martes, 2 de mayo de 2017

LA SED DE LA VENGANZA VII

  
Inicio mi blogspot con un admirable artículo de un amigo que nunca fue tan oportuno, y que por eso transcribo. A continuación, la carta de una víctima de “El placer de la venganza”, de la cual he publicado VI artículos,  esta vez en apoyo de un héroe militar condecorado con medallas por heridas en combate, todas en batallas libradas por su patria, el Tte, Coronel ® Emilio Guillermo Nani, a quién me he referido en ni blog, bajo el link
http://silviopedropizarro.blogspot.com.ar/2015/11/nuestros-presos-politicos.html
  
 PERSECUCIÓN JUDICIAL

 Parece que los jueces federales siguen la guerra revolucionaria por otros medios, iniciada por las organizaciones subversivas/terroristas -ERP, Montoneros, FAR...-, que fueron adoctrinadas y entrenadas tácticamente por el peón de brega de la Unión Soviética, Fidel Castro, bajo el impulso de ese país, contra todas las naciones latinoamericanas, salvo México-. Entre 1969/1979 cometieron 21.655 atentados terroristas que dejaron 1.160 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados. No se entiende que el juez federal Nº 3, Santiago Inchausti, de Mar del Plata (perteneciente a la organización kirchnerista "justicia legítima", haya ordenado la captura del Tcnel. D. Emilio Guillermo Nani, por presuntos "delitos" durante durante la guerra contra la subversión en los años '70 en esa jurisdicción, relacionada con los derechos humanos de terroristas; quien es de la escuela "garantista" del abolicionista del Código Penal, ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni, siendo aquél veterano de la Guerra de Malvinas, y que el 23 de enero de 1989 combatió para recuperar el Regimiento de Infantería Blindada 3 "General Belgrano", de La Tablada, perdiendo su ojo derecho, que había sido copado por unos 45/50 subversivos del Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderado por el erpiano Enrique Gorriarán Merlo (que luego fue indultado por el ex presidente Eduardo Duhalde), en cuyas acciones de combate murieron 39 personas, entre ellas nueve oficiales, suboficiales, soldados del Ejército (incluyendo el conscripto Roberto T. Taddía, que a las 06:15 de ese día se encontraba en la guardia barriendo con una escoba, siendo masacrado a tiros).
       Considero que ese miembro del colectivo "justicia (il)legítima" kirchnerista, infiltrada en el Poder Judicial (según el fiscal federal Germán Moldes habría que "desratizar" la Justicia), deberá dar explicaciones sobre la persecución del alto jefe del Ejército, luego de 46 años de los hechos de la década del '70. Sabe perfectamente, que la ex presidente María E. Martínez de Perón, mediante Decreto Secreto Nº 261/75 del 5-1-1975 ordenó al Ejército neutralizar y/o aniquilar el accionar terrorista en Tucumán, lo que  el Presidente Provisional del Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Ítalo Lúder, mediante Decreto 2772/75 del 6-10-1975, ordenó a las Fuerzas Armadas extender la neutralización y/o aniquilamiento a todo el país.
       Relacionado con lo expuesto, no nos olvidemos todos los enjuiciamientos en que sedicentes inculpados deben probar su inocencia, con reversión de pruebas, y con violación de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, que se supone es tarea de los fiscales que deben probar sus acusaciones. Y jueces y fiscales cometen prevaricación, que con integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos, y las pseudo organizaciones (madres y abuelas de Plaza de Mayo) preparan centenares de testigos apócrifos, que con una memoria prodigiosa, recuerdan los más nimios pormenores y detalles, teniendo en cuenta al lapso de tiempo de 46 años por hechos de la década del '70.
       De ese modo, violan el derecho de defensa, condenando a militares, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales que combatieron a la subversión/ terrorista, siendo condenados a prisión perpetua, aunque la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, por lo cual no es aplicable a los hechos de la década del '70 (repito); y, asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori y no a priori de su ratificación. Por otro lado, los crímenes cometidos por los terroristas Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía, Verbitsky..., quedaron impunes, siendo indultados, amnistiados e indemnizados.
       A la luz de lo consignado, todos los "presos políticos" deben ser liberados, por la inconstitucionalidad manifiesta de sus condenas; teniendo que lamentar las muertes de unos 400 militares, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales que padecieron malos tratos, inanición y sin atención médica en las mazmorras de Marcos Paz, Campo de Mayo y el interior del país, y cuyos derechos humanos desconocieron las autoridades de los tres poderes del Estado (que es una rémora insalvable para jueces y fiscales federales, camaristas, la Corte Suprema de la Nación, los gobiernos kirchnerista y el actual, que no hace nada para cesar el sufrimiento de los "presos políticos", que superan los 76 años de edad en promedio).

