A pesar de
de las esperanzas de un verdadero cambio, al ser derrotadas las huestes
populistas por conducto de una jornada electoral impecable, pasados seis meses
de la asunción del nuevo gobierno observamos que la influencia del relato
machacado durante quince años todavía tiene su vigencia en el comportamiento de
la sociedad en todos sus niveles.
La política,
la justicia y el periodismo son una muestra evidente de lo expresado, cuando
vemos publicaciones diarias referidas a las condiciones de detención de una
activista devenida millonaria por la explotación de los afiliados a su
organización Tupac Amaru.
Las
polémicas desatadas por una acusación de los miembros de dicha asociación y la
respuesta de funcionarios de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy con
sorprendentes fotografías que muestran las privilegiadas condiciones de su
encierro, son difundidas diariamente en canales de televisión y en los
principales periódicos del país y tienen las características de una manifiesta
vulgaridad destinada a un público procaz.
No solamente
es chocante la banalidad del caso aquí expuesto, sino que contrasta en forma
dramática con otras situaciones que son ignoradas por los medios, la justicia y
la política, según expresamos al comienzo. Hay más de dos mil detenidos,
denominados presos políticos, hacinados en cárceles insalubres, la gran mayoría
de edad avanzada, sin prestaciones médicas mínimamente adecuadas, y que van
muriendo diariamente en esas condiciones. Los reclamos existen y son
presentados regularmente por sus familiares, pero la autoridades hacen caso
omiso y se abstienen desvergonzadamente de publicar fotos en colores como en la
ocasión relatada que está de moda en la sociedad.
Las
denuncias, ya no reclamos, presentadas por la Asociación de Abogados por la
Justicia y la Concordia son graves y llegan a la conclusión de que la población
de presos políticos está condenada a seguir incrementando la mortalidad. No se
equivocaron en su diagnóstico pues ya llega a más de 350 los fallecidos en
cautiverio.
Los
funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos no deben tener presupuesto
para tomar y publicar fotografías de estos ancianos desvalidos, o bien si los tienen se cuidan mucho de hacerlo pues la condena de la sociedad sería un
factor político en desmedro de los votos necesarios para el gobierno.
Efectivamente,
la influencia del relato resultó tener el efecto de una droga que ha adormecido
a nuestra sociedad, sin distinción de niveles, instituciones y organismos.
Para que se comprendan las razones que me
asisten en este escrito, doy a conocer uno de los informes producidos por el
Dr. Mariano Castex después de su visita al Penal de Marcos Paz.
“Militante
activo de larga data en el campo de los derechos humanos para todo detenido por
igual, me veo lamentablemente en la necesidad de dejar constancia de lo
observado, entendiendo que deberían revisarse e investigarse seriamente alguna
conductas anormales que estarían rigiendo en el país en torno a los juicios de
lesa humanidad y al trato que se brinda a los encartados y condenados en tales
procesos, ya que parecería para muchos y en especial al abajo firmante, que
pareciera imponerse desde los estratos del Poder una política destinada a
maltratar a gerontes enfermos e invalidados, negándoles acceso a una adecuada
atención de salud.”
El contraste
que hemos revelado en esta descripción de dos situaciones de igual contenido,
pero de diferente consideración y tratamiento, es abismal y requiere una toma
de conciencia acerca de los valores que el sentido de humanidad coloca a
nuestro alcance para asignarles la importancia que se merecen y la prioridad de
su enfoque.
¿Será
necesario recordar el artículo 18 de la Constitución Nacional que en el último
párrafo del mismo establece que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida
que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que
aquella exija, hará responsable al juez que la autorice?
Parece que
así lo entendió la Corte Suprema de Justicia al caer en la redundancia de declarar
que es necesario que todos los tribunales “en sus respectivas competencias” extremen
la vigilancia para el adecuado cumplimientos de las Reglas Mínimas y de las
normas que nacional o internacionalmente imponen el tratamiento digno de toda persona privada de libertad y, en
especial, en lo que hace a la tutela de la vida humana y la integridad física
de los presos.
Apartado
quizá del tema principal, quise enfocar este aspecto redundante y artificioso,
por no decir inútil, de la justicia actual que lo he destacado en un artículo que me
pregunto si es necesario que el poder ejecutivo envíe un proyecto de ley al
legislativo sobre el pago de las sentencia de los jubilados, para que se cumpla
la ley desobedecida durante años.
Es tan evidente la anomia en que casi se ha desbarrancado el país, es tanto el desapego y desobediencia a las leyes, que el nuevo gobierno sale confundido a dictar leyes y más leyes, cuando el quid de la cuestión es sólo ordenar el respeto a la Constitución Nacional y las leyes de ella derivadas.