Continuamos con nuestra defensa de los jubilados, considerados como una variable de ajuste y exigimos el respeto de sus derechos y no el subsidio y la limosna inaceptable para gente que ha trabajado toda su vida para el engrandecimiento del país. Constituimos el 15% de la población nacional y no aceptamos que la Jubilación sea una gastada herramienta política de los gobernantes.
En el desarrollo de nuestro comentario de la fecha, comenzamos con una pequeña historia.
La madrugada del 20 de agosto de 2010 la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la ley que impuso el 82 por ciento móvil para los jubilados. Fueron 135 votos a favor, 89 en contra y 17 abstenciones. Los bloques que impusieron el número fueron los que por entonces conformaban el Grupo A: la UCR, el PRO, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el Peronismo Federal con Felipe Solá a la cabeza, el GEN de Margarita Stolbizer y el socialismo. Rechazaron la iniciativa el Frente para la Victoria y aliados provinciales, por considerar que ponía al sistema jubilatorio recuperado por el Estado dos años antes en situación de insolvencia, al no establecer la ley opositora mecanismos de financiamiento para sostener los aumentos. Se abstuvieron por la misma razón los diputados de Proyecto Sur, Libres del Sur y Nuevo Encuentro, con la excepción de Miguel Bonasso, que acompañó la propuesta.
Carrió fue esa noche una de las más enfáticas defensoras del proyecto. “Hay que hacerse cargo de los jubilados y esta es una manera responsable de hacerse cargo”, aseguró. Oscar Aguad y Patricia Bullrich también remarcaron la obligación moral de saldar esa deuda con los jubilados, lo mismo que dijeron en el Senado los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz.
En la Cámara alta la votación salió empatada y el que inclinó la balanza a favor de otorgar el 82 por ciento móvil a los jubilados fue el vicepresidente Julio Cobos. Su voto esa vez fue positivo.
Después de la aprobación del 82 por ciento móvil, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley al calificarla como una trampa para hacer trastabillar a la jubilación pública y forzar a su gobierno a una medida impopular. Mauricio Macri se lo recriminó: “La Presidenta no tiene autoridad moral para decir que no le alcanza la plata, cuando viene despilfarrando recursos en forma cada vez más grotesca”
Hoy ya nadie habla del 82 por ciento móvil. Dejó de ser una obsesión para las fuerzas políticas que lo impulsaron en su momento. Por el contrario, la reforma previsional que promulgó el Gobierno tendió a ensanchar la distancia entre los salarios de los trabajadores activos y los haberes jubilatorios, hundiendo cada vez más a estos últimos. Esto es por el reemplazo de la fórmula de movilidad actual por un sistema que ajustará los ingresos previsionales de acuerdo a la evolución de la inflación.
Como explicaron Javier Lewkowicz y Alfredo Zaiat, si entre 2009 y 2017 las jubilaciones se hubieran actualizado por la inflación, como fijó Cambiemos, la jubilación mínima se ubicaría en este momento en 5470 pesos. Es decir, casi 1800 pesos menos por mes para los jubilados de la mínima, en lugar de los 7246 que están percibiendo. Hubiera significado un recorte del 24,5 por ciento.
Seguramente para que vuelva a exigirse el 82 por ciento móvil habrá que esperar a que el actual oficialismo regrese al lugar de oposición.
Debemos recordar que la nueva fórmula está compuesta por un 30% de los incrementos salariales y un 70% de la medida de la inflación. Esto significa que el poder adquisitivo se prefiere a las variaciones de los salarios. Es decir, garantiza la capacidad de consumo frente a la posible disminución de las remuneraciones (y le niega el progreso en la distribución).
La protección de los pasivos se justifica en que la salida del mercado de trabajo los excluye de toda intención y esfuerzo de mejora o compensación por pérdidas mientras que los trabajadores conservan sus capacidades para competir en la persecución de su bienestar.
El abogado Mario Paganini que fuera profesor de Derecho en la Univesidad del Litoral, manifestó ser partidario de la fórmula que sigue los salarios. "Si el haber inicial es un porcentaje de los salarios, la conservación se consigue incrementándolo de igual forma". Una lógica irrefutable.
Hay que reconocer que para los jubilados el progreso desapareció de su porvenir y solo indirectamente pueden recibirlo. Por eso la movilidad les es esencial. El salario es ese medio indirecto, más si su participación en la distribución crece.