Alfredo Nobre Leite


SOLITUD DE ASILO POLÍTICO

BUENOS AIRES, 02 de Mayo de 2017

SER
Monseñor Emil Paul Tscherring
Nuncio Apostólico
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento que he tomado la decisión de solicitar asilo diplomático ante la Sede del Estado Vaticano, en su doble condición de Estado soberano y Sede de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, debido a la ausencia casi absoluta, en mi país, de garantías constitucionales y procesales para quienes tuvimos la responsabilidad de participar en la guerra contraterrorista, ordenada por gobiernos democráticos, para liberar a la Nación Argentina del flagelo del terrorismo, impidiendo que se instalara en ella un régimen de tinte totalitario comunista. 
Esta decisión se debe a que he tomado conocimiento que el Juez Federal Penal Nro. 1 y 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti habría resuelto ordenar mi captura para procesarme por la comisión de supuestos delitos de lesa humanidad.- Es decir que una misma persona, aprovechando la circunstancia de estar a cargo de dos Juzgados Federales Penales, sugestivamente, y luego de más de 12 años del reinicio de la persecución penal contra los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y civiles, por su participación en la citada guerra contraterrorista, ha encontrado, vaya uno a saber qué curioso motivo, para sustanciarme dos causas – una en cada juzgado – buscando lograr mi privación de libertad.
Hablo de “curioso motivo” debido a que la experiencia que he recogido a lo largo de casi 14 años, en los que si algo ha caracterizado a la Justicia, es su poco apego al Derecho y sí demasiado a la prevaricación, violentando cuanta norma legal existe, incluido el Artículo 18 de nuestra Constitución Nacional (adjunto el listado de las normas violentadas), para consumar una larga sed de venganza contra quienes hemos tenido la responsabilidad de participar en la guerra contrarrevolucionaria.
Avalo mi decisión amparándome en lo establecido en el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y en las decisiones de tribunales de otras naciones, como las que detallaré a continuación, que han rechazado las absurdas pretensiones de la politizada justicia federal argentina.- Esto me permite soslayar con causa las disposiciones que rigen el asilo diplomático, en el sentido que pueda ser negado en casos de existir una citación judicial.

Fundamento lo solicitado, en los siguientes aspectos:

1.     A lo largo de toda mi vida y, en especial, en estos últimos 35 años, siempre me he ajustado a derecho respetando las instituciones republicanas y democráticas.
2.     No he participado en ninguna de las asonadas militares de los años ’80 y ’90, en las cuales, si bien tengo muchos amigos entre quienes las llevaron a cabo, no estuve de acuerdo con la metodología ni con la oportunidad.- Pasados los años, al comprobar la corrupción del aparato político-judicial, con muchísima tristeza y, lamentablemente tarde, me he dado cuenta de cuánta razón tuvieron al intentar llamar la atención de la sociedad argentina respecto del peligro que se cernía sobre ella.- Los resultados están a la vista.
3.     El 23 de Enero de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsin y en oportunidad de participar de las acciones de recuperación de los cuarteles de La Tablada, atacado a sangre, fuego y destrucción por la organización terrorista Movimiento Todos por la Patria (MTP), una mutación del Ejército Revolucionario del Pueblo, que tanta sangre de argentinos derramó en lo años ’70, fui gravemente herido.- Junto conmigo fueron asesinados 9 miembros del Ejército Argentino (entre ellos 4 Soldados Conscriptos) y otros 60 fueron heridos, muchos de gravedad..- Como consecuencia de ello, fui condecorado por el Congreso de la Nación, con la Medalla “La Nación Argentina al Herido en Combate”.
4.     En el año 2003, debido a mi compromiso con la Patria, quise hacer un aporte más a ella, fundando el partido político Movimiento por la Recuperación de la República (MORERA), participando en los procesos electorales de los años 2003, 2005, 2007, 2009 y 2011.

