El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), la cátedra de Cultura Jurídica y la Universitat de Girona realizó en Buenos Aires del 12 al 14 de septiembre de 2017 el II Congreso bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Se celebró bajo el lema "Seguridad Jurídica y Lucha contra la Pobreza y la Corrupción".
Dada la cercanía de su iniciación, lamentamos no haber tenido en esa fecha el tiempo suficiente para la presentación de un trabajo sobre la seguridad jurídica de los jubilados litigantes que en juicios contra Anses tienen sentencias firmes a su favor, que no son honradas por el referido organismo.
Afirmamos que la seguridad jurídica es la "certeza del derecho" que tiene el ciudadano, otorgada por el Estado, de que su situación jurídica será respetada y que de ningún modo y bajo ninguna circunstancia le será negada.
En el caso que teníamos en preparación denunciábamos que las sentencias que no se cumplen por parte de Anses, rompen el orden legal y jurídico de que goza el demandante y el significado moral de la "cosa juzgada".
Cuando el jefe de Gabinete presentó en Diputados, el 31 de Agosto de 2017, el segundo informe del gobierno, requisito que era desconocido por el anterior gobierno, se expresó muy firmemente por el respeto a las leyes al decir: "Seremos todo lo duro que tengamos que ser con cualquier persona que se haya alejado un centímetro de la ley".
Al sobreentender que “persona”, involucra tanto a una persona física, cono a una sociedad, institución, entidad, sindicato, gremio, etc. tenemos por cierto que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un ente de la administración pública nacional que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Pues bien, ANSES no cumple con la ley al no pagar en tiempo y forma sentencias del Poder Judicial.
Para mayor abundamiento diremos:
1) Que la Cámara Federal dictaminó que el Estado, en ese caso la ANSES, no se encuentra fuera del orden jurídico al que está obligado a tutelar, ni está exento de acatar los fallos judiciales en tiempo y forma.
2) Que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado su jurisprudencia en el sentido de que no se pueden desconocer los derechos tutelados por las leyes y las “sentencias judiciales”, y que se debe actuar sin incurrir en excesos formales que conduzcan al incumplimiento de la verdad jurídica.
De acuerdo a la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días hábiles. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes.
Nada de esto se cumple y de ahí la proliferación de millares de juicios y la exorbitante deuda de Anses.
Lo importante es señalar que hay casi 100.000 juicios con sentencia firme desde hace más de diez años, pendientes de pago y que los que están en juicio, que se calcula en una cantidad cercana a los 350.000, cuya sentencia con toda seguridad será favorable, nos lleva a la asombrosa cifra de aproximadamente m$n 600.000 millones que el gobierno debe afrontar, pero que nunca paga
El menos avisado cae en la cuenta de que los inversores considerarán que existe un riesgo de inseguridad jurídica en el país, toda vez que no se cumple con las sentencias judiciales, con la razonable inquietud de que se pueden ver involucrados en casos de sentencias favorables que el gobierno simplemente no cumplirá. Entonces ¿invertir o no invertir? Este es un enigma que el gobierno no ha captado. Como diría Clinton: "Es la seguridad jurídica, estúpido."
Las opiniones vertidas en este artículo tienen por objeto hacer comprender que no hay ninguna justificación para no cumplir con los fallos de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo. En tal sentido, da la impresión de que no existiera la necesaria separación de los Poderes.
En lo que se refiere a las apelaciones absurdas de Anses contra los fallos, existe una tácita aprobación del gobierno para ejercer presión sobre la Corte Suprema con la argumentación de que un fallo favorable a los litigantes, es decir, contrario al Estado, es improcedente por cuanto implicaría un gasto extraordinario difícil de asumir.
Si tal situación fuera real, la culpa no es de los vulnerables jubilados, sino del Estado ya que, sus anteriores y actuales gobiernos, cometieron errores dolosos que lo llevaron a no cumplir con las sentencias y en acosar al Poder Judicial con la polémica alegación del "bienestar general" sobre el "individual".
Escuchamos todos los días y a todas horas , opiniones de economistas, consultores, periodistas por los medios radiales, gráficos y televisivos que se preguntan ansiosamente las causas de la falta de inversiones extranjeras y se machaca sobre la falta de planes económicos, sobre los impuestos exagerados que rigen en el país, sobre razones de política interna e internacional, por el gasto inconmensurable en la administración del Estado. por la carencia de idoneidad de nuestros funcionarios, y hay mucho de eso, ciertamente, pero es innegable que la falta de seguridad jurídica es un factor decisivo, poderoso y negativo para cualquier proyecto inversor, al que muy pocos aluden
Podemos afirmar con toda sinceridad y con mucha pena que el gobierno argentino en sus últimos 50 años ha venido estafando abiertamente a su pueblo. El caso planteado de los jubilados es realmente patético, pues el fraude comienza con la primera liquidación trampeada exprofeso y que obliga a iniciar un juicio que el Estado ya da por perdido. El que yo denomino protocolo de Anses, entra en marcha: demorar, apelar, impugnar, falsear y finalmente, no pagar.
¿Piensan que el extranjero es tonto? ¿Piensan que no conoce al país como deudor moroso?
Y aquí viene la frutilla del postre. ¿Quién puede invertir en un país que su reciente gobierno llama a sesiones extraordinarias al Congreso para decretar una "reforma judicial"? Reforma judicial cuyo proyecto es secreto, al punto que hasta el mismo Presidente de la Asociación de Fiscales Nacionales, Carlos Rivolo, dijo desconocer.
Resumiendo, no se puede arriesgar capitales en un país tramposo, sin seguridad jurídica y en trance de una reforma judicial.
