Hace dos años, en plena opresión kirchnerista solicitábamos la intervención de ANSES, con sólidos y contundentes argumentos que, como de costumbre, fueron desoídos. A un año de la asunción del nuevo gobierno ya hemos reiterado en varia oportunidades, por este medio, incluyendo cartas abiertas al señor Presidente, al señor Jefe de Gabinete y al titular del organismo, Emilio Basavilbaso,
nuestros justos y fundados pedidos para que se realice una total auditoría a ANSES, único ente que no tuvo el mismo proceso de investigación realizado a todas los organismos estatales.
Teníamos una desagradable impresión que la impunidad otorgada a ANSES y a sus ex funcionarios obedecía a un espurio convenio con Diego Bossio, impresión avalada por el apoyo que, como diputado, prestó al oficialismo cediendo el voto de doce de sus colegas en la Cámara baja del parlamento. Con toda honestidad lo hicimos púbico, invitando al gobierno a que negara la sospecha en bien de la democracia y de la confianza depositada con nuestro voto al partido gobernante, pero nuevamente el silencio ominoso fue la respuesta.
Transcurrió el tiempo y las autoridades del organismo previsional continuaron su gestión como si el pasado no hubiera existido, como si los anteriores titulares, Boudou, Massa y Bossio hubieran cumplido sus funciones dentro de la mayor honestidad, a pesar de los quince informes del AGN que denunciaron mal manejo de los fondos, defraudaciones, malversación e irregularidades. Nunca se conoció el estado económico con que se hizo la entrega al nuevo titular.
La ex profeso deficiente liquidación de haberes jubilatorios conforma un delito de estafa, agravado por ser continuado y cae sobre millones de ancianos.
El gobierno anunció un Programa de Reparación Histórica porque le molesta lidiar con los juicios de los jubilados, además de obedecer a razones electorales. La solución era mucho más fácil y consistía en obligar al cumplimiento de las leyes y de las sentencias, con lo cual se hacía justicia y se daba fin a los interminables litigios, a las ilegales apelaciones y a la indecente maniobra de esconder, perder y prolongar millones de expedientes con la simple y maliciosa finalidad de no pagar.
Además, es necesario dejar bien asentada nuestra opinión de que el referido Programa, ofrecido con gran publicidad, es una auténtica extorsión pues el gobierno ofrece el pago inmediato de las sentencias con la infamante condición de que el litigante acepte una quita de alrededor del 50% correspondiente a la retroactividad de larguísimos años de espera, bajo su firma, que se debe formalizar en las oficinas de ANSES, ante sus autoridades, magistrados judiciales y el abogado de la víctima. con el agregado de su compromiso a renunciar a futuros juicios previsionales contra el Estado. Inconstitucional a nuestro entender, pues nadie puede ser obligado por coerción a renunciar a sus derechos.
Las funestas consecuencias que la ingenuidad, el errado juicio o la necesidad le han jugado al gobierno, son advertidas en su plenitud, a un año de su gestión, pero quizá un poco tarde dado el indudable daño causado a su prestigio. El debate en la legislatura de la ley de ganancias que el Poder Ejecutivo llevó al Congreso en sesiones extraordinarias, conforma un derrota política de enorme trascendencia por tratarse de un entendimiento morganático de todos los partidos de la oposición, incluso aquéllos que lo apoyaron en otras oportunidades para la sanción de importantes leyes.
Nuestras prevenciones formuladas desde un principio con respecto a los diputados Massa y Bossio, no era infundadas, dados sus antecedentes "gatopardistas". No es necesario redundar en las razones y motivos que aducíamos, que andan dando vueltas en todos nuestros artículos. La falsedad en las posiciones de ambos, la desmedida ambición, el proselitismo emanado de sus declaraciones, todo conducía a poner de manifiesto sus claras intenciones. La inesperada e imprudente decisión del gobierno para confiar en las expresiones de apoyo de estos políticos mercenarios y corruptos, como se ha comprobado, le significó un rudo golpe que podía haber evitado, a poco que hubiera hecho un leve hincapié en sus curriculum, verdaderos prontuarios.
