UN ORGANISMO IMPOSTOR

Son numerosas las publicaciones de este blogspot que he enviado a la Presidencia, al igual que a la Jefatura de Gabinete y al director de Anses, con críticasy reclamos realizados con el mayor respeto, sin que haya tenido alguna respuesta, sólo una, de hace más de un año, del señor Peña que agradecía el envío y prometía su consideración, nada más. Quizá les llame la atención el saber que desde la iniciación del gobierno hemos escrito 125 artículos, todos remitidos a vuestras oficinas, ¿qué hicieron con ellos¿ ¿los archivaron en vuestros anaqueles? ¿los derivaron a los canastos? ¿Habrán leído algunos, para su consideración? Les adelantamos un muy pequeño resumen de varios de los mismos que, como apreciarán no son panfletos revolucionarios, ni con golpismo incitado, ni son insultantes, sino más bien con lógicos y pacientes argumentos sobre realidades que son innegables.

26 diciembre de 2015

EXIGIMOS INTERVENCIÓN A LA ANSES (IV)

El desconcierto que nos provoca la indiferencia de la sociedad por la angustiosa situación por la que atraviesan los jubilados, nos motiva a insistir con partícular vehemencia en la perentoria necesidad de hacernos escuchar Es insólito e incomprensible, como lo venimos diciendo en centenares de cartas y escritos., el silencio ominoso en que se encierran los políticos, funcionarios, periodistas, comentaristas, e intelectuales ante una realidad angustiante que inexorablemte les llegará a ellos como una ley implacable de la naturaleza humana., los años, si Dios les da vida.

Año 2016

Es bien conocida la lucha que llevo manteniendo para que Anses sea intervenida. Malversación de fondos, estafas, administración fraudulenta, saqueo de los fondos, financiaciones no previstas Fútbol para todos, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y muchas más que justifican con amplitud varias auditorías y decididamente una intervención.Hoy leo en el diario Clarin la publicación de seis cartas de lectores referidas al tema de los jubilados y todas, sin excepción al exponer sus lógicos reclamos individuales citan la palabra olvidada: Anses.
¿Qué temores le pueden asaltar al Gobierno para no responder a este clamor popular? ¿Políticos, económicos, sociales? ¿Hay compromisos ocultos? ¿Hay razones de Caja?.
Todo silencio genera dudas que deben aquietarse con urgencia.

8-3-16

Necesito que se me informe, finalmente, si con un gesto de “nobleza obliga”, Baldivieso ha tendido un manto de impunidad a su antecesor Diego Bossio, hoy estrella política, al quebrar el FPV y apoyar las medidas del gobierno.

10-5-16

ya hemos escrito y difundido en esta columna, más de treinta publicaciones, la mayoría de ella con el mismo título de la presente ¿Y la ANSES?, además de dos cartas abiertas al director Emilio Basavilbaso. Nos sigue aleteando la sospecha de que es un pago de servicios de impunidad al exdirector Diego Bossio, por su oportuno y disimulado gatopardismo, al provocar una grieta en el FPV muy favorable al PRO en la Cámara de Diputados. Nos preguntamos también, ¿Habrá razones de Caja?

9-6-2016

Ya son demasiados los artículos y los argumentos que fundamenta nuestra exigencia para que el Gobierno disponga la inmediata investigación y auditorías del citado organismo, a fin de disipar las sospechas de un convenio espurio. Es de conocimiento público que ANSES ha sido un perfecto engranaje para construir una política populista de gigantesca corrupción y que se ha manejado a discreción la operatoria de inversiones de los fondos jubilatorios.

24-9-16 CARTA AL JEFE DE GABINETE

El diputado Diego Bossio, ex titular de ANSES, se da el lujo de someterse a entrevistas para manifestar la justificación de la designación de empleados sin la idoneidad exigida y con sueldos irritantes. Parece que está desafiando su mercenaria impunidad pues critica al gobierno diciendo que hace “mucho circo y poco trabajo”.
Investigue de una vez presidente Macri, no nos defraude, desentierre las más de quince auditorías realizadas por AGN y que fueron archivadas por orden de la ex presidente. ¿Sabe usted que se va a encontrar con una totalmente desordenada administración, con malversaciones, fraudes y saqueos de un orden millonario, superior a las publicitadas por el Periodismo para Todos, en el caso de la ruta del dinero K?

