LOS CUADERNOS DE ANSES - 16a. Parte -

Septiembre de 2017

El 4 de corriente publicamos el artículo “Anses y la seguridad jurídica” denunciando que las sentencias que no se cumplen rompen el orden legal en un estado de Derecho provocando la inseguridad jurídica. Pues bien, Anses no cumple con las sentencias que ordenan el pago a los jubilados litigantes, con lo cual atenta contra la seguridad jurídi

En dicho artículo, que informaba sobre la realización del II Congreso bienal en la ciudad de Buenos Aires, decíamos de la importancia de este tema que merecía un tratamiento en el seno de las reuniones del mismo y recordábamos que la Cámara Federal dictaminó que el Estado, en ese caso Anses, no se encuentra fuera del orden jurídico al que está obligado a tutelar, ni está exento de acatar los fallos judiciales en tiempo y forma.
a desobediencia del gobierno afecta a más de 250.000 jubilados con sentencia firme que Anses no cumple. Debemos hacer mención a que muchas veces se atribuye a la justicia una arbitrariedad que no le corresponde, por cuanto, aún cuando hay demoras en los procesos judiciales, la justicia cumplió con sus funciones y dictó sentencia. La responsabilidad recae solamente en el Poder Ejecutivo que no paga medio millón de sentencias desde hace muchos años.
Notamos que entre los participantes al Congreso no figuran el jefe de gabinete ni el titular de Anses, cuando era el momento oportuno de introducir el tema en las sesiones, ya que existe un estado de anomalía que atenta contra la seguridad jurídica, materia principal de la convocatoria.
Además, debe tenerse en cuenta que en el mercado internacional, las inversiones de capital se hallan siempre pendientes de la observancia que el gobierno presta a este rubro. Sin seguridad jurídica, no hay inversión. Lo reconoció justo hace un año, el 15 de septiembre de 2016 el presidente ce la Corte Dr. Lorenzetti en el marco del Foro de Inversiones, cuando afirmó sin eufemismos, yendo al corazón de lo que los potenciales inversores querían escuchar: "La Argentina tiene seguridad jurídica." ¿Seguirá pensando lo mismo?
Últimamente se han multiplicado las quejas y reclamos por la pertinaz negativa de Anses en pagar las citadas deudas que llevan años y cuyos acreedores son en su gran mayoría ancianos.

Septiembre de 2017

Hace exactamente un año se publicó en el Boletín Oficial la ley de acceso a la información pública, que garantiza a la ciudadanía el derecho de conocer e involucrarse en las decisiones políticas y públicas, como también de ejercer un control sobre los diferentes poderes del Estado. Esa ley entrará en vigor hoy, 29 de septiembre de 2017.
La Nación publica un excelente editorial titulado "A mayor información, menor corrupción" que consideramos un aval a todos nuestros pedidos que nunca merecieron respuesta del gobierno.
El 25 de julio publicamos el blogspot "Anses y el Pro", referido a este importante tema, algunos de cuyos párrafos volvemos a utilizar para su necesaria actualización
"Señores funcionarios del Pro.
No debe ser novedad para ustedes que desde estas columnas hace varios años venimos solicitando la intervención y auditoría del organismo que tiene la Caja más poderosa de la administración pública, Anses. Era evidente e incuestionable la certeza de que el gobierno kirchnerista iba a prestar oídos sordos a nuestra solicitud, pero con el advenimiento al gobierno de vuestra comunión de partidos que propiciaban y aseguraban un cambio bajo el significativo lema “Cambiemos”, nos alentó la esperanza de ver cumplida nuestra demanda. Pero no fue así y siguió vigente la insólita impunidad de que goza Anses.
Con prescindencia de la actuación negativa y agresiva que el susodicho organismo utiliza constantemente contra los jubilados, lo que ya fue el tema que motivó nuestra carta al señor Presidente el pasado 23 de julio, esta denuncia que formulamos es la total carencia de control que el gobierno ejerce inexplicablemente sobre Anses, a la que consideramos como la única dependencia que permanece impune con respecto a las graves irregularidades cometidas en sucesivas gestiones de los dos gobiernos.
Ustedes, que mantienen continuo contacto con el Poder Ejecutivo en reuniones formales e informales ¿han presenciado un comentario sobre un tema tan delicado? ¿Nunca se habló del asunto? Si algunos de ustedes lo quiso tratar, lo que resulta lógico, ¿Fue callado y en cierto modo obligado a silenciarlo? Porque no se explica la falta de tratamiento, tanto en el oficialismo como en los medios.
A la titular de la Oficina Anticorrupción le formulo una pregunta directa: Si ha entrado a su oficina alguna denuncia relacionada con irregularidades en Anses. Si en sus archivos figura algún papel con el membrete Anses.
Estamos dando con el martillo en el clavo, porque son conocidos los informes de esa dependencia relativos a investigaciones en todos los organismos del Estado, comenzando por Pami, de una indiscutible semejanza con el funcionamiento de Anses.
Durante la gestión de Cambiemos fueron apareciendo anormalidades malversaciones, delitos cometidos por Anses, pero sólo en investigaciones realizadas en otras dependencias del Estado, no sobre Anses desde el momento que nunca fue investigada.
Asumo que esta denuncia es de extrema gravedad por su fuerte contenido, pero vuelvo a aclarar que su finalidad no es la de una acusación contra el Gobierno, sino una reiteración del alerta que vengo desgranando en sucesivos informes para que, finalmente, sean tomados en cuenta nuestros reclamos en orden a la transparencia sobre los actos de gobierno, repetidamente prometida y que en el caso especial traído a colación no se vislumbra

LOS CUADERNOS DE ANSES - 15 a. Parte .