El propio Presidente, al despertar de ese sueño idílico, se dio a la tarea de calificarlos con aspereza de impostores e irresponsables. Le va a ser difícil salir de este trance, pero por lo menos ya está vacunado para el futuro. No son ni serán los únicos, son bastante más numerosos de lo que se puede imaginar. Tendría que enfocar su radar hacia la longilínea y enrulada figura de Martin Lousteau, su embajador en Washington, Emilio Monzó, así como en Randazzo, Pichetto y la pléyade de incorregibles peronistas y ciertos gobernadores, sin descartar a alguno de sus colaboradores, Claudio Avruj en primer lugar y por último prestigiosos jueces, fiscales y secretarios judiciales que continúan agazapados a la espera de saltarle a la yugular.
Los enemigos están adentro, los secretarios de Derechos Humanos, nacional y provincial (Buenos Aires) Claudio Avruj y Santiago Cantón, reconocidos proterroristas, juegan su papel en la comedia Milagro Sala. El primero recibió en París a delegaciones francesas y franco.argentinas de derechos humanos que le reclamaron la liberación de la delincuente, el segundo, aseguró que las "decisiones" de los organismos internacionales deben ser cumplidas y la dirigente social kirchnerista debe ser liberada.
Por su parte, en la provincia de Jujuy el diputado Marcelo Nasif, hombre del vicegobernador Carlos Haquim del Frente Renovador presentó un insólito y disparatado proyecto de ley para convocar a una Consulta Popular al pueblo de Jujuy por la continuidad o liberación de la lider piquetera, lo que dio pie a que, Aníbal Ibarra, exjefe de la ciudad de Buenos Aires, destituído en 2006 y electo diputado por la ciudad en 2011, miembro del Comité por la Libertad de Milagro Sala, denunciara que en un estado de Derecho no se define la libertad de una persona por un referendum, agregando que el proyecto era una clara muestra de la falta de independencia de los poderes sobre facultades del Poder Judicial y denota el carácter autoritario del gobernador Gerardo Morales.
Debemos señalar que esta ridícula situación que deja mal parado al gobernador radical se produce en su ausencia, bajo la responsabilidad del vicegobernador Haquim del Frente renovador y súbdito fiel de Sergio Massa. Todos los caminos conducen a Roma.
Si a estos problemas internos dentro del gobierno, le sumamos el mecanismo bien aceitado de las organizaciones de derechos humanos tanto las folklóricas como las internacionales que se ha puesto en marcha con el "polémico" caso de Milagro Sala, nos encontramos con un panorama de alarmantes características que se viene fomentando desde varios meses atrás con la ayuda demagógica de Massa y Bossio en el Congreso, y del periodismo complaciente que gustosamente adhiere a todo lo que huela a populismo. La falta de espontaneidad de las protestas en distintos puntos de la urbe porteña, que consisten invariablemente en cortes de calles, avenidas y rutas por piquetes de organizaciones combatientes, es prácticamente diaria y atentan contra la libre movilización de la ciudadanía provocando un verdadero caos. No hay señales de que las fuerzas de seguridad puedan mantener el orden y la libre circulación, más bien causa la impresión de querer proteger a los manifestantes.
Vienen a nuestra memoria situaciones análogas vividas por los expresidentes Alfonsín y de la Rua que les impidieron la normal finalización de sus mandatos.
Existe en el ambiente un clima de intranquilidad y de oposición sistemática al nuevo gobierno que no es posible negar. Hay un intento de destabilización por parte del derrotado kirchnerismo apoyado por movimientos combatientes de ultra izquierda y con el beneplácito del peronismo que procura el regreso al poder. No es ajeno un importante sector del periodismo que colabora en la difusión de acerbas críticas de gran contenido demagógico que califican al gobierno como enemigo de las clases minoritarias, cuyas leyes favorecen a sectores pudientes, corporaciones y empresas. Todo conforma un caldo de cultivo de imprevisibles consecuencias.
