La Corte Suprema de Justicia está desorientada al solicitar un
informe actualizado sobre el estado de los juicios sobre derechos humanos por
crímenes cometidos durante la dictadura, invocando el pedido de organismos de
derechos humanos como las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo,
entre otros, ¿Qué otros? ¿Serán el CIDH, CELS y Amnistía Internacional?
Llama la atención que reproduzca, entre
comillas, los móviles de la preocupación que asalta a dichos organismos para efectuar
el pedido, pues, si se analizan con detenimiento, no son otros que los que
circularon últimamente a raíz de opiniones vertidas públicamente por
funcionarios que manifestaron no estar de acuerdo con que existió un plan
“sistemático” de eliminación de ciudadanos y tampoco un “terrorismo de Estado”, lo que ha sido tachado como declaraciones “negacionistas” de funcionarios
públicos, inclusive con proyectos de legisladores de promover acción judicial
por considerarlas delitos de opinión.
La
comunicación dirigida por la Corte con las firmas de todos sus miembros a la
Cámara Federal de Casación Penal, aparenta tener un especial interés en conocer
las sentencias condenatorias, ya que enumera la cantidad de ellas durante el año
2016 y desde el 2008 y solicita la "estimación del dictado de la sentencia de
los juicios" con referencia a todos los tribunales federales del país, como una
presión destinada a apresurar las sentencias.
Nada habla
de los pedidos de organismos internacionales sobre el análisis referente a la
ilegalidad de los juicios, que han llegado a su estrado en varias oportunidades
con fundamentos muy sólidos de prestigiosos juristas y desprovistos de tendencia
política.
Ya decíamos
en nuestro blog del 5 de agosto de 2016, bajo el título “La hora de la justicia”,
que si el Consejo de la Magistratura aprobó la realización de auditorías sobre
la Justicia Federal Criminal de todo el país, un primer paso de mucha
importancia, era la oportunidad de dar cabida a la auditoría de los jueces y
fiscales federales que intervinieron e intervienen en los juicios llamados de “lesa
humanidad”. La investigación sobre el carácter netamente político de la
sustanciación de los mismos, permitiría lograr el ordenamiento tan deseado de
la justicia y el juicio político a los que cometieron prevaricato en el
ejercicio de sus funciones por patente y manifiesta inobservancia de las leyes
y procedimientos establecidos por la Constitución Nacional.
Dicha revisión
contaría con la opinión favorable de muchos magistrados que por sus antecedentes
de probidad prestarían un apoyo inapreciable a la renovación de un
Estado de derecho respetable y confiable. Pasaron siete meses desde que sugerimos dar cabida a una auditoría para los casos de juicios de lesa humanidad, cuando nos llega la información de que el 14 de marzo el General de Brigada (R) Juan Miguel Giuliano y el Coronel (R) Guillermo César Viola, presentaron ante el Honorable Consejo de la Magistratura un "Pedido de auditoría a los jueces y fiscales Federales por la comisión de delitos en su desempeño en los denominados juicios de lesa humanidad", lo cual coincide con nuestra opinión que ahora es sustentada en los estrados judiciales. Resaltamos un convincente párrafo del pedido, que lo justifica plenamente.
"Señalamos enfáticamente la ilegalidad, anticonstitucionalidad y anticonvencionalidad del inicio, desarrollo y resoluciones de estos juicios, la vulneración sistemática de nuestras leyes y de la Constitución Nacional, lo que no admite siquiera discusión. En punto a la violación de acuerdos internacionales cabe señalar que los tan blandidos tratados para justificar el atropello, todos ellos respetan explícitamente, a rajatabla, el principio de legalidad. De lo que resulta de que para juzgar treinta o cuarenta años después supuestos delitos que a todo evento estaban prescriptos, se atentó y se sigue atentando contra el orden jurídico. De tal modo que no caben dudas que, ab initio, nuestros presos son Presos Políticos y víctimas de delitos y abuso del poder por parte del Estado."
"Señalamos enfáticamente la ilegalidad, anticonstitucionalidad y anticonvencionalidad del inicio, desarrollo y resoluciones de estos juicios, la vulneración sistemática de nuestras leyes y de la Constitución Nacional, lo que no admite siquiera discusión. En punto a la violación de acuerdos internacionales cabe señalar que los tan blandidos tratados para justificar el atropello, todos ellos respetan explícitamente, a rajatabla, el principio de legalidad. De lo que resulta de que para juzgar treinta o cuarenta años después supuestos delitos que a todo evento estaban prescriptos, se atentó y se sigue atentando contra el orden jurídico. De tal modo que no caben dudas que, ab initio, nuestros presos son Presos Políticos y víctimas de delitos y abuso del poder por parte del Estado."
La Corte
Suprema ha observado siempre la tendencia del gobierno en sus acordadas y
sentencias, vicio arrastrado desde hace muchos años y que conspira con la
independencia de su actuación como tercer poder del Estado. En los doce años del kirchnerismo esta modalidad
complaciente se acentuó manifiestamente, en especial con respecto a la fuerte
presión del Poder Ejecutivo para una interpretación unilateral y política de los derechos humanos,
bandera que el partido gobernante tomó para justificar “legítimamente” la
venganza llevada a cabo contra los uniformados.
Tan decisiva fue esta
influencia que todavía persiste no obstante la derrota del gobierno en el acto
eleccionario del 2015 y la promesa del electo primer mandatario de terminar con
el “curro” de los derechos humanos, según sus propias palabras.
Sabemos que es una tarea dificultosa procurar la desratización de la justicia cuando inexplicablemente se mantiene un gran sector de la misma afiliado al partido político "Justicia Legítima" fundado por la misma Procuradora Gils Carbó. Si esta situación, expresamente prohibida por la Constitución, no es erradicada, y ni intención conocemos de hacerlo, ¿qué confianza podemos tener del organismo máximo de la Justicia, malgrado la reciente incorporación de dos nuevos miembros?
Muy poca esperanza deben tener los que a ella acuden para defender sus derechos, cuando los "cambios" no han llegado luego de quince meses del nuevo gobierno.