8/6/2017

Seguimos presenciando la revelación de irregularidades en ANSES gracias a sucesivas publicaciones periodísticas que no tienen eco en las autoridades. Debemos insistir en que se hace necesaria una profunda investigación. En este humilde espacio hemos pedido y exigido que se rompa el silencio del gobierno que se hace cada vez más sospechoso. Esto lo escribimos el 17 de Octubre de 2016 y hoy continuamos en la misma senda.
Jaqueado por un déficit que el Gobierno contribuyó en aumentar el Tesoro. sigue tomando deuda para hacer frente al agujero fiscal, con mecanismos que antes criticaba cuando era oposición, como es el utilizar fondos de la ANSES.
Por tercera vez desde que son Gobierno, el Tesoro se endeuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esta vez, es por U$S 83.235,556, a través de una Letras del Tesor
Anteriormente el Gobierno había utilizado el mismo mecanismo en mayo, por 500 millones de dólares, y otros U$S 660 millones en junio. En total, incrementó el pasivo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en U$S 1.243 millones.
A l incrementarse las denuncias que, indirectamente y por otros conductos, involucran a Anses, nos enteramos de los 80 millones de pesos pagados por Anses a 6,7,8 en forma ilegítima, sale a la luz un informe del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas que durante el año 2014 el Gobierno se apoderó del patrimonio de Anses por sumas siderales que llegaron a los 120,000 millones de pesos, que se efectuaron en forma irregular ventas de acciones de Anses por su titular Diego Bossio, con grave perjuicio para la institución pero con ingentes beneficios para el Banco Macro, que Anses otorgó clandestinamente miles de jubilaciones a ciudadanos de Paraguay, Bolivia y Perú. Se descubren recientemente serias irregularidades de Anses durante la campaña política, pero a través del organismo que analiza los fondos de dicha campaña, es decir todo se conoce indirectamente con prescindencia de investigaciones al organismo culpable que jamás fue investigado.
A esto agregamos que el fallo judicial del fuero de la Seguridad Social que declaró inconstitucional que los haberes jubilatorios estén alcanzados por el impuesto a las ganancias será apelado por Anses, según confirmaron fuentes oficiales del organismo, lo que resulta inentendible, porque el mismo Instituto que debe defender a los jubilados apela en beneficio del Tesoro Nacional y en contra de sus 6 o más millones de beneficiados.
Esta verdadera vejación nos trae el recuerdo de la respuesta que dio al Presidente de la Corte que lo reprendió severamente, el ex titular Diego Bossio, “Aunque no corresponda, apelamos los fallos favorables a lo jubilados porque como funcionarios del Estado debemos defendernos de sus ataques”, Patética afirmación que se reitera con el sucesor Emilio Basavilbaso.
Entonces, ¿de qué ley de Restauración Histórica me están hablando los mismos funcionarios que buscan las condenas de los litigantes por un derecho al reajuste de sus haberes.?
Finalmente, en noticias periodísticas del día de la fecha se publica por Urgente 24 que el Pro-populismo confisca fondos previsionales para sumar jubilaciones de privilegio.
El mes de mayo de 2017 se presentó en el Parlamento el proyecto que crea el "Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones" para los trabajadores de planta permanente del Congreso de la Nación, que acordaron Gabriela Michetti (presidenta del Senado), Emilio Monzó (presidente de la Cámara de Diputados) y Norberto Di Próspero (líder del gremio APL, ex seguidor de Armando Boudou y hoy aliado PRO). Esta iniciativa prevé otorgar un beneficio previsional adicional por arriba de la jubilación establecida por ley, y también otros beneficios, como pensión por invalidez y por fallecimiento. Este simpático proyecto populista de Cambiemos no fue advertido por la gran mayoría de los medios de comunicación, como de costumbre.
Como queremos dejar sentado que nuestra posición se justifica y acredita el valor de nuestras persistentes reiteraciones, hemos agregado nuevos argumentos y seguiremos en la tarea impuesta hasta lograr que el verdadero y sano periodismo (¿existe?) acompañe nuestras justas denuncias. Exigimos una auditoría completa de Anses.

Octubre de 2017

Hay un desconocimiento completo de la actividad de Anses en cuanto al desenvolvimiento de su burocracia, al manejo de los ingentes fondos que administra, la diversidad de oficinas, las funciones que desempeñan y la información de las medidas que se toman en su cerrado edificio. En una palabra, es un verdadero despropósito.
Existe además la necesidad de que el gobierno dé respuesta al cuestionario que el director de Anses nunca tuvo la deferencia de contestar´y que aquí reiteramos.

- Estado financiero en que se recibió a Anses.

- Si se han realizado auditoría y balances luego de su recepción.

- Si se ha tomado vista de las numerosas auditorías realizadas por la AGN que quedaron archivadas.

- Si se está al tanto de los recursos humanos al momento de la transferencia, en cuanto a la cantidad, idoneidad y la legitimidad de su ingreso.

- Por qué razón Anses apeló el fallo de la Cámara Federal que declaró inconstitucional el descuento del impuesto a las ganancias a los jubilados. En qué afecta ese fallo a ese organismo.

