invasores-izquierdistas.html

El plan tuvo el éxito esperado en cuanto a la desestabilización política que se buscaba, pero fracasó con respecto a obtener la libertad de la terrorista, pues de su exigencia pasaron a pedir su prisión domiciliaria, con lo que reconocían la legitimidad judicial del proceso. 

Sin embargo, la debilidad del gobierno frente a la defensa de la soberanía, hace que el asunto esté pendiente en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Tanto la ONU como la CIDH  fueron fogoneadas por la CELS del terrorista argentino Horacio Verbitsky y Amnistía Internacional en Argentina de Mariela Belski, que continúan movilizando militantes de su cuño  en violentas manifestaciones.

La perseverancia de estas organizaciones es inquietante, pues toman ventaja  de cualquier ocasión que se les presenta, al mismo tiempo que desarrollan hábilmente protestas callejeras que apoyan ideologías étnicas de exigencia de tierras en todo el país.

Ahora prestan su apoyo al grupo de resistencia mapuche liderado por Facundo Jones Huala que se halla detenido en Esquel por la ocupación ilegal de campos y del que Chile pide su extradición por actos de terrorismo y atentados de diversa índole realizados en nombre de dicha agrupación que se denomina RAM.

La RAM ha desatado una ola de violencia que sacude el sur chileno y las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén y que recientemente atacó con armas la Casa de Chubut en pleno centro porteño, a 100 metros del obelisco. Los destrozos fueron cuantiosos.

Este grupo que utiliza la violencia como metodología única de protesta y quiere formar un Estado mapuche autárquico en la Patagonia tiene en vilo a Chile y la Argentina y será motivo de un informe completo en un posterior artículo.

Volviendo al tema original , se han obtenido informes de fuentes del Ministerio de Seguridad que dan cuenta que que el grupo RAM ha mantenido en los últimos años, reuniones con dirigentes de La Cámpora, con sectores de izquierda que reinvindican la violencia y organismos de derechos humanos. También que durante el gobierno de Cristina Kirchner tuvieron ayuda financiera de la universidad de Madres de Plaza de Mayo y del Instituto de Asuntos Indígenas.

Para completar se está anunciando por TV que Madres, Abuelas y Verbitsky de la CELS convocan a una movilización en Plaza de Mayo por la aparición con vida de Maldonado, un militante del RAM, y por los desaparecidos en democracia, el día viernes 11 de agosto, hora a convenir.

Finalmente, la secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, colabora con el terrorismo al otorgar al hijo de los montoneros Garciulo y su mujer Gómez, un poder para que se constituya querellante contra los presos políticos en la provincia de Tucumán.

¡CON LOS ABUELOS JUBILADOS, NO!

El artículo más extenso y explicativo que hemos leído con respecto a la necesidad de acompañar y brindar a los jubilados momentos felices que les permitan ejercer actividades culturales , de entretenimiento,  de sana comunicación, lo vemos hoy en el prestigioso diario La Nación con un inexplicable incentivo de promover la degeneración de la clase pasiva, en los últimos años de su vida.

Surge en todo su contenido una argumentación airosa, desenfadada y graciosa que pretende demostrar las bondades de una vida contra la perfecta y maravillosa naturaleza que Dios nos otorgó.

Aunque se quiera demostrar lo contrario, resulta evidente que todo conduce de modo meloso a la finalidad de la nueva política marxista  de la disolución de la familia que paulatinamente nos va acercando a la anarquía.

En efecto, se mencionan maridos esposas, hijos y nietos felices y complacientes con la anormal vida amorosa de aquéllos que les dieron la vida.  Es un disimulado incentivo que va disolviendo el vínculo familiar.

Empezamos con la “inclusión”, el “igualitarismo”, la “discriminación”, la “ley de matrimonio igualitario”, y seguimos con la apología del sexo a contramarcha denominado gay, lesbiana y transexual, y nos dicen que es un avance significativo en busca de la famosa inclusión.

No critico, ni condeno gustos distintos, cada cual es libre de ejercer los actos  que más le plazcan en su vida íntima, pero no apruebo ni comparto la difusión pública de los mismos como una radiante y jubilosa sinfonía que conduce a la felicidad del ser humano.

