No hay ninguna duda que el presidente Macri, a tenor del resultado de las elecciones, ha decidido empuñar el timón de la economía con un proyecto integral que, en su base, tiene perspectivas de un rumbo cierto y razonable. Fue presentado en un discurso ante empresarios, sindicalistas, gobernadores y jueces, con el propósito de un diálogo nacional tendiente a lograr su discusión y tratamiento en forma consensual, conocedor de que muchos de los puntos han de ser sometidos al parlamento.
En el aspecto que nos toca, reforma previsional, la inquietud que provoca la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, como el mayor ajuste al presupuesto, es razonable ya que en el fondo viene a significar una sensible rebaja en los haberes de los jubilados.
Sería muy importante una seria discusión entre todos los sectores afectados al problema, pero dejando de lado el aspecto político, Decimos esto porque en febrero de 2017 cuando el gobierno insinuó esta modificación para que por resolución de Anses se rebajaran los aumentos, se desató una tormenta política, en especial del sector de la oposición. También de sectores del gobierno se hicieron oír fuertes críticas, como la de la diputada nacional Elisa Carrió que manifestó: "Que se queden tranquilos los jubilados, vamos a dar la pelea, si no dan de baja la resolución yo le pido la renuncia a Basavilbaso o a quien sea".
Ignoro hoy cuál será su opinión, aunque es de suponer que la política manda y tendrá que acompañar al proyecto.
En este momento nos llega la noticia de Nueva York sobre la afirmación del Presidente que las bases de la reforma laboral estarán listas antes de fin de año, pero no hizo referencia a la modificación de la reforma jubilatoria, señal que ha de llevar mayor tiempo de discusión, dadas las polémicas bases propuestas.
En el blog bajo el título "Reforma Índice Previsional" de fecha 3 de noviembre hemos realizado un estudio de los antecedentes y de las variadas opiniones sustentadas por expertos y periodistas, a lo cual me remito.
En esta oportunidad nos referiremos a un aspecto que consideramos fundamental, sine que non, para el tratamiento del proyecto sobre sólidas bases y el apropiado conocimiento del problema a tratar.
No sabemos nada de Anses. Desde la asunción del nuevo gobierno hemos solicitado informaciones sobre su manejo, su operatividad, sus finanzas y otros importantes detalles, que no fueron respondidos. De ahí que hemos exigido la intervención y auditoría del organismo, también con resultado negativo, no obstante el sentido de transparencia y la obligación reconocida por el gobierno de dar respuesta a los pedidos de la ciudadanía.
No es la intención de reiterar en estos momentos nuestra demanda formulada en más de quince pedidos, que ponemos a disposición de los interesados, es que no es posible intentar siquiera la discusión del proyecto, cuando no poseemos el mínimo conocimiento de las actividades de la Administración Nacional de Previsión Social.
Resumiendo, no se conoce el estado financiero en que se recibió del anterior gobierno ni el estado financiero de la actualidad, la plantilla de empleados y oficinas y el gasto que ello representa, si hay adecuado control respecto al pago de las jubilaciones y pensiones, si todavía se siguen pagando beneficios a extranjeros y nacionales que no reúnen los requisitos legales, de qué cantidad y valor de subvenciones se ha hecho cargo Anses, si existen gastos y a cuánto ascienden en concepto de ayuda al Tesoro Nacional u a otros organismos estatales, si se han realizado pagos irregulares de publicidad a oficinas intermediarias, si existe una clara separación de los gastos referidos exclusivamente a jubilaciones y pensiones, de otros ajenos a este concepto y cuáles son las cantidades.
La comisiones que, de acuerdo a lo dispuesto por el Presidente, serán llamadas a discutir formalmente el proyecto, no saben donde están paradas, con perdón de la expresión.
Por otra parte, deben ser conformadas por gente profesional, especializada en materia de Seguridad Social y que pueda contar con el suficiente material informativo, como dijéramos en el párrafo anterior.
Hay que tener en consideración que Anses no paga solamente jubilaciones y pensiones ya que financia el Pro Cre Ar, préstamos a beneficiarios del SIPA. préstamos a Provincias y el déficit fiscal, Asignaciones Familiares, Asignación por Hijo, Desempleo, Asignación mensual a presos, pago indemnizaciones y subvenciones a Desaparecidos, Montoneros, Piqueteros, Obras Sociales de Sindicatos, etc, todo lo cual requiere información oficial y fidedigna del organismo.
Además, advertir que el proyecto propone la reducción de las contribuciones patronales, lo que implica una pérdida para el sistema de la Seguridad Social y a la vez una transferencia de recursos de los trabajadores a los empresarios.
Destacamos la importancia de esta enumeración, toda vez que las fuentes oficiales se empeñan en subrayar que más del 50% del gasto público proviene de la Seguridad Social. Está claro entonces que no es justo que el ajuste se realice sólo sobre los haberes de los jubilados.
Aquí entramos en lo necesario que se hace un cómputo de lo que se gasta, en forma diferenciada. Por ello, nuestra sugerencia se basa en analizar la cuantiosa distracción de fondos que pueden y deben suprimirse en Anses con prioridad a una medida antisocial como sería la de empobrecer aún más a una clase de la tercera edad, la más vulnerable y populosa del país.
En tal sentido, el Poder Ejecutivo debe formular un proyecto de ley que ponga término a todos los regímenes de jubilaciones de privilegio, para que los en ellas incluidos se rijan en el futuro con la legislación vigente.
En una palabra, los funcionarios y magistrados de nuestro gobierno, serían los primeros en dar el ejemplo de austeridad e igualdad ante la ley, que es lo que en definitiva nos pide el Presidente.
Volviendo sobre el proyecto en general damos por sabido que el Presidente anunció su intención de aprobarlo antes de fin de año, pero en el tema reforma laboral. En las primeras reuniones con sindicalistas, recibió un principio de rechazo y se reanudarán las discusiones. En el aspecto tributario hay conversaciones con los gobernadores, además de economistas especializados.
Llama la atención que no haya mantenido contacto con asociaciones o centros de jubilados para el tratamiento de la reforma previsional, al igual que con intelectuales y abogados de Derecho Previsional. Y es llamativo porque es un tema de singular importancia que afecta e involucra a un sector numeroso de casi 10 millones de habitantes.
Esta aparente falta de interés en consensuar con un amplio sector, lo vemos también en los medios, pues periodistas radiales y televisivos con prestigiosos programas políticos entrevistan a políticos, funcionarios y tratadistas, en relación a la inquietud que ha provocado la discusión de la reforma económica y son remisos a tratar este tópico, y cuando lo hacen es al pasar, por ser un problema que no lo elaboramos con profundidad, como reconoció uno de ellos.
Indudablemente, este es un gran paso que da el gobierno para combatir los altos impuestos, la inflación y asumir la responsabilidad fiscal con carácter permanente. Así lo ha expresado con firmeza el Presidente, "No podemos gastar más de lo que recaudamos"
La reforma tributaria será la primera en enviar al Congreso. Estaremos pendientes de la anunciada reforma previsional.