El Presidente Mauricio Macri debe imponer las potestades que le otorga su investidura y cumplir con sus obligaciones de mantener el orden y la paz que les son exigidas por su mandato, El término "represión" dibujado por el modelo y el relato parece haber atenazado a nuestras autoridades Para el izquierdismo populista, el kirchnerismo, existe un diccionario adecuado a su ideología y a sus conveniencias. Los derechos humanos rigen para el terrorista que es reprimido por las fuerzas legales, no así para la víctima del mismo. El término represión viene del latín y es la acción y efecto de reprimir, que significa contener, refrenar, moderar. La definición de la RAE es la acción que parte generalmente del poder para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas y sociales, y es aquí donde el diccionario del relato determina que hay violencia siempre por parte de las fuerzas represoras, nunca de las atacantes o subversivas.
Si los piquetes avanzan embozados y armados con palos, destrozando vehículos y locales, quemando neumáticos, agrediendo a la sociedad ¿Se los puede detener con buenas maneras y amables palabras? Es necesario acudir a una violencia razonable que los pueda disuadir de sus caóticos propósitos. El protocolo fijado por las autoridades de seguridad para disolver manifestaciones violentas y cortes de avenidas, jamás se puso en práctica justamente por ese temor o prurito, la "represión." Hay que superar esas barreras que maliciosamente le pone el izquierdismo a los países democráticos.
Es de suma importancia que el gobierno, las instituciones, el sano periodismo y toda la sociedad enfrenten la realidad. El kirchnerismo, sus antecesores chavistas, peronistas y comunistas no se han rendido, continúan la lucha subversiva en todos los frentes buscando apoyo internacional.
En cuanto a la faz gubernamental propiamente dicha es preciso señalar de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es el único que responde a la esperanza depositada por los votantes de que se cumpla el compromiso de "Cambio" asumido durante la campaña electoral. La franqueza y la decisión en sus declaraciones y en los actos de su mandato deben ser un ejemplo para el Gobierno Nacional. Se ha despojado de todo temor y prejuicio con respecto a la interpretación de sus opiniones y consecuentes actos, poniendo en claro su voluntad de llevar a cabo un gobierno de respeto a los tres poderes, a los partidos políticos, a la ciudadanía y al la libre expresión de pensamiento, como la suya. Una muestra evidente es su reciente declaración con referencia al caso de Milagro Sala, elaborado por el izquierdismo y que la hubiéramos querido escuchar de boca del Presidente: "Hay organismos prestigiosos que participan de la vida política partidaria de algunos países. El kirchnerismo tiene mucha capacidad de influencia en ellos. Luis Almagro secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) es un cuasi afiliado al FPV y juega para ellos"
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nuestros justos y fundados pedidos para que se realice una total auditoría a ANSES, único ente que no tuvo el mismo proceso de investigación realizado a todas los organismos estatales.
Teníamos una desagradable impresión que la impunidad otorgada a ANSES y a sus ex funcionarios obedecía a un espurio convenio con Diego Bossio, impresión avalada por el apoyo que, como diputado, prestó al oficialismo cediendo el voto de doce de sus colegas en la Cámara baja del parlamento. Con toda honestidad lo hicimos púbico, invitando al gobierno a que negara la sospecha en bien de la democracia y de la confianza depositada con nuestro voto al partido gobernante, pero nuevamente el silencio ominoso fue la respuesta.
Transcurrió el tiempo y las autoridades del organismo previsional continuaron su gestión como si el pasado no hubiera existido, como si los anteriores titulares, Boudou, Massa y Bossio hubieran cumplido sus funciones dentro de la mayor honestidad, a pesar de los quince informes del AGN que denunciaron mal manejo de los fondos, defraudaciones, malversación e irregularidades. Nunca se conoció el estado económico con que se hizo la entrega al nuevo titular.
La ex profeso deficiente liquidación de haberes jubilatorios conforma un delito de estafa, agravado por ser continuado y cae sobre millones de ancianos.
El gobierno anunció un Programa de Reparación Histórica porque le molesta lidiar con los juicios de los jubilados, además de obedecer a razones electorales. La solución era mucho más fácil y consistía en obligar al cumplimiento de las leyes y de las sentencias, con lo cual se hacía justicia y se daba fin a los interminables litigios, a las ilegales apelaciones y a la indecente maniobra de esconder, perder y prolongar millones de expedientes con la simple y maliciosa finalidad de no pagar.