Hay un avance cada vez mas temerario de imponer con orgullo una forma de vida que, hasta no hace mucho, era considerado vergonzante.

El marxismo ha tomado nota de la llamada opresión de género en su conocida lucha de clases y le saca ventaja al convertirse en un paladín de las nuevas ideologías homosexuales. El objetivo principal se basa en el ataque a la familia, núcleo que conforma una sociedad ordenada y de principios.  Le sigue el ataque a las instituciones con marchas violentas y orquestadas con la finalidad de provocar el desconcierto y el desgobierno para llegar a la anarquía.

Esta sucinta explicación tiene por objeto resaltar que en el caso que nos ocupa, el sexo tiene  una gran  importancia como elemento de disociación que muchos defensores de buena fe  del homosexualismo no han advertido y. por lo tanto, se prestan ingenuamente a integrar la nueva lucha sexual encarada por el marxismo, arma ideológica de fuerte penetración.

No puedo asegurar con propiedad el verdadero motivo que impulsó la publicación del artículo de marras, sólo esbozo teorías que se vienen analizando en todo el mundo, dadas sus características sensacionalistas.

Sin embargo, debo aclarar que mi reacción es debida al efecto negativo y desagradable que me causó una lectura panegírica del homosexualismo ejemplificada en la intimidad de nuestros abuelos.

Como decimos al principio de nuestra nota, rara vez se han visto notas periodísticas  relacionadas con la necesidad de cultivar la asistencia y delicado aprecio a la clase pasiva, tan olvidada por la sociedad últimamente. Esta última ha rebasado los límites del respeto y del cariño a nuestros mayores

El artículo del prestigioso matutino es titulado: “Los abuelos gays y lesbianas tienen su propio centro de jubilados.”

Con los abuelos, no.

LA LESA HUMANIDAD DEL PERIODISTA

Tuvo un gran apoyo de la ciudadanía la marcha del 3 de agosto frente a los tribunales federales para pedir por una justicia independiente, por el respeto a las leyes y a la Constitución Nacional y por el fin de la impunidad

La convocatoria realizada a través de las redes sociales no respondía a ningún partido político y fue notoria la presencia de familias y organizaciones que pedían justicia y transparencia con carteles alusivos, todo ello ordenadamente, sin violencia ni agresiones verbales.

Los medios de la televisión no le dedicaron mucho espacio al acto y los comentaristas se limitaron a informar con medido entusiasmo, aunque adhiriendo a los motivos de la concentración que solicitaba un mejoramiento integral de la justicia.

El reconocido periodista político de TN, Nelson Castro, dedicó solamente 3 minutos de su editorial” al programa “juego limpio” pero que fueron suficientes para demostrar su identificación ideológica, en una breve exposición con apresurados y equivocados conceptos, de los cuales hemos tomado nota.

Dice textualmente que “El acto fue un reclamo profundo y permanente de la democracia de los últimos 34 años, salvo en los casos de los delitos de lesa humanidad, donde la justicia ha actuado con una presteza real, significativa y por lo tanto potente y en los demás casos quedó en deuda”

Critica luego la demora en el juicio del desastre de Río Tercero cometido ¡hace más de 20 años!, pero no cita los cientos de juicios demorados por delitos de lesa humanidad ¡hace más de 40 años!  con prisiones preventivas de más de cuatro años. A su entender, la justicia, en estos casos ha actuado con presteza significativa. Aquí en la aplicación de este adjetivo no se ha equivocado, pues su definición  es “conlleva un significado fácil de entender”. Y efectivamente, la presteza  se entendía fácilmente como una venganza política puesta en acción.

Así como insistió desde un principio en la libertad de Milagro Sala, a la que consideraba como una presa política, dirigiéndose al gobierno en términos imperativos al exigir su inmediata libertad, también guardó silencio ante la insólita presencia en el país de la CIDH que afectó la dignidad y la soberanía del país.

Nelson Castro tuvo la imprudencia de aprovechar una marcha pacífica con fines loables y justos, sin banderas partidarias y sin cortes “piqueteros” de calles y avenidas, para insertar un aviso provocativo emanado de su manifiesta aversión a las fuerzas armadas vencedoras del terrorismo.

