Con paciencia y perseverancia se está abriendo el camino a la justicia de los presos políticos del país con uniforme militar. En mi blog “Habla la experiencia" he publicado dos artículos “El placer de la venganza I y II", con referencia a estos casos. Tengo dos más en preparación, pues todos los días surgen nuevos ataques del Gobierno a los derechos humanos, de los cuales por cruel ironía se manifiesta adalid. Interrumpo brevemente su gestación para dar paso a tres extraordinarias publicaciones que merecen ser difundidas con todo el calor que nos infunde su rigurosa actualidad. Los denominaré 1,2 y 3 y ruego su atenta lectura, dada la contundencia de los argumentos expuestos y el clamor de justicia que encierran.
1.) Carta de Carina Emilce Faur al diario La Nación.
DERECHOS NEGADOS
Enrique Stel es coronel, veterano de Malvinas. Condecorado por el Congreso y por el Ejército por su valor en combate, y en tres oportunidades por la ONU por sus servicios a la paz en el conflicto de la ex Yugoslavia. Hoy se ha convertido en una lamentable estadística en el sistema de los "derechos de algunos humanos". Detenido injustamente cuando ya se encontraba presentado en la causa, imputado por "haber sido" y no "por hacer", y detenido por el simple hecho de "pertenecer" al Ejército. Procesado sin fundamento alguno, sin pruebas, lleva más de un año en una cárcel común, sin que la justicia haya verificado la afectación de su derecho de defensa y del debido proceso legal. Stel tenía 20 años a la fecha de los hechos que se investigan. Como subteniente del arma de Comunicaciones se desempeñaba como jefe de sección de la Compañía Alámbrica del Batallón de Comunicaciones 181 (es decir, jefe de la menor fracción en la estructura organizacional del Ejército). Por ese cargo se lo imputó, pero se lo procesó por otro, por ser jefe de sección de una Compañía de Infantería dedicada a la lucha antisubversiva. Es decir, se le asignó intempestivamente la pertenencia al arma de infantería y automática y arbitrariamente se asoció esta arma con el desarrollo de actividades ilícitas. Además, lo procesaron por hechos de los que no hay ningún elemento material que demuestre su participación. Esta investigación surge 40 años después y deja de lado el hecho de que jamás fueron impugnados sus ascensos a mayor, teniente coronel y coronel durante la democracia. Su legajo fue analizado por todos los organismos de Derechos Humanos y la Comisión de Acuerdos del Senado.
No creo que nadie piense que los responsables de los crímenes más atroces vividos en nuestro país no deban ser condenados, pero es importante que se respete el principio de legalidad, cuidando "celosamente la categoría excepcional de delito de lesa humanidad y los procesos en los que se aplica." Espero que la Cámara Federal de Casación Penal le conceda a Enrique Stel el derecho que hasta la fecha, el sistema de "derechos de algunos humanos" sistemáticamente le ha negado.
2.) CRÓNICA DE UN EXTERMINIO - José Luis Milia -
Mienten aquellos que dicen que en la Argentina no hay pena de muerte. A hoy han muerto en prisión doscientos noventa y un argentinos. No ha hecho falta fusilarlos; la venganza ha obrado casi quirúrgicamente y la única desventaja es que el exterminio no ha procedido con la celeridad esperada, pero el abandonarlos en las manos de “jueces” que creen incompleta su tarea si no se convierten en verdugos luego de haberlos juzgados, ha tenido la ventaja de teñir de “legalidad” la matanza.
Precisemos. No hablamos de genocidio, porque no lo es. Caer en la tentación de hacerlo sería ponernos a la altura de los farsantes que durante años han repetido la falacia de los 30.000 desaparecidos y que hoy saben pero no reconocen que ese número solo sirvió para que delincuentes que se enmascaraban detrás de presuntas “orgas” de derechos humanos, cobraran una y otra vez indemnizaciones millonarias.
