La situación política por que atraviesa el país es la más arrevesada, contradictoria e inentendible que se ha visto desde los primeros años de su existencia, Ni qué hablar de la económica y sanitaria.
Criticamos como es natural los ataques a la libertad de prensa, uno de los más grandes valores que nos dio la democracia, pero en medio de la vorágine de confusiones, polémicas y alarmante desentendimiento en los ámbitos de toda la sociedad, no estamos reparando en que los medios periodísticos jamás se pudieron expresar con tanta sinceridad y libertad acerca del fracaso de las gestiones del gobierno, que se muestra cada vez más incapaz de enfrentar los desacuerdos constantes dentro de su seno.
Se habla con naturalidad acerca de la duda del ejercicio del poder, notoriamente ya en manos de la Vice presidente, al punto que el propio Presidente se hace eco de los comentarios, para negarlo al afirmar simplemente que no es así.
Las marchas pacíficas y muy numerosas en contra del gobierno son libremente convocadas por las redes sociales y publicitadas posteriormente con destacados comentarios.
Sobrevuela el presentimiento de que las circunstancias nos están llevando a un final incierto, a corto plazo, toda vez que se van sumando las expectativas de la devaluación, la extensa y acentuada usurpación de la propiedad privada y pública alentada por el oficialismo, el retiro de la Oficina de Anticorrupción como querellante de los juicios que investigan hechos de corrupción, el éxodo de grandes empresas y ciudadanos, el avance a topetazos de la reforma de la justicia con movidas de jueces que no favorecen al oficialismo.
A este último punto es necesario prestar atención. Sabido es que los cambios citados, obedecen al capricho y decisión incontrolada de una persona que busca evitar su proceso y condena por los graves hechos de corrupción de que es acusada.
La ingenuidad, la esperanza y la buena fe del buen ciudadano descansa en la resolución de la Corte Suprema de Justicia que tiene en sus manos la aprobación o rechazo de la apelación per saltum de los jueces involucrados en esos juicios, que fueron removidos por el Senado que preside Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre el particular hay gran mayoría de jurisconsultos, constitucionalistas, asociaciones de abogados, que opinan a favor de la inamovilidad de los jueces, lo que concuerda con anteriores acordadas de esta Corte con sus mismos miembros.
¿A qué se debe estas sucesivas postergaciones del Alto Tribunal cuando había anunciado que iba a dar su veredicto?
Todo hace pensar que de haber prevalecido la opinión generalizada que acabamos de citar, reforzada por las recordadas acordadas, sus miembros aunque entre ellos enfrentados, ya hubieran fallado. Es decir el estudio tan profundo del caso y la jurisprudencia sobre la materia no puede justificar tanto tiempo y la conclusión, lamentable por cierto, es que nos espera un fallo fallado.