Lo que relataré a continuación, son algunos de los aspectos por los cuales tengo la total convicción de la ausencia absoluta de garantías procesales y constitucionales en la Argentina, en causas judiciales, como las que ahora se me pretende enrostrar:

1.     En estos días se ha llevado a cabo una reunión encabezada por las organizaciones ultrakirchneristas Carta Abierta y Justicia Legítima.- Dicha reunión estuvo dirigida por el terrorista montonero Horacio González, ex Director de la Biblioteca Nacional durante el gobierno anterior.- Este embrión de un nuevo espacio político-cultural alineado al kirchnerismo, tiene como objetivo inmediato acompañar el creciente estado de movilización y convulsión social existentes en el país, para lanzar una "batalla cultural" contra el gobierno, fomentando su desestabilización y caída.- Es decir que, como en los ’70, los sectores vinculados a las otrora organizaciones terroristas, han cambiado la metodología, pero no sus ambiciones de toma del poder, por fuera de las normas republicanas establecidas en nuestro país.- “Justicia Legítima” es una organización de jueces y fiscales de reconocida militancia política que entienden en causas denominadas de “lesa humanidad”, que son los que pretenden juzgarme. ¿Ud. cree posible un juicio justo con personas de tales características?.
2.     Por disposición del gobierno nacional se ha emitido una estampilla para rendir homenaje al cumplirse 50 años de la muerte de uno de los mayores carniceros latinoamericanos, Ernesto Guevara de la Serna (a) El Ché y, nada menos que en la Biblioteca Nacional, se ha rendido homenaje al terrorista montonero Rodolfo Walsh, quien, junto con Horacio Verbitsky y Miguel Bonasso, entre otros crímenes, fueron los responsables de la colocación de una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal, que dejó un saldo de 22 muertos y 60 mutilados.- Un gobierno que así actúa, mientras que pretende ignorar las aberraciones judiciales cometidas contra mis camaradas, ¿qué garantía de juicio justo me puede asegurar?.
3.     En los denominados “juicios de lesa humanidad”, son querellantes los estados nacional y provinciales, querellas que, con total cinismo, ignoran sistemáticamente las violaciones constitucionales y jurídicas que aquí cito, mientras que –en representación de sus mandantes- apoyan el avasallamiento de los derechos humanos de ancianos septua, octo y hasta nonagenarios detenidos, a los que, sin ningún pudor, llevan a la muerte como ha sucedido con la mayoría de los 400 presos políticos ya fallecidos.
4.     Ricardo Lorenzetti, además de estar sospechado de graves hechos de corrupción, tal como lo vienen denunciando la diputada nacional Elisa Carrió y la periodista Natalia Aguiar, en su libro “El señor de la Corte” (en cuyos capítulos 2 y último, además lo acusa de haber pertenecido a la organización terrorista Montoneros), presentó su libro “Derechos humanos: justicia y reparación” junto al conocido terrorista del Ejército Revolucionario del Pueblo¸ Eduardo Anguita, responsable, entre otros crímenes, del ataque al Comando de Sanidad, en el que fue asesinado el 2do. Jefe del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, Teniente Coronel D. Raúl Juan Duarte Ardoy. En este libro fija una clara posición respecto de su pensamiento condenatorio respecto de los llamados juicios de lesa humanidad.- Con estos antecedentes, ¿se puede pretender de él algún dejo de imparcialidad y objetividad, siendo nada menos que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia?.
5.     Muchos de los que agredieron a la Nación y la sociedad argentinas en los años ’60, ’70 y ’80, como integrantes de las organizaciones terroristas que asolaron nuestra Patria o bien sus apologistas, ocuparon y ocupan privilegiados cargos en los poderes del Estado, incluso en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en los tribunales federales penales y en los medios de comunicación, cargos que utilizan como verdaderos puestos de combate para consumar una venganza anhelada.- No me detengo a nombrarlos para no hacer aún más larga esta nota y porque, supongo, V.E. no ignorará de quienes se trata.- Nuevamente me pregunto, ¿puedo pretender alguna garantía de imparcialidad en dichos tribunales federales?.
6.     Ni en el seno de la Santa Iglesia Católica hemos encontrado cobijo, contención y seguridad en la búsqueda de la reconciliación y la concordia que tanto estamos necesitando.- Así como en el pasado existió el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que tantos jóvenes envió a matar y morir, en el presente fue reemplazado por el Grupo de Curas en Opción por los Pobres, liderados por Eduardo de la Serna, cuyas “homilías” (???) y Cartas, lejos de cumplir con el mensaje de amor y paz de Nuestro Señor Jesucristo, constituyen verdaderas proclamas cargadas de odio y violencia, llegándose al extremo que en el Año de la Misericordia, la única ausente para nosotros fue, precisamente, la misericordia.- Su Eminencia: como católicos buscamos de nuestra Madre lo que hasta ahora se nos ha venido negando.
7.     Países que se destacan por su apego al estado de Derecho, como Italia, España y Estados Unidos, han negado la extradición de militares a los que se los ha acusado de la comisión de “delitos de lesa humanidad”, por considerar que los mismos constituyen figuras inexistentes, toda vez que la norma que los establece, el Estatuto de Roma, no estaba vigente en el momento de la comisión de los hechos que se les imputan, por lo que se les estaría aplicando la norma en forma retroactiva. Vea los casos del Coronel Jorge Pedro Wagner (1); del Teniente Coronel Carlos Luis Malatto (2) y del Teniente de Navío Guillermo Roberto Bravo (3), citados al pie de esta nota y compare la diferencia de proceder entre una Justicia que se ajusta al respeto por el Derecho y otra que se encuentra muy lejana de hacerlo.

