sábado, 30 de junio de 2018

6 DE JULIO DE 2018 -- ACLARAMOS EL CASO DE ANSES


Continúo recibiendo críticas por mis artículos de defensa a los jubilados y por los ataques al organismo previsional Anses. Quizá mis apreciaciones son untanto vehementes, pero nunca ofensivas, ni agraviantes y menos aún faltos a la verdad. Es posible que sean interpretadas como una oposición al gobierno, pero es harto conocido mi enjuiciamiento constante a dicho organismo, desde el anterior gobierno. No hay motivos ni intereses políticos en las opiniones que me merece la actitud siempre negativa y a veces insultante de Anses, que entiendo muy contraria a la misión asignada a    sus funciones.
La grave situación económica que está atravesando el país azota a todos los niveles de la sociedad, pero con mayor fuerza a los sectoresvulnerables, entre ellos los jubilados, realmente indefensos ante ls rebaja de sus haberes. Anses lleva indudablemente el mayor cargo de culpabilidad que ha sido mencionado en todos nuestros justos y responsables reclamos. Sabemos de las apelaciones en todos los juicios para que el índice de reajuste sea el que insertó en la Reparación Histórica, una diferencia importante en perjuicio del reajuste de los haberes y cuando éstas son rechazadas, apela a los "recursos extraordinarios" ante la Corte de Justicia, provocando un enorme retardo en la sustanciación de los juicios, a la espera de la resolución del Alto Tribunal. Hay más de 300.000 juicios con sentencia firme que no se pagan desde hace varios años.
Pero si algo da plena razón a la perseverancia y empecinamiento de mis razonables embates a la acción deliberadamente destructiva de Anses, el ejemplo siguiente lo pone en repulsiva evidencia. 
Esto ocurrió en mayo de 2017
Un fallo judicial declaró inconstitucional que los jubilados paguen Ganancias. Los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero, cuando no este último, resolvieron que es inconstitucional que se les cobre el Impuesto a las Ganancias a los jubilados y pensionados. La jubilación no se trata de "ganancia". no es "retribución por una actividad" ni una "renta" o "beneficio" sino que es considerada un "ingreso financiado por los aportes" que se realizó durante la etapa activa.
El juez Herrero agregó que la Corte reiteradamente ha dicho que el haber jubilatorio tiene que tener proporcionalidad con su salario de activo, por eso no se le puede confiscar sobre todo si el estado ya le cobro ganancias, existe una doble imposición
El Dr. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad expresó al respecto: Esto marca jurisprudencia. Los tribunales superiores deben seguirla. Hay que esperar que Anses llegue a la Corte por este tema. No caben dudas de que el salario no es ganancia.”
Y como de costumbre Anses llegó con los zapatos de punta, como si esa excepción al pago del impuesto fuera materia de su incumbencia y confirmó que presentará un "recurso extraordinario" ante la Corte Suprema de Justicia.
Y efectivamente lo presentó, por lo que hace más de un año que la Corte lo tiene todavía pendiente. ¿Será tan difícil el estudio de una sentencia de jueces ímprobos, experimentados y de sumo prestigio, como para que le lleve tanto tiempo al alto tribunal para su resolución?, o ¿serán tan convincentes los argumentos de los "eficientes" funcionarios de Anses que nublan el entendimiento de los más altos magistrados en la consideración de un caso de compleja jurisprudencia que no alcanzan a dilucidar?
Lo irrisorio de este tema es que los miembros del Poder Judicial, que deben resolver sobre la materia, están exentos de dicho impuesto que los jubilados están pagando. Siniestra coincidencia
Prescindiendo de las razones jurídicas del caso que nos ocupa, entremos en la consideración de la insólita e inexplicable actitud que le cabe al instituto de la Administración Nacional de Seguridad Social al inmiscuirse en un acto jurídico ajeno a sus funciones.
¿Qué es lo que gana el organismo con que los jubilados paguen el impuesto? Por el contrario, por lo menos administrativamente, se evita el trabajo de efectuar el descuento en cada pago. Entonces, repito una y mil veces ¿Cual es el propósito de apelar una justa sentencia favorable al jubilado?