- Por qué razón presentó recursos extraordinarios contra las tres Cámaras Federales para que se aplique un índice de movilidad inferior al actual.

La solicitud de estos datos tiene su correlación con la extraña circunstancia que hemos observado con respecto a la notoria diferenciación percibida en el trato dado por el gobierno a este organismo, que nunca mereció una auditoría ni investigación, en relación con todos los ministerios y oficinas de la administración nacional que a diario son objeto de exhaustivas investigaciones, con precisos informes sobre las mismas que se ven publicados en los medios. Nada, absolutamente nada, de Anses, permanece impoluta.
Lo único que trasciende ahora, es que a pesar de su misterioso silencio será objeto de la principal y más polémica transformación en el proyecto económico del presidente, llamado a un ajuste gigantesco del presupuesto en una suma s de 100,000 millones de pesos extirpados del fondo de los jubilados, totalmente ajenos al por qué de esta drástica medida que los perjudica notablemente.
Finalizado este análisis objetivo sobre la faz jubilatoria, nos queda la impresión de que las afirmaciones del presidente tienen un cariz de exploración tentativa, tendiente a recoger opiniones que lo vayan encaminando a la meta, pero sin apuros desafortunados que perjudiquen el fin propuesto que, indudablemente, es razonable y en general aceptable.
Poniendo punto final a este escrito escucho una última noticia que trae a colación la referencia que hicimos acerca de las conversaciones del ministro de trabajo con los sindicatos. El título nos dice que los sindicatos rechazaron la reforma laboral de Macri. Me pregunto entonces, ¿cómo se las arreglarán los jubilados para rechazar el arrebato de 100.000 millones de pesos.
Nos excusamos por la larga extensión de este artículo, pero no pudimos evitarlo dada la importancia que tiene esta denuncia que formulamos al gobierno. Hoy llega a nuestro conocimiento el tenor de las declaraciones del director de Anses en Formosa, que comunica con toda naturalidad la anulación de más de 4.700 jubilaciones otorgadas ilícitamente por las autoridades del anterior gobierno.
En una de las transcripciones que hicimos en párrafos anteriores, denunciábamos hace más de dos años estas inconcebibles irregularidades descubiertas por periodistas dela televisión en el programa de Periodismo Para Todos de Jorge Lanata. Recordamos haber visto el trabajo, las entrevistas y los descubrimientos de esos periodistas, en los mismos lugares de la provincia, en que también se les otorgaba documentos argentinos para votar. Se filmaba la llegada y partidas de embarcaciones repletas en una operación perfectamente coordinada, dirigida y controlada por argentinos al servicio de este dantesco fraude. Debe agregarse, que conforme a las averiguaciones realizadas, la cantidad podría llegar a más de 10.000 favorecidos, a los cuales hay que sumar peruanos y bolivianos. ¿Se puede pensar que los funcionarios y empleados de Anses fueron engañados? Mueve a risa el sólo suponerlo, desde el momento que no se trataba de documentos falsificados dado que ellos mismos los confeccionaban y los entregaban. Y aquí llegamos a la conclusión de que jamás se realizó un control, investigación y auditoría de Anses. El señor Basavilbaso no tomó ninguna medida al recibir el organismo de manos de Diego Bossio.
¿Qué motivos encierra esta liberada y deliberada acción efectuada con todo desparpajo, cuando eran públicamente conocidas las prácticas de corrupción de esta naturaleza, y otras más graves aún, que permanecen cristianamente sepultadas en el olvido? ¿Acaso no se han negociado millones de acciones del fondo de los jubilados durante 15años en cantidades astronómicas que resisten cualquier cálculo? Verdaderas asociaciones ilícitas que enriquecieron a varios bancos. Pero ahora en el gobierno de la “transparencia”, surgen denuncias que comprometen a funcionarios actuales, justamente acusados de similares delitos. Pero para los kirchneristas se sigue la regla impuesta por el Presidente que decidió y ordenó “olvidar el pasado”. Anses permanece impoluto. ¿Hasta cuándo señor Presidente?
Por último, dejando de lado la modificación de las matemáticas por el poder legislativo, que nos afirma que la rebaja de la fórmula establecida por la ley de Reforma Previsional supone un aumento de nuestros haberes, vuelvo a las fuentes de mi escuela primaria y realizo el siguiente cálculo: 15.000 jubilados ilegales a un promedio mínimo de 7.000 mensuales durante 5 años, aguinaldo incluido, arroja un resultado de m$n 1.365 millones que han pagado los jubilados. ¿Quienes deben reponer él monto de ese fraude? Esto es una migaja comparado con los cientos de miles de millones por la venta fraudulenta de acciones, sumados a los saqueos en extracciones al contado. ¿Hablamos del Fùtbol Para Todos, del deficit de Aerolíneas Argentinas, del Tesoro Nacional, de los pagos a los terroristas fijados por ley, a los gastos de publicidad oficiales?
El "vamos por todo" tiene su sello en las arcas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que nunca fue controlado, inventariado, auditado ni investigado y que. valga la expresión se está quedando sin Fondos.
Consecuente con mis principios y fiel a mi perseverancia, insisto por nonagésima vez al exigir la auditorÍa de Anses