La nueva fórmula fijada por el gobierno viene a complementar el perjuicio ocasionado por la llamada Ley de Reparación Histórica que, por tratarse de una extorsión encubierta, no ha tenido la aceptación que el gobierno buscara y no disminuyó la cantidad de juicios por parte de jubilados y pensionados. En efecto, como señala la abogada Andrea Falcone, a 18 meses de la implementación del Programa “menos del 10% de los jubilados con juicio iniciado aceptaron la oferta”, con ofrecimientos muy bajos con relación al monto que surge de la demanda o de la propia sentencia. “De cada $100 que la ANSeS debe pagar a los jubilados por sus juicios termina pagando $25”, sin duda un vil resultado producto de la extorsión.
Lo que nos viene a ratificar la prueba de que Anses ha tenido siempre a los jubilados como "enemigos"
es que continúa apelando a la Corte Suprema los fallos favorables a los jubilados que se aprueban en las tres Salas de la Cámara de la Seguridad Social con sentencias que aplican el ISBIC. El argumento es que el Alto Tribunal no resolvió cuál debe ser el índice a aplicar, si bien reconoce que “la aplicación del ISBIC arroja una remuneración actualizada superior y por ende – dice- un salario promedio exagerado”. Además, ANSeS apela sentencias de Cámara en “etapa de ejecución” que no fueron cuestionadas con anterioridad.
En realidad, poporciona tranquilidad saber que la Corte Suprema confirmó el fallo de segunda instancia que había fijado la actualización de las remuneraciones sin hacer mención pero también sin objetar que la sentencia de Cámara ordenara aplicar el ISBIC. En base a ese pronunciamiento de la Corte, ya miles de jubilados cobraron sentencias con la actualización por ese índice y también deberían cobrar así los que ya tienen sentencia firme. A estos últimos hace veinte años que no se les paga.
Como dijimos en otra oportunidad, estamos de acuerdo en que se debe modificar el sistema previsional, una total reforma al sistema jubilatorio para que sea justo y que constituya un derecho, no un beneficio otorgado por el Estado como un subsidio.
Es un desafío que hay que encarar para las futuras generaciones y que cuenta con nuestro apoyo, pero la complejidad de su estudio que impone el análisis y cotejo con sistemas y legislaciones extranjeras, requerirá un período prolongado. Mientras tanto, no debe descuidarse la generación actual, que sufre los graves problemas que estamos exponiendo y que debe tener una solución apropiada.
En el desarrollo de nuestro comentario de la fecha, comenzamos con una pequeña historia.
La madrugada del 20 de agosto de 2010 la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la ley que impuso el 82 por ciento móvil para los jubilados. Fueron 135 votos a favor, 89 en contra y 17 abstenciones. Los bloques que impusieron el número fueron los que por entonces conformaban el Grupo A: la UCR, el PRO, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el Peronismo Federal con Felipe Solá a la cabeza, el GEN de Margarita Stolbizer y el socialismo. Rechazaron la iniciativa el Frente para la Victoria y aliados provinciales, por considerar que ponía al sistema jubilatorio recuperado por el Estado dos años antes en situación de insolvencia, al no establecer la ley opositora mecanismos de financiamiento para sostener los aumentos. Se abstuvieron por la misma razón los diputados de Proyecto Sur, Libres del Sur y Nuevo Encuentro, con la excepción de Miguel Bonasso, que acompañó la propuesta.
Carrió fue esa noche una de las más enfáticas defensoras del proyecto. “Hay que hacerse cargo de los jubilados y esta es una manera responsable de hacerse cargo”, aseguró. Oscar Aguad y Patricia Bullrich también remarcaron la obligación moral de saldar esa deuda con los jubilados, lo mismo que dijeron en el Senado los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz.
En la Cámara alta la votación salió empatada y el que inclinó la balanza a favor de otorgar el 82 por ciento móvil a los jubilados fue el vicepresidente Julio Cobos. Su voto esa vez fue positivo.
Después de la aprobación del 82 por ciento móvil, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley al calificarla como una trampa para hacer trastabillar a la jubilación pública y forzar a su gobierno a una medida impopular. Mauricio Macri se lo recriminó: “La Presidenta no tiene autoridad moral para decir que no le alcanza la plata, cuando viene despilfarrando recursos en forma cada vez más grotesca”
Hoy ya nadie habla del 82 por ciento móvil. Dejó de ser una obsesión para las fuerzas políticas que lo impulsaron en su momento. Por el contrario, la reforma previsional que promulgó el Gobierno tendió a ensanchar la distancia entre los salarios de los trabajadores activos y los haberes jubilatorios, hundiendo cada vez más a estos últimos. Esto es por el reemplazo de la fórmula de movilidad actual por un sistema que ajustará los ingresos previsionales de acuerdo a la evolución de la inflación.