Septiembre de 2017

El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), la cátedra de Cultura Jurídica y la Universitat de Girona organizan del 12 al 14 del actual el II Congreso bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Se celebrará bajo el lema "Seguridad Jurídica y Lucha contra la Pobreza y la Corrupción". Será en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y disertarán, entre otros, el presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el economista Juan Llach; el síndico de la Nación, Ignacio González García; el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el ex procurador de Italia, Antonio Di Pietro, y el director de la cátedra de Cultura de la Universidad de Girona, Jordi Ferrer Beltrán.
Celebramos la organización de este Congreso en nuestro país, que hace ya casi dos años restableció la democracia en elecciones libres que lo salvaron de entrar en la cubanización a que nos llevaba el anterior gobierno.
Dada la cercanía de su iniciación, lamentamos no haber tenido el tiempo suficiente para la presentación de un trabajo sobre la seguridad jurídica de los jubilados litigantes que en juicios contra Anses ya tienen sentencias firmes a su favor, que no son honradas por el referido organismo.
Afirmamos que la seguridad jurídica es la "certeza del derecho" que tiene el ciudadano, otorgada por el Estado, de que su situación jurídica será respetada y que de ningún modo y bajo ninguna circunstancia le será negada.
En el caso que teníamos en preparación denunciábamos que las sentencias que no se cumplen por parte de Anses, rompen el orden legal y jurídico de que gozaba el demandante y el significado moral de la "cosa juzgada".
Cuando el jefe de gabinete presentó en Diputados, el 31 de Agosto, el segundo informe del gobierno, requisito que era desconocido por el anterior gobierno, se expresó muy firmemente por el respeto a las leyes al decir: "Seremos todo lo duro que tengamos que ser con cualquier persona que se haya alejado un centímetro de la ley".
Al sobreentender que “persona”, involucra tanto a una persona física, cono a una sociedad, institución, entidad, sindicato, gremio, etc. tenemos por cierto que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un ente de la administración pública nacional que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Pues bien, ANSES no cumple con la ley al no pagar, en tiempo y forma, las sentencias del Poder Judicial .
Para mayor abundamiento diremos que la Cámara Federal dictaminó que el Estado, en ese caso la ANSES, no se encuentra fuera del orden jurídico al que está obligado a tutelar, ni está exento de acatar los fallos judiciales en tiempo y forma.
Que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado su jurisprudencia en el sentido de que no se pueden desconocer los derechos tutelados por las leyes y las “sentencias judiciales”, y que se debe actuar sin incurrir en excesos formales que conduzcan al incumplimiento de la verdad jurídica.
Notamos que entre los participantes no figuran el jefe de gabinete ni el titular de Anses, cuando era el momento oportuno de introducir el problema en las sesiones del Congreso, pues estas consideraciones se las hice llegar al primero de ellos, que supongo podría haberlas utilizado.
Decimos momento oportuno porque no hemos escuchado o leído ningún comentario sobre un asunto de relevancia como el que hemos encarado. ni por profesionales versados en la materia, ni por abogados en conferencias jurídicas, ni por el periodismo escrito, radial y televisivo que debe estar al tanto, por su oficio, de la tribulación por la que están pasando 300.000 jubilados que, con sentencia judicial, no reciben el pago ordenado, la mayoría desde hace varios años, por parte de Anses.
Debemos hacer mención de que muchas veces se atribuye a la justicia una situación de arbitrariedad que no le corresponde, por cuanto aún cuando existen demoras en los procesos judiciales, que son bien conocidas y criticadas, en estos casos la justicia cumplió con su misión y dictó sentencia. Acá irrumpe la responsabilidad de los órganos del Poder Ejecutivo, toda vez que no se da cumplimiento a una sentencia judicial. Esto está claro y es de una flagrancia por demás evidente.
En lo que respecta a los motivos o razones que puede tener el Poder Ejecutivo para demorar indefinidamente el debido acatamiento a una sentencia judicial, no es el objeto de nuestro trabajo y es un tema de suma gravedad que debe ser analizado. Lo realmente importante es que existe un estado de anomalía que atenta contra la seguridad jurídica, principal tema de las discusiones en el seminario del II Congreso.
Por otra parte, no hay que olvidar que en el mercado internacional las inversiones se hallan siempre pendientes de la observancia y el respeto que el gobierno presta a este rubro, esencial para el desenvolvimiento económico de un país democrático.