EL SUPLICIO DE LOS JUBILADOS

Continuamos con nuestra defensa de los jubilados, considerados como una variable de ajuste y exigimos el respeto de sus derechos y no el subsidio y la limosna inaceptable para gente que ha trabajado toda su vida para el engrandecimiento del país. Constituimos el 15% de la población nacional y no aceptamos que la Jubilación sea una gastada herramienta política de los gobernantes.
En el desarrollo de nuestro comentario de la fecha, comenzamos con una pequeña historia.
La madrugada del 20 de agosto de 2010 la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la ley que impuso el 82 por ciento móvil para los jubilados. Fueron 135 votos a favor, 89 en contra y 17 abstenciones. Los bloques que impusieron el número fueron los que por entonces conformaban el Grupo A: la UCR, el PRO, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el Peronismo Federal con Felipe Solá a la cabeza, el GEN de Margarita Stolbizer y el socialismo. Rechazaron la iniciativa el Frente para la Victoria y aliados provinciales, por considerar que ponía al sistema jubilatorio recuperado por el Estado dos años antes en situación de insolvencia, al no establecer la ley opositora mecanismos de financiamiento para sostener los aumentos. Se abstuvieron por la misma razón los diputados de Proyecto Sur, Libres del Sur y Nuevo Encuentro, con la excepción de Miguel Bonasso, que acompañó la propuesta.
Carrió fue esa noche una de las más enfáticas defensoras del proyecto. “Hay que hacerse cargo de los jubilados y esta es una manera responsable de hacerse cargo”, aseguró. Oscar Aguad y Patricia Bullrich también remarcaron la obligación moral de saldar esa deuda con los jubilados, lo mismo que dijeron en el Senado los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz.
En la Cámara alta la votación salió empatada y el que inclinó la balanza a favor de otorgar el 82 por ciento móvil a los jubilados fue el vicepresidente Julio Cobos. Su voto esa vez fue positivo.
Después de la aprobación del 82 por ciento móvil, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley al calificarla como una trampa para hacer trastabillar a la jubilación pública y forzar a su gobierno a una medida impopular. Mauricio Macri se lo recriminó: “La Presidenta no tiene autoridad moral para decir que no le alcanza la plata, cuando viene despilfarrando recursos en forma cada vez más grotesca”
Hoy ya nadie habla del 82 por ciento móvil. Dejó de ser una obsesión para las fuerzas políticas que lo impulsaron en su momento. Por el contrario, la reforma previsional que promulgó el Gobierno tendió a ensanchar la distancia entre los salarios de los trabajadores activos y los haberes jubilatorios, hundiendo cada vez más a estos últimos. Esto es por el reemplazo de la fórmula de movilidad actual por un sistema que ajustará los ingresos previsionales de acuerdo a la evolución de la inflación.
Como explicaron Javier Lewkowicz y Alfredo Zaiat, si entre 2009 y 2017 las jubilaciones se hubieran actualizado por la inflación, como fijó Cambiemos, la jubilación mínima se ubicaría en este momento en 5470 pesos. Es decir, casi 1800 pesos menos por mes para los jubilados de la mínima, en lugar de los 7246 que están percibiendo. Hubiera significado un recorte del 24,5 por ciento.
Seguramente para que vuelva a exigirse el 82 por ciento móvil habrá que esperar a que el actual oficialismo regrese al lugar de oposición.
Debemos recordar que la nueva fórmula está compuesta por un 30% de los incrementos salariales y un 70% de la medida de la inflación. Esto significa que el poder adquisitivo se prefiere a las variaciones de los salarios. Es decir, garantiza la capacidad de consumo frente a la posible disminución de las remuneraciones (y le niega el progreso en la distribución).
La protección de los pasivos se justifica en que la salida del mercado de trabajo los excluye de toda intención y esfuerzo de mejora o compensación por pérdidas mientras que los trabajadores conservan sus capacidades para competir en la persecución de su bienestar.
El abogado Mario Paganini que fuera profesor de Derecho en la Univesidad del Litoral, manifestó ser partidario de la fórmula que sigue los salarios. "Si el haber inicial es un porcentaje de los salarios, la conservación se consigue incrementándolo de igual forma". Una lógica irrefutable.
Hay que reconocer que para los jubilados el progreso desapareció de su porvenir y solo indirectamente pueden recibirlo. Por eso la movilidad les es esencial. El salario es ese medio indirecto, más si su participación en la distribución crece.
La nueva fórmula fijada por el gobierno viene a complementar el perjuicio ocasionado por la llamada Ley de Reparación Histórica que, por tratarse de una extorsión encubierta, no ha tenido la aceptación que el gobierno buscara y no disminuyó la cantidad de juicios por parte de jubilados y pensionados. En efecto, como señala la abogada Andrea Falcone, a 18 meses de la implementación del Programa “menos del 10% de los jubilados con juicio iniciado aceptaron la oferta”, con ofrecimientos muy bajos con relación al monto que surge de la demanda o de la propia sentencia. “De cada $100 que la ANSeS debe pagar a los jubilados por sus juicios termina pagando $25”, sin duda un vil resultado producto de la extorsión.
Lo que nos viene a ratificar la prueba de que Anses ha tenido siempre a los jubilados como "enemigos"
es que continúa apelando a la Corte Suprema los fallos favorables a los jubilados que se aprueban en las tres Salas de la Cámara de la Seguridad Social con sentencias que aplican el ISBIC. El argumento es que el Alto Tribunal no resolvió cuál debe ser el índice a aplicar, si bien reconoce que “la aplicación del ISBIC arroja una remuneración actualizada superior y por ende – dice- un salario promedio exagerado”. Además, ANSeS apela sentencias de Cámara en “etapa de ejecución” que no fueron cuestionadas con anterioridad.
En realidad, poporciona tranquilidad saber que la Corte Suprema confirmó el fallo de segunda instancia que había fijado la actualización de las remuneraciones sin hacer mención pero también sin objetar que la sentencia de Cámara ordenara aplicar el ISBIC. En base a ese pronunciamiento de la Corte, ya miles de jubilados cobraron sentencias con la actualización por ese índice y también deberían cobrar así los que ya tienen sentencia firme. A estos últimos hace veinte años que no se les paga.
Como dijimos en otra oportunidad, estamos de acuerdo en que se debe modificar el sistema previsional, una total reforma al sistema jubilatorio para que sea justo y que constituya un derecho, no un beneficio otorgado por el Estado como un subsidio.
Es un desafío que hay que encarar para las futuras generaciones y que cuenta con nuestro apoyo, pero la complejidad de su estudio que impone el análisis y cotejo con sistemas y legislaciones extranjeras, requerirá un período prolongado. Mientras tanto, no debe descuidarse la generación actual, que sufre los graves problemas que estamos exponiendo y que debe tener una solución apropiada.

