Buenos Aires, 24 de junio de 2020.-
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
PROFESOR DOCTOR ALBERTO J. BUERES
S/D
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Estimado Alberto
Espero te encuentres muy bien al igual que tu familia atravesando esta
pandemia con una cuarentena de tiempo incierto.
Motivan estas líneas los diversos acontecimientos que fueron
ocurriendo en las últimas semanas, casi día a día, en los que el
Presidente de la República tuvo un rol preponderante. Ello es,
precisamente, el tema que me trae a escribirte.
No dejo de tener en cuenta que Alberto Fernández es docente de nuestra
facultad y que, más allá de la investidura temporal que reviste como
Presidente de la República, no debe perder de vista que sus
apreciaciones sobre los acontecimientos y los criterios legales a los que
echa mano deben guardar equilibrio y coherencia con reglas de Derecho
que nutren el derecho positivo.
Además, Alberto Fernández nunca quedará desvinculado de su nexo
docente con la Facultad de Derecho de la UBA, por ser- o haber sido parte de ella. Sus alumnos y sus ex alumnos, quiérase o no, "atarán" sus
aciertos y sus yerros de hombre de derecho a nuestra Facultad.
El lamentable altercado de días atrás con la periodista Cristina Pérez lo
mostró de punta en blanco intolerante y con desagrado ante una
pregunta con varios adjetivos, en formulación asertiva. Apelando a la
intimidación y a la prepotencia pretendió doblegar a la trabajadora de
prensa quien, afortunadamente, supo con altura poner las cosas en su
lugar.
Es que, el docente de nuestra Casa de Estudios echó por la
borda la mesura y elementales principios Republicanos en el mejor estilo
de enana soberbia.
Pero allí no termina la cosa: pasados unos días, en el “Caso VicentIn” el
juez actuante en el Concurso Preventivo de la compañía y a raíz del
cuestionable DNU 522/2020 , claramente inconstitucional, que decidió
promover la expropiación y disponer la remoción de los directivos,
resolvió restituir al directorio a sus funciones relegando a los
funcionarios designados ilegítima y antijurídicamente por el Presidente.
La decisión del Dr. Fabián Lorenzini hizo que Alberto Fernández
doblegara la apuesta replicando: "El Estado se va a hacer cargo de
Vicentín. Ya sea vía intervención judicial ... pedida por la provincia de
Santa Fe o vía expropiación. Pero, se van a ir de la empresa. No hay
marcha atrás"
¿Qué pretende Fernández con esta afirmación desafiante a quien está
investido de la autoridad que emana del cumplimiento de la ley? ¿Dónde
dejó el Presidente el art. 109 de la Constitución Nacional?
El juez Lorenzini cumplió con el mandato legal y preservó la empresa
para sus dueños, para los trabajadores y como fuente de recursos para la
Nación.
El DNU 522/2020 es flagrantemente inconstitucional pues muestra el
abuso de autoridad del Presidente de la República; viola uno de los
principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad
privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de
sentencia fundada en ley. Hoy, el bienestar y la fortuna de los argentinos
queda a merced de una sola persona: el Presidente. ¿Puede eso tolerarse
en democracia?
El Presidente Fernández, con el dictado del DNU, ha hecho un "per
saltum" sui generis al ignorar al Congreso de la Nación en su carácter
natural de Poder Legislativo.
El Presidente Fernández, con el dictado del DNU, se ha inmiscuido en el
proceso concursal; ha hecho caso omiso al hecho de que el juez es
quien tiene la responsabilidad de saneamiento o la liquidación de
Vicentín.
Pretende el Poder Ejecutivo intervenir la empresa, al margen de las
decisiones del juez y viola, así el debido proceso legal, consagrado en el
art.18 de la C.N.
El presidente Fernández, supuestamente conocedor del derecho penal,
con el dictado del DNU, argumenta que además ha sido cometido por
Vicentín un delito con base en los préstamos recibidos y no abonados.
Esta cuestión está siendo investigada por el juez Julián Ercolini y no es
tarea del Poder Ejecutivo a menos que, le dé vista a la Oficina
Anticorrupción, lo que no ha hecho.
Alberto Fernández, docente de nuestra Facultad pretende traspasar de un
plumazo cinco obstáculos constitucionales: arts. 14, 17, 75 inc 32, 99
inc.3 y 109 de la Constitución Nacional haciendo peligrar el equilibrio del
sistema Republicano argentino. Sin duda sus actos y conductas
desprestigiaron a la Facultad de Derecho a la que pertenece.
Conozco que no tiene nuestra Facultad de Derecho de la UBA una
autoridad ni poder disciplinario en relación con la conducta que sus
profesores pudieran desplegar en actividades que exceden las
correspondientes a sus obligaciones docentes bajo el Estatuto
Universitario.
Conozco también suficientemente que ni las autoridades que tienen a su
cargo la gestión de la Facultad, tales como el Decano y sus Secretarios,
como tampoco el Consejo Directivo pueden juzgar ni tienen “imperium”
por sobre los profesores en sus actividades personales, políticas o extra
curriculares.
Pero no es menos cierto que el actual Presidente de la República utiliza el
nombre de la Facultad de Derecho de la UBA, y su carácter de “Profesor”
en ella, para intentar legitimar muchas de sus conductas al amparo de la
presunción de legitimidad y de erudición que significa integrar un
claustro de profesores de la Facultad de Derecho perteneciente a la
Universidad más prestigiosa del país.
De hecho, recordarás su famoso
slogan de campaña en el cual le decía a los ciudadanos tratando de
seducirlos para que lo votaran: “… Soy Profesor de la UBA…”
Por ello, Alberto, en mi carácter de Profesor Titular Regular Ordinario por
Concurso Público y de Oposición, y en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 113, inc. u) y en la ley 27.275, te solicito:
1. Información
a) Te sirvas informarme el cargo docente que ostenta el Dr. Alberto
Fernández como profesor de nuestra Facultad.
b) Me indiques, por favor, la fecha de designación y de
vencimiento de dicha designación identificando el instrumento o
acto administrativo que dispone dicha designación.
c) Del mismo modo, te solicito me indiques la carrera docente que
el mismo ha tenido en nuestra casa de estudios desde su
primera designación hasta la fecha.
d) Me informes cuándo será la próxima oportunidad en que se
tratará su renovación de cargo en el Consejo Directivo para
poder concurrir a esa sesión pública en forma personal
2. Convoques a una reunión del Consejo Directivo de la Facultad para
que se considera la posibilidad de invitar al Profesor Alberto
Fernández a mantener una reunión abierta con Profesores del
Claustro de Profesores Regulares con el objeto de conversar y
debatir sobre la visión constitucional que el Presidente tiene en
relación con el instituto de los Decretos de Necesidad y Urgencia y
la expropiación de empresas.
Confío en que darás curso a esta solicitud la cual es girada, por este
medio, a tu persona de un modo formal y para que le otorgues el trámite
que administrativamente corresponde a la misma.
Cordialmente, y a la espera de tu respuesta,
Guillermo J.H.Mizraji
Prof.Titular Regular Ordinario
Facultad de Derecho UBA
