Un ser humano de 90 años está sentado en el
banquillo de los acusados con prisión preventiva desde 2013, imputado de delito
de lesa humanidad, que se dice cometido en septiembre de 1978 durante la guerra
contra el terrorismo, consistente en la privación ilegal de la libertad y
posterior cautiverio de Patricia Roisinblit y su pareja José Perez Rojo, cuyos
parientes reconocieron con orgullo que eran terroristas montoneros, ambos se
encuentran desaparecidos.
Se trata del brigadier general
(RE) Omar Graffigna, miembro de la segunda junta militar que gobernó el país
desde marzo de 1976. La medida la dictó
el juez federal Daniel Rafecas que lo responsabilizó por su condición de jefe
del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
Graffigna ya había sido juzgado
como miembro de la Junta Militar del gobierno de facto, pero fue absuelto.
¿Será necesario insistir en que
estos juicios mal denominados de “lesa humanidad” son inconstitucionales y
arbitrarios y que constituyen una flagrante violación de importantes principios
procesales fijados en tratados internacionales subscriptos por nuestro país? De
ser cierta la comisión de tales delitos, ya estarían prescriptos ya que la ley
que prescribe su imprescriptibilidad fue posterior a los hechos imputados, promulgada
en 2003, y en cuyo articulado se establece, irónicamente la expresa prohibición
de su aplicación retroactiva.
Es tan vergonzoso el total desprecio
de la legislación, con el perverso propósito de ejercer venganza, que resiste
todo análisis jurídico que los jueces y fiscales “contratados” se cuidan bien
de ignorar, para llegar al cumplimiento de la orden dictada por el Poder
Ejecutivo, consistente en que la única sentencia será la condena.
La parte querellante la conforman
los parientes de Patricia y Juan Manuel, supuestamente desaparecidos ,y el gobierno
bonaerense en la persona del secretario de Derechos Humanos de la Provincia,
Santiago Cantón, recientemente designado por la gobernadora María Eugenia Vidal,
que al hacerse cargo de la función expresó textualmente:
“El Estado bonaerense a través de esta
secretaría se presentará como querellante en los procesos de lesa humanidad.
Existe la firme voluntad de la gobernadora Vidal de continuar con estos juicios
y con la política de memoria, verdad y justicia. No habrá marcha atrás con
estos temas.”
Se da la curiosa coincidencia de
que estas últimas siete palabras de la declaración fueron también pronunciadas
por el presidente de la Corte Lorenzetti, delante del presidente Macri y por
por Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, en
nombre del presidente.
Queda por tanto firme la política
kirchnerista de la memoria, verdad y justicia, con el sesgo remanido que rige
para unos y no para todos, es decir,
tuerta, renga y manca.
Las dos secretarías de los
derechos humanos le marcan la cancha a nuestro presidente, contradiciendo su
promesa electoral de “terminar con el curro de los derechos humanos”, según sus
propias palabras.
La gran importancia institucional que
transpira de estos juicios circenses que llevan a la tortura y a la muerte de
nuestros presos políticos, la mayoría de ellos héroes durante la guerra de las
Malvinas, no nos impide ahondar en la visión panorámica de la traicionera
política que nos rodea.
Gran intérprete el periodismo que
calla y habla conforme a los “interese creados”, al decir de Jacinto Benavente,
que ahora solloza por la carestía de la vida que hiere a los más vulnerables, que
critica desbocadamente políticas laborales del gobierno, que en aras de la
empalagosa independencia periodística se complace en dar cabida en sus notas y
reportajes a los causantes de la anarquía y corrupción por ellos dejadas, a la
entronización de los sinuosos gatopardistas, adalides de la mercenaria política
ejercida con una prodigiosidad digna de mejor causa, y por qúe no nombrar
algunos de ellos como Massa, Bossio, casualmente ambos exANSEs, Pichetto,
Alberto Fernández
Con el mayor respeto, reconozcan
señores periodistas que el tema encarado en este breve pero sincero artículo,
es totalmente ignorado y silenciado en vuestros prestigiosos medios y que sólo pudimos
leerlo en costosos espacios de carta abierta.
En los diarios de hoy se publicó esta noticia referente al
juicio del exBrigadier Graffigna, con un conmovedor acápite que decía: “Resultaba conmovedor observar a esa mujer de 96
años descender de un taxi y, ayudada por su nieto, ingresar a paso lento a la
sala de audiencias de los tribunales de San Martín, donde ayer comenzó el
juicio oral en el que se juzgará a los imputados por la desaparición de su hija
y su yerno en tiempos de la última dictadura militar. Esa mujer, Rosa Tarlovsky de
Roisinblit, es la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.”
Crónica por cierto muy conmovedora,
pero olvidaba a ese anciano de 90 años subiendo a un banquillo para afrontar
dignamente una injusta acusación viciada por la ilegalidad, la venganza y la
política terrorista, avalada por mercenarios magistrados. Ese anciano también tiene
familia que sufre como la anciana del relato. Al igual que con los derechos
humanos, él no participa.