El Presidente de la Nación se reunió el 1º de abril, en el primer piso de la Casa Rosada, con todo el equipo de Anses y su titular Emilio Basavilbaso con el fin de analizar el fallo de la Corte Suprema referente al pago del impuesto a las Ganancias por parte de los jubilados.
La preocupación del Gobierno consistía en el efecto que tendría en las cuentas de su administración, con absoluta prescindencia de la justicia y legalidad del mismo con respecto a los jubilados. Renació la tranquilidad cuando le explicaron que se trataba de un solo caso y que la decisión de inconstitucionalidad del impuesto tendría que someterse a la consideración de la Justicia, individualmente, para los casos pendientes de 2.000, y muy posteriormente por los 300.000 que solicitarían gozar de una sentencia similar.
Los complacientes funcionarios de Anses le aseguraron que no existía el peligro de una catarata de juicios y mucho menos un inconveniente para la cuentas públicas. A lo sumo, agregaron con bastante experiencia en sus procedimientos de impugnaciones y apelaciones, como siempre indiscriminadas, los casos futuros demorarán unos cinco años en pronunciarse.
El programa que ajustó Macri con su equipo de Anses apunta a incentivar el consumo, reactivar la economía y mejorar los sectores bajos de la sociedad a costa de los jubilados.
Si tomamos en cuenta, de buena fe y con las mejores intenciones, que un solo juicio demoró dos años para su definición por la Corte, ¿cuántos años transcurrirían para los 300.000 pendientes? Es mejor no pensarlo.
Si también tomamos en cuenta que, tanto en este artículo, como en las diversas publicaciones periodísticas, la noticia es publicada con la particularidad de que a nadie asombra el hecho de que esa reunión trata una sentencia que involucra a 9 millones de seres humanos cuya presencia no es invocada, ni su opinión escuchada, es decir totalmente descartada e ignorada, llegaremos a la correcta conclusión de que el materialismo, la mezquindad y la codicia constituyen el motor del gobierno, caiga quien caiga.
La otra cara de la sucia moneda la podemos apreciar en las decenas de reuniones en que son convocados los docentes para el tratamiento de las paritarias. Paros, marchas y huelgas de por medio, razonables o irrazonables, respetuosas o insultantes, pacíficas o violentas, pero se los escucha, no son descartables, no son ignorados, tienen la fuerza legal o ilegal de extorsionar parando la educación de los niños, ésa es la gran diferencia con los vulnerables pasivos, ausentes sin aviso, y ésa es la política perversa del Gobierno.
He aquí una de las razones que tiene la insólita impunidad de que goza el abogado del diablo, el abogado del Gobierno, el organismo Anses, el más corrupto de la administración pública, la caja más rica del país, que mantiene astutamente su blindaje en todos los gobiernos que necesitan de su prodigalidad en efectivo circulante, que tape sus agujeros.
La explosión más grande, después de la bomba atómica de Hiroshima, será la que se produzca ante el resultado de una completa auditoría que comprenda los últimos veinte años de Anses.