Además, es necesario dejar bien asentada nuestra opinión de que el referido Programa, ofrecido con gran publicidad, es una auténtica extorsión pues el gobierno ofrece el pago inmediato de las sentencias con la infamante condición de que el litigante acepte una quita de alrededor del 50% correspondiente a la retroactividad de larguísimos años de espera, bajo su firma, que se debe formalizar en las oficinas de ANSES, ante sus autoridades, magistrados judiciales y el abogado de la víctima. con el agregado de su compromiso a renunciar a futuros juicios previsionales contra el Estado. Inconstitucional a nuestro entender, pues nadie puede ser obligado por coerción a renunciar a sus derechos.
Las funestas consecuencias que la ingenuidad, el errado juicio o la necesidad le han jugado al gobierno, son advertidas en su plenitud, a un año de su gestión, pero quizá un poco tarde dado el indudable daño causado a su prestigio. El debate en la legislatura de la ley de ganancias que el Poder Ejecutivo llevó al Congreso en sesiones extraordinarias, conforma un derrota política de enorme trascendencia por tratarse de un entendimiento morganático de todos los partidos de la oposición, incluso aquéllos que lo apoyaron en otras oportunidades para la sanción de importantes leyes.
Nuestras prevenciones formuladas desde un principio con respecto a los diputados Massa y Bossio, no era infundadas, dados sus antecedentes "gatopardistas". No es necesario redundar en las razones y motivos que aducíamos, que andan dando vueltas en todos nuestros artículos. La falsedad en las posiciones de ambos, la desmedida ambición, el proselitismo emanado de sus declaraciones, todo conducía a poner de manifiesto sus claras intenciones. La inesperada e imprudente decisión del gobierno para confiar en las expresiones de apoyo de estos políticos mercenarios y corruptos, como se ha comprobado, le significó un rudo golpe que podía haber evitado, a poco que hubiera hecho un leve hincapié en sus curriculum, verdaderos prontuarios.
El propio Presidente, al despertar de ese sueño idílico, se dio a la tarea de calificarlos con aspereza de impostores e irresponsables. Le va a ser difícil salir de este trance, pero por lo menos ya está vacunado para el futuro. No son ni serán los únicos, son bastante más numerosos de lo que se puede imaginar. Tendría que enfocar su radar hacia la longilínea y enrulada figura de Martin Lousteau, su embajador en Washington, Emilio Monzó, así como en Randazzo, Pichetto y la pléyade de incorregibles peronistas y ciertos gobernadores, sin descartar a alguno de sus colaboradores, Claudio Avruj en primer lugar y por último prestigiosos jueces, fiscales y secretarios judiciales que continúan agazapados a la espera de saltarle a la yugular.
Los enemigos están adentro, los secretarios de Derechos Humanos, nacional y provincial (Buenos Aires) Claudio Avruj y Santiago Cantón, reconocidos proterroristas, juegan su papel en la comedia Milagro Sala. El primero recibió en París a delegaciones francesas y franco.argentinas de derechos humanos que le reclamaron la liberación de la delincuente, el segundo, aseguró que las "decisiones" de los organismos internacionales deben ser cumplidas y la dirigente social kirchnerista debe ser liberada.
Por su parte, en la provincia de Jujuy el diputado Marcelo Nasif, hombre del vicegobernador Carlos Haquim del Frente Renovador presentó un insólito y disparatado proyecto de ley para convocar a una Consulta Popular al pueblo de Jujuy por la continuidad o liberación de la lider piquetera, lo que dio pie a que, Aníbal Ibarra, exjefe de la ciudad de Buenos Aires, destituído en 2006 y electo diputado por la ciudad en 2011, miembro del Comité por la Libertad de Milagro Sala, denunciara que en un estado de Derecho no se define la libertad de una persona por un referendum, agregando que el proyecto era una clara muestra de la falta de independencia de los poderes sobre facultades del Poder Judicial y denota el carácter autoritario del gobernador Gerardo Morales.
Debemos señalar que esta ridícula situación que deja mal parado al gobernador radical se produce en su ausencia, bajo la responsabilidad del vicegobernador Haquim del Frente renovador y súbdito fiel de Sergio Massa. Todos los caminos conducen a Roma.