Como explicaron Javier Lewkowicz y Alfredo Zaiat, si entre 2009 y 2017 las jubilaciones se hubieran actualizado por la inflación, como fijó Cambiemos, la jubilación mínima se ubicaría en este momento en 5470 pesos. Es decir, casi 1800 pesos menos por mes para los jubilados de la mínima, en lugar de los 7246 que están percibiendo. Hubiera significado un recorte del 24,5 por ciento.
Seguramente para que vuelva a exigirse el 82 por ciento móvil habrá que esperar a que el actual oficialismo regrese al lugar de oposición.
Debemos recordar que la nueva fórmula está compuesta por un 30% de los incrementos salariales y un 70% de la medida de la inflación. Esto significa que el poder adquisitivo se prefiere a las variaciones de los salarios. Es decir, garantiza la capacidad de consumo frente a la posible disminución de las remuneraciones (y le niega el progreso en la distribución).
La protección de los pasivos se justifica en que la salida del mercado de trabajo los excluye de toda intención y esfuerzo de mejora o compensación por pérdidas mientras que los trabajadores conservan sus capacidades para competir en la persecución de su bienestar.
El abogado Mario Paganini que fuera profesor de Derecho en la Univesidad del Litoral, manifestó ser partidario de la fórmula que sigue los salarios. "Si el haber inicial es un porcentaje de los salarios, la conservación se consigue incrementándolo de igual forma". Una lógica irrefutable.
Hay que reconocer que para los jubilados el progreso desapareció de su porvenir y solo indirectamente pueden recibirlo. Por eso la movilidad les es esencial. El salario es ese medio indirecto, más si su participación en la distribución crece.
La nueva fórmula fijada por el gobierno viene a complementar el perjuicio ocasionado por la llamada Ley de Reparación Histórica que, por tratarse de una extorsión encubierta, no ha tenido la aceptación que el gobierno buscara y no disminuyó la cantidad de juicios por parte de jubilados y pensionados. En efecto, como señala la abogada Andrea Falcone, a 18 meses de la implementación del Programa “menos del 10% de los jubilados con juicio iniciado aceptaron la oferta”, con ofrecimientos muy bajos con relación al monto que surge de la demanda o de la propia sentencia. “De cada $100 que la ANSeS debe pagar a los jubilados por sus juicios termina pagando $25”, sin duda un vil resultado producto de la extorsión.
Lo que nos viene a ratificar la prueba de que Anses ha tenido siempre a los jubilados como "enemigos"
es que continúa apelando a la Corte Suprema los fallos favorables a los jubilados que se aprueban en las tres Salas de la Cámara de la Seguridad Social con sentencias que aplican el ISBIC. El argumento es que el Alto Tribunal no resolvió cuál debe ser el índice a aplicar, si bien reconoce que “la aplicación del ISBIC arroja una remuneración actualizada superior y por ende – dice- un salario promedio exagerado”. Además, ANSeS apela sentencias de Cámara en “etapa de ejecución” que no fueron cuestionadas con anterioridad.
En realidad, poporciona tranquilidad saber que la Corte Suprema confirmó el fallo de segunda instancia que había fijado la actualización de las remuneraciones sin hacer mención pero también sin objetar que la sentencia de Cámara ordenara aplicar el ISBIC. En base a ese pronunciamiento de la Corte, ya miles de jubilados cobraron sentencias con la actualización por ese índice y también deberían cobrar así los que ya tienen sentencia firme. A estos últimos hace veinte años que no se les paga.
Como dijimos en otra oportunidad, estamos de acuerdo en que se debe modificar el sistema previsional, una total reforma al sistema jubilatorio para que sea justo y que constituya un derecho, no un beneficio otorgado por el Estado como un subsidio.
Es un desafío que hay que encarar para las futuras generaciones y que cuenta con nuestro apoyo, pero la complejidad de su estudio que impone el análisis y cotejo con sistemas y legislaciones extranjeras, requerirá un período prolongado. Mientras tanto, no debe descuidarse la generación actual, que sufre los graves problemas que estamos exponiendo y que debe tener una solución apropiada.