EL FISCAL GERMÁN MOLDES

No se trata de reformar la justicia para que su sagrada misión se cumpla total y cabalmente en un gobierno democrático que respeta la separación de poderes. La limpieza de corruptos magistrados que no pueden justificar su enriquecimiento desproporcionado a sus haberes, es base fundamental para volver a creer en ella. Se complementa con la gestión que llevan a cabo dignamente y con profundo conocimiento de la misión encomendada, honestos e idoneos jueces y fiscales como lo es el fiscal ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes que en sus veunticuatro años de actuación en ese cargo jamás fue recusado, amenazado ni presionado por diversos conductos del Ejecutivo que buscaban decisiones y fallos favorables.
Estos días advirtió que apelará el fallo de la sala 1 de este tribunal de alzada que el viernes de la semana pasada decidió la excarcelación del empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa y cambió la carátula de la causa en que ambos estaban siendo investigados por defraudación al Estado por otra más benigna: "apropiación indebida de tributos", El fiscal calificó el fallo como "un sobreseimiento encubierto", y sostuvo que es"imprescindible" que la decisión de la Cámara Federal sea revisada.
Vengo siguiendo en este espacio la actuación del fiscal Moldes en varias causas desde hace más de ocho años, en que ha demostrado su probidad y en las que ha destacado su conocimiento jurídico, especialmente en el Derecho Penal. Resumo algunas que nos comprueban no sólo las virtudes señaladas sino también su entereza, perseverancia y valor en la presentación de acusaciones y apelaciones en casos difíciles que involucraban al gobierno y sus funcionarios
En octubre de 2013 la Procuradora Alejandra Gils Carbó fue denunciada por la designación irregular de un funcionario que carecía de habilidad de títulos para el cargo (fue el caso de Gonella designado para cubrir un cargo de fiscal sin mediar concurso). En esa ocasión, el fiscal federal, Guillermo Marijuán, impulsó la acción en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación. Es decir que requirió la instrucción de la causa y solicitó que la funcionaria sea investigada por una acción delictiva determinada. No obstante ello, el juez Sebastián Casanello desestimó la denuncia en forma apresurada, alegando ausencia de delito y sin materializar prueba alguna. En ese contexto, y ante la apelación el fiscal Germán Moldes consideró que la decisión no se ajustaba a derecho y mantuvo el recurso del inferior jerárquico.
El 14 de febrero escribía en mi blog bajo el título de “Las Amigas se Ayudan” que “En el escrito remitido al juez Daniel Rafecas, que investiga la denuncia de Nisman, la Procuración defiende la política del Gobierno y critica en duros términos la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA, denuncia a la que dio curso el fiscal Gerardo Pollicita. "Entramado ficcional", "Supuestas pruebas que no soportan siquiera un mínimo test", "Intrincada trama de interpretaciones subjetivas", "Argumento jurídicamente pueril". son las expresiones con que descalifica la denuncia.
¿Puede este organismo que depende directamente del Presidente de la Nación y tiene jerarquía equivalente a la de los Ministros del Poder Ejecutivo asumir la defensa de la Presidente? Sus funciones son las de asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicio e intervenir en el planeamiento, organización, supervisión y ejecución de la estrategia de defensa de los intereses de la República Argentina en causas que tramiten ante tribunales judiciales o arbitrales, extranjeros o internacionales, y participar en la representación de la República Argentina ante dichos tribunales.
A nuestro entender sus funciones son las de de asumir la defensa del Estado y no de la persona acusada que ocupa el cargo de Presidente. Por supuesto que está en manos de los jueces y fiscales el dirimir esta afirmación personal, lo que no obsta a que pueda expresar mi extrañeza por la falta de opiniones que advierto sobre este particular.”
El 25 de febrero de 2015 me anoticio que el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes denunció a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, por peculado, al utilizar la estructura del Estado para defender a la presidenta Cristina Kirchner de las acusaciones que realizó el fallecido fiscal Alberto Nisman cuando lo acusó de encubrir a Irán en la causa por el ataque a la AMIA.
Para Moldes, Abbona y los denunciados subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament Mariasch, firmantes de un escrito en el que defendieron la postura de la Presidenta antes de que el fiscal Gerardo Pollicita decidiera imputarla, hicieron "una suerte de ostentación superflua de compromiso militante".
Agregó que su presentación constituyó una "sobreactuada identificación de subordinación político-partidaria o tal vez un simple exceso entusiasta derivado de la devoción personal" por Cristina Kirchner o el resto de los denunciados.
Para Moldes, ese escrito de Abbona es "judicialmente inoportuno", máxime cuando "ni siquiera existía una causa legalmente promovida" para investigar el hecho denunciado por Nisman, pues aún Pollicita no había realizado el requerimiento de instrucción.
A su entender, que sean funcionarios "no explica ni justifica" la actuación de la Procuración del Tesoro, que emprendió parece una "embestida un poco torpe y a destiempo contra la actuación libre" del fiscal Pollicita que debía decidir sobre la denuncia contra la Presidenta.
La denuncia es por peculado, que castiga con penas de entre dos y diez años al funcionario que emplee su provecho o de un tercero los servicios pagados por la administración pública.
Me satisface comprobar que mi opinión tenía su fundamento, compartida, nada menos que con la denuncia del fiscal Moldes.
El caso quizá de mayor importancia por envolver nada menos a que a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, fue la denuncia presentada el 14 de enero de 2015 por el fiscal Nisman con una completa batería de pruebas, y que impulsara, luego de su muerte, el fiscal Gerardo Pollicita.
El juez Daniel Rafecas rechazó la imputación en un tiempo llamativamente corto, alegando ausencia de delito. Este fallo fue criticado en todos los ambientes, más que todo por la premura en decidirlo, lo que traía inevitablemente, el recuerdo de una resolución similar del juez Oyarbide en la acusación de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner En este caso la impunidad llegó al extremo de que el fiscal no apelara la sentencia, como correspondía.
El fiscal Pollicita apeló, como era de esperar y el caso cayó en las manos del fiscal Germán Moldes. Aquí se presentó una recusación por parte del diputado Larroque y Alla Bogado. Se basaron en dos argumentos, el primero que el fiscal Moldes había participado en la marcha del 18 de febrero en homenaje al fallecido Nisman. El segundo por la acusación del fiscal a la Procuradora del Tesoro por haber presentado un escrito criticando abiertamente el documento de Nisman y asumiendo la defensa de la Presidente.. Dos recusaciones desafortunadas, sin fundamentos viables, que dio como resultado que la Cámara dispusiera su rechazo y respaldara la intervención del cuestionado fiscal.
El 19 de marzo de 2015 Germán Moldes le pidió a la sala I de la Cámara Federal penal porteña que revoque la decisión del juez Daniel Rafecas y habilite la investigación de la denuncia que Alberto Nisman había hecho contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de un grupo de iraníes acusados por el atentado contra la AMIA. Sostuvo así el recurso de apelación que había presentado el fiscal de primera instancia Gerardo Pollicita, cuyos argumentos compartió y a los que se remitió. Ambos coinciden en que la no apertura de la investigación, como había pedido Pollicita, constituyó una decisión "inapropiada" y "apresurada" por parte de Rafecas.
Al compartir la opinión generalizada con respecto al fallo disparatado y sospechoso a favor del defraudador Cristóbal López, que el fiscal Germán Moldes apelará, fue oportuno resaltar las cualidades y virtudes de este magistrado para el debido conocimiento de la ciudadanía.

GOBIERNO Y EXAMEN DE CONCIENCIA

La Argentina está viviendo un  largo período en donde la justicia está ausente. Mientras funcionarios corruptos, juzgados por graves delitos de defraudaciones millonarias al Estado, en sumas de tal magnitud que casi lo llevaron a la quiebra, gozan de una injusta e insólita libertad que les permite, no sólo obstruir fácilmente la acción de la justicia, sino hasta ocupar cargos electivos con pleno ejercicio de sus funciones y realizar abierta política subversiva, nos encontramos con un panorama totalmente contrario en los casos de los denominados juicios de lesa humanidad, en que seres humanos juzgados por tribunales especiales, son mantenidos en prisión preventiva durante años, que sobrepasan considerablemente los plazos fijados por ley. 
La mayoría sin que se le inicie siquiera un proceso y con el agravante de les es negada la prisión domiciliaria establecida expresamente en el Código Penal para los mayores de 70 años.

El nuevo gobierno surgido de una democrática y limpia elección, tuvo que encarar una difícil tarea para volver a la restauración total del país, destrozado económicamente, institucionalmente, moralmente y culturalmente. Se comprende su dedicación primordial a la economía, la herencia de un país quebrado por la desatinada política llevada a cabo por sus incapacitados antecesores, cuya única finalidad fue el robo sistemático de los bienes del Estado bajo la dirección de una asociación ilícita encabezada por sus primeros mandatarios. Una corrupción jamás vista en los anales de nuestra historia.

La importancia otorgada a ese sector, cuya marcha es mucha más lenta de lo planeado, descuidó fatalmente la política de los derechos humanos, con la que se había comprometido el Presidente durante la campaña electoral. Ello ha provocado un sensible deterioro de este fundamental eje en la vida de un país democrático, cuyas consecuencias se comprueban en los hechos relatados al principio y que se viera acrecentado por una inexplicable manifestación pública del gobierno justificando y elogiando la gestión del kirchnerismo, precisamente en este renglón que fue el leitmotive de su condenable política partidista que le permitió complacer a un electorado populista para gobernar a voluntad, apoyado por piqueteros, izquierdistas, marxistas, largamente beneficiados con generosas subvenciones.

