Hemos leído una interesante y bastante completa información acerca de los motivos aducidos por el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkratz para apartarse y excusarse de votar en 85 causas judiciales desde que asumió su cargo en agosto de 2016, debido a las causales que le impiden a un juez intervenir.
Nos llama la atención de que se haya apartado de expedientes de procesos de lesa humanidad, donde no se mencionan los motivos invocados, principalmente porque aparentemente emitió su voto en el caso del 2x1 solicitado por presos políticos que mereció un fallo favorable y provocando la violenta revuelta del izquierdismo, que obligó a una urgente sesión en el Congreso para sacar una ley privando a los recurrentes de ese beneficio otorgado por el derecho penal.
A este respecto es oportuno destacar que el anterior presidente Ricardo Lorenzetti afirmó que los juicios de lesa humanidad son “política de Estado” y “forman parte del contrato social de los argentinos". Publicó un libro sobre el particular con prólogo de el ex juez español Baltasar Garzón. Nos preguntamos cual será la opinión del ministro Rosenkratz, actual Presidente de la Corte.
Se ha discutido mucho sobre la legalidad de los juicios de lesa humanidad desde que Néstor Kirchner los introdujo como política electoral y de venganza con el voto favorable de una Corte Suprema por él impuesta.¿Es que alguna vez ha tratado nuestro máximo tribunal la ilegitimidad y la inconstitucionalidad de estos actos de venganza que se los llama juicios?
Los más prestigiosos y reconocidos constitucionalistas del país coinciden en que estos juicios son políticos, ideológicos y sin ninguna base jurídica, pero son sólo opiniones de una impacialidad absoluta que no tienen efecto, mientras no sean tratados en los estrados judiciales hasta llegar a la consideración de la Corte Suprema.
Es el único caso en la historia en que se juzga a militares vencedores de terroristas, por sus vencidos. En el primer fallo que leímos de la Corte Suprema de Justicia en el inicio del año 2015, vimos un ejemplo de adhesión política al gobierno. La actuación del Alto Tribunal con respecto al juzgamiento de los militares y policías llamados represores, es anticonstitucional, ilegítimo y contrario a las normas y leyes dictada por organizaciones internacionales.
No se puede juzgar a un individuo por leyes posteriores al hecho de la causa, la prescripción existe, aunque se la quiera desconocer alegando delitos de lesa humanidad, cuya clasificación es hecha por la parte acusadora – el Estado-según sus propios cánones y conveniencia.
Todo esto fue inobservado desde un principio por La Corte debido a una presión manifiesta del Poder Ejecutivo, mentor y ejecutor de los derechos humanos, conforme a su conveniencia política . Lo que jamás quiso entender la Corte era que la coacción e intimidación del Gobierno respondía a venganza, no a justicia.
En este primer fallo del año que comentamos, se reabre una causa por homicidio agravado de dos terroristas que asaltaron el cuartel La Tablada hace 26 años, cuyos cuerpos no aparecieron, donde se acusa a dos militares de su fusilamiento.
Así como se dispuso oportunamente una auditoría jurídica a los tribunales federales que tienen casos de corrupción, se podría extender a los procesos de lesa humanidad que se llevan a cabo por venganza. Tarde pero Justicia para los que siguen sufriendo y sus familias. A la fecha ya son 604 los fallecidos, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y Civiles. El proceso sigue su marcha en nombre de los Derechos Humanos y la Política de Estado.
Carlos Rosenkrantz se excusó de votar en al menos 85 causas desde que llegó a la Corte Suprema
