sábado, 16 de mayo de 2020

LA JUSTICIA PREVISIONAL EN CUARENTENA

La Justicia manca, renga, sorda y muda que figura como Poder Judicial y Ministerio de Justicia en un país llamado República Argentina, ha decidido poner en cuarentena los juicios previsionales.Allanándose a las órdenes emanadas por Decretos de Emergencia dictados por su hermano trillizo, el Poder Ejecutivo, y con la venia respetuosa de su otro hermano, el poder Legislativo, reculó de sus cómodos sillones e inició el juego de las cuarenta. Pero la ideología y la picardía asoma irreverente en las discriminadas excepciones aprobadas implícitamente por el silencio de sus pares.Mi caso, que es en verdad explícito, lo demuestra.Soy jubilado litigante que luego de 21 años de juicio previsional con sentencia favorable por el reajuste de mis haberes, tuve que recurrir a un embargo contra Anses para que finalmente se liquidara la sentencia. Se cumplió el embargo, contrariando los principios y el conocido protocolo de Anses, Trampear, Demorar, Impugnar, Obstaculizar, Apelar y No pagar, pero astutamente con sus idas y venidas el tramposo Organismo Oficial se quedó con "el vuelto" para obligarme a iniciar otro juicio para una correcta liquidación aprobada por el tribunal que ordenó su pago en un plazo de treinta días.La liquidación final conforme la sentencia de 1997, fue aprobada por el juez y la Cámara de Apelaciones recién en octubre de 2016, luego de muchas idas y venidas de Anses en todas las instancias, que demoró durante muchos años y la resolución nunca fue pagada como el juez lo ordenara.Por eso se llegó al extremo (impensado hace algunos años) de embargarle fondos a Anses para cobrar por la fuerza (judicial) la deuda que el juez ordenó, intimó y exigió que se pagara en sucesivos plazos que, una vez vencidos, se renovaban para dar nueva oportunidad al pago que jamás se efectuó.La liquidación final quedó firme incluyendo capital e intereses adeudados a octubre de 2016Finalmente, se cobró por depósito judicial dispuesto por la fuerza (contra la voluntad de Anses que llegó a impugnar el procedimiento hasta el último día, cuando el Oficio de transferencia de fondos ya había sido librado al Banco de la Nación Argentina con fecha junio de 2018.Como Anses nunca efectuó liquidación de una sentencia firme durante más de 20 años, y nunca aceptó la liquidación también firme, aprobada por un juez de la Nación, confirmada por la Excelentísima Cámara del Fuero, tampoco jamás se dio por enterada de que DEBÍA CUMPLIR LA SENTENCIA, vigente desde hace más de 20 años (1997)…Por eso, pese a la sentencia y a la liquidación firme que fijaban tanto el monto del retroactivo a pagar, como el del haber mensual previsional a partir de octubre de 2016; Anses tampoco ajustó el haber mensual conforme esa sentencia.Por lo que cada mes, se genera una nueva diferencia entre el haber fijado judicialmente y el que paga como se le da la gana a Anses.Ello obliga a reanudar periódicamente el proceso de ejecución de sentencia, efectuando liquidación de diferencias mensuales (capital) adeudado, con más los intereses desde que cada mes se debe, desde la liquidación firme anterior (la que dio origen al embargo y transferencia forzada de fondos al litigante), hasta la nueva (en este caso, con fecha marzo de 2019).Ello implica que, de continuar así las cosas, como desde hace más de veinte años (lo que es casi seguro), dentro de algunos meses, una vez cobrada la liquidación de marzo de 2019, habrá que efectuar nueva liquidación, intimación de pago, embargo y transferencia (lo que toma varios años en conjunto), y así ad infinitum.El hombre propone y Dios dispone, dice el refrán, pero esta vez, el plazo, la feria judicial, la cuarentena y la burocracia, son los que disponen.Entra ahora el juego de la burocracia y las excepciones. Al poco tiempo de asumir. el nuevo gobierno dispuso por DNU el congelamiento de los aumentos fijados por ley, anulando de ese modo la movilidad de los haberes jubilatorios, ineludible decisión de reclamar a la justicia que no pudo llevarse a la práctica por otro DNU que ordenó el estado de emergencia y la cuarentena por la pandemia del Corona virus. Se cerraron los tribunales .Sin embargo, como dijimos, la astucia prevalece y la Presidente del máximo tribunal penal del país recomienda a los tribunales orales con juicios en trámite por causas de lesa humanidad, proseguir con los procesos, aunque sea por vía remota.Posteriormente se abren nuevamente las cortinas, con mayor amplitud, puesto que jueces y funcionarios ordenaron la suelta de palomas presidiarias, por millares, lo que sacó de sopor a la misma Corte Suprema que se olvidó de la cuarentena.Mientras tanto,El Tribunal Oral Federal que juzga a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al