El fallo que hoy nos brinda el periodismo sobre la revocación domiciliaria de que gozaba Miguel Etchecolatz es otro paso al prevaricato.Le había sido concedida en diciembre 2017, por tener 88 años y padecer de varias enfermedades, hipertensión arterial, trastornos neurológicos, problemas prostáticos. Está en silla de ruedas. Todo el diagnóstico es de evolución crónica e irreversible. Organismos de derechos humanos y la fiscal María Angeles Ramos a cargo de la “Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado” objetaron la decisión y apelaron. La Cámara les dio la razón y revocaron la prisión domiciliaria.

Como dijimos en varios de nuestros artículos, nuestro país continúa inmerso en una situación de grave inseguridad jurídica y una notoria politización e ideologización de los miembros del poder judicial en los procesos a los acusados de combatir el terrorismo subversivo, donde se violan pilares esenciales de la justicia, principios de la prescripción, la irretroactividad penal, la inculpación penal colectiva, los relatos testimoniales y la prisión preventiva abusada para convertirse en perpetua.

Insistimos en la afirmación de que la falta de seguridad jurídica es una de las principales causas del fracaso que se observa en la inversión de firmas y empresas extranjeras, y el gobierno parece no advertirlo. Este es un factor negativo de fácil comprensión. El inversor no confía que en un caso de juicio laboral o de orden inanciero, su empresa sea tratada con imparcialidad y sabe de la excesiva demora en la sustanciación de las causas. 

También entra en duda con respecto a un fallo favorable que la favorezca y perjudique al Estado, toda vez que es de público conocimiento la negativa del gobierno al pago de miles de sentencias firmes a favor de jubilados,  que lo ha convertido en deudor moroso. En esa situación, vence el temor a la inversión y por ende la demora a la espera de una situación política y jurídica más favorable, o bien la cancela y orienta hacia países más confiables.

Por primera vez se ha elegido a nuestro país para presidir el organismo económico internacional G20 y el Fondo Monetario nos visita en estos días. La visión objetiva de estos organismos estará puesta no solamente en las leyes laborales, en la influencia ejercida por los sindicatos, en las leyes previsionales, en  el debido respeto a la competencia, en la inflación y en la situación del mercado, sino también en la comentada seguridad jurídica y en la voluntad del nuevo gobierno en honrar sus compromisos.

UNA EXCEPCIÓN AL GRADUALISMO

En la permanente comunicación que mantengo con jubilados colegas desde hace varios años, he recibido muchas y variadas sugerencias de buscar un acercamiento más regular  y constante que nos permita tener  una asociación o representación que se haga cargo de la lucha por nuestros derechos y de la petición a las autoridades en la solución de nuestros problemas, Últimamente se han acrecentado, pero tengo siempre la misma opinión con respecto a este asunto, resumida en lo siguiente: 
Descarto la formación de un partido político, ya que nuestra finalidad es unívoca con un solo propósito, la defensa de un sistema justo de jubilación, diferente del partido político cuya finalidad es múltiple y variada. Asumo que hay una cantidad aproximada de seis millones de jubilados a la que es imposible llegar, aún cuando sea sólo a un diez por ciento, tarea ímproba para gente de nuestra edad.. Quedaría el contacto con los partidos políticos, lo cual ya se ha intentado, en víspera electoral, pero con muy mal resultado, pues una vez que discursean con falsas promesas, visitan centros de jubilados, y se fotografían en cariñoso abrazo con los más viejos y desdentados, al sentarse en sus sillones de legisladores electos, cultivan su propio ego y se olvidan de los votantes. 
Los dejo pensando mientras continúo con mi acostumbrado trabajo en este blog "Habla la Experiencia."
En una entrevista con el diario Clarín, el Secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, sostuvo que se debe modificar el sistema previsional. Y aseguró que, de manera personal, apoya el sistema de reparto. 
Estamos de acuerdo con la necesidad de avocarse sin demora a un estudio integral de una total reforma al sistema jubilatorio para que sea justo y que constituya un derecho, no un beneficio otorgado por el Estado como una necesidad social.
Es imperativo emprender el análisis de las legislaciones existentes en los principales países del mundo, su funcionamiento y resultados. Es un desafío que debe encararse para las futuras generaciones y que cuenta con nuestro apoyo. 
La generación actual, que ha sufrido la desconsideración de todos los gobiernos, no verá, obviamente, la concreción de este proyecto, pero no dejará de exigir al gobierno, a sus instituciones y a la sociedad, la solución de los graves problemas originados por una política de descarte que ha perjudicado al sector de la tercera edad.
La promulgación, en sólo pocos días, de la resistida ley de Reforma Previsional que significó una rebaja en los haberes de los jubilados y un rápido apoderamiento de sus fondos, fue una sorprendente excepción a la política económica del gobierno dirigida a mantener un gradualismo en la aplicación de nuevas disposiciones  que puedan afectar como un shock a la población.
En efecto, en este caso se procedió con una voracidad que rompió todos los esquemas y que provocó un verdadero shock que todavía perdura. No se pudo ocultar la necesidad acuciante de cubrir el déficit fiscal, con justificaciones que llegaron a negar el perjuicio económico ocasionado a los más necesitados.
Fue inútil que el gobierno hiciera gala y uso de retorcidos cálculos aritméticos, para demostrar lo indemostrable, dos más dos son cuatro, y punto.. Si los 100 mil millones de pesos lo extrajeron de Anses, se lo quitaron a los jubilados. No hay otra. El bono que se obligaron a conceder a último momento, fue un ridículo parche, ya que se limitó a los haberes inferiores a 10 mil pesos. Discriminación tras inconstitucionalidad. 
No queda ninguna duda de que el numeroso sector de los jubilados es el peor tratado en la sociedad argentina.

