La remoción de jueces, medida inconstitucional de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura ha entrado ahora en el terreno de suplantar jueces a cargo del procesamiento a militares acusados de represión por terrorismo de Estado.
El kirchnerismo dio el primer paso para remover al juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, que tiene a su cargo, entre dichas causas, un expediente sobre las facturas falsas donde se investiga al empresario Lázaro Báez.
En su lugar fue designado el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, afiliado a Justicia Legítima, que fuera abogado de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani. Cumpliendo ese rol, le tocó acusar a Miguel Osvaldo Etchecolatz en el primer juicio oral y público después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.
El consejero Julián Álvarez (actual Secretario de Justicia) sostuvo que había que apartar a Ulpiano Martínez, que en realidad es secretario del juzgado 2 y subrogaba el juzgado 1 desde el 5 de junio de 2012, cuando renunció Alcindo Álvarez Canale, otro juez de probada amistad con los militares de la zona.
Luego de escuchar al fiscal Miguel Palazzani, quien explicó los argumentos de la denuncia de la Unidad de Lesa Humanidad de Bahía Blanca contra los funcionarios, tomaron la palabra integrantes de organismos de derechos humanos locales y nacionales como APDH, H.I.J.O.S., Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y el ex fiscal Hugo Cañón.
Los familiares hicieron hincapié en que más allá de las discusiones reglamentarias planteadas por los seis consejeros opositores, la permanencia de Martínez significaría la continuidad de la impunidad y el cierre de las causas contra los partícipes del terrorismo de Estado.
La asignación de jueces antimilitares y querellantes en contra de militares en juicios de lesa humanidad pone de manifiesto la intención condenatoria de las autoridades del Consejo de la Magistratura. En este caso el oficialismo mata dos pájaros de un tiro, pues busca la impunidad de Lázaro Báez y la condena ilegítima de presos políticos.
El juez Luis María Cabral de la Cámara Federal de Casación Penal, que fuera desplazado días antes de tener que fallar sobre el acuerdo de Irán por el ataque a la AMIA, sostuvo que el
cuerpo no tiene facultades para tomar juramento a nuevos jueces, una cuestión formal surgida a partir de la negativa del presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Nestor Montesanti, a juramentar a Ramos Padilla.
En artículos anteriores, El Placer de la Venganza (I, II y III) hacíamos mención a los juicios “especiales” por delitos de lesa humanidad que se realizan vulnerando las reglas internacionales del derecho penal. No rigen los principios de responsabilidad penal individual y el de la presunción de inocencia. Las `pruebas se basan en declaraciones de terceros que declaran como falsos testigos. Todo preparado para un juicio armado con imputaciones por presuntos delitos. Los procesos duran años y los sospechosos ya viven su condena en prisiones hediondas, torturados, alejados de sus familias y con un abandono total y premeditado de su salud. No se respeta su edad, no se respeta su condición humana.
El caso que trajimos a consideración es similar a los miles incoados bajo los mismos procedimientos ilegales destinados a incrementar las estadística de militares presos con el objeto de promocionar la acción del gobierno en su lucha por los derechos humanos. Se trataba del Coronel(R) Enrique Stel y allí dábamos a conocer la total falta de garantías de su proceso, justamente en Bahía Blanca, donde acaba de ser designado el juez Alejo Ramos Padilla. En virtud de la ilegalidad de su nombramiento realizado con el claro y manifiesto propósito de dictar sentencias de condena
ordenadas por el oficialismo, el procesado ha recusado a dicho juez por notoria imparcialidad.
En diversas oportunidades el juez Ramos Padilla realizó públicos comentarios sobre distintas personas sometidas a estos procesos para que a ninguna de ellas le fuera concedido el arresto domiciliario. Pidió la detención de Smart y también la de otros cinco civiles: el abogado de Juan Carlos Blumberg, Roberto Durrieu, ex viceministro de Justicia de Jorge Rafael Videla y fiscal de Estado bonaerense durante la dictadura; el ex subsecretario de Asuntos Institucionales bonaerense Edgardo Frola; el ex fiscal bonaerense Alberto Rodríguez Varela; el ex presidente del Banco Provincia Roberto Bullrich y el ex subsecretario de Gobierno Juan María Torino Olivier . Dicha situación demuestra que pesa sobre las personas sometidas como imputados a este tipo de procesos una enemistad manifiesta que aconseja el apartamiento del juez del entendimiento de la causa, como solicita Enrique Stel.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que ..."La imparcialidad objetiva exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso." lo cual es obviamente aplicable a este caso.
El Gobierno está subvirtiendo las bases de la Justicia con sus recientes medidas. El orden jurídico ha variado de forma tal que una causa no será llevada a un juez imparcial e inamovible, sino que ahora se designa el juez conveniente para entregarle la causa, y que falle conforme a lo dispuesto por el gobernante de turno.
Tan arbitrario e inconstitucional es este procedimiento impuesto por el oficialismo, que ha producido una reacción desusada en todos los estratos de la sociedad. No creo que pueda subsistir.