No es genocidio, no exageremos, pero digamos de una vez por todas y repitamos cuantas veces sea necesario que lo que hoy sucede en la República -organizado por el gobierno y amañado por esa entelequia que algunos aún llaman justicia- es simplemente una rastrera venganza que un grupo de cobardes -por acción, pero hay otros, muchos, que son culpables por omisión- pueda haber imaginado jamás y que, haciendo honor a su estirpe de rufianes, esperaron que aquellos que los habían derrotados con las armas envejecieran, que hubiera un gobierno cuyos consiglieri debieran hacerse perdonar un pasado de usureros o de vendedores de “perejiles”, que quienes “administran” las instituciones que los enviaron al combate se vendieran por miserables canonjías y que finalmente, para que el ultraje fuera mayor, amañaran la Constitución y las leyes para que, fechoría jurídica mediante, le hicieran creer al pueblo- ese mismo pueblo cobarde que años atrás pedía cadalsos en la principales plazas del país y hoy se come cualquier verdura podrida que le vendan- que ellos si se manejan con la “legalidad”.
A hoy -son las 11:20 horas del 26 de abril de 2015- ya han sido ejecutados doscientos noventa y uno de estos condenados a muerte, pero dentro de una hora, un día o poco tiempo más -sólo Dios lo sabe- esta cantidad sin duda alguna se seguirá incrementando porque los “jueces” seguirán repitiendo las condiciones burocráticas que han posibilitado el exterminio.
Salvo los pocos que han tenido la suerte de morir en compañía de los suyos luego de acceder a la prisión domiciliaria -tipo de prisión a la que por ley todo argentino mayor de setenta años tiene derecho- la mayoría ha muerto en la más atormentada soledad, con la sola compañía de sus camaradas de cautiverio.
Para mayor vergüenza de la sociedad argentina -si es que ésta considerara que avergonzarse de la perversidad que se ejecuta en su nombre fuera una virtud- estos condenados a muerte tienen sus “sicarios designados”. Son los jueces de ejecución que se comportan con ellos como señores de horca y cuchillo, son los que dan las órdenes que restringen la prisión domiciliaria, los desplazamientos a hospitales, que “dosifican” la entrega de medicamentos específicos, los que por principio dudan de las enfermedades de estos presos y los abandonan a su agonía hasta que la evidencia de la muerte los pone en el brete de justificar lo injustificable.
Estos soldados de una guerra que se libró por nosotros son los que, por definición de los eunucos jurídicos de la Corte Suprema -con la única y digna excepción del Dr. Fayt- han sido declarados reos de una política de estado que se ha llevado puesta Constitución y leyes, ellos son los Presos Políticos de la Argentina, víctimas de una revancha montada por logreros y cobardes, pero son también quienes -y eso y el orgullo que ello conlleva nadie se los podrá quitar jamás- derrotaron a la subversión marxista que pretendía para la Argentina un destino de lacayos.
Sé, y esto lo digo con profundo dolor, que seguirán muriendo en las abyectas condiciones que les han impuesto, pero también sé que tienen la convicción -ellos me lo han dicho- que morirán en acto de servicio, como muere un soldado que juró cumplir con su Patria.
3.) VIRGINIA GAMBA - Directora de Desarme en la UN -
Si sólo lo dijera yo, ¿qué validez tendría? Pero ahora sale a luz este informe, de la nueva DIRECTORA DE DESARME EN LA UN, Virginia Gamba, Argentina de 59 años, Premio Nobel de la Paz (compartido) como miembro de la organización Pugwash por el desarme nuclear, en 1995.
La principal experta que tiene el país en estrategia y en islas Malvinas, asumió hoy el cargo de directora de Desarme en las Naciones Unidas. La profesional se desempeñó hasta la semana anterior como asesora en temas internacionales del Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno porteño.
Con el cargo que asume hoy, descripto en la grilla como uno de los más altos en la burocracia de las Naciones Unidas, la Argentina completa un cuadro de funcionarios debajo de la oficina de Ban Ki-moon que tiene pocos precedentes.
El cargo de Gamba es de la jerarquía D2, el más alto fuera de las designaciones políticas, como directora y vice alto representante de la Oficina de Desarme del organismo en Nueva York y con competencia sobre todas las ramas de ese sector: Conferencia de Desarme (con sede en Ginebra), Armas de Destrucción Masiva y Armas Convencionales.
Gamba asume el cargo después de un concurso en el cual compitieron cerca de 100 expertos del todo el mundo, entre ellos un ex canciller de Egipto y un ex vicepresidente de Rusia.
La designación reconoce la larga experiencia de esta dama de 59 años en estrategia y en desarme, al punto de que en 1995 obtuvo el Premio Nobel de la Paz (compartido) como miembro de la organización Pugwash por el desarme nuclear.
