La presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom),
Silvana Giudici, pidió la intervención de la Relatoria de Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con la evaluación
de periodistas que
hizo la Comisión Provincial de la Memoria a pedido del juez federal Alejo Ramos
Padilla.
Lo que de buena fe pide la señora Giudici parece una
declaración de principios sin consecuencias, un quedar bien con el periodismo.
Si piensa que la intervención de la CIDH resolverá el
problema no es más que una fantasia, ya que está comprobado hasta el cansancio
que dicho orgenismo defiende solo los derechos humanos de los izquierdistas y
de los populistas.
Es una realidad que asoma perversamente en estos difíciles
momentos que vive nuestra América Latina. La influencia de Zaffaroni cava
profundamente con su teoría garantista a favor de la delincuencia, del
narcotráfico y del terrorismo.
Terminemos con encendidas declaraciones recitadas al divino
botón.
Lo que se debe exigir de inmediato es un juicio politico al
juez Alejo Ramos Padilla que con su deliberada actuación pone en peligro la
garantía prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional y comete el
delito de prevaricato. La búsqueda desesperada y por cualquier medio en detener
los juicios por corrupción con el ataque al fiscal Stornelli, al juez Bonadío y
a varios periodistas lo está envolviendo en una telaraña de la que le será muy
difícil desprenderse.
Meditad ciudadanos meditad.