Podría seguir mencionando decenas de ejemplos que demuestran, como expresara anteriormente, la falta de garantías constitucionales en Argentina para quienes se encuentran encarcelados (o en vías de serlo) bajo el falso título de “lesa humanidad”, pero, los expresados, son sobrados fundamentos.
Llama la atención que pocos días después que hiciera mi denuncia pública, emitida bajo el título de “Desazón y bronca” (que le adjunto a la presente nota), en el que intento poner sobre el tapete la realidad de nuestra reciente historia pasada, haya aparecido un juez decidido a disponer mi captura, sustanciando dos causas, en los dos juzgados a su cargo.
Toda mi vida la he dedicado al servicio de nuestra Patria, tal como ha quedado acreditado con mi participación en la Guerra de Malvinas como en la recuperación de los cuarteles de La Tablada.- En ambas acciones fui herido y por ambas acciones fui condecorado. Y como yo, los más de 2000 presos políticos que hoy se encuentran privados de su libertad y los 400 que ya han muerto como consecuencia de la desidia político judicial, quienes con sus aciertos y errores, pero con su entrega y sacrificio, impidieron que nuestro país cayera en las garras del comunismo.- ¿Será ése el “pecado” que estamos pagando?. 
La Argentina debe ser uno de los pocos países que encarcela a quienes le aseguraron la libertad y premia a quienes quisieron conculcarla. 
Ante este patético panorama, ¿Ud. cree posible que pueda aspirar tener un juicio justo?.

De ser capturado por el aparato estatal, lo único que tengo garantizado es una muerte segura, sin en el menor auxilio espiritual, como ha sucedido con la mayoría de los 400 ya fallecidos, que no tuvieron acceso, siquiera, a los Santos Oleos y en condiciones vejatorias para nuestras familias.
Por todo lo expresado es que solicito a Su Eminencia su cristiana protección, la que sinceramente anhelo que pudiera ser extendida a todos los que hoy padecen injusta, ilegal e ilegítima privación de su libertad por haber cometido el “delito” de haber defendido a la Patria, tal como juramos cuando abrazamos la carrera de las armas.
Sin otro particular, lo saludo con mis expresiones de respeto y consideración,




Emilio Guillermo Nani
Teniente Coronel (R)

