Vamos a desmenuzar la noticia llegada por Infobae, compatible con la admirable crítica literaria de Kafka referente a los vicios de la burocracia.
El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, sancionó con una multa del 10 por ciento del sueldo al fiscal federal Enrique Senestrari por sus declaraciones públicas en las que manifestó su deseo de que caiga el gobierno del Presidente Mauricio Macri.
Ahora damos comienzo al cascoteado asunto que llevó cinco años dando vueltas y saltos como en un lavarropas y cuyo gasto, conforme a los sueldos de los magistrados, a la inflación, al tiempo transcurrido y a los papeles, computadras, tinta y mudanzas de lujosas oficionas y tribunales, debe haber insumido una verdadera millonada de pesos moneda nacional, contra la pintoresca y burlona multa del 10% aplicada con subordinación y valor al fiscal promotor mediático e irresponsable de la caída del gobierno constitucional que él integra.
El 4 de julio de 2017, el ministro de Justicia, Germán Garavano le solicitó a la entonces Procuradora, Alejandra Gils Carbó que promoviera el proceso de remoción de Senestrari por sus expresiones. Además pidió que requiera la suspensión del fiscal ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Fue recién en noviembre de 2017 que se dispuso el inicio de un sumario administrativo para dilucidar la responsabilidad del fiscal Senestrari. Con esa finalidad designaron instructor a Rafael Vehils Ruiz, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
El instructor Vehils Ruiz recomendó que se le aplique al fiscal una suspensión de 15 días y elevó el sumario al Procurador General.
El jefe de los fiscales, Eduardo Casal, remitió las actuaciones al Consejo Evaluad
Luego Casal le pidió opinión sobre el tema a la Asesoría Jurídica de la Procuración.
Una vez notificado de la sanción, el fiscal de Justicia Legítima Enrique Senestrari tiene 90 días para impugnar la medida por medio de una acción contra el Estado, o puede optar por interponer un recurso de reconsideración previsto por el Reglamento Disciplinario del Ministerio Público Fiscal, que debe ser presentado en el término de 10 días. Y seguirán los azotes en la casa de Caifás.
Triste y cruel proceso emblemático de las sagradas letanías que sobre la Justicia nos trae el Gobierno Argentinio en el altar de la grotesca dignidad que ofrecemos al mundo.