detenido empresario Lázaro Báez, entre otros, por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz suspendió la audiencia por la emergencia del conoravirus. No hay fecha propuesta. Demás tribunales orales que llevan causas contra CFK y otros, en idéntica situación.La Oficina de Anticorrupción, también en cuarentena, corre la cortina metálica para tomar la insólita decisión de informar al tribunal que se aparta como querellante de los juicio de corrupción en contra de Cristina Fernández.En buen romance, podemos interpretar que los jubilados, me incluyo, no tienen derecho a la continuación de sus juicios porque debido a su edad están recluidos por la cuarentena, y aunque pudieran salir a consultar a sus abogados o para concurrir a los tribunales, se darían de narices contra los carteles "closed" por peste.Nadie, ni funcionarios, ni jueces, ni periodistas, ni la sociedad en su conjunto, tiene en cuenta el escaso tiempo de vida que les queda para que sean ignorados como si ya se hubieran muerto. ¿No merece excepción el caso de un jubilado de 96 años que ya no puede correr con plazos? Es indignante, pues lo único que tiene que hacer Anses es un depósito a mi cuenta bancaria.¿Acaso se puede creer que el virus invisible lo impide? Es tan monumental esta mentira que Anses gira y deposita mensualmente los pagos jubilatorios y los millonarios subsidios acreditados a más de 7 millones de favorecidos por un DNU del Poder Ejecutivo.

NO VOLVERÁN

UN TROZO SINIESTRO DE LA HISTORIA
Comparto este editorial, pues constituye un alarmante y verídico resumen de una época siniestra. Los archivos no mienten.
EDITORIAL DE LA NACIÓN DEL 13/5/2020
APRENDER DEL PASADO
Aunque parezcan tan solo un extravío político y judicial, las indiscriminadas liberaciones de presos podrían anticipar la repetición de trágicos hechos.
A partir de la aparición de la guerrilla revolucionaria en la Argentina durante el gobierno democrático de Arturo Frondizi, en 1959, su delictivo accionar fue reprimido en el marco de la ley por los Juzgados Federales de Sección, tanto en tiempos de gobiernos civiles como militares. Fue en 1971 cuando, ante la violencia armada que desataron distintos grupos guerrilleros, esos juzgados quedaron desbordados y el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse resolvió crear la Cámara Federal Penal de la Nación.
En poco más de un año y medio, este tribunal había sustanciado casi 9000 causas, procesado a alrededor de 2000 personas y condenado a casi 600, que pasaron a cumplir penas de prisión en distintas cárceles. Entre ellas se contaban los principales dirigentes y numerosos combatientes de las organizaciones terroristas de la época, entre las cuales se destacaban el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y la agrupación Montoneros.
Cuando los militares entregaron el poder a Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, la primera decisión del nuevo presidente fue excarcelar a un gran número de condenados, incluidos violadores, narcotraficantes, ladrones y asesinos, además de los terroristas. Sin indulto ni amnistía, la historia registra que ganaron caóticamente la calle a medianoche por la presión de una marcha de organizaciones de izquierda hacia la cárcel de Devoto, ya tomada por más de 200 guerrilleros, en un episodio que se conoció como el "devotazo". Se trató de un aval político a la violencia terrorista, que se prolongaría hasta fines de aquella década.
"Ni un solo día de gobierno popular con presos políticos", era la consigna revolucionaria y la promesa de Cámpora. La amnistía se formalizaría recién tres días más tarde, con la aprobación por amplia mayoría de votos del Congreso de la Nación. Unos días después, ambas cámaras legislativas disolverían el tribunal penal y derogarían la legislación antiterrorista vigente, hecho que fue celebrado con aplausos y con la entonación del Himno Nacional.
Los presos liberados no tardaron en retornar a sus organizaciones político-militares para enfrentar con armas al propio gobierno peronista que sucedió al que los había dejado en libertad, tal como ellos mismos habían anunciado. Su intención no era otra que continuar dirigiendo ataques contra las "empresas imperialistas y el ejército opresor", con el fin de golpear y desgastar al "enemigo" hasta lograr las condiciones para "asaltar el poder y establecer el gobierno revolucionario obrero y popular". Y cumplieron, a sangre y fuego. El período de máxima violencia de los amnistiados, integrantes del ERP, Montoneros y otras organizaciones guerrilleras, sucedió entre mayo de 1973 y marzo de 1976, durante los gobiernos constitucionales de Cámpora, Juan Domingo Perón y su viuda, María Estela Martínez de Perón, y se cobró las vidas de más de mil víctimas del terrorismo.