Este hecho despreciable que no tiene ninguna explicación justifica mi pleno rechazo y mi denuncia. 
¿Qué clase de funciones desempeña este organismo gubernamental?
¿Por qué nosotros, los jubilados, debemos someternos a su arbitrariedad, a sus antojos, al abuso de su tratamiento e incluso a sus términos insultantes?
Hace muchos años, desde el gobierno anterior, venimos exigiendo su intervención, su auditoría, el fin de su otorgada impunidad. El Gobierno calla. Nos queda este testimonio que fue publicado hace cuatro años y que habla claramente sobre nuestra iimparcialidad y perseverancia acerca de Anses.

 HABLA LA EXPERIENCIA
Silvio Pedro Pizarro  
6 de julio de 2014 a la 01:21 ·

LA CAJA DE ANSES AL SERVICIO
DE LA CORRUPCIÓN OFICIAL

Hace tiempo que venimos denunciando el apoderamiento ilegal del gobierno de los fondos de los jubilados, un verdadero atraco cada vez más peligroso para la sustantibilidad de la clase pasiva. Ningún control se ejerce sobre esta auténtica rapiña
que aparentemente ya es considerada normal.
La periodista Alicia Terada advierte sobre la gravedad del problema:
"El 80% de los jubilados cobra un ingreso por debajo de la canasta de necesidades básicas y esto ocurre no por falta de dinero, sino porque esos recursos se utilizan como caja política para alinear intendentes con obra pública, en propaganda oficial, para regular la cotización del dólar y también porque participan de la timba financiera y para tapar los desbarajustes fiscales de una política económica que hace agua ante la inflación y el déficit fiscal."
Si nos atenemos a que en el juicio Ciccone surgen datos precisos y reveladores de que los cómplices del indagado Boudou ex Director de Anses fueron funcionarios de dicho organismo, podemos sostener que ésta ha sido una escuela de corrupción que está administrando actualmente la Caja!
Es archiconocido el sistema del mal trato y obstrucción de sus juicios impuesto por Boudou, Massa y actualmente Bossio, a pesar de las expresas órdenes emanadas de la Corte Suprema. Es tal la perversidad de estos funcionarios que han solicitado la remoción de dos jueces con el argumento de que fallan a favor de los jubilados.
Para rematar este tremenda injusticia, el gobierno les descuenta Impuesto a las Ganancias, cuando ese gravámen ya fue aportado durante la actividad de los mismos, que ahora no cobran "ganancias" sino el rédito de sus aportes realizados durante más de treinta años. ¿De qué ganancias habla el gobierno?
Sería hora de que la clase pasiva tuviera presencia en el Congreso, por lo menos para demostrar su existencia y que no son un descarte humano como el gobierno lo dice, todavía con insultos y agravios a la ancianidad.