Veterano de Guerra

EL "RELATO" DE MAURICIO MACRI

La historia se repite, aunque hay muchos críticos con respecto a esta frase polémica. Nada más cierto que en esta ocasión, donde lo comprobamos con disgusto. Macri tiene su “relato” como Cristina, en la perversa Ley de Reparación Histórica. La semejanza es notable, pues contiene los mismos ingredientes de mentiras, engaños, promesas y repetición constante que finalmente termina por ser creída por propios y extraños y hasta por sus mismos redactores. Tiene una preparación más rebuscada, cierta elegancia en su redacción, aunque realmente incomprensible, que la coloca en un rango muy superior y con un título que se acomoda a la cacareada doctrina de “revisión histórica” de su corrupta antecesora.
La finalidad coincidía con la necesidad de hacer justicia a los jubilados, especialmente a los mayores de edad que vivían apaleados  por Massa, Boudou y Bossio y últimamente por Basavilbaso con cientos de obstrucciones, apelaciones y malos tratos adornados con insultos que tuvieron su origen histórico con la señora que ocupaba el cargo de Presidente, que supo lanzarles con voz destemplada el alarido de “caranchos y buitres.”
En una palabra, se los estafaba y no se le pagaban las sentencias, ni aún las dictadas por la Corte Suprema de Justicia.
La solución consistía simplemente, conforme a las leyes que rigen una república democrática, ordenar el cumplimiento del pago de las sentencias como en cualquier país civilizado del mundo.
Aquí comienza la saga de ANSES, ya que el nuevo gobierno le dedica un tratamiento especial, dado su carácter de organismo  pudiente que maneja la mayor caja del país, y comienza por otorgarle la excepcional ventaja, reñida con la función pública, de omitir imprudentes investigaciones y auditorías sobre las anteriores administraciones, que habían desvirtuado su finalidad y usaban de ella como cosa propia según las órdenes de saqueo de la señora.
El procedimiento se hizo extensivo al tratamiento que recibían los prisioneros, maquinando a la perfección un sistema bien aceitado de características kafkianas que dio por resultado la ley del relato histórico macrista.
Resulta inconcebible que, en lugar de una ley de un artículo, como decíamos anteriormente, se haya promulgado una ley, la 27260, el 29 de junio de 2016, de 97 artículos y otros tantos incisos, un fárrago de disposiciones confusas y con varias interpretaciones jurídicas al servicio de sabios leguleyos.
Nadie mejor que Kafka hubiera fijado los procedimientos que justamente para gente de mayor edad, en condiciones de reducida movilidad y menor entendimiento, les significara un martirio agregado a sus problemas de trámites previsionales, pues ellos son:  Una vez aceptada la propuesta en forma electrónica. el jubilado y su abogado firmarán un acuerdo con sus huellas digitales en forma terminal de datos biométricos, algo que puede hacerse en una sede de ANSES o en alguna sucursal bancaria que cuente con ese recurso. Ese acuerdo es remitido al organismo previsional y es firmado por el director ejecutivo y por un abogado. Y luego, el documento es remitido al Poder Judicial, ya que un juez debe homologar el pacto para que quede formalizado. Al dar su acuerdo, el jubilado renuncia a su juicio por los conceptos involucrados (si es que había iniciado una demanda) o bien se compromete a no reclamar por vía judicial (si es que no lo había hecho). Lo inadmisible del compromiso es que constitucionalmente nadie puede renunciar a su derecho previsional, pero nadie habrá caído en la cuenta de este menor detalle.
No es necesaria mucha imaginación para ponerse en los zapatos de un viejo jubilado que esperaba pacientemente la orden del nuevo mandatario para que se cumpla con el pago que ANSES le niega, y se encuentra ahora bailando por todos los pasillos de las oficinas públicas sin el mínimo conocimiento de lo que sucede a su alrededor, mientras su expediente debe estar dando vueltas como en un lavarropa para conocer el sorteo digital de su caso que ahora sólo depende del relato de Macri.
Fíjense que la enunciación de la ley por parte de ANSES era esta fiel transcripción:
“La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada el 29 de junio de 2016 por el Congreso de la Nación, consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra la ANSES, a actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales, mediante la firma de un acuerdo”.
Nada dice de los litigantes que tienen sentencia firme, y con respecto a los demás les propone un acuerdo que a nuestro entender sería un arreglo extrajudicial con la conformidad de ambas partes, pero resultó constituir una extorsión con una clara advertencia, “si usted acepa el 50% de descuento sobre la reactroactividad, le pagamos el otro 50%,  pero en cuotas trimestrales.”
Queremos destacar la actitud del Juez de la Seguridad Social, Juan Fantini que al homologar un acuerdo en el marco de la Reparación Histórica dejó en claro que la función de los magistrados “no debería limitarse a un simple click”. Además denunció que con el expediente digital se agravó el colapso previsional. También agregó que el Código Civil y Comercial de la Nación “no requiriría de la homologación judicial, ya que los artículos 1641 y 162 del mencionado texto legal establecen que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar el litigio, o para ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas o que la misma produce el efecto de la cosa juzgada “sin necesidad de homologación judicial”
En este punto el juez se preguntó “por qué debería ser prioridad una causa digital, en la que interviene una persona que hasta aquí nunca accionó por sus derechos, en relación a quienes llevan años litigando y en muchos casos hasta aquí no cuentan con sus haberes reajustados”
Esa es la preguntas que se hacen más de un centenar de jubilados mayores de 90 años con sentencia de la Corte a su favor.
El hecho de que un juez previsional se haga públicamente esta pregunta es una ironía inaceptable, suena casi como una burla.
Estamos, pues, ante el “relato” del presidente Mauricio Macri, la Ley de Reparación Histórica.