Entre ellos, un lugar especial ocupa el doctor Jorge Quiroga, integrante de aquella Cámara Federal Penal que se atrevió a juzgar a los terroristas. Resultó asesinado en 1974 de 14 disparos efectuados por dos integrantes del ERP montados en una motocicleta que, identificada, condujo a la detención de Raúl Argemí y Marino Amador Fernández, a quienes se condenó por asociación ilícita, tenencia de armas de guerra, acopio de munición y uso de documentación falsa. Dos décadas después, ambos, aún vivos, fueron indemnizados al amparo de la ley reparatoria 24.043, sancionada en 1991: Argemí, con un monto que, actualizado por inflación, rondaría hoy los 12 millones de pesos, y Amador Fernández, con lo que hoy equivaldría a 13 millones de pesos. En cambio, la única placa que homenajeaba al valiente juez en el frente del edificio de la calle Viamonte donde funcionaba el tribunal fue retirada en 2012, durante el gobierno kirchnerist
Otro integrante de aquel tribunal fue baleado en las piernas y un tercero salvó su vida de casualidad, a raíz de lo cual los ocho magistrados sobrevivientes se vieron obligados a exiliarse con sus familias.
Los trágicos efectos de la amnistía de 1973 y la derogación de leyes antiterroristas fueron determinantes tanto en la decisión de Perón y su viuda como en la de los militares que la derrocaron de pasar a combatir a las organizaciones guerrilleras en forma ilegal.
El último informe de la Secretaría de Derechos Humanos del año 2015 habla por sí solo. A partir de tan irresponsable amnistía, durante el gobierno peronista, hubo, en casi tres años, 631 desaparecidos y 514 muertos, mientras que, en los casi ocho años de la última dictadura militar, según el mismo informe, se contabilizan 6447 desaparecidos y 754 muertos.
Aquellos hechos de un pasado trágico parecen reeditarse, una vez más, en el presente. Funcionarios del actual gobierno conmocionaron la agenda pública con acciones que solo pueden explicarse a partir de su clara ideología setentista.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, hijo de dos combatientes montoneros, gestionó la prisión domiciliaria del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por corrupción; de Martín Báez, procesado por lavado de dinero y otros delitos económicos, y de Luis D'Elía, condenado por tomar una comisaría.
Tan injustificada como enojosa medida dio lugar a reclamos de infinidad de delincuentes comunes de todo el país y a revueltas violentas en algunos penales, como el de Devoto.
Roberto Cipriano García integra la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, organismo dedicado al patrullaje ideológico y a la militancia antisistema que los contribuyentes de una provincia quebrada pagan de sus bolsillos. Recordemos que esa comisión, a pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, otro militante kirchnerista, presentó un informe, en 2019, en el que identificaba supuestas operaciones de acción psicológica por parte de periodistas, en un tan flagrante como vergonzoso ataque a la prensa independiente, cuya única finalidad era perjudicar los avances de la causa de los cuadernos de las coimas.
Días atrás, y en línea con Pietragalla, García en persona recorría los penales instando a los presos a presentar recursos de amparo. "El objetivo de la Comisión por la Memoria es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posible. Han bajado desde enero unos 2100 detenidos. No alcanza, es poco, hay que sacar más", afirma peligrosamente.
Por su parte, Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado y defensora legal de Cristina Fernández de Kirchner y de Amado Boudou en causas de corrupción, amenazó públicamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Poder Judicial. En tuits de su autoría, expresó: "Vamos a escribir la historia con sangre o con razones". Y recomendó fijarnos "de qué lado de la mecha estamos".
Lo que debió superar ampliamente el mero escándalo político para derivar por sobradas razones en la expulsión de su cargo y su procesamiento por amenazas e incitación a la violencia no pasó a mayores en medio de una anomia ciudadana frente a cuestiones ligadas a preocupaciones propias de un tiempo de pandemia. Hemos de llamar la atención, precisamente por ello, respecto de los peligros que este tipo de amenazas encierran y los impredecibles riesgos de continuar violando la sana división de poderes que establece la Constitución. La historia nos enseña que, en un contexto de masivas liberaciones de presos en el marco de un incierto proyecto político que ya hizo sonar muchas cacerolas, episodios como los del crimen del juez Quiroga también podrían repetirse. Lo que hoy puede parecer solo un impropio extravío puede ser anticipo de trágicos hechos si no alzamos la voz para denunciarlos. Simple ejercicio de memoria.