El controvertido abogado fallecido Jacques Vergés establece una
diferencia crucial: la estrategia de connivencia y la estrategia de ruptura. En
los procesos de connivencia, como el caso Dreyfus, el acusado respeta las
reglas del juego: acepta la legitimidad de las leyes y la competencia del
tribunal. Por el contrario, en los procesos de ruptura, el acusado se erige en
acusador de los representantes legales de un sistema injusto.
En Argentina, el sistema judicial es un poder inminentemente político
porque sirve a los intereses del Gobierno de turno. La CSJN, los fiscales, los
miembros de los tribunales inferiores y la familia del Poder Judicial en
general dicen aplicar una Política de Estado, cuando este ámbito está reservado
constitucionalmente al Poder Ejecutivo. La división y separación de poder es
inexistente para los miembros del poder judicial, olvidando que el ciudadano paga
con sus impuestos el sueldo de los magistrados políticos.
Lamentablemente, este sistema fuertemente instalado por el kirchnerismo,
se ve convalidado por el nuevo gobierno en su política de continuar y renovar
los ilegítimos juicios de lesa humanidad instaurados contra los presos
políticos, no obstante la promesa electoral de terminar con el negocio de los
derechos humanos, formulada repetidas veces por el presidente Macri.
Traemos a colación el caso poco conocido del ciudadano Mario Sandoval,
al cual nos referimos en el blog del 10 de septiembre del corriente año
titulado “La dignidad humana, la libertad, la justicia y la paz como valores
fundamentales”, que fue víctima de la venganza del kirchnerismo. Lo esencial de
esta narración estriba en el hecho de que lejos de encarar la defensa de sus
derechos contra acusaciones inexistente y hechos fraguados por falsos testigos,
tomó la determinación de denunciar penalmente al gobierno argentino.
Completamos la información diciendo que Sandoval había nacido en Buenos Aires y
que en el comienzo de los 80 se instaló en Francia donde continuó su formación
y actividades en ciencia políticas y filosofía, habiendo ocupado funciones en
los sectores público-privado, la docencia superior y consultorías, a nivel
nacional e internacional en los campos de las relaciones internacionales y la
geopolítica. La Francia vino su país, tomando su ciudadanía. Regularmente
realiza à nivel internacional conferencias, asesorías y publicaciones. Miembro
de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias.
Por actividades propias de su profesión, en alguna instancia provocó la
ira del por entonces ya ex presidente, Néstor C. KIRCHNER, lo que ocasionó la
inmediata promoción de una campaña de falsas acusaciones en su contra orquestadas
por el agente Verbistky y reflejada en el diario Pagina 12 de fecha 16 de Marzo
de 2008 en una seguidilla de artículos.
Inmediatamente y respondiendo a sus mandados naturales, el Juez Federal
Sergio Torres y el Fiscal Eduardo Taiano, en ejercicio de la obediencia debida,
inician una persecución penal por medio de la denominada causa “ABRIATA”,
ligando a Mario Sandoval a la causa ESMA, sin tener en cuenta que nunca nadie
antes de esa fecha mencionó en más de tres décadas a Mario Sandoval. Se trata
de una causa armada con una clara intención política de venganza que afecta la
totalidad de las relaciones profesionales, patrimoniales y afectivas de Mario
Sandoval.
La persecución se tornó abusiva, apelando a todos los medios que llegó a
congelar la cuenta de ahorro de su madre en el banco, visitas a la embajada
francesa, pedido de extradición, solicitudes a Interpol para su detención
cuando no había juicio ni sentencia.
A tal punto llegó la obstinación del gobierno en este caso, que el
canciller Héctor Timerman en su discurso en ocasión de condecorar con la Orden
de Mayo al Mérito en el grado de Comendador a la Dra. Sophie Thonon, activista
francesa de los derechos humanos citó el tema del pedido de extradición a
Francia de Mario Sandoval, apartándose de las convenciones internacionales y de
las relaciones diplomáticas, pues involucró al Poder Ejecutivo en asuntos
internos de un país extranjero. Es la justicia francesa quien debe decidir
sobre el tema de la extradición mencionada.
Esta desafortunada como improcedente intervención originó serios
conflictos entre los dos países, pues fue seguida por acciones económicas y
agresivas contra los intereses comerciales de firmas francesas que será objeto
de un interesante análisis en otros artículos de este blog.
Finalmente , el tribunal de casación de París frenó en febrero de 2015
la extradición de Mario Sandoval, solicitada por el gobierno argentino con toda
vehemencia, en documentos de 300 páginas con un horror de inexactitudes
formuladas a borbotones para diversión de los tribunales.
Es aquí que la defensa del acusado consistió en el ataque. En su calidad
de apoderado de Mario Sandoval el abogado Osvaldo Viola denunció el 24/09/2013,
ante el Juez federal Dr. Alejandro Sanchez Freytes, a cargo del Juzgado Federal
n°3 de la Ciudad de Córdoba, la inconstitucionalidad de resoluciones contra su
cliente, interpuso un habeas corpus preventivo a favor de su defendido, insta
constitución de querellante y denunció penalmente a los autores de graves
delitos que violan los derechos humanos de su patrocinado. . Acusó a
magistrados, altos funcionarios del gobierno, la presidenta de la república,
los jefes y directores de las instituciones federales de seguridad, por
diversos delitos como los de asociación ilícita, prevaricato, abuso de poder.