Contemplamos ahora el resurgimiento de las discusiones paritarias en todos los sindicatos, que se mueven con cifras entre un 2o y 28 por ciento, cuando al "sindicato" de los jubilados ya lo sentenciaron, sin apelación, con un magro 5.7%, inferior en 10 puntos al que le correspondía por el sistema de cálculo anterior. 
Sigue la norma de la política correcta, se beneficia a los sectores elevados, empresarios, a costa de lo que se le sustrae al sector de necesitados.
El achicamiento de los gastos fiscales, la reducción de los exhorbitantes sueldos de los funcionarios, y la eliminación de las jubilaciones de privilegio, estaban en las discusiones de la promulgación de la ley, pero salieron del paso con la garantía de su tratamiento inmediato, y están todavía en agua de borrajas. 
La insólita y nada agradable calificación de "deudor moroso"que lleva grabada en el orillo el gobierno argentino, al no pagar las sentencias judiciales a más de 200 mil jubilados, incide fuertemente en las escasas inversiones que preocupan al sector económico.
Los inversores extranjeros no son maleables e incautos como nuestros jubilados, por el contrario, tienen la precaución de observar con detenimiento si en el país existe la necesaria seguridad jurídica que les permita entrar sin problemas en el mercado argentino, y tal seguridad no existe.

¡CAMBIE EL RUMBO MACRI QUE CHOCAMOS!

PRIMERO
Mantengo contacto con más de 150 jubilados que se vienen quejando en términos no muy amigables, de las iniquidades que comete el organismo Anses en contra de sus reclamos, juicios y sentencias, que llegan a situaciones de claro comportamiento delictivo. Serían miles si tuviera la capacidad física de contactarlos No son novedad, pues hace varios años que este espacio las ha denunciado en más de cuarenta escritos, en blogspots que fueron y siguen siendo enviados a la Jefatura de Gobierno, a la Presidencia de la Nación y al periodismo nacional.
Con apelaciones sin fundamento, con impugnaciones sistemáticas a las liquidaciones, con demoras injustificadas, hasta pérdida alegada de notas y expedientes, con negativas a pagar las sentencias firmes, con toda clase de trampas impropias de un organismo oficial han llegado a saturar la paciencia de millones de jubilados ancianos vulnerables, muchos de ellos, como el que escribe, de 90 a más de 100 años de edad.
Hay muchos casos que denuncian la espera desde un año a quince en que, pese a la sentencia de la Corte, no han cobrado y otras de más de veinte años en igual situación.
La mecha final que ha hecho explosión en el ámbito previsional fue la promulgación de la tramposa Ley de Reparación Histórica que a muchos ha engañado con sus fundamentos y argumentos populistas, pero que ya ha quedado demostrado que constituye una verdadera extorsión. Esto ha sido tratado y analizado en varios escritos de este espacio que pongo a vuestra disposición.
La fuerza explosiva fue duplicada con otra ley de Reforma Previsional que nos tiene desconcertados en cuanto al concepto actual de la aritmética que estudiáramos en el primario y que parece haber sido reformada, tal vez por esta ley, pues nos dicen que la nueva fórmula del cálculo de haberes nos beneficia, cuando las cuentas nos dan lo contrario. La realidad nos indica que en marzo tendremos un aumento del 6,7%, en vez del 10,4% de la fórmula desplazada
Hoy hemos leído una información del Diario Judicial sobre una jubilada que subscribió un acuerdo por la Ley de Reparación Histórica con Anses. pero al cobrar su haber le aplicaron el tope de los montos jubilatorios. La Justicia ordenó al organismo dar marcha atrás y pagar las sumas convenidas en el acuerdo transaccional, más un retroactivo.
La defraudación de Anses se produjo luego de que la beneficiaria insistiera en el pago de la sentencia, presentando  numerosos escritos, debido a las reiteradas solicitudes de prórroga del organismo y al silencio del mismo en cuanto al cumplimiento del convenio. Como dijimos anteriormente, finiquitadas todas las demoras, prórrogas y el silencio, la Dirección de Pagos de Beneficios de Anses no tuvo más remedio que pagarle, pero aplicando el tope de los montos jubilatorios que fue invalidado por la justicia en un duro fallo.
Las perspectivas empeoran, el Presidente en su discurso anual de apertura de las Cámaras, no se refirió ni por un momento a este grave problema y no pronunció la palabra jubilado. Por su decisión se dio por cerrada una etapa y se pidió no hablar de la herencia, de modo que Anses quedó sepultada in eternum con una impunidad total que el Presidente ratificó. Adiós investigación y auditoria, la corrupción más grande de un organismo nacional ya es una herencia de la que no se puede hablar.
Presidente Macri, los jubilados que van a morir te saludan.
SEGUNDO
Silvio Pedro Pizarro
4 de marzo de 2017 a las 13:07 ·
· 
Esperemos los resultados
No levantes canto de victoria en el día sin sol de la batalla 
No creo, no confío, ojalá me equivoque
Histórico: darán a conocer los nombres de los presos, desaparecidos y exiliados indemnizados por el Estado
TotalNews Agency - Autopista de Medios
El Ministerio de Justicia acaba de poner fin a ese criterio disponiendo la publicación en la página web de esa cartera "de la parte dispositiva de TODOS los actos administrativos dictados por el titular de esta Cartera de Estado
Como lo explicó Esteban Conte Grand, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -firmante de la providencia citada-, desde la semana próxima estarán publicadas en la página web del Ministerio de Justicia todas las resoluciones administrativas de esa cartera, de 2004 en adelante.
Esos documentos incluirán por lo tanto las indemnizaciones otorgadas a ex presos políticos, ex exiliados y familiares de desaparecidos.
HOY
Hace un año no confié y no me equivoqué. Jamás se dio a conocer la lista de terroristas beneficiados y los millonarios importes pagados. Se baja el telón con la decisión presidencial de no hablar más de la herencia.
Si este gobierno exclusivamente "economista" y prescindente de la moral pública, como de los derechos humanos, no cambia el rumbo de la política, volvemos al kirchnerismo, bien cerca de Venezuela.
TERCERO

¿VOLVEMOS AL KIRCHNERISMO?

Los derechos humanos van perdiendo categoría en el Gobierno, si es que alguna vez la tuvieron. Se habla de un plan en el que a la Unidad Amia se le quitará el rango de Secretaría para pasar a depender del Programa de Verdad y Justicia. De este programa dependen los delitos de lesa humanidad, es decir que vuelve al mismo rango que le diera el kirchnerismo.
Verdad y Justicia, tribunales especiales para los delitos de lesa humanidad, palabras que nos retrotraen a épocas nefastas de venganza y falsos relatos que parecen reverdecer.
La impresión personal me inclina a reiterar mis opiniones sobre el secretario Claudio Avruj, el secretario Santiago Canton y el ministro Germán Garavano con respecto a las quintas columnas que subyacen en el seno de un gobierno aparentemente contemplativo que facilita los planes del nuevo comunismo infiltrado en el país por las organizaciones internacionales de derechos humanos, que responden a las directivas del Foro de Sao Paulo para destruir las instituciones democráticas del continente.