Entre 1996 y 2001 fue responsable de la fundación Safer Africa que se encargó de las tareas de retiro de las armas que habían quedado en Sudáfrica como consecuencia de años de guerra civil. En esa tarea trabajó junto al ex presidente Nelson Mandela.
Vivió en Pretoria durante esos años y desde allí fue asesora en temas de seguridad interna de más de una decena de países africanos.
Por esa experiencia en 2010 vino a la Argentina para trabajar en la organización de la escuela de la Policía Metropolitana y como asesora del Ministerio porteño de Seguridad, donde se desempeñó hasta la semana pasada. *******************************************************************
Artículo: Fuerzas Armadas y su Futuro
por: Virginia Gamba
La guerra contra el terrorismo iniciada por orden del gobierno constitucional argentino en 1975 fue naturalmente continuada por el régimen de facto a partir del 24 de marzo de 1976, no porque los militares lo desearan, sino por imposición del enemigo, que mantuvo la ofensiva contra la sociedad argentina.
Pero desde 1983 se decidió llevar a los militares combatientes en ella a los estrados judiciales a fin de juzgar sus conductas por procedimientos para tiempos de paz a la luz del Código Penal ordinario, habiendo generado ello una fenomenal confusión que se ha ido agravando a través del tiempo pues es sabido que las acciones de guerra deben juzgarse por las leyes que la gobiernan ante tribunales especiales y no por las leyes penales ordinarias aplicadas por los tribunales previstos para juzgar delitos comunes en tiempo de paz.
Los jueces que han procesado y los que están juzgando a militares por sus responsabilidades durante la guerra contra el terrorismo, actuaron y actúan ignorando lo que es la guerra, las normas que la regula y la historia de la formación por parte del Estado Argentino de los cuadros militares para desempeñarse en ella.
El conflicto en su variante netamente “revolucionario”, a partir de la década de los cincuenta, comenzó a preocupar a estudiosos militares y ya en el año 1958 en la Escuela Superior de Guerra contribuían en la cátedra dos Tenientes Coroneles franceses con experiencia en la guerra de Argelia, habiéndose llevado a cabo el primer ejercicio denominado “Barcala” en el Valle de Punilla, Córdoba.
Desde entonces comenzaron a ser entrenados en forma específica por el Estado Argentino los cuadros militares tomándose más adelante, como guía escrita, reglamentos dictados e impresos oficialmente a partir de 1968 en los cuales se explicaba y definía a ese tipo de conflicto y se preveían las acciones para combatir en él.
Hoy en día el conflicto es aún peor, y tanto Colombia, como Venezuela, como Chile, Bolivia y por supuesto Brasil están tomando medidas preventivas para evitar la guerra.
Las miles de víctimas del terrorismo se merecen que encontremos una forma eficaz de detener a los terroristas y evitar que sigan amenazando la vida republicana, aunque sea bajo la apariencia de “democracia”.
Porque no es lo mismo República que “democracia”, para los socialistas del siglo XXI.
Los terroristas no funcionan como ejércitos convencionales: nunca llevan uniformes o defienden un territorio. Sus combates son para infundir pánico y, a través del miedo, su ideología. Por tanto, para que el ejército pueda responder al auge del terrorismo global hace falta plantear medidas que estén en constante evolución dentro de una estrategia global.
El apartamiento voluntario del mundo civilizado obedece a la política desarrollada por parte del actual gobierno de la familia Kirchner, que sumergió al país en una falta de seguridad jurídica crítica. Eso trae necesariamente consecuencias: situaciones críticas que pueden llegar a ser violentas cuando el encauzamiento de los problemas trascienden lo jurídico.
Con la autoridad de haber sido asesora permanente del Ministerio de Defensa argentino desde 1983 hasta 1988, y además Profesora Titular de la Escuela Superior de Guerra, antes de radicarme en Europa, puedo sostener científicamente que la falta de preparación de los militares en Argentina, su anulación y desarme absolutos, garantizan que el país será un blanco fácil del próximo conflicto, de una naturaleza absolutamente distinta que los anteriores.
Como lo he expresado claramente en mi último trabajo “Society under siege – Crime, Violence and Illegal Drugs” (Sociedad bajo asedio – Crimen, Violencia y Drogas), publicado en Dublin, considero que el desarme y la desmovilización de las fuerzas armadas argentinas son garantía de la violencia.
Firmado: Virginia Gamba
Capetown – Sudáfrica
