Estamos ante un nuevo y gravísimo peligro de de un proyecto de ampliación de la ley antidiscriminación en vigor -sancionada en 1988- en la Cámara de Diputados, propuesto por los legisladores kirchneristas Remo Carloto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque. La iniciativa amplía el concepto de "acto discriminatorio" e incorpora Internet y los medios de comunicación al alcance de la normativa.
Se descarta su próxima aprobación, dada la mayoría oficialista.
El proyecto crea una nueva figura penal -algo especialmente peligroso en el ámbito de la expresión de las ideas- al reprimir con penas de un mes a tres años los nuevos actos discriminatorios.
Su ambigua e imprecisa redacción deja la puerta abierta a todo tipo de abusos sobre la libertad de expresión individual, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación de todas las personas.
Cualquier comentario publicado en Internet podrá ser considerado un "acto discriminatorio" las páginas web, blogs, redes sociales, agencias de noticias, medios de prensa, diarios online, revistas electrónicas y demás medios digitales serán responsables por lo que se publique en esos espacios y tendrán que "adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios"
La responsabilidad extendida a los dueños de esos espacios, a la par de sus usuarios, es una suerte de intimación y apremio, ya que temerosos de ser acusados podrán recurrir a la censura de las opiniones vertidas por ellos
El Gobierno no detiene su avance de sometimiento a la Justicia, a la oposición y al periodismo. Ahora recurre a leyes y medidas que son abiertamente contrarias a la libertad de expresión y que caen directamente sobre el ámbito privado. Se sirve del Poder Legislativo, que es la escribanía de la Presidente, constituído en codificador, tan luego de leyes penales. Es de conocimiento universal que un delito debe tipificarse con precisa determinación del concepto y no son los señores diputados los más indicados para tan delicada y jurídica tarea.
La habilidad maliciosa del oficialismo consiste en promulgar leyes discutibles e inconstitucionales sobre las que los ciudadanos desconocen su derecho a impugnarlas y aún cuando lo hicieran, los trámites judiciales son muy demorados, y lo que es más decepcionante es que el fallo es válido para cada caso en particular. Cuando finalmente sea declarada la inconstitucionalidad. habrá pasado un tiempo más que suficiente para que se hayan producido daños irreparables.
Es lamentable que el "vamos por todo" se vaya cumpliendo sin obstáculos en el camino. No fue un dicho al paso de la Presidente, fue una orden implacable cuyas consecuencias estamos sufriendo sin reacción, fuerza o razón que pueda detenerla. Su prosecución en caso de un triunfo electoral, ya está firmemente programada, según lo declarara públicamente el candidato a vicepresidente: "iremos por lo que nos queda".
