YO ACUSO AL GOBIERNO

Yo acuso al Gobierno de la República Argentina de Genocidio.
Comienzo por decir que a finales de 1946 la Asamblea General de la ONU, recién creada, aprobó la resolución 96 en la que el término genocidio aparece por primera vez en un documento internacional. La resolución lo definió como «una denegación del derecho a la vida de los grupos humanos».

Otra definición es la siguiente: Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
Los fundamentos y los argumentos son lapidarios. El Gobierno por medio de la Anses y del Pami va destruyendo la vida de los jubilados, la mayoría ancianos, en forma sistemática y progresiva llevándolos a la muerte. 

El maltrato, el  agravio y la injusticia al no respetarse las sentencias judiciales, son hechos que influyen en la salud.

Cuando el Estado dice que no tiene recursos para ajustar jubilaciones, muestra su indolencia y es una violación a los derechos fundamentales de la tercera edad.

Cuando se les arrebata de la caja de jubilaciones centenares de miles de millones de pesos para gastos del gobierno y se advierte que se consumen las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con el riesgo de paralizar los pagos de los haberes. Cuando por un decreto de emergencia se les congelan los aumentos que les corresponden legalmente, aduciendo razones de solidaridad.

Cuando advierten que de su caja, se financian subvenciones a más de siete millones de no tributistas, para el IFE que debían ser afrontadas por el Tesoro.

Cuando aparte de la carencia de una buena alimentación y de medicamentos cada vez más necesarios  y más caros, los invade el desconsuelo, entonces comienzan a entender que la promesa electoral de un aumento del 20% fue una falsa y calculada política para la obtención de votos, una de las tantas mentiras de un relato populista que nos lleva al abismo.

El Gobierno está cometiendo un delito que sí es de lesa humanidad, el genocidio que encaja típicamente en su definición jurídica. 

Tengo pleno conocimiento que una acusación ante los tribunales de nuestro país, sería rechazada de plano. Las causas judiciales contra el Estado son rechazadas. Además, ¿cómo puedo probar la multimillonaria defraudación a los fondos de Anses, cuando jamás se realizaron auditorías e investigaciones a este organismo, que sigue gozando de una impunidad insólita? ¿Cómo explico los motivos de mi preocupación por la reciente entrega de Anses a las fauces del movimiento oficialista La Cámpora? 

¿De qué manera puedo presentar una acusación con pruebas de la muerte de miles de jubilados, por las causas que acabo de detallar?. Sería necesario contar con una estadística jamás llevada a cabo, pues la tercera y cuarta edad no reúnen la importancia que tienen las vacas, los chanchos y los pollos para figurar en una encuesta.

Si la Corte Suprema de Justicia no tuvo el valor de hacer cumplir sus sentencias, reiteradas veces ignoradas por la Anses, que falsea, impugna, obstruye, apela, demora y nunca paga, ¿Qué resultado tendría mi acusación?

Habría una lejana posibilidad de alegar “eutanasia,” que es muerte inducida, en vez de “genocidio”. Pero no resistiría el menor análisis ya que eutanasia es muerte piadosa, una virtud que el Gobierno no posee, mientras el genocidio es muerte provocada, pero perversa, una verdadera cualidad gubernamental.
Al acusar al Gobierno acuso también a la sociedad, a los políticos y al periodismo, ya que con su silencio son cómplices de este genocidio.