La recusación de jueces en
los juicios llamados de lesa humanidad en Santiago del Estero no ha merecido
ninguna mención de importancia en el periodismo.
Volvamos a recordar que buena
parte de la justicia se prestó por espurios intereses al circo de los juicios
llevados a cabo con profusa difusión en abierta violación a la Constitución y
al Derecho Penal, con el solo objetivo, ordenado por el Ejecutivo de “condenar”
a más de 2.000 militares que fueron desfilando por tribunales formados como
“comisiones especiales” propias del nazismo. Era el tiempo de la venganza.
Los numerosos reclamos y
presentaciones judiciales de organismos de derechos humanos y de juristas y
familiares de los presos políticos fueron desoídos, a pesar de que muchos
provenían de organismos internacionales. Era algo que se esperaba pues el país
se hallaba bajo el imperio de una falsa democracia que durante doce años azotó
todas las instituciones con el lema que se hizo público del “vamos por todo”.
Con el advenimiento de un
nuevo gobierno surgido de limpias elecciones sopló un aire vivificante que
llenó de esperanzas a un pueblo aletargado por la anomia y la corrupción
sufrida del avasallante régimen populista.
Las promesas electorales se
fueron cumpliendo paulatinamente no obstante la herencia catastrófica con que
se encontraron las nuevas autoridades, pero fallaron en el orden de la justicia
en forma inexplicable y llamativa, por la gravedad que significó la continuación
de la Justicia Legítima y de los numerosos jueces y fiscales que a ella
respondían. Se reactivaron de a poco los juicios de corrupción que por
centenares permanecían dormidos con
perspectivas de prescripción, pero nada se hizo para recuperar la vigencia de
los derechos humanos conculcados.
En la llamada “megacausa” que
se realiza en Santiago del Estero, fueron recusados en varias instancias los
jueces que integran el Tribunal por haber sido militantes del ERP y
querellantes en juicios de lesa humanidad con lo que era evidente su falta de
imparcialidad e independencia.
El pedido de nulidad de los
juicios no tiene resolución todavía.
Este hecho es de suma
gravedad ya que se ha producido a más de ocho meses en que asumió el gobierno y
las actuaciones continúan desarrollándose como fueron digitadas y programadas
por el gobierno anterior. Y esto es así porque el secretario de Derechos
Humanos lo confirma explícitamente en su reciente declaración: “La política de
memoria y justicia sigue siendo una política de Estado, Somos parte querellante
en 225 causas de lesa humanidad. Tenemos muy clara la agenda de derechos
humanos porque, como dijo el Presidente los juicios por lesa humanidad son prioritarios.”
Esta política de Estado
alegada por el secretario constituye en realidad una persecución que se
caracteriza con el tratamiento inhumano a los ancianos y enfermos presos
políticos, a los que se les niega permanentemente el derecho a la prisión
domiciliaria.
Hay una cuña adentrada en las
instituciones gubernamentales muy arraigada en el Poder Ejecutivo: Ministerio
de justicia y secretaría de Derecho Humanos y en el Poder Judicial: el
Presidente de la Corte Suprema y Justicia Legítima, que debe ser extraída de
inmediato a riesgo de la desestabilización de la democracia.
El Presidente de la Corte
tuvo conocimiento de las irregularidades y prevaricatos ocurridos en el seno de
su ámbito y las consintió por causas que no son del caso señalar y sigue
teniendo conocimiento de que continúan sucediendo durante el nuevo período gubernamental. A los
días iniciales del mismo, declaró en un acto público en presencia del Presidente
que los juicios de lesa humanidad eran política de Estado, que no sólo continuarían,
sino que serían acrecentados.
Si se analizaran las recusaciones
y solicitudes de legal precedencia por la nulidad de los juicios anteriores, se
hallaría una gran mayoría de casos similares al actual.
Hay inquietud en el gobierno
por la demora en la substanciación de los juicios por corrupción que abundan en
grandes cantidades y en importancia y que involucran a la mayoría de ex
funcionarios, incluida la ex presidente, y por ello dispuso la realización de
auditorías.
Si el plenario del Consejo de
la Magistratura aprobó por unanimidad la realización de auditorías en juzgados
y tribunales federales con competencia en materia penal de todo el país para
analizar el desempeño de cada una de las investigaciones de casos de
corrupción, no habría inconveniente en ampliarla a todos los juicios penales
relativos a los delitos de lesa humanidad. Dicha revisión contaría con la
opinión favorable de muchos jueces y fiscales que por sus antecedentes de
probidad y dignidad en el desempeño de sus funciones, prestarían un apoyo
inapreciable a la formación de un nuevo estado de derecho respetable y
confiable.
Este deseable saneamiento del
Poder Judicial traería como consecuencia una serie de juicios políticos de los
cuales no podría estar excluido el Presidente de la Corte, pero que contarían
con la garantía de imparcialidad y respeto a los derechos humanos que establece
la Constitución Nacional y las leyes penales de ella derivadas.
La responsabilidad del
Presidente corre análoga a la de todo funcionario y/o magistrado según los
cánones de la justicia.
El problema emergente de la
nulidad pedida al juicio de la megacausa
es muy crítico, debido a que las pruebas invocadas fueron tan claras y determinantes que pusieron en evidencia la impunidad del
tribunal al proceder sin el más mínimo cuidado en mostrar su parcialidad. Es
importante pues queda claro que hay una confabulación en el Poder Judicial que
garantiza la ilegalidad de los procedimientos.
Más que nunca las autoridades
nacionales deben investigar las redes que manejan estas irregularidades que han
quedado al descubierto. Hay que averiguar quién designa a los jueces que
conforman el tribunal, cuando se conocen sus antecedentes que los inhabilitan
para integrarlo. Las ilegalidades también consisten en el incumplimiento de las
disposiciones del Código de Procedimiento Penal que no se controlan y que son
continuamente observadas por los abogados defensores con resultado negativo.
Antes de que se le venga el
techo encima, el Presidente debe actuar con firmeza y abandonar su política
errática en la materia, desprenderse de funcionarios comprometidos y poner en
práctica las sabias promesas electorales.
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