sábado, 18 de enero de 2020

UNA PIEZA PERIODÍSTICA

A MÁS PRUEBAS JUDICIALES, MÁS RELATO
18 de enero de 2020
Hace cinco años, la Argentina amanecía bajo el impacto de una noticia muy difícil de digerir. El fiscal que acababa de acusar de traición a la patria a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir a los iraníes sindicados como autores del atentado contra la AMIA, en el que perdieron la vida 85 personas, apareció muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. Ese lunes, según lo previsto, iba a exponer los fundamentos de su denuncia en el Congreso. En medio de la conmoción, altos funcionarios del gobierno salieron a desestimar la acusación con ataques ad hominem al fiscal que acababa de morir. La supuesta fragilidad de la denuncia de un hombre "desesperado" fortalecía, de paso, la versión del suicidio. Cinco años después, las cosas siguen igual. ¿Por qué aquel gobierno, hoy de nuevo en el poder, insiste en la idea de que el fiscal Alberto Nisman se quitó la vida?
A falta de respuestas, los interrogantes se multiplican. En una cancha deliberadamente embarrada, todavía se discute si el fiscal se suicidó o lo mataron y aún no hay sentencia definitiva sobre el pacto que habría apuntado a ofrecer impunidad a quienes volaron la mutual judía. Las dos causas representan un peso grande sobre la actual vicepresidenta. Ahora, sin embargo, cuenta con la voluntad y el poder de un gobierno -el suyo- para desactivarlas. Y en eso está. El Presidente, para quien años atrás el encubrimiento y la traición a la patria de su socia electoral eran más que evidentes (así lo dijo en TV y lo escribió en este diario), está hoy comprometido con el mismo afán. Ahora sospecha que el fiscal se suicidó.
El nuevo aniversario de la muerte de Nisman podría servir para tomar conciencia de lo que está ocurriendo mientras el país debate las urgencias de la economía. Cristina Kirchner todavía tiene nueve procesamientos, pero las causas de corrupción que se le siguen están siendo esmeriladas desde el Gobierno y van camino de caer. Se trata de una batalla que el oficialismo encara desde varios frentes, cuidando la táctica y la estrategia, y apostando a crear las condiciones para que la desactivación de esos juicios, algunos en estado avanzado, pueda ser vendida como una reparación desinteresada de las instituciones de la democracia. Kirchnerismo puro.
Para eso han estado preparando el terreno con una teoría que apunta a tender un velo sobre la apabullante cantidad de prueba incriminatoria reunida. Otra vez la palabra, la construcción verbal sin asidero, pulverizando los hechos. El ariete conceptual con el que se arremeterá contra la ley y la división de poderes en nombre de la Justicia es el lawfare, presunta confabulación de periodistas y jueces para encarcelar políticos probos que aman al pueblo. Todos, del Presidente para abajo, hablan de lawfare. Desde el excanciller Bielsa, con un libro sobre el tema, hasta Kicillof, en un decreto que justificó el nombramiento de dos funcionarios procesados. Y todos, desde Cristina Kirchner hasta Milagro Sala, son ahora víctimas de lawfare, que en verdad no es otra cosa que la coartada "moral" tendida por el Gobierno para aplicar el poder en contra de las instituciones republicanas. Incluso están montando un "tribunal ético de lawfare", que pretende juzgar la conducta de jueces, fiscales y periodistas que investigaron casos de corrupción de los gobiernos de Cristina Kirchner, Lula y Rafael Correa. La confianza del kirchnerismo en el relato es infinita. Y no le va mal.
La señora ha colocado soldados incondicionales en puntos claves. Los organismos de control, muchos de los cuales son querellantes en las causas por corrupción del kirchnerismo, ahora le pertenecen. La lista es muy larga. Digamos solo que Carlos Zannini (procesado por encubrimiento junto a la expresidenta) es el jefe de los abogados del Estado y que Daniel Rafecas, el juez que desestimó la denuncia de Nisman en un abrir y cerrar de ojos, es el candidato oficial para ser el jefe de todos los fiscales.
Alineado, el Presidente volvió a hablar de "los malos jueces que terminaron ensuciando a toda la Justicia federal". Se dispone a sanear el sistema, claro. Es curioso que quienes son parte esencial del problema se presenten como la solución. El partido del Gobierno y la vicepresidenta son los grandes acusados de la corrupción del kirchnerismo. Lo que está en marcha es un autoindulto encubierto que, además de consagrar la impunidad, colonizará la Justicia.
¿De qué sirve hablar de economía si peligra la Justicia? Cualquier combate contra la pobreza y la desigualdad está perdido de antemano allí donde buena parte de lo que se recauda vía impositiva -es decir, la plata de todos- queda en manos de una elite privilegiada de políticos y empresarios que se dedica a saquear impunemente al Estado. Si no hay Justicia, volverá a ocurrir. De allí la necesidad de defender los valores republicanos, una tarea que hoy le cabe a la oposición y a ese importantísimo porcentaje de la ciudadanía que cree en ellos. © LA NACION


