viernes, 31 de julio de 2020

REFORMA CAMBALACHE

El 22 de enero de este año decíamos en este espacio:
"El mayor peligro que encierra esta apresurada reforma consiste en que podría contener modificaciones atentatorias a la Constitución Nacional, que sería el motivo de su extraña demora, lo cual traería como solución definitiva una reforma constitucional de características dogmáticas lesivas a la democracia, afines a un nuevo orden del que se habla entre militantes populistas cercanos al dogma cristinista que fuera delineado por la agenda progresista del Grupo de Puebla, inaugurado en diciembre en Buenos Aires por Alberto Fernández, a la sazón presidente electo.
Por ello insistimos en que la ciudadanía debe permanecer atenta, por medio de asociaciones democráticas y organismos afines, ante esta crucial amenaza contra nuestros principios republicanos".
Durante su campaña electoral y el mismo 10 de diciembre de 2019, día en que asumió la primera magistratura, el presidente Alberto Fernández prometió una reforma judicial y la revisión de las sentencia de jueces a los que acusó nombrándolos, como un paso directo a restringir la autonomía del Poder Judicial y con el velado propósito de anular los juicios de corrupción en que se halla procesada la vicepresidente.
A los pocos días citó al Congreso a sesiones extraordinarias en época de feria, para el tratamiento del proyecto de ley de la Reforma Judicial, mientras lo preparaba a puerta cerrada con Beliz, la ministra de Justicia Marcela Losardo y Vilma Ibarra a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación.
Una ley de esta naturaleza debió ser previamente discutida por juristas, políticos y asociaciones afines al bien público, lo que fue ignorado. Esta opinión la vemos ratificada por la AsociaciónCivil por la Igualdad la Justicia (ACIJ) que considera saludable que las instituciones públicas avancen en diagnósticos y propuestas que se discutan para fortalecer el mejor funcionamiento del Poder Judicial en el marco de la democracia
Es posible que la ampliación de los miembros de la Corte se vea incluído en la reforma, decíamos, pues aunque el Presidente había manifestado su opinión contraria, cedió ante la fuerte presión de la Vicepresidente y aceptó la discusión del tema en un consejo consultivo. Teníamos razón.
Finalmente y después de sucesivas postergaciones, el Presidente presentó el poyecto, cuyo contenido y motivaciones, respondieron a nuestras predicciones.
La ciudadanía se había anticipado al rechazo con estridentes cacerolazos en los balcones, y el 90% del periodismo desató una catarata de críticas fundadas, en crónicas escritas y relevisadas.
Cambalache, es el título que le daría el pequeño gran poeta de los arrabales porteños, Discépolo.
Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se presentó el proyecto en una sala desteñida, la ciudadanía herida por un sable sin remache, vimos llorar la Biblia junto a un calefón.
En definitiva, no queremos un autoritarismo manejado a discreción sobre las bases de una fraguada reforma de la justicia que anule la autonomía del Poder Judicial. Eso es lo que vislumbramos a través de las palabras pronunciadas por el Presidente el mismo día de su ascenso al poder, 10 de diciembre, de 2019, corroborando sus discursos en la campaña electoral, en los que no se privó de acusar a jueces y prometer la revisión de sus sentencias, citándolos con nombre y apellido, cuando ya era presidente electo.
Queda en la conciencia y en la dignidad de los legisladores el rechazo in limine de este infame proyecto de ley.
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