Este aviso fue inoportuno y fuera de lugar cuando ante la vista impasiva de gobierno, sociedad e iglesia, continúa la saga mortuoria de ancianos militares hacinados por venganza en forma arbitraria e ilegítima

En el justo reclamo de toda la ciudadanía ante los tribunales federales, en aras del respeto a la ley, a los códigos y a la Constitución Nacional con jueces y fiscales probos e imparciales, está incluído el derecho a exigir la total revisión de la situación ilegal a que han sido sometidos nuestros presos políticos.

Si ésta es la justicia real que vocifera el periodista, tenemos la obligación de enrostrarle su error o su mala fe.

MAURICIO MACRI Y MILAGRO SALA

¿Será posible que la política nacional e internacional y los organismos de un país y de una organización internacional presten esta inusitada importancia a la suerte de una delincuente detenida en una cárcel de una provincia lejana, y se insuma cantidades desmedidas de gastos en sueldos de funcionarios de alta jerarquía, en viajes internacionales y de cabotaje, viáticos elevados y por largos períodos de duración, para su defensa?

No olvidemos que este teatro comenzó hace casi un año, provocado por la ideología izquierdista de organismos internacionales azuzados por sus similares en el país, CELS y Amnistía Internacional, con el claro propósito de continuar en Latinoamérica la lucha contra la democracia y sus instituciones comenzada en Cuba, seguida por Venezuela y el castrismo, Bolivia, Ecuador y la Argentina kirchnerista, apéndice del populista movimiento bolivariano, en razón de que en la actualidad  se hallan todos en una dramática declinación que no se resisten a reconocer.

El gobierno argentino que acaba de recuperar la democracia, en libres elecciones, carece del vigor necesario para hacer frente a estos ataques y lo demuestra con sus respuestas temerosas y hasta complacientes  que son atentatorias a la dignidad y a la soberanía del país. Parece no caer en la cuenta de que se ha convertido en un faro en las Américas y una esperanza para desterrar el marxismo retrógrado y corrupto que casi nos sepulta en una segunda Venezuela.

El denominado caso Milagro Sala  no merece la exagerada atención que se le está prestando y la respuesta del Gobierno debe ser rápida, digna y contundente para que no vuelva a repetirse la intromisión izquierdista de organizaciones extranacionales con reivindicaciones populistas de neto corte marxista.

En el artículo anterior referido a este tema, destacamos la posición asumida por el gobernador Gerardo Morales, ciertamente opuesta a la del gobierno nacional, pero hoy leemos una noticia desalentadora de sus declaraciones, pues a pesar de manifestarse en desacuerdo con el pronunciamiento del organismo CIDH, admite que sus recomendaciones cautelares son obligatorias

En la misma forma se expresa el titular del Ministerio Público, Sergio Lello Sánchez manifestando que la decisión es exclusiva de la Justicia, pero adelantando que recomendará a los jueces que opten por el arresto domiciliario.

Los dos funcionarios del Poder Ejecutivo de la Provincia, cometen un error lamentable porque sus afirmaciones están precisamente invadiendo la jurisdicción de la Justicia.

El abogado de la procesada, Luis Paz, dice en su defensa que el Gobierno Nacional  debe cumplir con la resolución de la CIDH y que la provincia de Jujuy está fuera de la discusión.  En el afán defensivo de su cliente, el abogado va más lejos pues, a pesar de su título, dijo desconocer el artículo 109 de la Constitución Nacional, por la que él juró, que indica que en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

Se quejó de que “la Corte demora la decisión sobre la detención “arbitraria” de Milagro Sala, como dijeron la ONU y la CIDH”, otro error de Paz, pues si dichos organismos recomiendan la prisión domiciliaria, es que admiten la prisión preventiva como legal.

Por otra parte, desliza su ideología kirchnerista, cuando dice sobre el Supremo Tribunal: “Pero esta Corte ha resuelto prisiones domiciliarias de genocidas”

Como se ve hay posiciones controvertidas, producto de la confusión, polémicas y desacuerdos suscitados por los “invasores izquierdistas” que recorrieron libremente nuestros dominios y aprovecharon el momento político de la “grieta” existente en el país para sembrar su ideología marxista. Todo tiene que ver con todo, como decía la silenciosa abogada exitosa, pues estamos a pocos días de las elecciones PASO y a río revuelto, ganancia de pescadores.

