El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, convocó para el jueves próximo a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, conocida como Comisión Interpoderes. La tarea de esa comisión es "trabajar para superar las dificultades operativas" que puedan demorar los juicios por delitos de lesa humanidad. No se reúne desde el año 2016.
Fueron invitadas todas las organizaciones izquierdistas de Derechos Humanos, a pleno, pero no veo que figuren representantes, abogados, ni familiares de los presos.
La convocación del más alto magistrado del poder Judicial, constituye un tácito reconocimiento a la legalidad de los juicios, cuando lo que se discute con firmes fundamentos es su inconstitucionalidad, pues contradicen los principios del derecho, especialmente del derecho penal al negar la prescripción, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, a la ley penal más favorable en caso de duda, a la formación de tribunales especiales.
En rigor ya la había reconocido anteriormente al fallar a favor de la aplicabilidad del 2x1 a los procesados por lesa humanidad, fallo que ahora es uno de los motivos aducidos para pedirle un Juicio Político del Senado,
Cuando por resolución del Consejo de la Magistratura se puso en marcha una auditoría a las cámaras penales de todo el país en las que tramiten causas por corrupción, ¿por qué se excluyeron las causas por delitos de lesa humanidad? Ello hubiera permitido comprobar las irregularidades de los jueces venales, la obstrucción constante al derecho de defensa, las sentencias calcadas, los falsos testimonios preparados de antemano con testigos preparados en las mismas oficinas de los Derechos Humanos para evitar contradicciones frecuentes en las declaraciones.
Vayamos al caso de Bahía Blanca donde 30 procesados que el tribunal siempre los nombra genocidas o represores, fueron condenados los primeros días de octubre de 2017 en la causa V Cuerpo de Ejército, 21 de ellos a perpetua y los otros alrededor de 10 años Inédito record de velocidad registrado en las pistas tribunalicias de los juzgados penales.
En corto tiempo se lanzan 30 sentencias en juicios de lesa humanidad, cuando en los juicios por corrupción pasan años sin ninguna, varias de ellas sobreseídas por prescripción, beneficio legal del que fueron privados los presos políticos, la mayoría procesados por hechos de más de 40 años.
Todo esto forma parte del "Nuevo Orden" cristinista ya asumido con sumisa abnegación por gran parte de la sociedad, pues es difícil de explicar la naturalidad con que se publica una convocatoria que tiene un trágico significado institucional para la ciudadanía.
No hay duda que el gobierno en sus tres poderes ha entrado en la confusión, en las contradicciones y en los desatinos, moneda corriente de nuestra cotidiana vivencia, amenazada su libertad por imprevistos DNUs.
Con el ataque de Cristina al presidente de la Corte, extrema medida al pedir su Juicio Político, la Vicepresidente Cristina Fernández ha cruzado el río Rubicón, "alea iacta est", pero si para Julio César atormentado por las dudas, cruzarlo significaba cometer una ilegalidad, convertirse en enemigo de la República, para nuestra guerrera egipcia le importa tres belines, total ya es enemiga de la República.