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REITERAMOS EXIGENCIA INFORMACIÓN AL PODER EJECUTIVO

Hace dos años solicité al presidente Macri que se proporcionara una información precisa sobre las indemnizaciones pagadas y que se continúan pagando a terroristas y familiares. Ahora recrudecen los falaces métodos que denunciamos, y que no tuvieron respuesta.
Recién ahora La Nación habla de absurda persecución, que es una repetición de lo que hemos denunciado, con el deleznable propósito de obtener indemnizaciones, pero fue callada en su oportunidad.
jueves, 29 de diciembre de 2016
SOLICITUD AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACIÓN
"Solicitamos al señor Presidente su intervención para que el secretario de Derechos Humanos cumpla con la obligación de suministrar la información que viene negando sobre la nómina y pagos efectuados a terroristas. Vuestro gobierno ha dispuesto por ley, en nombre de la transparencias de sus actos, que sea proporcionada, a pedido de los ciudadanos la información que se solicite"
.
No sé si será de público conocimiento que nosotros, todos, continuamos pagando, por intermedio de ANSES, los premios que, como pensiones, otorgó la expresidenta a los terroristas que asesinaron indiscriminadamente, secuestraron y torturaron a cientos de miles de inocentes, niños, ancianos, mujeres, con la macabra finalidad de poner de rodillas a todo el país, bajo la férula del comunismo. En el propio gobierno hay legisladores que las cobran.
Pero no sólo a ellos se benefició con esta insólita legislación que por ley 26.913 reglamentó Cristina Fernández de Kirchner, ya que también, la hizo extensiva a los desaparecidos y sus descendientes, una paradójica y monárquica decisión hereditaria que las instituciones, en especial la Justicia, y la sociedad idiotizada aceptaron como un mandato inapelable de la voluntad personal de una orate.
Interesante destacar que dicha ley establece:
“La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que atesora fondos previsionales destinados a jubilados, aportará el dinero necesario. La Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, lo administrará”. Sí señores “atesoramos fondos” para pagar a los terroristas, y esta burla perversa que se permitió la expresidente es fiel transcripción de la ley publicada en el Boletín Oficial..
El resultado de estas incongruencias fue de que de una cifra oficial estimada de 4.800 desparecidos se pasó a otra irreal de 30.000, fraguada con la ayuda de Amnesty International y otros pseudos organismos de derechos humanos ávidos de obtener ganancias a costa de un país desquiciado.
Como era de esperar, aquellos emigrantes que fueron a tentar fortuna en el exterior sin mayor éxito, se declararon desaparecidos o perseguidos políticos con lo que resulta incalculable la cantidad de favorecidos, colgados de las tetas argentinas de los derechos humanos.
Para los que ponen en duda esta veta que viene drenando la economía del país, les vamos a sumar otra increíble disposición de la Corte Suprema de Justicia, que abre aún más esta hemorragia financiera.
El Honorable tribunal falló que los hijos de los padres perseguidos por la última dictadura militar que hubieran nacido en el exterior durante el exilio forzado de sus padres, tienen derecho a percibir la indemnización prevista por la ley.
Se puede uno imaginar la cantidad de hijos que aparecerán para aplicar a la ley, ya que se viene otorgando sin pruebas fehacientes.¿Quién lo puede demostrar? ¿Con qué pruebas con qué argumentos o antecedentes?
“Siguen los azotes en la casa de Caifás”, pues la rapiña no reconoce límites y por un artículo de Andrea Palomas Alarcón publicado en el Informador Público venimos a descubrir que los cabecillas militantes que ya están cobrando jugosas indemnizaciones, han iniciado demandas millonarias al Estado por el valor sentimental de los huesos de sus familiares, que se hallan desaparecidos. Estimados lectores, no se trata de una broma macabra, lean el artículo del 16 de mayo que Andrea publica en dicho diario digital.
Hay una cuña muy peligrosa en el gabinete nacional, en el Ministerio de Justicia, adentrada en la secretaría de Derechos Humanos, pues este organismo es el que administra las solicitudes y las cobranzas que luego paga ANSES.
No se conocen registros ni antecedentes con respecto al manejo de este vaciamiento continuo que desangra la economía del país a costa de todos sus habitantes.
Andrea manifiesta que solicitó por nota al nuevo gobierno conocer la lista de los que habían cobrado las leyes reparatorias 24.321, 24.411, 24.043, 25.914, 26.564 y 26.913 por desaparición de personas y otras indemnizaciones similares, pero obtuvo una respuesta negativa aduciendo excusas sin sustento.
Todo esto contradice las promesas de Cambiemos, en el sentido de terminar con el curro de los derechos humanos y hacer públicas las actuaciones de las oficinas del gobierno, en orden a la transparencia de las mismas, máxime cuando se acaba de sancionar en el Congreso la ley de Acceso a la Información.
LANACION.COM.AR
Es necesario acatar la palabra de la Justicia y no permitir que se usen acusaciones con oscuros fines contra oficiales