El 29 de agosto escribíamos en Facebook nuestra opinión sobre un fallo judicial inusualmente “veloz”:
" En 24 horas el fiscal pide y el juez resuelve. El acto más demostrativo de la función oficialista que cumple un "honesto" magistrado que le nombraron juez a su hijo.Hizo lugar a un pedido de la fiscalía y citó a declarar, como acusadas de lavado de dinero, a la madre y a la hermana de Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman.
Dice que los familiares eran testaferros del fallecido Nisman. Todo por una cuenta de 660.000 dólares y en trámite inusualmente relámpago. Un caso cuya comparación no resiste el menor análisis es el de Báez, al que se le "sospecha" de testaferro de los Kirchner., tiene en danza por todos los paraísos fiscales millones de dólares en la famosa ruta K. Acá son años de simulados procedimientos y ni noticias de indagaciones o acusaciones. ¿Porqué tamaña discriminación? Como una justificación a su proceder el juez manifestó posibles "sobornos" cobrados por el fiscal o de un eventual "enriquecimiento ilícito". Se quejó de que lo vincularan al Gobierno por el hecho de que su hijo hubiera sido nombrado juez. "La verdad que es una estupidez porque a otros colegas míos le han nombrado familiares y nadie ha dicho nada." En verdad la estupidez la dijo él.
El ánimo persecutorio y la perversidad del juez quedan expuestas ya que en el mismo fallo en el que dispuso las indagatorias de los cuatro imputados, Canicoba Corral, un juez con vínculos fluidos con el entorno del Gobierno, les prohibió salir del país, les embargó todos sus bienes y ordenó que se congelara con carácter de "muy urgente" cualquier cuenta bancaria que pudieran tener.
Una resolución judicial cuya extraordinaria diligencia quedará asentada en los anales de la jurisprudencia argentina."
Al día siguiente La Nación publica que un juez clave en la causa Hotesur comprò una millonaria mansión en Olivos, frente a la quinta presidencial, por un valor de U$S 1.4 millones. Se trata del camarista Eduardo Freiler, que desplazó a Bonadío, a lo cual en mi espacio Facebook escribo:
"¿Cuándo se va a hacer un inventario del "velocísimo" e ilegítimo enriquecimiento de los jueces oficialistas?
Todo está a la luz del día, pero una ominosa obscuridad se cierne, aunque afortunadamente es captada por el escaso y valiente periodismo que todavía nos mantiene atentos y despiertos."
Llamó poderosamente mi atención que mis dos comentarios pasaran desapercibidos, ya que contaron con una sola mención de Beatriz,.que me llevó a responderle: “Parece que sos la única que ha reparado en esta vergonzosa denuncia, sobrina. Así es como reacciona la sociedad, cómplice de la corrupción que nos invade. El silencio es ponderable, pero a veces condenable. ¿No lo crees?
Como en el Clarín de hoy leo un artículo del periodista Daniel Santoro relacionado con este importante tema y que en su título coincide con la adjetivación de “velocidad” que utilizo en mi comentario, me pareció oportuno reiterar mis observaciones apoyadas por los sólidos argumentos allí esgrimidos.
"Las distintas "velocidades" de la Justicia.
La AMIA y la DAIA pidieron declarar inconstitucional el pacto con Irán en mayo del 2013 y el Gobierno logró, escándalos varios mediante, trabar la decisión en la Cámara Nacional de Casación penal. Es decir, hace casi dos años y medio, una de las querellas que representan a las víctimas del atentado de 1994 están esperando una resolución. En cambio, la denuncia por encubrimiento del fiscal Nisman fue archivada sin investigar nada en el tiempo récord de tres meses y medio. Nisman sufrió una muerte violenta el 18 de enero pasado. Hace casi ocho meses que su familia no sabe si lo asesinaron o se suicidó. En cambio, EE.UU. respondió hace dos semanas que la cuenta ilegal de Nisman tenía poco más de 600 mil dólares sin justificar. A la semana siguiente, el fiscal y miembro de “Justicia Legítima” Pedro Zoni pidió indagar a la madre de Nisman, Sara Garfunkel (74 años), su hermana, el técnico informático Diego Lagomarsino y el empresario Claudio Picón que le entregó un “amplio poder” al fiscal para manejar un Audi Q3. Al día siguiente, el juez Canicoba Corral ordenó la indagatoria de todos. Canicoba negó al diario La Nación que la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de elegir a su hijo como juez federal de San Martín interfiera en sus decisiones.
Es obligatorio que todos los organismos del Gobierno y la Justicia investiguen con la misma velocidad las denuncias contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Máximo Kirchner y las sospechas de enriquecimiento ilícito del camarista Eduardo Freiler, entre otras."
Habrán observado la similitud de los considerandos expuestos en ambos comentarios, lo que prueba visiones de un mismo parecer sobre un suceso de suma gravedad relacionado con la descarnada corrupción de jueces oficialistas. ¿Permanecerán la oposición y la sociedad, ciegas, sordas y mudas a tan claras y nauseabundas evidencias llevadas a cabo con total impunidad.?
Espero que no sea solamente mi sobrina la que nos acompañe en la crítica y difusión de mi blog.