DISIENTO CON EL FISCAL

El fiscal González, tras escuchar la cinta original de la entrevista en la que Zaffaroni expresó su deseo de un final anticipado del Gobierno, solicitó ayer desestimar la denuncia contra el exjuez por supuesta incitación a la violencia colectiva contra el gobierno de Macri, que había efectuado el abogado Santisgo Dupuy de Lome. Elevó su dictamen al juez Lijo, tras analizar las declaraciones radiales, y consideró que sus opiniones no constituían delito
"Si se observa el contenido de las declaraciones del doctor Zaffaroni en la entrevista en cuestión, es claro que no se ha incitado a la violencia contra un grupo de personas o instituciones. Es claro que estamos ante una visión subjetiva política de la realidad argentina que se puede compartir o no", sostuvo el fiscal.
En mi opinión, el fiscal procedió inesperadamente, con inusual rapidez, dada la demora conocida de nuestra justicia, y dado que la rápida decisión no le permitió un acabado estudio de un caso que merece una seria consideración. Además estimo equivocada su opinión, basándome en los artículos del Código Penal que aparentemente no analizó en profundidad.
En efecto, ¿No ha tenido en cuenta el fiscal que los artículos 209, 211 y 212, dicen "por la sola instigación", "por la sola incitación", "o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos"? ¿No ha tomado consideración de lo dispuesto, artículo 41 que dice. "se tendrá en cuenta la naturaleza de la acción y de los medios empleados, la extensión del daño y del peligro; la edad, la educación . las costumbres y la conducta precedente del sujeto, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de lugar, tiempo u ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad?
Resumo, no ha incursionado en los artículos citados, pues la naturaleza de la acción del sujeto, en su carácter de exjuez de la Suprema Corte y juez actual de la CIDH da mayor entidad a sus declaraciones. No es lo mismo si las hubiera pronunciado un desconocido ciudadano. No ha considerado que el sujeto
en los últimos días había dicho, en una entrevista radial, que el gobierno de Macri "quizá no finalice su mandato en 2019", pero no por la acción de un partido político, sino por "la inviabilidad del programa económico", y agregó, como opinión personal, que quería que la administración de Cambiemos "se fuera lo antes posible, porque así haría menos daño. Si se van antes podemos resolver el problema. Puede haber un accidente violento y se pueden ir antes", afirmación muy importante como para soslayar.
Y los vínculos personales con conocidos personajes de características golpistas que fueron filmados en la "marcha de Moyano" en donde aparece intercambiando besos y besuqueos ¿Los tuvo en cuenta?
Por último, señor fiscal González, ¿tomó conocimiento directo y de visu del sujeto, como exige el artículo 41 del Código Penal?
No es necesario ser fiscal o juez para comprender la profunda diferencia de las declaraciones o incitaciones de un reconocido funcionario de altísimo nivel, realizadas en momentos adecuados a las mismas, por medios públicos de difusión y en las circunstancias conocidas de marchas y amenazas contra el gobierno y sus instituciones, con las que puede realizar un desaforado e ignoto opositor. 
El fiscal González debió haberlo contemplado.
Quede bien entendido que la semblanza que haremos a continuación, del sujeto no puede ser considerada como un motivo de condena, sino que tiene por objeto demostrar sencillamente la personalidad del individuo que el fiscal no tuvo en cuenta, no obstante el imperio de la ley.
En una charla realizada por una agrupación kirchnerista, el ex ministro de la Corte Suprena y ex convencional constituyente, Eugenio Zaffaroni, dijo que la Carta Magna está llena de parches, e insistió con su proyecto de sistema parlamentario.
"Nosotros creemos que tenemos la mejor Constitución del mundo y es una "porquería", es de 1853, fue reformada a los ponchazos y tiene parches por todo lado", manifestó.
Su actuación en el más alto tribunal de la República lo obligaba a respetar y hacer respetar el cumplimiento de la Constitución Nacional, pero la denigra con la infamia imperdonable de tildarla de "porquería".
En una entrevista televisiva aseguró que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner se reactiva por revanchismo y que no tiene ni pies ni cabeza, tomándose un tiempo para criticar a la presentación muy mal hecha, según sus palabras. No satisfecho con eso, declaró que si Nisman estuviera vivo, lo ahorcaría.
Finalmente, hay opiniones que considero avalan claramente mi contrariedad jurídica a la desafortunada actuación del fiscal Gonzalez y las principales son:
Al cuestionar a Zaffaroni por sus declaraciones , el prestigioso fiscal Marcelo Romero las calificó de lamentables e inadmisibles por parte de un magistrado internacional, y “esta última frase pasó varios límites, y en mi humilde opinión es una frase golpista”.
Es una declaración antidemocrática, contraria a la Constitución y desestabilizadora", sostuvo el presidente del Colegio de Abogados porteño. 
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich calificó de "gopistas" las declaraciones de Zafaroni, Decir que un gobierno se vaya antes y dicho por alguien que ha sido Juez de la Corte Suprema, es realmente golpista, no hay otra calificación. De dónde sale una definición de este tipo si no es un intento e incitación a cortar la vida democrática normal de un  país.
Refuerza mi posición con respecto al disentimiento con la decisión del fiscal González, la relevancia que adquirieron últimamente las sentencias sobre homicidios en legítima defensa que provocaron fuertes polémicas, Estos casos fueron estudiados, discutidos, y fallados en base a la personalidad de los sujetos, los motivos, las circunstancias que obraron a favor o en contra, conforme a lo establecido en diversos artículos del Código Penal, es decir, se agotaron las discusiones acerca de la debida interpretación de la ley.  
Llamativa diferencia al trato dado en el caso que nos ocupa que es de suma gravedad y se desestimó con una celeridad inadecuada a su importancia. Hago público mi disentimiento al difundir este escrito.