Por: Héctor M. Guyot

LA REFORMA JUDICIAL



Confirmado: impulsarán esta semana la polémica reforma judicial K


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"Vamos a reconstruir el fuero federal", dijo Alberto Fernández
"Vamos a reconstruir el fuero federal", dijo Alberto Fernández
El presidente Alberto Fernández adelantó que esta semana enviará al Congreso la reforma judicial, una de las propuestas que hizo el 1° marzo en la apertura de sesiones ordinarias. Explicó que impulsa "la reconstrucción del fuero federal" y que el plan "va más allá" de los tribunales de Comodoro Py en los que se investigan causas de corrupción de funcionarios, entre ellos la vice Cristina Kirchner. Además habló de posibles cambios en la Corte Suprema.
El mandatario indicó que el proyecto que impulsa "ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera" y contempla la creación de "más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales". "Vamos a reconstruir el fuero federal", planteó.
Aseguró que "ningún juez" perderá las causas que tienen a su cargo y que su "mayor preocupación" es que nadie considere que la iniciativa es "para garantizar la impunidad de Fulano o Mengano". "Las reglas del debido proceso están absolutamente garantizadas", afirmó.
Señaló que se trata de un proyecto "tan ambicioso como necesario" porque, en su consideración, "la justicia federal se ha exhibido con un funcionamiento defectuoso". Planteó que la reforma "tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera".
Explicó que se propuso "hacer un reordenamiento de todo el sistema" y que espera enviarla esta semana al Congreso. Dijo que el cambio que plantea es "en toda la justicia federal nacional, con el propósito de que eso funcione bien".
Adelantó que una de las cuestiones que incluye el proyecto es la unificación de los fueros federales y que avanzará en "el traspaso de la justicia ordinaria a la justicia de la Ciudad, que es algo que está pendiente".
Aclaró que "hay una serie de problemas" que deben abordar. "Ejemplo: ¿la Corte Suprema está funcionando cómo debe? ¿Para funcionar mejor hay que ampliar o no hay que ampliar la cantidad de jueces? ¿Hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo tiene que intervenir la Corte Suprema? Eso es revisar el recurso extraordinario", afirmó en una entrevista a Página 12.
Dijo que también se revisará el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público y que avanzarían con la implementación del juicio por jurados. El análisis estará a cargo de un Consejo que lo asesorará durante 60 días.
Criticó que el Poder Judicial "tiene cierta forma conservadora que resiste a los cambios" y calificó al sistema actual como "un engendro donde siguieron coexistiendo los juzgados de instrucción con los tribunales orales para que los jueces de instrucción no pierdan el poder que tenían".
Se mostró a favor de avanzar en la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en algunas provincias y que le otorga mayor poder a los fiscales en la investigación. Además dio a entender que impulsará el juicio por jurados. "¿Lo vamos a poner alguna vez en Argentina? Yo tengo opinión formada, no importa mi opinión pero sí quiero que el Consejo se expida", afirmó.
Dijo que la experiencia le demostró que "los jueces también son muy influidos por los medios y por el contexto" y que en su consideración "es mucho más difícil influir a doce personas que a una, y por ahí el juicio por jurados es una solución".

"Revisaría la ley del arrepentido"
Anticipó que "revisaría la ley del arrepentido", que permite reducir la pena a toda persona imputada que brinde información comprobable sobre casos de corrupción y que fue clave en el avance varias causas que protagonizan exfuncionarios kirchneristas.
Dijo que nunca estuvo de acuerdo con esa norma, que "el concepto del arrepentido es en el Derecho Penal el confeso" y que "no hacía falta crear una figura del arrepentimiento". "Hay gente que genuinamente se arrepiente y confiesa su delito", planteó.
Consideró que el sistema del arrepentido "puede generar una enorme perversión de incentivar a alguien a decir lo que no ocurre tan sólo para poder sentirse liberado" y que se debe repensar "la utilidad de esa norma".