Al ser reporteado declaró que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y
gran parte del Poder Legislativo se encuentran subordinados y chantajeados por
obscuros personajes que denuncian mecánicamente. Tales conclusiones nos
llevaron a decidir que la forma más correcta no era defenderse sino atacar en
un proceso de ruptura que pusiera en evidencia internamente y ante el mundo las
flagrantes violaciones a los derechos humanos que en nombre de esos derechos
humanos se vienen cometiendo en la Argentina.
Al referirse a un proceso de ruptura tenía in mente la estrategia del
controvertido abogado francés Jacques Vergés, citado al comienzo de esta
artículo.
Precisamente, la ex presidente Cristina Kirchner adoptó la estrategia de
ruptura en los procesos judiciales que mantiene en los tribunales, por causas
penales, pues no ha presentado ninguna defensa a las numerosas acusaciones de
que ha sido objeto y que se van sumando a nuevos hechos delictivos que van
apareciendo diariamente. Su defensa no es jurídica, sino política apelando a la
difusión de encendidos y violentos ataques al gobierno y al Poder Judicial.
Es comprensible su decisión pues es la única opción a su alcance. No
puede someterse a enfrentar un juicio legal, constitucional, pues conoce que es
inútil su defensa ante el cúmulo de pruebas irrefutables que rebasan los
expedientes en tribunales, le queda solamente el ataque y su victimización.
Las circunstancias que rodearon el caso de su patrocinado llevaron al
abogado Osvaldo Viola a decidir que la forma más correcta no era defenderse
sino atacar en un proceso de ruptura que pusiera en evidencia internamente y
ante el mundo las flagrantes violaciones a los derechos humanos que en nombre
de esos derechos humanos se vienen cometiendo en la Argentina.
“De nada le serviría intentar su defensa” , decía, “en tanto los
acusados en este tipo de causas, promovidas con clara finalidad política por el
poder de turno , tienen calificaciones legales y falacias interpretativas y
jurisprudenciales sin salida posible , en abierta violación a los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos y normas procesales que le son afines,
Continuaba, hoy en día nuestras cárceles están pobladas de inocentes
sometidos a proceso con la clara intención política de condenarlos irremediablemente
a prisión perpetua.
Los más elementales principios del derecho penal, del derecho procesal
penal y la totalidad de las garantías constitucionales y de derechos humanos
son violados manteniendo prisiones preventivas interminables con presos mayores
de 70 años que padecen enfermedades graves y terminales sin la debida atención
médica, privados de ser asistidos por sus obras sociales y de percibir sus
haberes jubilatorios en los casos respectivos, con la sola finalidad de cumplir
con el mandato de venganza de ex terroristas”.
Agregaba, “en el comunicado emitido el 30 de abril 2013, la relatora
especial sobre la independencia de jueces y abogados de la ONU “pide garantías
y respeto a la independencia del Poder Judicial” respondiendo el gobierno
argentino con una batería de comunicados agresivos contra la representante de
la ONU
Las preocupaciones de la experta de la ONU son legítimas porque en
Argentina, los jueces dependen del poder político y no se respetan los derechos
humanos.
Ningún juez en Argentina es independiente, las decisiones de la justicia
son voluntades del poder político. Los jueces son actores políticos que
obedecen ciegamente a los miembros del gobierno Kirchner y a sus asociados
ideológicos.
Los gobiernos extranjeros, defensores encarnizados del respeto de los
derechos del hombre, las organizaciones internacionales, las ONG, las
instituciones de la ONU así como también los defensores del respeto de la
justicia y del Estado de Derecho, deben intervenir urgentemente para hacer
cesar la violación de los derechos humanos en Argentina. Un grupo ad-hoc de
expertos independientes compuesto por juristas internacionales debe ser creado
para dar una opinión sobre el respeto y el mantenimiento de la seguridad
jurídica. La justicia internacional no puede continuar permitiendo el genocidio
jurídico, actualmente en curso en ese país, que no es más que la expresión de
la sed de venganza de algunos, y está muy lejos de ser la “victoria de la
justicia”.
Ningún país del mundo aplica la retroactividad de leyes en materia
penal, como así tampoco los métodos jurídicos expeditivos puestos en marcha por
el gobierno Kirchner, que no respeta ninguno de los principios fundamentales de
la justicia a la que todo ciudadano tiene derecho.
La justicia, los magistrados, los altos funcionarios de la
administración, los hombres y mujeres en el poder, constituyen una organización
criminal al servicio de la corrupción y de la violación de los derechos
humanos. Un gobierno de jueces al servicio de la injusticia y de los deseos del
poder se creó y perdura.”
Finalizando con la descripción de un hecho poco conocido, pero
interesante en sus muchos aspectos, les hacemos saber que nuestra última
información sobre esta denuncia penal contra el gobierno es que los hábeas
corpus de este caso se encuentran actualmente radicados en la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal y la denuncia propiamente
dicha en el Juzgado Federal Número 3 de la Ciudad de Córdoba, capital de la
Provincia del mismo nombre correctamente foliados, archivados y suponemos
demorados per secula seculorum.