RESPUESTA A LOS INVASORES IZQUIERDISTAS

 Desde el 7 de diciembre del año pasado hemos escrito en esta columna más de diez artículos referentes al denominado "Caso Sala". En el primero de ellos denunciamos que el caso  fue armado por Horacio Verbitsky, titular del CELS en connivencia con Mariela Belski, representante de Amnistía Internacional en la Argentina.
Ambos formularon una denuncia a la ONU para que se reuniera el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que, sin definir la cuestión de fondo, expidió un informe en octubre de 2016 declarando la "arbitrariedad de su detención."
El claro propósito era promover, mediante organizaciones internacionales izquierdistas, un movimiento destinado  a revertir el orden institucional del país, recientemente recuperado por la democracia. 
La respuesta del Gobierno a este siniestro ataque fue endeble y temerosa ya que consistió en brindar explicaciones y poner a disposición de la OEA todo lo necesario para demostrar la imparcialidad de nuestro sistema judicial, con menoscabo de nuestra soberanía, cuando en realidad la posición a seguir era tomar acción directa  contra los reconocidos militantes que gestaron el plan. Fue así que cursaron una invitación a los denunciantes para que viajaran al país a fin de comprobar la falsedad de la denuncia.
La CIDH llegó en mayo y comenzó libremente sus inspecciones, visitas y audiencias en territorio nacional hasta converger en Jujuy donde visitaron a la piedra del escándalo, Milagro Sala.
Todo se fue cumpliendo conforme a los planes previstos, pues se aprovechó la oportunidad para criticar a la justicia penal argentina e influir en las organizaciones sociales de izquierda promoviendo polémicas y enfrentamientos ideológicos que dieron por resultado la desorientación de la ciudadanía, no preparada a esa esgrima dialéctica propia del marxismo.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia otorgando el beneficio legal de la ley del 2x1 a un condenado por delito de lesa humanidad, colmó el vaso y dio curso a una intempestiva
reunión en la legislatura para modificar en 24 horas, sin estudio, análisis y discusión parlamentaria la ley que aplicaba la sanción más benigna para el procesado en los juicios penales.
Pero nuevamente el Gobierno, deseoso de no molestar a los intrusos, cometió un error inconcebible, pues eligió el momento más inoportuno de invitar a la CIDH, Comisión Interamericana de Derchos Humanos para realizar la reunión anual de la organización en la ciudad de Buenos Aires, justo en la celebración del 25 de Mayo.

¿En el gobierno, asomó la más remota idea de que el 25 de Mayo en plena reunión de un orquestado organismo de extrema izquierda se podían echar a volar despiadadas críticas por la “ilegal” prisión de una ilustre indígena, víctima de un gobierno derechista y oligárquico y por la injusta deportación de hermanos sudamericanos que cometen delitos?

¿Era éste el momento indicado para cursar una invitación que coincidía con los festejos de nuestro aniversario, despreciado durante tantos años por el gobierno anterior?

Cumplido su cometido de provocar un monumental desorden y confusión en el país, recibimos ahora la decisión tomada por la OEA que se condensa en casi 100 artículos en 17 páginas, un trabajo arduo merecedor de más nobles y justas causas. Era de esperar su retracción a las primeras exigencias de la inmediata libertad de la delincuente, motivo insólito de la teatralización llevada a cabo, con los  enormes gastos que suponen los sueldos de lo funcionarios, los viajes y largas estadías. Una irresponsabilidad absoluta que rindió los frutos esperados, pero que no podía mantener la ridícula exigencia primitiva. Es así que, como decimos, la comedia terminó con insinuar al Gobierno la libertad domiciliaria de la delincuente, como un implícito reconocimiento de la legalidad de su detención preventiva.
El director y uno de los promotores de esta obra, Horacio Verbitsky, se rasga las vestiduras y se desgañita tratando de tergiversar la resolución tomada e insistiendo que lo que se pide es la libertad de la reclusa. 

Para justificar la desmedida importancia asignada a este caso la CIDH dice que "se ha constatado como especificidades del presente asunto que lo distinguen respecto de otros que ha conocido, que la situación presentada involucra la detención de una "prominente" líder social, mujer e indígena que estaría enfrentada con el Gobierno actual de la Provincia. Además, le piden al Gobierno que "informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información en forma periódica"

La imprudencia y arrogancia de este pedido de plazo y su actualización, no guarda el debido trato protocolar que se le debe a un  país soberano.