olo dos personas conocen hasta ahora la versión final del proyecto de reforma judicial del Gobierno: Alberto Fernández y su secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra.
Los bloques del Frente de Todos en Diputados y en el Senado aún no leyeron el texto de la iniciativa, una de las apuestas de mayor volumen político del Presidente, con la que aspira a dejar una marca en su gestión. Tampoco la vieron muchos de sus funcionarios.
El Gobierno tiene previsto remitir la iniciativa a la Cámara baja la semana próxima, probablemente el viernes, según fuentes oficiales y legislativas. Sería, en principio, solo una presentación en sociedad: en el Congreso admiten que no sería sencillo tratar un proyecto de semejante envergadura de forma remota.
El corazón del proyecto es la creación de un nuevo fuero federal penal para diluir el poder que concentran hoy los jueces con sede en Comodoro Py. Son los que tramitan las causas de corrupción política, pero también otros delitos complejos, como el narcotráfico y el lavado de dinero. Según pudo saber este medio, la reforma buscará un reordenamiento de los tribunales, con fusiones de fueros, creación de nuevas salas y redistribución de competencias.
El Presidente dio indicios de cómo pretende lograr esa desconcentración en su discurso del 1º de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, cuando dijo que "los delitos contra la administración pública dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados".
Hoy los juzgados de Comodoro Py son 12 y hay dos que están vacantes. Para pasar a 50, como dijo ese día el Presidente, se incorporarían al plantel de los federales decenas de jueces penales que resuelven casos "ordinarios" con jurisdicción en la Capital Federal.
En ese reordenamiento, además, podría existir un traspaso de competencias a la Justicia porteña.
Iniciativas
Si bien el kirchnerismo no leyó la letra chica de la iniciativa, sí tuvo oportunidad de vetar algunas de las ideas que circularon en el proceso de elaboración. Según pudo reconstruir LA NACION, una de las alternativas que fue resistida por el kirchnerismo fue la de fusionar a Comodoro Py con Penal Económico, el fuero vecino que tiene sede sobre la avenida de los Inmigrantes. Los magistrados de ese edificio tampoco inspiran la confianza del Instituto Patria.
Otro de los cambios que había anunciado el Presidente está vinculado con otorgarle mayores recursos al fuero Contencioso Administrativo, la instancia que tramita las demandas contra el Estado y que puede decidir sobre los recursos públicos. En ese sentido, Fernández aludió a una fusión con la Justicia Civil y Comercial Federal.
La iniciativa, además, podría contemplar la creación de nuevas fiscalías y juzgados especializados para la investigación de delitos complejos, sobre todo los vinculados con el narcotráfico, en zonas calientes del país, como Rosario (Santa Fe) o San Lorenzo (Salta).
La reforma que tiene el sello de Fernández deberá empalmarse con el nuevo Código Procesal Penal, que introduce el sistema acusatorio y que por ahora solo empezó en Salta y Jujuy. Esa modalidad implica, en sí misma, un transformación de fondo en la Justicia porque dota de más poder a los fiscales para investigar y coloca a los jueces como "ordenadores" o "árbitros" del proceso.
Fernández dijo que su proyecto incluye la creación de nuevos cargos para otorgarle músculo al Ministerio Público Fiscal. El plan oficial se completaría con la designación del actual juez Daniel Rafecas al frente de la Procuración General.
El kirchnerismo duro, aun sin conocer la letra chica, esta semana se mostró alineado con el emprendimiento presidencial. "Yo creo que es posible tratar la reforma judicial que el Presidente dijo que tiene lista y que estamos ansiosos de que la envíe", afirmó en las últimas horas el senador Oscar Parrilli, un ladero fiel de Cristina Kirchner.
Mientras Fernández busca dejar su impronta con un proyecto que resucite el espíritu del "plan Beliz" que quedó frustrado en 2003, el kirchnerismo se embarca en denunciar penalmente a quienes señala como responsables del lawfare contra Cristina.
El proyecto del Presidente no contempla cambios en la Corte Suprema. Tampoco incluye una reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano más político de la gestión judicial, que selecciona, investiga y remueve a los jueces.
Esta semana quedó en evidencia que ese organismo colegiado es el que tiene la muñeca para moldear la Justicia, cuando desestimó las investigaciones contra los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez a pesar de las resonantes acusaciones de corrupción que pesaban sobre esos magistrados.
Fernández no pretende agotar la cuestión judicial con su reforma. Para otras transformaciones importantes, anunció que pretende convocar a un "consejo consultivo" integrado por académicos y juristas, cuyos nombres aún permanecen en reserva. Ese colectivo sí tendrá como tarea revisar el funcionamiento de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. La idea ya alteró los nervios del Poder Judicial.
Por: Maia