Si a estos problemas internos dentro del gobierno, le sumamos el mecanismo bien aceitado de las organizaciones de derechos humanos tanto las folklóricas como las internacionales que se ha puesto en marcha con el "polémico" caso de Milagro Sala, nos encontramos con un panorama de alarmantes características que se viene fomentando desde varios meses atrás con la ayuda demagógica de Massa y Bossio en el Congreso, y del periodismo complaciente que gustosamente adhiere a todo lo que huela a populismo. La falta de espontaneidad de las protestas en distintos puntos de la urbe porteña, que consisten invariablemente en cortes de calles, avenidas y rutas por piquetes de organizaciones combatientes, es prácticamente diaria y atentan contra la libre movilización de la ciudadanía provocando un verdadero caos. No hay señales de que las fuerzas de seguridad puedan mantener el orden y la libre circulación, más bien causa la impresión de querer proteger a los manifestantes.
Vienen a nuestra memoria situaciones análogas vividas por los expresidentes Alfonsín y de la Rua que les impidieron la normal finalización de sus mandatos.
Existe en el ambiente un clima de intranquilidad y de oposición sistemática al nuevo gobierno que no es posible negar. Hay un intento de destabilización por parte del derrotado kirchnerismo apoyado por movimientos combatientes de ultra izquierda y con el beneplácito del peronismo que procura el regreso al poder. No es ajeno un importante sector del periodismo que colabora en la difusión de acerbas críticas de gran contenido demagógico que califican al gobierno como enemigo de las clases minoritarias, cuyas leyes favorecen a sectores pudientes, corporaciones y empresas. Todo conforma un caldo de cultivo de imprevisibles consecuencias.
El Presidente Mauricio Macri debe imponer las potestades que le otorga su investidura y cumplir con sus obligaciones de mantener el orden y la paz que les son exigidas por su mandato, El término "represión" dibujado por el modelo y el relato parece haber atenazado a nuestras autoridades Para el izquierdismo populista, el kirchnerismo, existe un diccionario adecuado a su ideología y a sus conveniencias. Los derechos humanos rigen para el terrorista que es reprimido por las fuerzas legales, no así para la víctima del mismo. El término represión viene del latín y es la acción y efecto de reprimir, que significa contener, refrenar, moderar. La definición de la RAE es la acción que parte generalmente del poder para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas y sociales, y es aquí donde el diccionario del relato determina que hay violencia siempre por parte de las fuerzas represoras, nunca de las atacantes o subversivas.
Si los piquetes avanzan embozados y armados con palos, destrozando vehículos y locales, quemando neumáticos, agrediendo a la sociedad ¿Se los puede detener con buenas maneras y amables palabras? Es necesario acudir a una violencia razonable que los pueda disuadir de sus caóticos propósitos. El protocolo fijado por las autoridades de seguridad para disolver manifestaciones violentas y cortes de avenidas, jamás se puso en práctica justamente por ese temor o prurito, la "represión." Hay que superar esas barreras que maliciosamente le pone el izquierdismo a los países democráticos.
Es de suma importancia que el gobierno, las instituciones, el sano periodismo y toda la sociedad enfrenten la realidad. El kirchnerismo, sus antecesores chavistas, peronistas y comunistas no se han rendido, continúan la lucha subversiva en todos los frentes buscando apoyo internacional.
En cuanto a la faz gubernamental propiamente dicha es preciso señalar de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es el único que responde a la esperanza depositada por los votantes de que se cumpla el compromiso de "Cambio" asumido durante la campaña electoral. La franqueza y la decisión en sus declaraciones y en los actos de su mandato deben ser un ejemplo para el Gobierno Nacional. Se ha despojado de todo temor y prejuicio con respecto a la interpretación de sus opiniones y consecuentes actos, poniendo en claro su voluntad de llevar a cabo un gobierno de respeto a los tres poderes, a los partidos políticos, a la ciudadanía y al la libre expresión de pensamiento, como la suya. Una muestra evidente es su reciente declaración con referencia al caso de Milagro Sala, elaborado por el izquierdismo y que la hubiéramos querido escuchar de boca del Presidente: "Hay organismos prestigiosos que participan de la vida política partidaria de algunos países. El kirchnerismo tiene mucha capacidad de influencia en ellos. Luis Almagro secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) es un cuasi afiliado al FPV y juega para ellos"
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