La rápida respuesta del Gobierno en términos protocolares no correspondía, máxime cuando se le impone un plazo. Dijo:

" El Gobierno Nacional reafirma su apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos, reiterando su compromiso con las defensas de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia"

Una declaración de típico corte diplomático. Un país  que se precia de soberano no puede salir a prometer y reiterar el respeto a los derechos humanos contenidos en su Constitución Nacional. En cuanto a los plazos...ignorarlos. 
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un comunicado en el que se comprometió a comunicar "dicha solicitud" a las autoridades judiciales y administrativas de Jujuy "para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales". Siguen las promesas y explicaciones sin que se aclare si ese comunicado consistió en una respuesta dirigida al CIDH, o era de entrecasa.
Ante la noticia, apareció un funcionario que sabe hacer valer sus atributos,  sin protocolo ni diplomacia complaciente, el Gobernador Gerardo Morales ratificó sus dichos de enero del corriente año cuando exclamó: "Milagro Sala se robó todo, muchachos. Acá el país ha visto como se llevaban bolsos con dinero a su casa. Y agregó:"En el Gobierno de Jujuy reafirmamos el compromiso con la defensa de las garantías individuales para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia", (Le faltó agregar "que ustedes vinieron a destruir"
Nos queda esperar pacientemente una respuesta del Gobierno, no precisamente al pedido y al plazo fijado, sino una respuesta digna y contundente a los vándalos que se atrevieron a invadir nuestros dominios soberanos con reivindicaciones populistas de neto corte marxista.

MALVERSACIÓN DE FONDOS

 En medio de la campaña electoral el gobierno nacional anunció la ampliación de los créditos Argenta, que hasta ahora daba solo a jubilados y pensionados, a más beneficiarios. Así, a los jubilados y pensionados del SIPA se sumaron los titulares de la Asignación Universal por Hijo,AUH, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM, y de Pensiones No Contributivas PNC,  Será para mayores de 18 años hasta los 89 años de edad.

Al comentar este beneficio populista de Anses, declaro ser imparcial, por cuanto soy un jubilado de 94 años, es decir descartado del mentado beneficio social.

Hasta el momento, se otorgaron 282.937 turnos, de los cuales 223.945 pertenecen a la AUH y 58.992 a PNC y PUAM. De ese total, el 68% fue solicitado por Internet. Gran éxito del prestamista oficial

Como mis conocimientos sobre estos temas se reducen a la rama del derecho, solicito la colaboración de avezados especialistas en Economía, para que emitan su opinión autorizada sobre las siguientes reflexiones:

-Los fondos provienen de la caja de jubilados, de modo que los jubilados aportantes al sistema se estarían prestando su propia plata.

-Los beneficiados que no aportan a la caja, estarían utilizando los fondos de los jubilados.

- Como se abona un 24% de interés sobre los préstamos, no se aclara el destino de lo recaudado en ese concepto

-Si las sumas por intereses van a la caja de Anses, quiere decir que los jubilados son prestamistas de sí mismos y, a su vez, de los que no aportaron.

Mientras quedo a la espera de las aclaraciones a mis confusas e intrincadas reflexiones, mi comentario final se canaliza hacia  una absoluta discrepancia con estos planes populistas y electorales financiados nada menos que con nuestra Caja, es decir el fondo de los jubilados aportado religiosamente durante 40 años, en forma mensual

Si Anses acapara semejante fortuna que puede dar créditos por centenares de millones de pesos, ¿por qué no paga las sentencias de los juicios por reajuste de haberes que se les debe a los jubilados?

A esta pregunta no recurrimos a los economistas, ni a los abogados, ni a los jueces ni, a los periodistas, porque tiene una sola respuesta que es abominable, pero real e irrefutable. Porque nos estafan con nuestro propio dinero, porque ejecutan con la mayor impunidad una descomunal malversación de fondos.

En forma imperativa exijo por quincuagésima vez  a este Gobierno la inmediata intervención de Anses y las auditorías que legalmente está obligado a realizar, obviadas desde la iniciación del mandato con el inconfesable propósito de lograr su impunidad.